STC9548-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9548-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00341-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 3 de marzo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -U.G.P.P.- le instaur\u00f3 a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 87210. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La libelista invoc\u00f3 la guarda de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb, \u00abigualdad\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, en conexidad \u00abcon el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema Pensional\u00bb, para que se ordenara a la Magistratura acusada \u00abDEJAR sin efectos la decisi\u00f3n judicial del 31 de agosto de 2021\u00bb y, en consecuencia, procediera a \u00abdictar nueva (\u2026) ajustada a derecho, en la cual se nieguen las pretensiones de la demanda laboral, no casando, por encontrar demostrado que la se\u00f1ora Gloria Cecilia Henao Ocampo no reuni\u00f3 la totalidad de los requisitos se\u00f1alados en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 antes del 31 de julio de 2010 fecha l\u00edmite de su vigencia\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria, implor\u00f3 suspender los efectos de esos prove\u00eddos \u00abhasta tanto se resuelva el recurso extraordinario de revisi\u00f3n que se iniciar\u00eda en virtud de su orden tutelar\u00bb. <\/p>\n
En compendio, relat\u00f3 que mediante Resoluci\u00f3n n\u00b0 RDP 050514 de 30 de noviembre de 2015 neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n a Gloria Cecilia Henao Ocampo, con base en que para el 31 de julio de 2010 s\u00f3lo hab\u00eda alcanzado 45 a\u00f1os de edad y 15 de servicios al hoy extinto I.S.S. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que los fundamentos de tal determinaci\u00f3n fueron desconocidos por la Sala de Descongesti\u00f3n recriminada (31 ag. 2021), al casar la sentencia desestimatoria emitida por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (22 may. 2019) que, a su vez, revoc\u00f3 la concesi\u00f3n de esa prestaci\u00f3n laboral por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de esta capital (11 dic. 2018). <\/p>\n
En su opini\u00f3n, la actuaci\u00f3n del \u00f3rgano de cierre constituye \u00abuna v\u00eda de hecho\u00bb, por preterir lo dispuesto en la Convenci\u00f3n Colectiva 2001-2004 suscrita entre Sintraseguridad social y el I.S.S., cuya vigencia m\u00e1xima \u00abno puede ir m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, haciendo improcedente por ello no solo un reconocimiento pensional convencional sino la mesada 14\u00bb a la ex trabajadora, pues ella solo cumpli\u00f3 los 20 a\u00f1os de servicio el 1\u00ba de diciembre de 2014 y alcanz\u00f3 los 50 a\u00f1os el 12 de abril de 2015, esto es, cuando ya hab\u00eda expirado el acuerdo de trabajo con el cual fue cobijada. <\/p>\n
Con ello, asegur\u00f3, la autoridad censurada incurri\u00f3 en defecto \u00abf\u00e1ctico\u00bb, \u00abmaterial o sustantivo\u00bb, \u00abdesconocimiento del precedente jurisprudencial\u00bb y \u00abviolaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n\u00bb, generando afectaci\u00f3n al erario, de donde deben salir las sumas a cancelar a quien no tiene el \u00abderecho\u00bb a percibirlas, en detrimento de la sostenibilidad financiera y solidaridad del sistema. <\/p>\n
2.- Gloria Cecilia Henao Ocampo se opuso al auxilio por que no satisface las exigencias espec\u00edficas de procedibilidad, por cuanto lo que se pretende es un nuevo an\u00e1lisis del caso que comulgue con el criterio de la impulsora. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n superlativa por no respetar el \u00abrequisito de la subsidiariedad\u00bb, ya que la precursora \u00abno ha agotado la acci\u00f3n de revisi\u00f3n de que trata el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, norma donde se establece que \u201cLas providencias judiciales que (\u2026) hayan decretado o decreten reconocimiento que impongan al tesoro p\u00fablico o a fondos de naturaleza p\u00fablica la obligaci\u00f3n de cubrir sumas peri\u00f3dicas de dinero o pensiones de cualquier naturaleza podr\u00e1n ser revisadas por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, del Contralor General de la Rep\u00fablica o del Procurador General de la Naci\u00f3n\u201d\u00bb, sin que se evidencien circunstancias que ameriten la intervenci\u00f3n transitoria del juez constitucional, porque no encontr\u00f3 \u00abbajo ning\u00fan punto de vista (\u2026) un abuso del derecho\u00bb en el veredicto confutado. <\/p>\n
2.- Apel\u00f3 la actora iterando los raciocinios inaugurales, agregando, que \u00abel a quo no realiz\u00f3 una valoraci\u00f3n basada en los criterios [que permiten identificar un perjuicio irremediable], aun cuando en el presente caso esos criterios se cumplen\u00bb, ya que es grave, inminente y est\u00e1 pr\u00f3ximo a suceder un da\u00f1o, que requiere medidas urgentes e impostergables para ser conjurado, las cuales no est\u00e1 en posibilidad de proveer la v\u00eda alternativa sugerida. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la \u00abacci\u00f3n de tutela\u00bb es un instrumento jur\u00eddico concebido para salvaguardar los atributos b\u00e1sicos de las personas, cuando son vulneradas o amenazadas por los actos u omisiones de los funcionarios, y en ciertas hip\u00f3tesis de los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes y excepcionales de defensa. <\/p>\n
Se hace tal aseveraci\u00f3n, porque lo que busca la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protecci\u00f3n Social -U.G.P.P.- concretamente, es que se deje sin efectos la sentencia expedida el 31 de agosto de 2021 por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral (SL4082-2021), por medio del cual quebr\u00f3 la emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (11 dic. 2018) en el litigio que le inco\u00f3 Gloria Cecilia Henao Ocampo (rad. 87210) y, consiguientemente, se dicte una nueva que \u00abdesestime\u00bb los anhelos de la ex trabajadora del ISS. <\/p>\n
Sin embargo, lo que vislumbra la Sala es que la quejosa no ha hecho uso de la herramienta que tiene a su alcance para obtener lo que aqu\u00ed solicita, esto es, la denominada acci\u00f3n de \u00abRevisi\u00f3n de reconocimiento de sumas peri\u00f3dicas a cargo del Tesoro P\u00fablico o de Fondos de Naturaleza P\u00fablica\u00bb, estatuida en el art\u00edculo 20 de la Ley 797 de 2003, y que es viable en estos casos seg\u00fan lo han expuesto la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y esta misma Corporaci\u00f3n (SL351-2018, SL3276-2018, STC6597-2021, STC7862-2022, STC6022-2022, STC5774-2022, entre otros), raz\u00f3n por la que, hasta que no se agote dicho medio de contradicci\u00f3n, no pueda acudirse a esta exclusiva v\u00eda. <\/p>\n
Esta Sala ha predicado, al respecto, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [E]ste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC6904-2020, STC9022-2021, STC5391-2022, STC6808-2022, entre otras). <\/p>\n
3.- Ahora bien, la accionante esgrime que la queja tuitiva la present\u00f3 para evitar la ocurrencia de un \u00abperjuicio irremediable\u00bb, toda vez que el procedimiento del referido remedio hace que su definici\u00f3n no sea expedita, lo que prolonga en el tiempo la afectaci\u00f3n al Sistema General de Pensiones, de ah\u00ed que la problem\u00e1tica planteada deba solventarse en este escenario constitucional. <\/p>\n
No obstante, la ret\u00f3rica exhibida no diluye la \u00abexigencia de procedibilidad\u00bb echada de menos p\u00e1rrafos atr\u00e1s, comoquiera que no se acredit\u00f3 que con el pago de la \u00abmesada y retroactivo pensional\u00bb concedido a Gloria Cecilia Henao Ocampo, se ponga en \u00abgrave riesgo\u00bb el mencionado r\u00e9gimen prestacional, carga que debe soportar la entidad querellante hasta tanto pruebe, en aquel contexto jurisdiccional, que lo otorgado no acompasa con el ordenamiento patrio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocidas. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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