STC9551-2022_1<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9551-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-22-03-000-2022-01381-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 7 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la tutela que Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos y Londo\u00f1o y Londo\u00f1o Ltda. le instauraron al Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de esta capital, al Banco del Pac\u00edfico S.A. en Liquidaci\u00f3n, a la Embajada del Ecuador y al Fondo de Garant\u00edas de Instituciones Financieras \u2013 Fogaf\u00edn, extensiva a la Secretar\u00eda de Transparencia de la Presidencia de la Rep\u00fablica \u2013, al Observatorio Anticorrupci\u00f3n-, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2002-00509. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los libelistas, a trav\u00e9s de apoderado, requirieron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, legalidad, Juez imparcial, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, dignidad humana, vida y dignidad en la vejez, vida y vivienda digna [y] protecci\u00f3n a persona de tercera edad con enfermedad terminal\u00bb, para que: i) se \u00abDECLARE la nulidad absoluta de todo el proceso [citado] en observancia de la Ley 546\/99 y de los precedentes judiciales consolidados de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil y de la Corte Constitucional\u00bb; ii) se \u00abVINCULE en calidad de responsable solidario a la Embajada de la Rep\u00fablica del Ecuador en Colombia, accionista principal del Banco del Pac\u00edfico S.A., para que responda por los perjuicios ocasionados al accionante, por los presuntos delitos de falsedad y suplantaci\u00f3n en firmas y huellas, y lavado internacional de activos, entre otros, y por la reparaci\u00f3n integral de las v\u00edctimas\u00bb; y, iii) se ordenara al Fogaf\u00edn adoptar \u00ablas medidas que correspondan contra los liquidadores del Banco del Pac\u00edfico en liquidaci\u00f3n (\u2026) con el prop\u00f3sito de recuperar cualquier saldo pendiente de pago a la DIAN y a terceros afectados en dicho proceso de liquidaci\u00f3n por parte de dicha sociedad en liquidaci\u00f3n, as\u00ed como de los perjuicios ocasionados a la [parte] Accionante\u00bb. <\/p>\n
En compendio adujeron que en el juzgado acusado cursa el proceso hipotecario que el Banco del Pac\u00edfico S.A., hoy en liquidaci\u00f3n, inici\u00f3 en su contra (20 may. 2002) para el cobro de los \u00abpagar\u00e9s\u00bb n\u00b0 013175924, 013174012, 013175936 y 13099743 (rad. 2002-00509). <\/p>\n
Indicaron que los t\u00edtulos aportados no fueron acompa\u00f1ados de \u00ab[l]a liquidaci\u00f3n de conversi\u00f3n UPAC – UVR., seg\u00fan lo se\u00f1ala la ley 546 de 1999\u00bb; la \u00ab[c]opia de la certificaci\u00f3n de abono o alivio recibido de parte del Gobierno Nacional que fue aplicado al cr\u00e9dito hipotecario, seg\u00fan lo dispuesto por el art\u00edculo 40 de la [mentada] Ley\u00bb; y, \u00ab[c]opia de las comunicaciones emitidas por el acreedor al deudor informando la conversi\u00f3n a UVR, ni la respuesta de este \u00faltimo aprobando las nuevas cuotas\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1alaron que por muchos a\u00f1os se les impidi\u00f3 el acceso al paginario, ya que durante los t\u00e9rminos de los traslados este \u00absiempre estuvo a Despacho\u00bb, por lo que no se les \u00abpermiti\u00f3 ver los t\u00edtulos valores de la ejecuci\u00f3n\u00bb para \u00abreconocer y autenticar las firmas y huellas contenidas en [ellos] como suyas\u00bb, de ah\u00ed que el tr\u00e1mite \u00abha sido desarrollado en condiciones abiertamente desfavorables para la defensa de los demandados\u00bb. <\/p>\n
Arguyeron que por todo lo anterior, pidieron \u00abla nulidad absoluta del proceso\u00bb por \u00abfalsedad en firmas y huellas de los t\u00edtulos\u00bb y la \u00abnulidad absoluta del t\u00edtulo hipotecario complejo seg\u00fan la Ley 546\/99 y los precedentes consolidados de las Altas Cortes\u00bb, y promovieron \u00abincidente de tacha de falsedad en los pagar\u00e9s\u00bb (24 jun. 2022), postulaciones que a\u00fan no han sido decididas. <\/p>\n
Sostuvieron que el pleito se encuentra en etapa de remate de los bienes cautelados, previsto para el 1\u00b0 de julio de 2022, anunciado mediante prove\u00eddo en el que se consign\u00f3 de manera errada la radicaci\u00f3n de la encuadernaci\u00f3n (17 feb. 2022), el cual se intent\u00f3 enmendar (31 may. 2022), puesto que la pifia sigue en el \u00abHISTORIAL ELECTR\u00d3NICO DEL PROCESO Y EN EL ESTADO No.013 DEL 18 FEBRERO 2022\u00bb, por lo que suplicaron nuevamente su correcci\u00f3n, pero el despacho censurado ha sido renuente. <\/p>\n
2.- El Juzgado Veintinueve Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se opuso al auxilio, aduciendo incumplimiento del requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, porque \u00ablos accionantes por conducto de apoderado judicial han desplegado de forma continua el derecho de contradicci\u00f3n y defensa que les asiste\u00bb, al punto que se encuentran \u00abejerciendo los mecanismos ordinarios de ley, pues, el 24 de junio de esta calenda, radicaron de forma virtual ante esta judicatura escrito de incidente nulidad procesal y tacha de falsedad tendiente a demostrar la presunta falsedad de firmas y huellas en los pagar\u00e9s base del cobro compulsivo\u00bb, pedimentos que est\u00e1n \u00abpendiente de resoluci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y el Fogaf\u00edn alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por no tener injerencia alguna en los pedimentos de los tutelantes. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
1.- El Tribunal Superior de Bogot\u00e1 desestim\u00f3 la ayuda por no cumplir el presupuesto de la \u00absubsidiariedad\u00bb, ya que \u00abse encamina a que se declare \u201cla nulidad absoluta de todo el proceso en observancia de la Ley 546\/99\u201d, solicitud que contrarrestada con la respuesta ofrecida por la agencia judicial accionada y el expediente remitido, deja al descubierto que los reclamantes tienen pendiente la resoluci\u00f3n de un incidente de nulidad y tacha de falsedad ante el juez natural, cuya petici\u00f3n se contrae a la misma finalidad de esta acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, dijo que como lo reclamado \u00abfue radicado el 24 de junio de la presente anualidad y la presente acci\u00f3n constitucional se instaur\u00f3 tan solo 2 d\u00edas despu\u00e9s\u00bb, tampoco \u00abse le puede enrostrar mora al juzgado accionado\u00bb, agregando, en cuanto a \u00abla radicaci\u00f3n incorrecta consignada en el auto que fij\u00f3 fecha para la diligencia de remate\u00bb, que \u00abtal error fue corregido en providencia de 31 de mayo de 2022\u00bb. <\/p>\n
Cavil\u00f3 frente a las pretensiones de los quejosos contra la Embajada del Ecuador y el Fogaf\u00edn, que las mismas son impertinentes, ya que \u00ablos se\u00f1alamientos de las firmas y huellas falsificadas son acusaciones que no resultan debatibles por esta v\u00eda sumaria y en consecuencia la condena en perjuicios escapa a la finalidad de la acci\u00f3n constitucional, no solo porque no se demostr\u00f3 haber acudido a la jurisdicci\u00f3n encargada de estudiar la presunta conducta punible, sino porque desconoce que la tutela no est\u00e1 instituida como una herramienta para el reconocimiento de acreencias de orden econ\u00f3mico\u00bb. <\/p>\n
2.- Apelaron los querellantes adverando que al estar acreditado en el legajo el desconocimiento de la Ley 546 de 1999 para iniciar el coercitivo confutado, la \u00abfalsedad\u00bb en los \u00abpagar\u00e9s\u00bb adosados por el acreedor y el delicado estado de salud de Londo\u00f1o Hoyos, al padecer un \u00abc\u00e1ncer terminal\u00bb, se deben aplicar \u00ablas excepciones de inconstitucionalidad contra los preceptos de ley procesales que se interpongan\u00bb para que se \u00abDETERMINE anticipadamente la NULIDAD del proceso ejecutivo\u00bb y, por consiguiente, se \u00abORDENE\u00bb al \u00abjuzgado civil convocado\u00bb la \u00abcontinuidad de absoluci\u00f3n del incidente de tacha de falsedad\u00bb; se disponga \u00abla liquidaci\u00f3n de la condena en abstracto [que] se har\u00e1 por el juez competente de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, mediante incidente que deber\u00e1 tramitarse con observancia estricta de los t\u00e9rminos procesales establecidos en el art\u00edculo 25 del Decreto 2591 de 1991\u00bb; se le garantice \u00abel pleno goce de su derecho a la vivienda digna\u00bb; y se condene \u00aben costas al DEMANDADO y fije las (\u2026) agencias para el suscrito (\u2026) y el dictamen pericial sobre comparaci\u00f3n de im\u00e1genes de firma y huellas\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Teniendo en cuenta el prop\u00f3sito de la r\u00e9plica de Guillermo Alberto Londo\u00f1o Hoyos y la compa\u00f1\u00eda Londo\u00f1o y Londo\u00f1o Ltda., de entrada, se advierte la ratificaci\u00f3n del veredicto fustigado. <\/p>\n
Mem\u00f3rese que la primera aspiraci\u00f3n de los precursores, es que se \u00abDECLARE la nulidad absoluta de todo el proceso [rad. 2002-00509] en observancia de la Ley 546\/99\u00bb, \u00fanico anhelo al que se circunscribe la impugnaci\u00f3n, porque, en esencia, no se atendieron \u00ablos precedentes judiciales consolidados de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil y de la Corte Constitucional\u00bb; sin embargo, del cartapacio objetado se evidencia que \u00e9stos previamente elevaron tal \u00absolicitud\u00bb al \u00abjuzgado\u00bb recriminado (24 jun. 2022) y que \u00f1a misma no ha sido solventada, de tal suerte que, cualquier declaraci\u00f3n del \u00abjuez de tutela\u00bb sobre dicho asunto significar\u00eda una intromisi\u00f3n impropia de este instrumento especial en los fueros propios del iudex natural, quien es el llamado a hacerlo. <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n ha predicado, al respecto, que este medio de defensa no fue establecido <\/p>\n
(\u2026) para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada en STC9022-2021 y STC5391-2022, entre otras). <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, es incuestionable que tal ambici\u00f3n no cumple la exigencia de viabilidad de la \u00absubsidiariedad\u00bb. <\/p>\n
2.- De otro lado, no es factible emplear frente al referido presupuesto la \u00abexcepci\u00f3n de inconstitucionalidad\u00bb, como lo sugieren los recurrentes, ya que, precisamente, este se encuentra establecido como tal en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica (Art. 86, Inc. 3\u00b0), al se\u00f1alar que el ruego tuitivo \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb (destaco adrede), y por ello su infracci\u00f3n est\u00e1 erigida como \u00abcausal de improcedencia\u00bb en la normativa que lo reglamenta (Dcto. 2591 de 1991, Art. 6\u00b0 – Num. 1\u00b0). <\/p>\n
Ahora bien, ac\u00e1 los interesados no imploraron el resguardo de manera transitoria, y el agravio que enunciaron es la mera consecuencia del compulsivo seguido en contra de ellos (embargo y secuestro de bienes), de indiscutible \u00edndole econ\u00f3mica. <\/p>\n
3.- Con todo, cabe recordar que la Sala, en un caso donde se aleg\u00f3 el \u00abestado de salud\u00bb como circunstancia para enervar la comentada exigencia, precis\u00f3 que \u00abla condici\u00f3n de \u201cdiscapacitada\u201d esgrimida (\u2026), no autoriza per se la injerencia del \u201cjuez constitucional\u201d en los temas que ata\u00f1en disipar al director del pleito, menos a\u00fan para que se le imparta a \u00e9ste ordenes que pueden causar perjuicios a terceros, como al parecer lo sugiere \u00e9sta, ya que ello constituir\u00eda un claro quebranto de sus \u201cderechos fundamentales\u201d\u00bb (STC9149-2022, resalto deliberado). <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, el prove\u00eddo opugnado ser\u00e1 respaldado, como delanteramente se anunci\u00f3. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s \u00e1gil y, oportunamente, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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