STC9567-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9567-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02285-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Agropecuaria Gerardo Ospina Valencia – Huevos Campesinos SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Banco Coomeva SAS, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo de radicado No. 2017-00276. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El apoderado judicial de Gerardo Valencia Ospina \u00absocio \u00fanico\u00bb de la sociedad accionante, invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que el 24 de agosto de 2017, Banco Coomeva SA instaur\u00f3 demanda ejecutiva en su contra, en la que persigui\u00f3 el pago de un pagar\u00e9 suscrito por Andr\u00e9s Ospina M\u00e1ssman quien manifest\u00f3 actuar como \u00abrepresentante legal de la sociedad\u00bb, pero seg\u00fan el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal era \u00abrepresentante legal suplente\u00bb. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, en la audiencia de que trata el art\u00edculo 372 del C\u00f3digo General del Proceso celebrada el 3 de septiembre de 2020, profiri\u00f3 sentencia en la que declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u00abfalta de representaci\u00f3n o de poder bastante de quien suscribi\u00f3 el t\u00edtulo a nombre de la demandada\u00bb, y dispuso el levantamiento de las medidas cautelares. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la decisi\u00f3n tuvo como fundamento que, \u00abrefulge palmario que, Andr\u00e9s Ospina M\u00e1ssman tentado a la representaci\u00f3n legal de la sociedad demandada, cuando otorg\u00f3 los pagar\u00e9s en cobro a su nombre, ten\u00eda si, la calidad representante legal suplente, atribuci\u00f3n que debe entenderse in eventun o condicionada, a la ausencia temporal o absoluta del principal, circunstancia que no fue siquiera aducida ante la entidad bancaria o en el curso del proceso, bajo ese panorama se abre el paso a la excepci\u00f3n postulada, que por enervar todas las pretensiones, dispensa el estudio de las dem\u00e1s fundadas por cierto en el mismo hecho\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que inconforme con lo resuelto el Banco ejecutante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, y como reparo concreto manifest\u00f3 que, \u00abas\u00ed las cosas, para que el representante legal suplente pueda desempe\u00f1ar el cargo, se requiere, no la ausencia material del titular, sino la imposibilidad del principal para desempe\u00f1ar las funciones que le han sido asignadas, circunstancia que, como se explic\u00f3 en el oficio transcrito, no debe ser probada o certificada en cada caso por parte del suplente ya que se parte de la buena fe del mismo, por lo cual, en el caso expuesto en su consulta, se tiene que, salvo prueba en contrario, los poderes otorgados dentro de una actuaci\u00f3n judicial por un representante legal suplente para la representaci\u00f3n de su administrada gozan de la plena presunci\u00f3n legal de validez\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que el Tribunal Superior el 27 de octubre de 2021 revoc\u00f3 el fallo del a quo y orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n, incurriendo en un defecto f\u00e1ctico porque dio por establecidas circunstancias sin contar con el material probatorio que respaldara su decisi\u00f3n, y presumi\u00f3 la existencia de una delegaci\u00f3n del representante legal principal al suplente, sin existir prueba documental alguna de lo anterior, teniendo como premisa que el principal estuvo impedido para actuar, cuando no fue demostrado en el proceso, adem\u00e1s que, los vac\u00edos probatorios se sustentaron con presunciones y con apego a la buena fe, porque no exigi\u00f3 el medio probatorio id\u00f3neo acerca de la ausencia del \u00abrepresentante legal de una sociedad\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que con apoyo en precedentes de la Corte, el Tribunal accionado acept\u00f3 hechos que no fueron demostrados, puesto que no es cierto que la persona jur\u00eddica se obligara a asumir esa deuda contenida en los pagar\u00e9s suscritos por Andr\u00e9s Ospina M\u00e1ssman, ni pueden ser oponibles a la sociedad, y, adem\u00e1s, para resolver la controversia debi\u00f3 dar aplicaci\u00f3n a la figura de inoponibilidad que est\u00e1 relacionada con los efectos del negocio. <\/p>\n
2. Con esos argumentos, solicit\u00f3 ordenar a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, proferir una sentencia que se fundamente en las pruebas allegadas y practicadas en el proceso. <\/p>\n
\u202f <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado a la autoridad accionada para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Tribunal Superior de Pereira indic\u00f3, que en el proceso ejecutivo No. 2017-00276-00 profiri\u00f3 sentencia el 27 de octubre de 2021, en la que orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n como lo dispuso el mandamiento de pago, y refiri\u00f3 que en la providencia est\u00e1 compendiado el an\u00e1lisis probatorio y jurisprudencial con el que se lleg\u00f3 a esa conclusi\u00f3n. <\/p>\n
2. El Juez Segundo Civil del Circuito de Pereira, se limit\u00f3 a remitir el link del expediente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, dispone que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo excepcional concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, o incluso de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios ordinarios de defensa judicial. <\/p>\n
La jurisprudencia ha establecido, que cuando se trata de actuaciones y providencias judiciales, el amparo constitucional procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una incuestionable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb1; siempre y cuando, se cumplan con los requisitos de legitimaci\u00f3n, subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. Ahora bien, la legitimaci\u00f3n para acudir a este mecanismo excepcional, se encuentra prevista en los art\u00edculos 10 y 31 del Decreto 2591 de 1991 como presupuesto para su formulaci\u00f3n, toda vez que, quien promueve la acci\u00f3n de tutela debe contar con inter\u00e9s que lo legitime para actuar, el que radica en cabeza de las partes o intervinientes reconocidos en el litigio, cuando se trata de la presunta violaci\u00f3n de los derechos fundamentales generada por actuaciones o providencias judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
Al respecto la Sala, ha predicado, \u00abCiertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido vulnerados o amenazados aqu\u00e9llos\u201d. (Ver CSJ STC 13 dic. 2011, reiterada en STC9142-2021 y STC8302-2022 entre muchas). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, revisado tanto el escrito de tutela como el expediente allegado, se advierte que, seg\u00fan lo anotado en el escrito inicial, el apoderado judicial que formul\u00f3 la acci\u00f3n contra el Tribunal Superior de Pereira y el Banco Coomeva, afirm\u00f3 actuar \u00abcomo apoderado del se\u00f1or Gerardo Ospina Valencia quien fungi\u00f3 como \u00fanico socio de la Agropecuaria Valencia \u2013 Huevos Campesinos SAS\u00bb. <\/p>\n
No obstante, examinado el citado escrito observa la Sala, que el mismo, no se encuentra firmado por el apoderado judicial, o el representante legal de la sociedad accionante, o Gerardo Ospina Valencia como \u00ab\u00fanico socio de la Agropecuaria\u00bb. <\/p>\n
Debe tenerse presente, que el simple hecho de figurar como apoderado en una actuaci\u00f3n judicial, no lo autoriza para interponer la acci\u00f3n de tutela a nombre de su representado, cuando no le ha sido otorgado el poder que lo faculte para promover una acci\u00f3n constitucional, como as\u00ed lo ha establecido la jurisprudencia \u00abcuando la acci\u00f3n de tutela se ejerce a t\u00edtulo de otro, es necesario contar con poder especial para legitimar su interposici\u00f3n\u00bb (CSJ SC, 4 de mayo de 2012, rad. 00145-01, reiterada en STC10249-2018, STC8302-2022 y STC8264-2022 entre muchas). <\/p>\n
Finalmente, de la lectura del escrito de tutela, no se observa ninguna circunstancia que impida a los directamente afectados implorar el amparo de sus garant\u00edas fundamentales, para que se pueda predicar la existencia de una agencia oficiosa. <\/p>\n
5. De otra parte, a\u00fan si lo anterior se dejara de lado, el amparo igualmente fracasar\u00eda, por cuanto no se satisface el presupuesto de la inmediatez, toda vez que, si el interesado se encontraba inconforme con la sentencia proferida el 27 de octubre de 2021 por el Tribunal Superior de Pereira (Derivado No. 19 Cuaderno 02 Segunda Instancia expediente 002-2017-00276), no justifica porqu\u00e9 se demor\u00f3 en presentar la solicitud de amparo, pues la misma fue promovida el 13 de julio de 2022, seg\u00fan acta de reparto (derivado No. 0001 del expediente digital de tutela), esto es, ocho (8) meses y diecis\u00e9is (16) d\u00edas despu\u00e9s de proferida la decisi\u00f3n reprochada. <\/p>\n
No debe olvidarse, que el solicitante en caso de considerar que una actuaci\u00f3n judicial viola o amenaza sus garant\u00edas fundamentales, debe de acudir de manera oportuna a la acci\u00f3n constitucional, porque, de no hacerlo, dicho descuido es suficiente para descartar la presencia de una conducta indebida atribuible al funcionario cuestionado, como as\u00ed lo ha sostenido de manera reiterada esta Sala al se\u00f1alar \u00abmuy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (Ver CSJ STC. 14 Sep. 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC. 27 Oct. 2011, exp. 2011-02245-00, STC12287-2016, STC10554-2018, STC8525-2022 y STC8539-2022 entre muchas otras). <\/p>\n
Aunado al hecho que, en este caso el abogado accionante no manifest\u00f3 la existencia de alguno de los supuestos fijados por la jurisprudencia constitucional, para justificar su inactividad para acudir a este mecanismo excepcional, por tanto, dicha tardanza descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad cuestionada, y con repercusi\u00f3n directa en las garant\u00edas fundamentales que reclam\u00f3. <\/p>\n
6. En consecuencia, se declarar\u00e1 improcedente el amparo implorado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: Declarar improcedente la acci\u00f3n de tutela promovida por Agropecuaria Gerardo Ospina Valencia \u2013 Huevos Campesinos SAS, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira y el Banco Coomeva SAS, tr\u00e1mite al que se vincul\u00f3 el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Corte Suprema de Justicia STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01 <\/p>\n
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