STC9568-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9568-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02246-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Inversiones Alvero S.A.S. le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo censurado. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- La sociedad querellante, actuando por medio de apoderado, exigi\u00f3 la guarda de los derechos a la \u00abigualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, seguridad jur\u00eddica, confianza legitima y tutela judicial efectiva\u00bb, para que, se ordenara a la Magistratura acusada, \u00abi) en un t\u00e9rmino prudencial proceda a dejar sin valor y efecto las providencias calendadas los d\u00edas 5 de mayo y 21 de junio de 2022\u00bb y, \u00abii) teniendo en cuenta el defecto procedimental en que se incurri\u00f3 en dicho fallo, se ordene al Tribunal proferir nuevamente las providencias, respetando los derechos fundamentales vulnerados\u00bb. <\/p>\n
En resumen, adujo que el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor formulada en su contra por It Experts S.A.S. y el Edificio Torre la Merced P.H., ratific\u00f3 lo resuelto el 17 de agosto de 2021 por la Superintendencia de Industria y Comercio que estim\u00f3 \u00abinviable ampliar el t\u00e9rmino para aportar un dictamen pericial porque, conforme al art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, la demandada ten\u00eda tres d\u00edas para arrimar otra experticia que contradijera la prueba t\u00e9cnica aportada, por tanto, no es posible modificar dicho t\u00e9rmino\u00bb (5 may. 2022), pronunciamiento que afect\u00f3 sus prerrogativas, en tanto \u00abse incurri\u00f3 en defecto procedimental absoluto y sustantivo\u00bb pues \u00abdebi\u00f3 aplicarse el art\u00edculo 227 del C.G.P., que dice cuando el t\u00e9rmino de los tres d\u00edas no es suficiente para presentar el dictamen, se puede conceder un lapso prudencial, el cual no puede ser inferior a 10 d\u00edas (\u2026) omisi\u00f3n que lesion\u00f3 el derecho a la igualdad de las partes\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo igualmente que, proferido el veredicto de primera instancia que accedi\u00f3 a las aspiraciones del extremo activo, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, donde plante\u00f3 \u00abtambi\u00e9n como reparo concreto la indebida negativa de la pr\u00e1ctica de la prueba solicitada\u00bb, empero el ad quem mantuvo lo ya definido (21 jun. 2022), \u00abincurriendo otra vez en una indebida interpretaci\u00f3n de los art\u00edculos 228 y 227 del C.G.P.\u00bb, sin que sea de recibo aceptar lo dicho en el sentido que \u00abconsinti\u00f3 el otorgamiento del plazo de los tres d\u00edas por no haber recurrido el auto de 13 de julio de 2021 que as\u00ed lo dispuso ya que para ese momento no pod\u00eda anticiparse a solicitar la ampliaci\u00f3n de un t\u00e9rmino para presentar un dictamen que no sab\u00eda que ten\u00eda que presentar\u00bb. <\/p>\n
2.- La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 dijo que \u00abse atiene a los argumentos esgrimidos en las decisiones proferidas el 5 de mayo y 21 de junio de 2022\u00bb. <\/p>\n
La Superintendencia de Industria y Comercio rog\u00f3 su desvinculaci\u00f3n por cuanto \u00ab[sus] actuaciones se han centrado en acatar el ordenamiento jur\u00eddico aplicable, garantizando a cada una de las partes la protecci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
Gregory de Jes\u00fas Torregrosa Rebolledo inform\u00f3 que desde el 1\u00b0 de julio de 2022 present\u00f3 renuncia como apoderado del Edificio Torre la Merced P.H., lo cual fue debidamente noticiado a la Superintendencia convocada. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite Inversiones Alvero S.A.S. cuestiona el prove\u00eddo de 5 de mayo de 2022 dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que \u00ab[confirm\u00f3] la providencia de la Superintendencia de Industria y Comercio que deneg\u00f3 la solicitud de ampliar el t\u00e9rmino para aportar un dictamen pericial\u00bb dentro del juicio de \u00abprotecci\u00f3n al consumidor\u00bb que se sigue en su contra, determinaci\u00f3n que no evidencia subjetividad, arbitrariedad o capricho, al tratarse de una labor que no puede ser criticada en el terreno de esta especial justicia. <\/p>\n
En efecto, n\u00f3tese que, para ello, indic\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) descendiendo al caso de marras, cabe destacar que, por auto del 13 de julio de 2021, el a quo autoriz\u00f3 a la parte demandante para que, a m\u00e1s tardar, el d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o, aportara la prueba pericial peticionada en la demanda. De igual manera, dispuso que tal medio suasorio deb\u00eda ser enviado a su contraparte \u201cen la misma fecha en que se radique ante la entidad la experticia. Una vez radicado el dictamen al d\u00eda siguiente empezar\u00e1 a correr el t\u00e9rmino de traslado a que se refiere el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso, evento dentro del cual la parte contra la que se aduzca el dictamen pericial podr\u00e1 controvertirlo bajo los estrictos par\u00e1metros de la norma antes citada\u00bb. Decisi\u00f3n que no fue objeto de recurso alguno. <\/p>\n
En cumplimiento de lo anterior, el extremo activo el 26 de julio de 2021, alleg\u00f3 el medio de persuasi\u00f3n citado ut supra, frente a lo cual, el apoderado de Inversiones Alvero S.A.S., el d\u00eda 29 siguiente, en ejercicio de su derecho de \u201ccontradicci\u00f3n del dictamen\u201d solicit\u00f3 al juez de primer grado \u201chacer comparecer a la audiencia fijada por su despacho para el d\u00eda 17 de agosto (\u2026) al perito Mario Enrique Pedraza L\u00f3pez (\u2026) con el fin de que absuelva interrogatorio que en la oportunidad procesal correspondiente formular\u00e9. Asimismo, de conformidad con el art\u00edculo 228 del C.G.P. solicito a su despacho se sirva conceder un t\u00e9rmino prudencial para aportar dictamen pericial con el fin de que un experto pueda determinar las posibles causas u or\u00edgenes de fallas y\/o defectos de los equipos objeto del presente proceso y respecto de los cuales el demandante solicita la garant\u00eda. <\/p>\n
Develado tal escenario factual, queda al descubierto que, en efecto, la norma que rige el asunto es el art\u00edculo 228 del C\u00f3digo General del Proceso que a su tenor establece: \u201cLa parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podr\u00e1 solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. \u00c9stas deber\u00e1n realizarse dentro del t\u00e9rmino de traslado del escrito con el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de la providencia que lo ponga en conocimiento\u201d. <\/p>\n
De ah\u00ed que la decisi\u00f3n criticada se encuentre ajustada a derecho, pues la compa\u00f1\u00eda demandada debi\u00f3 presentar su experticia en el plazo de tres d\u00edas contados a partir de la calenda siguiente en que tuvo conocimiento del dictamen de su contraparte, sin que fuera viable ampliar ese t\u00e9rmino; pues, \u201c(\u2026) la efectiva realizaci\u00f3n del bien iusfundamental que consagra el canon 29 de la Carta Pol\u00edtica impone (\u2026) comporta que el dictamen recaudado sea objeto de contradicci\u00f3n, la que debe sujetarse a lo dispuesto en el art\u00edculo 238 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, o 228 del C\u00f3digo General del Proceso, seg\u00fan el caso. SC4658-2020\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la quejosa, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la controversia, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad del sendero superlativo, cuyo objetivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias (STC-9232-2018, reiterada en STC-5974-2021). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, en el sub examine lo que se observa es una disparidad de criterios entre lo reflexionado por la Corporaci\u00f3n censurada en el desarrollo de sus facultades y amparada en el principio de autonom\u00eda judicial y lo planteado por Inversiones Alvero S.A.S.; sin embargo, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de tercera instancia. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha esbozado, que <\/p>\n
\u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021 y STC16612-2021). <\/p>\n
3.- De otra parte, tampoco se vislumbra irregularidad alguna con la disposici\u00f3n que \u00ab[confirm\u00f3] la sentencia proferida el 17 de agosto de 2021, por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio\u00bb (21 jun. 2022), por cuanto, frente a la inconformidad de la gestora \u00abpor la imposibilidad de que la demandada pudiera aportar el dictamen pericial para controvertir el de su contraparte\u00bb, el Magistrado Sustanciador evalu\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) de entrada debe ponerse de relieve que esta puntual discusi\u00f3n fue zanjada, en su oportunidad, por el funcionario de primera instancia, con la posterior confirmatoria emitida por esta Corporaci\u00f3n el pasado 5 de mayo del a\u00f1o en curso; definici\u00f3n procesal que, sin m\u00e1s, obstruye reanudar ese particular conflicto en el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n de la sentencia, puesto que \u201ccuando se agota un estadio procesal no es posible reabrirlo\u201d, ya que si \u201cuna etapa del litigio ha sido superada no es posible volver sobre ella a riesgo de tornar interminable el debate. Por ende, contravenir los imperativos de econom\u00eda procesal, tutela judicial efectiva y duraci\u00f3n razonable de los procesos, as\u00ed como quebrantar el principio de seguridad jur\u00eddica, con respecto a los sujetos que intervienen en la controversia y de las etapas surtidas en el proceso SC4263-2020 y AC916-2021\u00bb. <\/p>\n
Precisado lo anterior, convalid\u00f3 lo solventado por el a quo al encontrar que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) escrutando de manera hol\u00edstica y bajo la \u00e9gida de la sana cr\u00edtica las piezas suasorias militantes en el legajo, no es posible establecer que la marcha irregular del montacoches haya surgido de las situaciones alegadas por la demandada, pues no hay ninguna prueba diferente a las mentadas declaraciones que as\u00ed lo corroboren, versiones que por venir de personas estrechamente enlazadas con la empresa convocada y no tener ning\u00fan otro soporte persuasivo id\u00f3neo que las respalde, resultan exiguas para tener por cierto sus afirmaciones; panorama comprobatorio que deja entrever que \u00e9sta no atendi\u00f3, como era su deber, con la carga demostrativa que pesaba sobre sus hombros, a objeto de exonerarse de la responsabilidad derivada de la garant\u00eda, acreditando que las m\u00faltiples aver\u00edas denunciadas por el extremo querellante emanaban de la falta de capacitaci\u00f3n a los residentes de la copropiedad y la falta de energ\u00eda definitiva\u00bb. <\/p>\n
4.- Son estas razones las que llevan el fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela suplicada por Inversiones Alvero S.A.S. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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