STC9575-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9575-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02322-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Carlos Julio Molina Murcia le instaur\u00f3 a la Sala Civil del Tribunal Superior y al Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; al Centro de Conciliaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles -, extensiva al Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta urbe, Gerardo Torres Medina y dem\u00e1s involucrados en el consecutivo 2016-00826. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista, en nombre propio, exigi\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho al \u00abdebido proceso\u00bb para que se conminara a la Colegiatura acusada, \u00abEXCLUIR la prueba documental \u201cconstancia de inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n prejudicial expedida por la PGN, adem\u00e1s de lo anterior y como consecuencia proceda a REVOCAR las providencias atacadas por configurar una v\u00eda de hecho y ORDENAR que NO se tenga en cuenta la prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad por ser una prueba il\u00edcita (\u2026)\u00bb y, en consecuencia, \u00abse ANULE TODO EL PROCESO VERBAL que adelanta el se\u00f1or Gerardo Torres Medina\u00bb en su contra. <\/p>\n
En compendio adujo que Gerardo Torres Medina lo cit\u00f3 a conciliaci\u00f3n prejudicial en el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles (5 oct. 2013), \u00abfaltando a la lealtad procesal\u00bb al aportar como \u00absitio para notificar[le] la siguiente direcci\u00f3n: Carrera 7 n\u00famero 16-75 Oficina 1201 de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb, diligencia a la que ning\u00fan extremo concurri\u00f3, pues \u00able fue imposible excusarse porque simplemente nunca [le] fue entregada la citaci\u00f3n a la audiencia (\u2026) porque jam\u00e1s [ha] vivido en [esa] direcci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 admiti\u00f3 la demanda verbal que le inco\u00f3 Torres Medina \u00abpara que le pagara unos dineros que le adeudaba desde el 17 de agosto del a\u00f1o 2006, por un supuesto incumplimiento en el pago de parte del precio de la venta de unas acciones\u00bb (30 nov. 2016), la que actualmente cursa en el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esa localidad \u00abpor cambio de competencia y- aportando como prueba del cumplimiento del requisito de procedibilidad la constancia ya referida\u00bb (n\u00ba 2016-00826-00), en el que estuvo representado por curador ad \u2013litem, quien contest\u00f3 el escrito genitor en agosto 24 de 2017. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tuvo conocimiento del litigio hasta el 25 de septiembre de 2018, por lo que, a trav\u00e9s de abogado solicit\u00f3 la \u00abnulidad procesal por indebida notificaci\u00f3n\u00bb, desestimada por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta capital (18 dic. 2020), providencia que el superior confirm\u00f3 (29 jul. 2021). <\/p>\n
Asever\u00f3 que, posteriormente, formul\u00f3 \u00abla nulidad de rango constitucional [art. 29 CN.] en raz\u00f3n a que se encuentra demostrado que la constancia de no asistencia a la conciliaci\u00f3n prejudicial ante la procuradur\u00eda y que era una prueba para cumplir un requisito de procedibilidad (\u2026) fue obtenida de manera ilegal\u00bb; empero, tampoco prosperaron sus argumentos, porque se deneg\u00f3 en ambas instancias (17 feb. y 25 abr. 2022). <\/p>\n
(i) \u00abErr\u00f3 la Procuradur\u00eda al emitir una constancia de inasistencia (\u2026) ya que no exist\u00eda prueba de que [a \u00e9l] le hab\u00eda sido entregada [y] al dar por cierto que la direcci\u00f3n dada por el se\u00f1or Torres era en la que [\u00e9l] pod\u00eda ser notificado por ello- esa direcci\u00f3n espuria- conduce a una ilegalidad (\u2026)\u00bb; <\/p>\n
(ii) El juzgado acusado \u00aberr\u00f3 al determinar que las falencias que se presentaron en el tr\u00e1mite de la conciliaci\u00f3n, no pod\u00edan ser alegadas dentro del proceso verbal (\u2026) precisamente lo que se persegu\u00eda con la nulidad constitucional presentada era que la juez revisara las \u201cactuaciones\u201d de la PGN y de Gerardo Torres Medina que conllevan indudablemente a una violaci\u00f3n al debido proceso, configurado en la violaci\u00f3n del derecho de defensa, de aportar o controvertir las pruebas (\u2026)\u00bb; y <\/p>\n
(iii) El iudex plural fustigado \u00abno apreci\u00f3 con sentido amplio las pruebas que se aportaron como fue la totalidad del expediente de la solicitud de conciliaci\u00f3n [porque] NO HAY PRUEBA DE QUE AL SUSCRITO LE HUBIERE SIDO ENTREGADA LA CITACI\u00d3N A LA AUDIENCIA DE CONCILIACI\u00d3N ante la procuradur\u00eda (\u2026)\u00bb y al contradecirse en sus conclusiones en torno a que \u00abno es procedente anular lo actuado en sede de conciliaci\u00f3n ni del conflicto suscitado\u00bb. <\/p>\n
Tambi\u00e9n endilg\u00f3 \u00abv\u00eda de hecho f\u00e1ctico por inducci\u00f3n al error\u00bb en la actuaci\u00f3n de Gerardo Torres Medina al \u00abindu[cir] a la PGN a un error (\u2026) a que expidiera la constancia de no asistencia a la conciliaci\u00f3n, pero (\u2026) se le ocult\u00f3 la verdad, se actu\u00f3 de manera negligente\u00bb y \u00abv\u00eda de hecho por prueba ilegalmente obtenida\u00bb, en tanto, aqu\u00e9l \u00abconstruy\u00f3 una prueba con bases te\u00f1idas de espurias, porque obtuvo la constancia de no asistencia a la conciliaci\u00f3n de \u2013CJM- pero, ocultando a la PGN, el hecho demostrado de que \u2013CJM- no viv\u00eda en la carrera 7 n\u00famero 16-75 Ofc. 1201 de la ciudad de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
2.- El Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y agreg\u00f3 que \u00ab[esa] corporaci\u00f3n judicial no ha incurrido en conculcaci\u00f3n de los derechos fundamentales del convocante, dado la decisi\u00f3n que le neg\u00f3 la nulidad alegada se ajusta a los lineamientos normativos y constitucionales, tanto m\u00e1s cuando la misma fue confirmada por el superior jer\u00e1rquico\u00bb. <\/p>\n
El Cuarenta Civil del Circuito relat\u00f3 el tr\u00e1mite impartido al radicado 2016-00826-00, el cual, \u00abdesde el 29 de marzo de 2019, se orden\u00f3 remitir el expediente por aplicaci\u00f3n de la figura de p\u00e9rdida de competencia contemplada en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, al Juzgado 41\u00b0 Civil del Circuito de esta ciudad, sin que se cuente con el proceso f\u00edsico ni digitalizado\u00bb. <\/p>\n
Gerardo Torres Medida se opuso a la demanda superlativa. <\/p>\n
La Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n destac\u00f3 la improcedencia del amparo, ante la ausencia del requisito de \u00absubsidiariedad\u00bb y \u00abno configurarse un perjuicio irremediable\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, la queja se dirige tambi\u00e9n contra el auto expedido por el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 el 17 de febrero de 2022 en la lid n\u00ba 2016-00826, se analizar\u00e1 \u00fanicamente el emitido por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 25 de abril de 2022, por ser el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
Revisada dicha resoluci\u00f3n se advierte el decaimiento de la salvaguarda, porque se avizora que la misma (25 abr.), no luce antojadiza, ni ilegal; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa que rige la materia y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario, en atenci\u00f3n a que valor\u00f3 \u00abrazonablemente\u00bb los reproches del promotor de cara a la \u00absolicitud de nulidad de car\u00e1cter constitucional, por violaci\u00f3n del debido proceso previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
En efecto, para llegar a dicha conclusi\u00f3n, precis\u00f3 que, <\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala Unitaria, es pertinente resaltar que mediante procidencia calendada veintinueve de julio de dos mil veintiuno esta Corporaci\u00f3n confirm\u00f3 el auto proferido el dieciocho de diciembre de dos mil venite por el cual se neg\u00f3 la nulidad fundada en la causal prevista en el numeral 8 del canon 133 del estatuto procesal civil por cuanto \u201c[\u2026] no se acredit\u00f3 que a la fecha en que se present\u00f3 la demanda y\/o en la \u00e9poca en que se adelant\u00f3 el tr\u00e1mite de enteramiento [\u2026]\u201d el actor tuviere conocimiento de direcci\u00f3n diferente a la denunciada en el escrito de la demanda\u00bb. <\/p>\n
Luego, aclar\u00f3: <\/p>\n
\u00abDestacado lo anterior, como la pasiva pretende que se invalide el acta de no conciliaci\u00f3n por considerarla como una prueba ilegal comporta resaltar que, de conformidad con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, todo tipo de actuaci\u00f3n judicial o administrativa debe efectuarse con sujeci\u00f3n al debido proceso, derecho fundamental definido \u201ccomo el conjunto de garant\u00edas previstas en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s de las cuales se busca la protecci\u00f3n del individuo incurso en una actuaci\u00f3n judicial o administrativa para que durante su tr\u00e1mite se respeten sus derechos y se logre la aplicaci\u00f3n correcta de la justicia\u201d, dentro de cuyas expresiones se encuentra \u201cel derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios leg\u00edtimos y adecuados para ser o\u00eddo y obtener una decisi\u00f3n favorable\u201d, del que hacen parte \u201cel derecho al tiempo y a los medios adecuados para la preparaci\u00f3n de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea necesario, la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las dem\u00e1s personas que intervienen en el proceso\u201d <\/p>\n
3. En consonancia con lo anotado, tanto el ordenamiento constitucional como el procesal, prev\u00e9n que cualquier medio de prueba obtenido con la violaci\u00f3n al derecho fundamental del debido proceso, es nula de pleno derecho, lo que \u201csignifica que sobre toda prueba \u00b4obtenida` en tales condiciones, esto es, averiguada y, principalmente, presentada o aducida por la parte interesada o admitida con perjuicio del debido proceso, pende la posibilidad de su declaraci\u00f3n judicial de nulidad\u201d, as\u00ed como aquellas \u201csin la observancia de las formalidades legales esenciales requeridas para la producci\u00f3n de la prueba, especialmente en lo que ata\u00f1e con el derecho de contradicci\u00f3n por la parte a la cual se opone \u00e9sta\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, en el caso en concreto, coligi\u00f3 que la disconformidad con el \u00abacta de no conciliaci\u00f3n\u00bb fue propuesta en \u00abincidente anterior\u00bb, en donde no se tuvo en cuenta sus alegatos por carencia de medios suasorios, porque si bien, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) esta causal aut\u00f3noma puede ser alegada por la v\u00eda de la nulidad, en la medida que se sujeta al r\u00e9gimen de taxatividad o especificidad de las hip\u00f3tesis con entidad para afectar el rito, hall\u00e1ndose legitimado para su alegaci\u00f3n la parte agraviada con el vicio. Sin embargo, en el caso que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala la solicitud est\u00e1 llamada al fracaso, en la medida en que la parte demandada fund\u00f3 su alegato de ilegalidad de la prueba del acta de no conciliaci\u00f3n y, en general, del tr\u00e1mite adelantado ante el centro de conciliaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, por haber denunciado el convocante un domicilio errado, argumento que, valga decir, fue utilizado desde la proposici\u00f3n del incidente anterior y que no tuvo eco, por cuanto no existe prueba de que el actor conociera otro lugar diferente al que se utiliz\u00f3 para agotar el requisito de conciliaci\u00f3n y para la radicaci\u00f3n de la demanda. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, de las pruebas recaudadas en el anterior incidente de nulidad no avista la Sala Unitaria una indebida valoraci\u00f3n pues en su valoraci\u00f3n (sic) en esta instancia se concluy\u00f3 que \u201c[\u2026] el declarante no confes\u00f3 que ten\u00eda conocimiento de la direcci\u00f3n de notificaci\u00f3n de Carlos Julio Molina Murcia, tal como lo rotul\u00f3 la juez de primera instancia. Asimismo, debe precisarse que las direcciones relacionadas, seg\u00fan su dicho, las obtuvo de \u201cgente\u201d que lo conoc\u00eda, y concretamente, en el caso de la Cra 7\u00aa No. 16-75 Oficina 1201 \u2013 suministrada cuando solicit\u00f3 la conciliaci\u00f3n- corrobor\u00f3, con posterioridad, que no le correspond\u00eda; y que pese a acudir al Emerald Trade Center e indagar sobre el mencionado, no obtuvo resultado en el piso 12 o 13, donde le fue se\u00f1alado [\u2026]\u201d, de donde se desgaja que no es procedente anular lo actuado en sede de conciliaci\u00f3n ni en el conflicto suscitado pues la informaci\u00f3n utilizada por el se\u00f1or Gerardo Torres Medina obedeci\u00f3 al conocimiento que tuvo para esos momentos, sin que pueda enrostr\u00e1rsele una actitud tendenciosa. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido, dado que la anulaci\u00f3n invocada no tiene soporte demostrativo y tampoco se acompasa con las especificaciones previstas en el art\u00edculo 19 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no hay lugar a revocar la determinaci\u00f3n adoptada\u00bb. <\/p>\n
2.- Que el querellante disienta de esa \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb porque, en su opini\u00f3n, debi\u00f3 darse otra interpretaci\u00f3n al \u00abacervo probatorio\u00bb, dado que, en su sentir, hubo \u00abindebida valoraci\u00f3n probatoria y la configuraci\u00f3n de un defecto f\u00e1ctico por aceptaci\u00f3n de prueba il\u00edcita\u00bb, no es \u00abargumento\u00bb que abra paso a la injerencia supralegal implorada, ya que como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 ySTC10910-2021, entre otras). <\/p>\n
3.- En punto del reparo del impulsor contra el acta de inasistencia del 6 de febrero de 2014 expedida por el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n – Procuradur\u00eda Delegada para Asuntos Civiles (n\u00ba 010713), emerge claro el incumplimiento de la exigencia de la inmediatez, ya que desde dicha data hasta la interposici\u00f3n del pliego inaugural, transcurrieron m\u00e1s de ocho a\u00f1os, esto es, se super\u00f3 por mucho el lapso que tanto esta Corte como la Constitucional han tenido como prudente para acudir a este excepcional sendero (STC 29 abr. 2009, rad. 00624-00, reiterada en STC4535-2020, STC 3457-2021y STC1919-2022). <\/p>\n
4.- Finalmente, en punto de las pretensiones del quejoso tendientes a \u00abEXCLUIR la prueba documental \u201cconstancia de inasistencia a la audiencia de conciliaci\u00f3n prejudicial expedida por la PGN\u201d y \u00abanular todo el proceso verbal\u00bb que cursa en su contra; cotejado el enlace de la Litis censurada, se observa, de un lado, que no obran elementos de convicci\u00f3n que permitan siquiera intuir que haya elevado el primer pedimento ante el prenombrado despacho, y del otro, lo atinente a la \u00absolicitud de nulidad\u00bb anhelada en este especial\u00edsimo remedio, ya fue zanjado con la emisi\u00f3n de la providencia aqu\u00ed combatida y analizada. <\/p>\n
5.- Como colof\u00f3n, el auxilio promovido resulta impr\u00f3spero. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela instada por Carlos Julio Molina Murcia. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y, de no impugnarse este prove\u00eddo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9575-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC9575-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02322-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Carlos Julio Molina Murcia le instaur\u00f3 a […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65481","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65481","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65481"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65481\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65481"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65481"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65481"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}