STC9586-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9586-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00912-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 19 de mayo de 2022 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Ecopetrol S.A. contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bucaramanga, el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad accionante reclama la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, presuntamente conculcados por la sede judicial acusada, en el marco del proceso declarativo laboral que tramit\u00f3 contra Jes\u00fas Odman Acevedo Blanco, Uriel Quintero y Ricardo Velasco Pe\u00f1aloza. <\/p>\n
Solicita, entonces, ordenar a la autoridad judicial convocada \u00abdej[ar] sin efectos la sentencia SL356-2022, Radicaci\u00f3n No. 855570, acta 5, del 16 de febrero de 2022\u00bb y en consecuencia \u00abdict[ar] un nuevo fallo ajustado a la Constituci\u00f3n, a la Ley y al precedente jurisprudencial (\u2026) o en su defecto (\u2026) remita un proyecto de fallo que pretenda cambiar la jurisprudencia en la materia a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. En el a\u00f1o 2010 los demandados dentro del referido proceso interpusieron una acci\u00f3n de tutela contra Ecopetrol S.A. para que se les reconociera el \u00abest\u00edmulo al ahorro\u00bb establecido en el 2007, protecci\u00f3n a la que accedi\u00f3 el 20 de abril de 2010 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de C\u00facuta, decisi\u00f3n que confirm\u00f3 el 19 de mayo de ese a\u00f1o la Sala Laboral del Tribunal Superior del mismo distrito judicial, por lo cual la entidad pag\u00f3 a cada accionante las sumas de dinero reclamadas. <\/p>\n
2.2. La Corte Constitucional en sentencia T-1048 de 2010 revoc\u00f3 esa decisi\u00f3n constitucional y neg\u00f3 la protecci\u00f3n, adem\u00e1s, por emitir la misma y otras similares, el 21 de febrero de 2018 la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia conden\u00f3 a pena privativa de la libertad a dos de los Magistrados del Tribunal de C\u00facuta que las suscribieron, pues, hubo un desfalco que \u00absuper\u00f3 los cien mil millones de pesos m\/cte ($100.000\u00b4000.000)\u00bb. <\/p>\n
2.3. La accionante inici\u00f3 la referida acci\u00f3n para el cobro de los valores pagados a Jes\u00fas Odman Acevedo Blanco, Uriel Quintero y Ricardo Velasco Pe\u00f1aloza, pretensi\u00f3n a la cual accedi\u00f3 el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga, empero, la decisi\u00f3n fue revocada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, por lo cual aquella pidi\u00f3 casar el precitado fallo, pero la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justica no accedi\u00f3 a ello en fallo SL356 de 22 de febrero de 2022. <\/p>\n
2.4. Sostiene la gestora, en s\u00edntesis, que para emitir la precitada decisi\u00f3n, la Corte \u00abaplic\u00f3 un t\u00e9rmino prescriptivo que no era viable\u00bb, al pasar por alto que mediaron delitos para la obtenci\u00f3n de los pagos; no sopesar que se trataba de un cr\u00e9dito que no surgi\u00f3 de una obligaci\u00f3n laboral \u00absino de la revocatoria de una decisi\u00f3n judicial\u00bb, por lo cual no deb\u00eda aplicarse el t\u00e9rmino prescriptivo de tres a\u00f1os, sino el del C\u00f3digo Civil; calcul\u00f3 el lapso extintivo desde una fecha \u00abque no est\u00e1 probada en la actuaci\u00f3n\u00bb, conforme lo consider\u00f3 la magistrada que salv\u00f3 el voto frente al fallo en comento; y, se apart\u00f3 del precedente fijado por la Sala permanente de la especialidad en el prove\u00eddo SL1975-2017. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Bucaramanga corrobor\u00f3 que conoci\u00f3 el decurso cuestionado, dentro del cual dict\u00f3 sentencia el 20 de junio de 2018 desfavorable a los demandados, decisi\u00f3n que revoc\u00f3 el 4 de abril de 2018 el Tribunal Superior de ese Distrito Judicial. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte manifest\u00f3 que Ecopetrol no puede pretender reabrir, \u00abcon los mismos argumentos que adujo en la sustentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n\u00bb, un debate procesal debidamente culminado. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que en sede extraordinaria el estudio se limit\u00f3 a determinar si hab\u00eda operado la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, sin llegar a debatir la legalidad de la conducta de los demandados o la responsabilidad penal de quienes emitieron los fallos constitucionales que dieron paso al pago de las sumas de dinero que se pretend\u00eda recobrar. <\/p>\n
Especific\u00f3 que al asunto no aplicaban las normas de prescripci\u00f3n civil, sino la del art\u00edculo 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y el 151 del estatuto procesal de la materia, porque la controversia correspond\u00eda al campo del derecho laboral y la seguridad social \u00aben la medida que es evidente que el litigio provino de los pagos efectuados a unos ex trabajadores en cumplimiento de una orden judicial\u00bb, as\u00ed mismo, no se supuso la fecha de inicio del lapso extintivo, pues correspond\u00eda a la data en que la aqu\u00ed accionante se tuvo por notificada por conducta concluyente de la sentencia T-1048-2010. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte neg\u00f3 el resguardo tras constatar que lo fallado por la autoridad jurisdiccional accionada se fund\u00f3 en argumentos razonables, que le permitieron establecer que el Tribunal que emiti\u00f3 el fallo objeto de casaci\u00f3n no se equivoc\u00f3 al decretar la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n alegada por los demandados, conclusi\u00f3n que obtuvo luego de citar apartes que consider\u00f3 relevantes de la sentencia de casaci\u00f3n cuestionada y advertir que el reclamo all\u00ed estudiado, coincide con el que se elev\u00f3 en el escrito inicial de tutela, lo que deja en evidencia que la intenci\u00f3n de la actora es reabrir un debate ya finiquitado dentro del juicio criticado. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la accionante insistiendo en que al referido decurso no aplicaban las normas de prescripci\u00f3n en materia laboral, porque no se estaba cobrando un cr\u00e9dito de ese tipo, sino unos montos derivados de un enriquecimiento sin causa que no emana de las \u00ableyes sociales\u00bb a que alude el art\u00edculo 151 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, lo que impon\u00eda aplicar al caso las normas de prescripci\u00f3n de los art\u00edculos 8 de la Ley 153 de 1887, 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, 1 y 8 de la Ley 797 de 2002 y 6 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Reiter\u00f3 que hubo condenas penales por los hechos que dieron lugar al cobro efectuado mediante el proceso del ep\u00edgrafe, y que se supuso la fecha a partir de la cual se cont\u00f3 el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Circunscrita la Sala a los motivos de inconformidad expuestos en la impugnaci\u00f3n, Ecopetrol S.A. se duele de la sentencia de 16 de febrero de 2022 (SL356), de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que NO cas\u00f3 el fallo de 4 de abril de 2019 de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que a su vez revoc\u00f3 la decisi\u00f3n del 20 de junio de 2018 del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de la misma ciudad, para en \u00faltimas, negar las pretensiones de la demanda por prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n, dentro del proceso ordinario laboral que aquella promovi\u00f3 contra Jes\u00fas Odman Acevedo Blanco, Uriel Garc\u00eda Quintero y Ricardo Velasco Pe\u00f1aloza, para el recobro de unos valores pagados con ocasi\u00f3n de una decisi\u00f3n de tutela, a la postre revocada en sede de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, toda vez que el prove\u00eddo objeto de censura no se torna arbitrario, en efecto, la Corporaci\u00f3n judicial querellada, al emitir la decisi\u00f3n con que no cas\u00f3 la decisi\u00f3n del Tribunal ad quem, expuso los cargos elevados contra dicho fallo y los abord\u00f3 de manera conjunta, para lo cual comenz\u00f3 por definir la figura jur\u00eddica de la prescripci\u00f3n, y de entrada puntualiz\u00f3 que, \u00ab[l]o primero que debe descartarse, es que las normas que regulan la prescripci\u00f3n en el caso bajo examen sean los art\u00edculos 2535 y 2536 del C\u00f3digo Civil, ni el 1 y 8 de la Ley 791 de 2002, por cuanto la controversia suscitada concierne exclusivamente al campo del derecho del trabajo y la seguridad social (CSJ SL9319-2016 y CSJ SL3814-2020), que cuenta con normas adjetivas propias y aut\u00f3nomas, como los art\u00edculos 488 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo y 151 del estatuto procesal de la materia. En ese orden, a la Sala no le asiste duda de que la acci\u00f3n tendiente a recuperar lo pagado a los demandados, prescribe luego de transcurridos 3 a\u00f1os desde que la obligaci\u00f3n se hizo exigible (CSJ SL13155-2016, CSJ SL1785-2018, CSJ SL218-2018 y CSJ SL2233-2019, etc). <\/p>\n
En seguida la Corte anot\u00f3 que, \u00abcomo lo consider\u00f3 el ad quem, el mentado medio exceptivo debe contabilizarse a partir de la fecha en que Ecopetrol S.A. fue notificada de la sentencia de revisi\u00f3n CC T-1048-2010. Desde ese momento, para los demandados surgi\u00f3 la obligaci\u00f3n de reembolsar los dineros recibidos y para la entidad el derecho de exigir de aquellos el reintegro de las sumas que les pag\u00f3 en cumplimiento de la orden constitucional\u00bb, premisa con sustento en la cual analiz\u00f3 la norma que regula la notificaci\u00f3n de las decisiones de tutela, para colegir que, \u00abresulta claro que el plazo trienal se cuenta a partir de la fecha en que la sentencia de revisi\u00f3n fue notificada a la empresa petrolera. No tiene sentido que quien se torna acreedor por virtud del fallo de la Corte Constitucional, cuente con un plazo superior para promover el proceso ordinario en procura de lograr la recuperaci\u00f3n de las sumas pagadas a las personas que ahora fungen como accionados\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, analiz\u00f3 las pruebas sobre la fecha de enteramiento de la decisi\u00f3n de revisi\u00f3n de tutela por parte de Ecopetrol y encontr\u00f3 que ello tuvo lugar por conducta concluyente, cuando la empresa disminuy\u00f3 a los demandados su asignaci\u00f3n salarial, de ah\u00ed que, prosigui\u00f3, \u00abno luce desacertada la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal pues, en verdad, Ecopetrol S.A. se enter\u00f3 de la sentencia CC T-1048-2010, desde febrero de 2011 en los casos de Acevedo Blanco y Garc\u00eda Quintero y desde mayo de esa misma anualidad para Velasco Pe\u00f1aloza. Por ello, \u00abel t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n venc\u00eda en febrero de 2014 (\u2026) y en mayo de 2014 (\u2026) dado que la demanda fue radicada el 14 de enero 2015 fl. 61\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de la peticionaria no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, para arribar a su decisi\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada analiz\u00f3 los puntos que la accionante nuevamente pretende someter a debate en este escenario, para colegir que la normatividad aplicable a la prescripci\u00f3n de la acci\u00f3n alegada por los demandados, es el trienio que rige en la especialidad laboral, porque la controversia suscitada ata\u00f1e al campo del trabajo y la seguridad social, pues se pretend\u00eda el recobro de unos valores reconocidos en su momento a unos ex trabajadores como factor salarial; en seguida la Colegiatura estableci\u00f3 que el lapso extintivo corri\u00f3 a partir del conocimiento por parte de Ecopetrol, de la decisi\u00f3n de tutela con que se revocaron los fallos que impusieron los mencionados pagos, lo cual ocurri\u00f3 por conducta concluyente, cuando la petrolera estatal rebaj\u00f3 la asignaci\u00f3n de dichos ex trabajadores, de ah\u00ed que entonces, al efectuar el conteo respectivo, se constat\u00f3 que la acci\u00f3n respecto de todos los demandados estaba prescrita. <\/p>\n
5. Entonces, tales deducciones no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico … y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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