STC9588-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9588-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02387-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Jes\u00fas Antonio Trigos le instaur\u00f3 a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, al Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y al Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi \u2013IGAC-, extensiva a la Unidad Administrativa Especial de Restituci\u00f3n de Tierras, Territorial Cesar-Guajira, al Comandante del Departamento de Polic\u00eda, al Alcalde y Personero, todos de La Jag\u00fca de Ibirico, al Sargento Juan Valencia de la D\u00e9cima Brigada Blindada del Ej\u00e9rcito Nacional, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF – Regional Cesar, a la Procuradur\u00eda Delegada para la Restituci\u00f3n de Tierras y dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00b0 2018-00075-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- El libelista exigi\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos a la \u00abigualdad, m\u00ednimo vital y m\u00f3vil, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y petici\u00f3n\u00bb, para que se ordenara a los accionados hacer cumplir la sentencia de 29 de noviembre de 2021 proferida en el juicio de tierras n\u00b0 \u00ab2018-00075\u00bb; suspender la \u00abentrega material\u00bb del bien objeto de restituci\u00f3n hasta que se efectu\u00e9 \u00abel pago de la compensaci\u00f3n del predio\u00bb; y presentar el \u00abavalu\u00f3 comercial\u00bb de este. <\/p>\n
En compendio, adujo que, en el citado pleito, adelantado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, en la providencia que zanj\u00f3 la disputa, se mand\u00f3 \u00abrestituir las tierras o predio del bien conocido [como] Brisas del Fonce ubicado en [el] Departamento de Cesar (\u2026) a los se\u00f1ores Cleofe Guavita de Vel\u00e1squez y Dionisio Oviedo Caballero\u00bb (29 nov. 2021). <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el 28 de marzo de 2022, el juzgado dispuso \u00abCUMPLIR con la comisi\u00f3n encomendada por el Tribunal (\u2026) y en consecuencia, FIJAR como fecha para llevar a cabo la diligencia de ENTREGA MATERIAL del Predio (\u2026) el d\u00eda VEINTIS\u00c9IS (26) DE MAYO DE DOS MIL VEINTID\u00d3S (2022)\u00bb; pero, a la fecha, no se le ha notificado \u00abel acto administrativo motivado con los recursos de ley que haya resuelto el aval\u00fao comercial del predio\u00bb y que correspond\u00eda emitir al IGAC, el cual es \u00abobligatorio conocer antes de cualquier diligencia judicial, preparatoria y de entrega del predio\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que no particip\u00f3 en dicha diligencia, ya que present\u00f3 excusa para no asistir, la cual no fue tenida en cuenta por el fallador instructor, quien continu\u00f3 la misma, se\u00f1alando para el 18 de julio del a\u00f1o en curso la pr\u00e1ctica de la \u00abentrega\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que pese a contar con un nuevo peritaje sobre el \u00e1rea del inmueble, el cual informa que esta es de \u00ab61.3 hect\u00e1reas\u00bb y no de \u00ab66 hect\u00e1reas con 1.902 mts\u00bb, como se determin\u00f3 en el transcurso de la causa, su apoderado en dicha actuaci\u00f3n guard\u00f3 silencio y \u00abcoadyuv\u00f3\u00bb las \u00abomisiones e irregularidades\u00bb denunciadas, por lo que le revoc\u00f3 el poder, motivo por el cual se debe \u00absuspender\u00bb dicha actividad hasta que vuelva a contratar un abogado y se atiendan las otras directrices del Tribunal. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abno [s]e opon[e]\u00bb a la \u00abentrega\u00bb de la heredad, y que su cr\u00edtica \u00abest\u00e1 encaminada, puntualmente, contra las [demarcadas] omisiones\u00bb, m\u00e1xime cuando en aquella resoluci\u00f3n \u00abno [se] establecieron fechas para la entrega del pago de [sus] derechos econ\u00f3micos como reposici\u00f3n del valor comercial del predio\u00bb. <\/p>\n
2.- El Tribunal Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cartagena pidi\u00f3 negar el reclamo, porque \u00abel accionante cuenta con los mecanismos propios al interior del tr\u00e1mite procesal de post fallo, conforme lo establece el art\u00edculo 102 de Ley 1448 de 2011, a fin de establecer si existen omisiones sin justificaci\u00f3n relacionadas con las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u00bb, aunado a que \u00abla entrega del predio objeto de restituci\u00f3n no puede estar supeditada al pago de las compensaciones\u00bb y \u00abmediante prove\u00eddo del 22 de julio del cursante, (\u2026) se dispuso, entre otros, requerir [al IGAC] con la finalidad de que aportara las constancias documentales en que se soporta la estimaci\u00f3n comercial del predio restituido\u00bb que arrim\u00f3. <\/p>\n
El Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar se opuso a la ayuda superlativa, ya que sus actuaciones \u00abobedecen al cumplimiento de una orden judicial proferida por [el] superior funcional y en obedecimiento a la misi\u00f3n que le fue encomendada\u00bb, sumado a que \u00aben el curso de la diligencia adelantada [el] 18 de julio del 2022 no fue aceptada la renuncia de poder presentada por el Dr. ORLANDO JOZ\u00c9 MEZA S\u00c1NCHEZ por no cumplir con los requisitos del Art\u00edculo 86 del C.G.P. [y] tampoco se accedi\u00f3 a la solicitud presentada por el Ministerio P\u00fablico referente a la orden de alojo temporal a favor del se\u00f1or Jes\u00fas Antonio Trigos\u00bb; pero, en atenci\u00f3n a que la propiedad \u00abBrisas del Fonce\u00bb no se hall\u00f3 deshabitada, como lo ilustr\u00f3 el peticionario, ya que \u00abse encontr\u00f3 ocupada por el se\u00f1or ELKIN SANTOS NAVARRO junto con su n\u00facleo familiar conformado por su esposa y sus dos hijos menores (de 2 y 3 a\u00f1os)\u00bb, su \u00abentrega\u00bb fue aplazada \u00abpara el 31 de agosto del 2022\u00bb. <\/p>\n
El IGAC report\u00f3 que \u00abpractic\u00f3 la visita al predio y se elabor\u00f3 el estudio correspondiente, tal como consta en el oficio enviado al Tribunal (\u2026) de fecha 01 de julio de 2022\u00bb. <\/p>\n
Las Unidades Administrativas Especiales de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas y de Restituci\u00f3n de Tierras (Territorial Cesar-Guajira), solicitaron su desvinculaci\u00f3n, ya que no tienen \u00abinjerencia alguna\u00bb en lo pretendido por el gestor. <\/p>\n
La Procuradora 22 de Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar se mostr\u00f3 a favor de la s\u00faplica, aduciendo que \u00abno se ha dado traslado\u00bb del \u00abaval\u00fao\u00bb presentado por el IGAC y, de ser cierto que \u00absu defensor no le hizo acompa\u00f1amiento en esta etapa y guardo silencio, eso equivaldr\u00eda a la vulneraci\u00f3n de sus derechos\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub lite, la queja superlativa no sale avante porque se evidencia duplicidad en el ejercicio de la salvaguarda, por cuanto de los elementos persuasivos obrantes en el paginario, se extrae que Jes\u00fas Antonio Trigos con anterioridad interpuso contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Valledupar y el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi -IGAC el amparo n\u00ba 2022-01416-00, con id\u00e9nticos anhelos a los aqu\u00ed planteados. <\/p>\n
En esa oportunidad, como ahora, reproch\u00f3 que dicha Corporaci\u00f3n no ha hecho acatar lo que estableci\u00f3 en el fallo emitido en el litigio n\u00b0 \u00ab2018-00075\u00bb, puesto que no se ha determinado el valor de la \u00abcompensaci\u00f3n\u00bb por la finca \u00abBrisas del Fonce materia de restituci\u00f3n\u00bb y, por ende, no se le ha cancelado la misma, y el citado instituto no ha allegado, a pesar de haber trascurrido el plazo dado (30 d\u00edas), el \u00abavalu\u00f3 comercial\u00bb de esta, por lo que la \u00abdiligencia de entrega\u00bb programada para el 26 de mayo de 2022, no pod\u00eda efectuarse. <\/p>\n
En primera instancia, esta Sala desestim\u00f3 el ruego porque \u00abno cumple con el requisito de subsidiariedad, puesto que, de acuerdo con lo indicado por el Tribunal convocado, el promotor no ha elevado solicitud tendiente a informar si existen \u201comisiones sin justificaci\u00f3n relacionadas con las \u00f3rdenes impartidas en la sentencia\u201d, tal como lo consagra la Ley 1448 de 20111, aspecto que, en todo caso, solo puede decidir el juez de conocimiento, sin que sea posible que el juez de tutela asuma o reemplace sus competencias\u00bb y, advirti\u00f3, que \u00abla normativa aplicable no contempla el pago de la compensaci\u00f3n como requisito previo para la entrega del bien objeto de restituci\u00f3n\u00bb y que \u00abla tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u2019\u2026\u00bb (STC6798-2022, 1\u00b0 jun.). <\/p>\n
Ahora, y a pesar de que el tema fue previamente definido por esta jurisdicci\u00f3n, el impulsor persiste y busca la guarda de los mismos atributos con semejantes supuestos f\u00e1cticos a los all\u00e1 esgrimidos, sin que se alteren aspectos medulares del petitum, de donde es l\u00f3gico inferir que los participantes, objeto (pretensiones) y causa (hechos) son equivalentes y, por tanto, que estamos frente a la incursi\u00f3n de una repetici\u00f3n indebida, ya que no demostr\u00f3 una causa que justifique dicho proceder. <\/p>\n
Frente al tema se ha reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [p]recisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del decreto 2591 de 1991 dispuso: \u00abcuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes (\u2026). <\/p>\n
Bajo estas circunstancias, es inadmisible la presencia de un compulsivo ejercicio de la acci\u00f3n de tutela respecto de un asunto id\u00e9ntico; de all\u00ed que seg\u00fan la norma en cita, tal conducta est\u00e1 te\u00f1ida de temeridad y acarrea como consecuencia, no s\u00f3lo que se decida en forma desfavorable la solicitud de la accionante, sino que se juzgue la conducta denunciada, situaci\u00f3n que impone dar estricto cumplimiento al precepto anotado en orden a imponer, seg\u00fan el caso, las sanciones previstas\u00bb (STC10685-2016, citada en STC5049-2022 y STC5372-2022, entre otras). <\/p>\n
2.- Adicionalmente, se observa que el veredicto STC6798-2022 no fue impugnado por el promotor, quedando en evidencia su incuria y desidia, y como el asunto fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, seg\u00fan se constat\u00f3 en el sistema de consulta de la Rama Judicial (14 jul. 2022), nada impide que, por las anomal\u00edas aqu\u00ed manifestadas, el sedicente requiera la selecci\u00f3n de dicho expediente para el referido rito y, en caso de no ser elegido haga uso del \u00abderecho o facultad de insistencia\u00bb, primero de tales remedios sobre el que ha establecido esta Sala: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Y, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019 (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb STC 7 nov. 2012, exp. 20141-00, reiterada en STC8657-2021 y STC5712-2022, entre otras. <\/p>\n
3.- Cabe anotar, que aunque Jes\u00fas Antonio Trigos aleg\u00f3 que un nuevo dictamen expone que la superficie del terreno en ciernes es de \u00ab61.3 hect\u00e1reas\u00bb y no de \u00ab66 hect\u00e1reas con 1.902 mts\u00bb, lo que \u00abconstituye un impedimento para la entrega\u00bb, y que esta se debe suspender hasta que faculte a un nuevo profesional del derecho para que ejerza su defensa, exteriorizando las \u00abomisiones e irregularidades\u00bb que pregona, ya que al anterior le revoc\u00f3 el mandato, tales declaraciones no pueden tenerse como circunstancias sobrevinientes que den lugar a la modificaci\u00f3n de la conclusi\u00f3n vertida en el punto 1 de estas reflexiones. <\/p>\n
Ello, por cuanto que, por un lado, de acuerdo con el informe rendido por el titular del juzgado recriminado, en la \u00abdiligencia\u00bb efectuada el 18 de mayo de los corrientes, no fue aceptada la renuncia del precursor judicial del opositor, y no se le ha allegado ning\u00fan documento que ilustre sobre la revocatoria del mismo; de ah\u00ed que su \u00abdefensa\u00bb no se ve menguada, y por el otro, porque el resguardo se mantiene intacto en cuanto a la \u00abidentidad de partes, objeto y causa\u00bb, al punto que los escritos inaugurales de aqu\u00e9l y este, solo difieren en ese aspecto, pero en ambos el impulsor resalta que \u00abno estoy oponi\u00e9ndome a la entrega pacifica del predio resalto, solo exijo cumplimiento equitativo a la decisi\u00f3n judicial de la misma forma como se le ordena fecha para entrega del predio, tambi\u00e9n se establezca cumplir el proceso de aval\u00fao del predio, y fecha para la entrega del pago de la compensaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
De todo modo, de aceptarse que esas afirmaciones configuran un \u00abreproche\u00bb nuevo y aut\u00f3nomo, igualmente el mecanismo tuitivo resultar\u00eda improcedente por incumplir el requisito de la \u00absubsidiariedad\u00bb, en tanto que deben ser puestas previamente en conocimiento del funcionario competente, para que sea este quien se pronuncie sobre ellas, m\u00e1s no al \u00abjuez de tutela\u00bb, quien no puede entrometerse en los fueros propios del iudex natural. <\/p>\n
4.- Con todo, como el IGAC anunci\u00f3 que el 1\u00b0 de julio hoga\u00f1o remiti\u00f3 al Tribunal de Tierras el \u00abavalu\u00f3\u00bb echado de menos por el quejoso, lo que corrobor\u00f3 dicha superioridad, es indudable que por este t\u00f3pico aflora una ausencia actual de objeto en el presente auxilio y, por tanto, ning\u00fan sentido tiene que el examinador constitucional estudie dicha inquietud e imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con una circunstancia que en el pasado hubiera podido configurarse, pero que, en este momento procesal, no existe. <\/p>\n
Sobre ese tema, la Corte Constitucional ha esgrimido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [La] jurisprudencia, ha indicado que la carencia actual de objeto se configura cuando frente a las pretensiones esbozadas en la acci\u00f3n de tutela, cualquier orden emitida por el juez no tendr\u00eda alg\u00fan efecto o simplemente \u201ccaer\u00eda en el vac\u00edo\u201d. Espec\u00edficamente, esta figura se materializa a trav\u00e9s en las siguientes circunstancias: (\u2026). <\/p>\n
Hecho superado. Este escenario se presenta cuando entre el momento de interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el fallo, se evidencia que [,] como consecuencia del obrar de la accionada, se super\u00f3 o ces\u00f3 la vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales alegada por el accionante. Dicha superaci\u00f3n se configura cuando se realiz\u00f3 la conducta pedida (acci\u00f3n u abstenci\u00f3n) y, por tanto, termin\u00f3 la afectaci\u00f3n resultando inocua cualquier intervenci\u00f3n del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado\u2026\u00bb (C.C. T-038 de 2019; Exp. T-7.000.184; citada en CSJ STC7504-2021 y STC4724-2022, resalto intencional). <\/p>\n
5.- Ergo, surge infructuoso el socorro suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela instada por Jes\u00fas Antonio Trigos. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los involucrados por el medio m\u00e1s expedito y de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el infolio a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9588-2022 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC9588-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02387-00 (Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Desata la Corte la tutela que Jes\u00fas Antonio Trigos le instaur\u00f3 a la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65492","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65492","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65492"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65492\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65492"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65492"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65492"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}