STC9591-2022<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9591-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02394-00 <\/p>\n
(Aprobado en Sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se desata la tutela que Elvia Gisela Aristizabal S\u00e1nchez le instaur\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca y al Juzgado Primero de Familia de Soacha, extensiva a Andr\u00e9s Escobar Gonz\u00e1lez y a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo 2021-00081. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, se ordenara \u00abrevocar el auto proferido en primera instancia en audiencia del 6 de mayo de 2022. DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la designaci\u00f3n del apoderado de oficio, tal como lo solicit\u00e9 ante la primera instancia. Se expidan copias del presente proceso y se ordene enviarlas al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que se investigue la eventual negligencia en que incurri\u00f3 el se\u00f1or apoderado de oficio designado en este asunto\u00bb. <\/p>\n
En compendi\u00f3, adujo que el Juzgado Primero de Familia de Soacha conoci\u00f3 el proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso que Andr\u00e9s Escobar Gonz\u00e1lez promovi\u00f3 en su contra invocando como causal la separaci\u00f3n de hecho por un lapso superior a 3 a\u00f1os. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, notificada, inform\u00f3 al despacho su estado de pobreza, por lo que le design\u00f3 abogado de oficio, a quien le cont\u00f3 que hab\u00eda \u00absido v\u00edctima de violencia intrafamiliar, que debido a los trato atroces que le dio su esposo el mismo demandante se\u00f1or ANDR\u00c9S ESCOBAR a ella le quedaron secuelas irreversibles, entre otras un temblor de tipo neuronal\u00bb; sin embargo, \u00e9ste le precis\u00f3 que lo \u00fanico que importaba era que \u00ablleva separada por m\u00e1s de dos a\u00f1os con su esposo, (…), entonces, contesta la demanda, allan\u00e1ndose a las pretensiones\u00bb; adem\u00e1s, se neg\u00f3 a solicitar medidas cautelares, raz\u00f3n por la que \u00abuna vez abre el juez la audiencia pone de presente su inconformidad con su abogado y le pide al juez que le tenga por revocado el poder y le conceda un t\u00e9rmino para conseguir otro Abogado a lo que el se\u00f1or Juez accede\u00bb. <\/p>\n
Indic\u00f3 que consigui\u00f3 otra procuradora judicial, quien requiri\u00f3 \u00abmedidas cautelares\u00bb y propuso nulidad procesal, la cual fue despachada desfavorablemente el 21 de abril de 2022, determinaci\u00f3n que confirm\u00f3 el superior el 7 de julio de 2022, \u00abauto este que es definitivo, no tiene recurso alguno y decide la suerte de mi representada dentro del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio religioso, dej\u00e1ndola completamente desprotegida, sin derecho a reclamaci\u00f3n alguna, como alimentos, indemnizaci\u00f3n, etc.\u00bb. <\/p>\n
Sostuvo que, ninguna de las dos instancias valor\u00f3 el material probatorio que aparece en el expediente, pues en su opini\u00f3n, debi\u00f3 analizarse que hay \u00abuna contestaci\u00f3n de la demanda ineficaz\u00bb, en tanto el \u00ababogado en amparo de pobreza por salir del paso\u00bb se allan\u00f3 y no present\u00f3 reconvenci\u00f3n; adem\u00e1s, no se tuvo en cuenta el precedente T-544-2015 que cit\u00f3 al sustentar la invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
2.- El Juzgado Primero de Familia de Soacha alleg\u00f3 link de acceso al paginario objetado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Si bien, la queja constitucional se dirige tambi\u00e9n contra el interlocutorio del Juzgado de Familia de Soacha, la Corte analizar\u00e1 \u00fanicamente el dictado en segunda instancia, comoquiera que fue el que resolvi\u00f3 de manera definitiva el asunto controvertido. <\/p>\n
De entrada, se advierte el decaimiento del auxilio, debido a que se avizora que el prove\u00eddo emitido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca (7 jul. 2022), que confirm\u00f3 el del Juzgado de Familia de Soacha que rechaz\u00f3 la nulidad invocada en la lid n\u00b0 2021-00081, no luce antojadizo, ni caprichoso; por el contrario, obedece, en l\u00ednea de principio, a una leg\u00edtima ex\u00e9gesis de la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia depurada sobre el tema, as\u00ed como a una congruente apreciaci\u00f3n del acervo, que no se muestra contraevidente con la realidad que fluye del plenario. <\/p>\n
En efecto, para acompa\u00f1ar la no declaratoria de la \u00abnulidad\u00bb por indebida representaci\u00f3n, explic\u00f3 que <\/p>\n
\u00abdicha sanci\u00f3n s\u00f3lo cabe en cuanto est\u00e9 expresamente prevista por la ley, acaso por eso que la doctrina apellida como el principio de la taxatividad, dif\u00edcilmente puede apelarse a un expediente como el propuesto por la recurrente para dar al traste con parte de la actuaci\u00f3n que viene adelant\u00e1ndose; por supuesto que si en este caso los hechos alegados como fundamento de la solicitud de nulidad, no se circunscriben a ninguna de las causales contempladas en el precepto 133 del c\u00f3digo general del proceso, lo procedente, atendiendo lo dispuesto en el inciso 4\u00ba del precepto 135 del c\u00f3digo general del proceso, era rechazar esa solicitud, cual en efecto aconteci\u00f3\u00bb. <\/p>\n
En el mismo sentido plante\u00f3 que, aunque la gestora anhela encuadrarla en la causal 4\u00b0 del art\u00edculo 133 ib\u00eddem, \u00e9sta evidentemente no se acompasa a la misma, toda vez que <\/p>\n
\u00abse configura en los casos en que \u201cinterviene un incapaz, una persona jur\u00eddica, un patrimonio aut\u00f3nomo o cualquier otro sujeto que deba concurrir al proceso por intermedio de un representante legal o vocero, sin la presencia de \u00e9ste. Igual consecuencia se originar\u00e1 del hecho de permitir la participaci\u00f3n de un abogado, en nombre de uno de los sujetos procesales, sin encargo para actuar\u201d (Cas. Civ. Sent. de 20 de febrero de 2018, exp. SC280-2018), lo que no es del caso, pues una cosa es que por la naturaleza del proceso la demandada no pueda actuar en causa propia y, otra bien distinta, que deba intervenir a trav\u00e9s de un representante legal o vocero\u00bb. <\/p>\n
Luego, trajo a colaci\u00f3n la \u00abcausal de nulidad\u00bb que consagra el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica y, adver\u00f3, que <\/p>\n
De lo anterior, dedujo que ni siquiera bajo esa \u00f3ptica ser\u00eda posible acceder a la \u00abnulidad alegada\u00bb, m\u00e1xime si se tiene en cuenta que la inadecuada defensa t\u00e9cnica, <\/p>\n
\u00abno conlleva la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas fundamentales\u201d, espec\u00edficamente cuando se establece que la parte estuvo asistida \u201cdentro del proceso por un abogado\u201d, sin que \u201cel hecho de no estar conforme con su actuar, (\u2026) lo legitim[e] para controvertir las decisiones judiciales o justificar las omisiones por \u00e9l presentadas\u00bb (citada recientemente en CSJ STC5871-2017)\u201d (Cas. Civ. Sent. de 23 de agosto de 2017, exp. STC12840-2017), desde luego que \u201cel derecho de postulaci\u00f3n no puede llevar aparejada la consecuencia de que las omisiones o negligencias de \u00b4(\u2026) los apoderados judiciales deban reportarse en contra de la seguridad que se predica del orden jur\u00eddico procesal (\u2026), ya que eso ser\u00eda opuesto a la ordenaci\u00f3n del proceso y a los principios de eventualidad y preclusi\u00f3n\u201d (Cas. Civ. Sent. de 6 de septiembre de 2011, rad. 01816-00, reiterado en fallo STC5012-2017)\u00bb. <\/p>\n
Evoc\u00f3 precedente de la Corte Constitucional -T544-2015-, para advertir que, si bien es cierto \u00e9ste esboza un criterio que de alguna manera <\/p>\n
\u00abpodr\u00eda apuntalar la tesis propuesta por la recurrente, de no ser porque las circunstancias de all\u00ed difieren considerablemente de las de ahora; en efecto, mientras ese pronunciamiento concluye que se \u201cvulnera el derecho al debido proceso cuando en ejecuci\u00f3n del amparo de pobreza se designan abogados de oficio que no intervienen oportunamente en la defensa t\u00e9cnica que procure la realizaci\u00f3n de actos de contradicci\u00f3n\u201d, en cuanto que en ese evento la parte \u201cno cont\u00f3 con la debida representaci\u00f3n en el curso del proceso ejecutivo, pues los abogados designados no acudieron a su defensa, el primero no asumi\u00f3 su representaci\u00f3n porque no fue notificado del nombramiento y el segundo, solo solicit\u00f3 un acercamiento entre las partes\u201d\u00bb, <\/p>\n
Tambi\u00e9n lo es, que, en este caso <\/p>\n
\u00abel abogado designado no s\u00f3lo fue notificado del nombramiento, sino que adem\u00e1s lo acept\u00f3 y en representaci\u00f3n de su prohijada contest\u00f3 tempestivamente la demanda, obviamente que, habiendo sido as\u00ed las cosas, no puede decirse que lo dicho por la jurisprudencia en el evento en cita deba imponerse necesariamente en un supuesto como el que se ofrece en este proceso, ni mucho menos que deba considerarse como una regla general que obligue adoptarla en todos los casos en que se ha designado un apoderado por cuenta de la concesi\u00f3n de un amparo de pobreza\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, a\u00f1adi\u00f3 que <\/p>\n
\u00abesa forma de asumir el litigio que adopt\u00f3 el dicho profesional implique una afrenta a los derechos de su representada, pues, como tambi\u00e9n lo ha dicho la jurisprudencia constitucional, aun cuando se decrete la cesi\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio cat\u00f3lico con fundamento en una causal objetiva, ese hecho no es en s\u00ed indicativo de que el c\u00f3nyuge que ha demandado el divorcio pueda \u201cdisponer de los efectos patrimoniales de la disoluci\u00f3n\u201d, cual viene suponi\u00e9ndolo la recurrente; en estos casos se ha admitido que aun de encontrarse probada una causal \u2018remedio\u2019, \u201cel juez debe evaluar la responsabilidad de las partes en el resquebrajamiento de la vida en com\u00fan, con miras a establecer las consecuencias patrimoniales\u201d, ya que \u201ces el inocente quien puede revocar las donaciones que por causa del matrimonio hubiere hecho al c\u00f3nyuge culpable -art\u00edculo 162 C.C.-; y a favor de aquel y a cargo de quien dio lugar al rompimiento subsiste la obligaci\u00f3n alimentaria\u201d (Sent. C-1495 de 2000)\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3, entonces, que lo antes citado implica que \u00abmuy a despecho de esas razones que expone la apelaci\u00f3n abogando la protecci\u00f3n de esos derechos a que alude su petitum, esa tem\u00e1tica que viene en medio de esa discusi\u00f3n hace parte de los extremos del litigio que, en su momento, ha de solventar el juzgador inexorablemente\u00bb. <\/p>\n
2.- As\u00ed las cosas, independientemente que esta Sala avale o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure una \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como quiere la querellante, quien aspira imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 darse a la contienda, sin que tal prop\u00f3sito se acompase con la finalidad de la v\u00eda superlativa, cuyo objetivo tuitivo no es servir de tercera instancia para discutir los fundamentos de la \u00abautoridad judicial\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, rad. 00829-00; STC,9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
3.- Lo que concierne con la rogativa tendiente a que se ordene remitir \u00abcopias del presente proceso y se ordene enviarlas al CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA para que se investigue la eventual negligencia en que incurri\u00f3 el se\u00f1or apoderado de oficio designado en este asunto\u00bb, se advierte que es a la sedicente a quien corresponde noticiar directamente a los organismos \u00abcompetentes\u00bb, porque esta v\u00eda no ha sido estatuida para ese prop\u00f3sito, ya que como en forma reiterada lo ha predicado esta Sala, \u00abla funci\u00f3n del juez constitucional no es ordenar investigaciones disciplinarias [ni penales], sino proteger derechos de rango superior amenazados y vulnerados por las autoridades, bien por omisi\u00f3n o por acci\u00f3n\u00bb (STC15096-2017, STC1166-2018 y STC3570-2021). <\/p>\n
4.-Son estas razones las que llevan al fracaso del socorro instado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela promovida por Elvia Gisela Aristizabal S\u00e1nchez. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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