STC9594-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9594-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02364-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Viviana Marcela Ruiz Sinisterra, Beatris, Pedro Pascual Caicedo y Ana Paola Sinisterra Rodr\u00edguez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Guapi, tr\u00e1mite al cual se dispuso vincular a las partes e intervinientes en el proceso de responsabilidad civil extracontractual con radicado N\u00ba 19318318900120220001501. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los accionantes invocaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la Corporaci\u00f3n convocada en el asunto referido. <\/p>\n
Para sustentar su reparo, expresaron que iniciaron el proceso materia de queja contra la Empresa de Energ\u00eda de Guapi S.A. E.S.P., a fin de que se le declarara responsable civilmente de los perjuicios materiales e inmateriales causados con ocasi\u00f3n de la muerte de Pedro Jos\u00e9 Sinisterra Rodr\u00edguez, en raz\u00f3n de \u00abuna descarga el\u00e9ctrica\u00bb. <\/p>\n
Acotaron que el 14 de marzo de 2022, el Juzgado accionado inadmiti\u00f3 la demanda porque, entre otros defectos, estim\u00f3 que <\/p>\n
\u00abla solicitud de medida cautelar no se aviene a lo establecido en el art\u00edculo 83 del C.G.P., siendo necesario especificar la ubicaci\u00f3n, los linderos, nomenclatura, entre otros aspectos de identificaci\u00f3n del bien que se pretende afectar, del que, por cierto, tampoco se alleg\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n para establecer la informaci\u00f3n que se echa de menos. Aunado, que el interesado no prest\u00f3 cauci\u00f3n en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 590 del C.G.P.; raz\u00f3n por la que se concedi\u00f3 a la parte demandante el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00eda para subsanar la demanda, so pena del rechazo de la misma\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, indicaron que en ese prove\u00eddo se otorgaron diez (10) d\u00edas para que se pagara la cauci\u00f3n correspondiente, por valor de $226.155.656. <\/p>\n
Afirmaron que para subsanar las falencias advertidas aportaron, entre otros, el certificado de tradici\u00f3n y libertad del referido predio; no obstante, la demanda se rechaz\u00f3 con auto de 21 de mayo de 2022, dado que, seg\u00fan indic\u00f3 el fallador acusado, no se cumpli\u00f3 con \u00abel deber de prestar cauci\u00f3n para el decreto de la medida cautelar, pues la solicitud de cautelas no tiene como fin impedir la conciliaci\u00f3n prejudicial\u00bb. <\/p>\n
Aunque formularon reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n contra el anterior pronunciamiento, la determinaci\u00f3n fue confirmada en primer y segundo grado, en providencias de 6 de junio y 5 de julio de 2022, respectivamente. <\/p>\n
Aseguraron que el Tribunal, en la \u00faltima decisi\u00f3n mencionada, lesion\u00f3 sus garant\u00edas, toda vez que desconoci\u00f3 lo previsto en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 590 del C\u00f3digo General del Proceso, pues es dable acudir de manera directa a la jurisdicci\u00f3n, sin agotar la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad, cuando se solicita la pr\u00e1ctica de medidas cautelares; por tanto, anotaron que no era procedente la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 36 de la Ley 640 de 2001 ni del art\u00edculo 621 del C\u00f3digo General del Proceso, ya que esas normas est\u00e1n previstas para los casos en los que no se piden medidas cautelares. <\/p>\n
Expusieron, asimismo, que la falta de pago de la cauci\u00f3n fijada no pod\u00eda generar el rechazo de la demanda, toda vez que ello no est\u00e1 previsto en la ley; por tanto, los accionados debieron proceder a negar el decreto de la medida, pero no negarse a tramitar la demanda. <\/p>\n
2. Pidieron, en consecuencia, dejar sin efecto la decisi\u00f3n adoptada por el Tribunal el 5 de julio de 2022 y ordenar la admisi\u00f3n de su demanda. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela, se orden\u00f3 el traslado al accionado para que ejerciera su derecho a la defensa, as\u00ed como la citaci\u00f3n a las partes e intervinientes en proceso mencionado. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Guapi, compartieron el link del expediente radicado bajo No. 2022-00015 materia de estudio. <\/p>\n
La Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, afirm\u00f3 que la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 el 5 de julio anterior \u00abse ajusta a derecho y fue debidamente motivada, y la acci\u00f3n de tutela no es una tercera instancia de revisi\u00f3n de las decisiones judiciales ni de valoraci\u00f3n probatoria (\u2026) Distinto, es que los tutelistas no est\u00e9n de acuerdo con la interpretaci\u00f3n realizada por esta Corporaci\u00f3n al momento de resolver el asunto, sin que por esto, pueda predicarse la existencia de una v\u00eda de hecho, ni la vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso de los accionantes\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, la Empresa de Energ\u00eda de Guapi S.A. E.S.P., solicit\u00f3 la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada por la Corporaci\u00f3n encartada, al encontrarse ajustada a derecho, no demostrarse la v\u00eda de hecho invocada y no acreditarse la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales de los que se busca su protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En principio, se precisa que unicamente las providencias judiciales arbitrarias que desconocen de manera protuberante las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, o las normas de orden p\u00fablico, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente asunto y acuda a esta jurisdicci\u00f3n oportunamente. <\/p>\n
Pero, en cualquier caso, su eventual concesi\u00f3n estar\u00e1 supeditada a la verificaci\u00f3n de ciertas condiciones de procedibilidad, entre las cuales se encuentra el cumplimiento de los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
2. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, es evidente que los accionados incurrieron en una protuberante irregularidad que afecta el debido proceso de los se\u00f1ores Viviana Marcela Ruiz Sinisterra, Beatris, Pedro Pascual Caicedo y Ana Paola Sinisterra Rodr\u00edguez, habida cuenta que la demanda por responsabilidad civil extracontractual que presentaron contra la Empresa de Energ\u00eda de Guapi S.A E.S.P., fue inadmitida y posteriormente rechazada, con fundamento en una ausencia de exigencias no consagradas en la normatividad que regula la materia. <\/p>\n
2.1. En efecto, mediante prove\u00eddo de 14 de marzo de la presente anualidad, con mediana claridad se aprecia que el Juzgado accionado inadmiti\u00f3 la demanda para que: i) Pedro Pascual Caicedo demostrara el inter\u00e9s que le asist\u00eda para demandar; ii) Beatriz y Ana Paola Sinisterra Rodr\u00edguez acreditaran su derecho de postulaci\u00f3n, o confirieran mandato judicial al abogado que las representar\u00e1 judicialmente y; iii) como los demandantes solicitaron como medida cautelar el decreto de la inscripci\u00f3n de demanda sobre el inmueble distinguido con matr\u00edcula inmobiliaria No. 126-4553 ubicado en Guapi \u2013 Cauca, no se hac\u00eda necesario acompa\u00f1ar prueba que diera cuenta que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n como requisito de procedibilidad. <\/p>\n
No obstante lo \u00faltimo, adem\u00e1s de echarse de menos el certificado de tradici\u00f3n que demostrara la titularidad del predio referido en cabeza de la entidad demandada, concedi\u00f3 5 d\u00edas a los demandantes \u00abpara que las deficiencias se\u00f1aladas en el libelo de la demanda sean subsanadas so pena de rechazo\u00bb; y 10 para la constituci\u00f3n de una \u00abcauci\u00f3n por valor de doscientos veintis\u00e9is millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($226.155.656** m\/c), que equivalen al 20% del valor de las pretensiones estimadas en la demanda\u00bb. <\/p>\n
2.2. A trav\u00e9s del escrito de subsanaci\u00f3n del 18 de marzo anterior, los demandantes especificaron que Pedro Pascual Caicedo era el padre de Pedro Jos\u00e9 Sinisterra Rodr\u00edguez (q.e.p.d.), y que en el curso del proceso se acreditar\u00eda su parentesco y la causaci\u00f3n de los perjuicios reclamados; allegaron el certificado de libertad y tradici\u00f3n del inmueble sobre el que recaer\u00eda la cautela y; se adjunt\u00f3 el mandato judicial conferido por Beatriz y Ana Paola Sinisterra Rodr\u00edguez al abogado que las representar\u00eda judicialmente. <\/p>\n
2.3. En auto de 21 de mayo siguiente, la autoridad judicial accionada rechaz\u00f3 la demanda porque consider\u00f3 que, al no haberse sufragado la cauci\u00f3n exigida para el decreto de la rese\u00f1ada medida cautelar, no pod\u00eda tenerse por superada la falta de conciliaci\u00f3n prejudicial, requisito indispensable que imped\u00eda tramitar el libelo, en los t\u00e9rminos de los art\u00edculos 35 y 38 de la Ley 640 de 2021. <\/p>\n
2.4 Esta determinaci\u00f3n fue recurrida en reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n por los interesados, porque, en su sentir, el no pago de la cauci\u00f3n y la negativa al decreto de la cautela solicitada, no pod\u00edan llevar aparejado el rechazo de la demanda, por no ser un requisito para su admisi\u00f3n, m\u00e1xime cuando la medida aducida es procedente. Aunado a que \u00absolo basta la solicitud de una medida cautelar en la demanda sin que sea necesario el agotamiento de la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.5. En prove\u00eddo del pasado 6 de junio, el Despacho convocado mantuvo su decisi\u00f3n, bajo el argumento de que no es suficiente la mera solicitud de medidas cautelares para tener por cumplido el requisito de la conciliaci\u00f3n extrajudicial. Agreg\u00f3 que el art\u00edculo 603 ib\u00eddem, establece \u00abque, si no se presta oportunamente la cauci\u00f3n en la cuant\u00eda y plazo se\u00f1alado, el Juez resolver\u00e1 sobre los efectos de la renuencia, de conformidad con lo dispuesto en el c\u00f3digo\u00bb; lo que su juicio genera el rechazo de la demanda. <\/p>\n
2.6. Al desatar la alzada, en auto de 5 de julio hoga\u00f1o, el Tribunal acusado confirm\u00f3 el rechazo del libelo, por encontrar acertada la determinaci\u00f3n del a quo, pues los demandantes no cuestionaron el requerimiento de prestar cauci\u00f3n que se les hizo \u00abdando paso al rechazo de la demanda\u00bb. Adicionalmente, resalt\u00f3 que la aseveraci\u00f3n de los accionantes, relativa a que bastaba con la solicitud de medidas cautelares para no requerir la conciliaci\u00f3n prejudicial, no pod\u00eda ser acogida, ya que \u00ab(\u2026) la petici\u00f3n de medidas cautelares debe ser razonadamente procedente (..) [en tanto] busca su efectiva materializaci\u00f3n, y no propiamente soslayar el cumplimiento del requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicci\u00f3n ordinaria civil, invocando injustificadamente una medida cautelar (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme al acontecer procesal resumido, lo primero que debe advertirse es la presencia de los principios de subsidiariedad e inmediatez de la acci\u00f3n de tutela. Por una parte, se presentaron y decidieron los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n procedentes contra las decisiones cuestionadas, y, por la otra, estas providencias se profirieron el 6 de junio y el 5 de julio del a\u00f1o que avanza, es decir, dentro de los 6 meses que esta Corporaci\u00f3n ha fijado como plazo que debe acaecer entre el hecho amenazante y la radicaci\u00f3n de la demanda constitucional. <\/p>\n
4. Precisado lo anterior, esta Sala se detiene en la inadmisi\u00f3n de la demanda efectuada por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Guapi \u2013 Cauca, puntualmente en lo que ata\u00f1e a la cauci\u00f3n exigida, por ser el objeto de discordia, dado que las dem\u00e1s inconsistencias fueron oportunamente subsanadas. <\/p>\n
Y es que aquella causal de inadmisi\u00f3n desatiende las reglas procedimentales establecidas en la codificaci\u00f3n que regula los juicios declarativos. Recu\u00e9rdese que el art\u00edculo 82 del C\u00f3digo General del Proceso establece que, salvo disposici\u00f3n en contrario, toda demanda deber\u00e1 contener los siguientes requisitos: <\/p>\n
\u00ab1. La designaci\u00f3n del juez a quien se dirija. <\/p>\n
2. El nombre y domicilio de las partes y, si no pueden comparecer por s\u00ed mismas, los de sus representantes legales. Se deber\u00e1 indicar el n\u00famero de identificaci\u00f3n del demandante y de su representante y el de los demandados si se conoce. Trat\u00e1ndose de personas jur\u00eddicas o de patrimonios aut\u00f3nomos ser\u00e1 el n\u00famero de identificaci\u00f3n tributaria (NIT). <\/p>\n
3. El nombre del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. <\/p>\n
4. Lo que se pretenda, expresado con precisi\u00f3n y claridad. <\/p>\n
5. Los hechos que le sirven de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados. <\/p>\n
6. La petici\u00f3n de las pruebas que se pretenda hacer valer, con indicaci\u00f3n de los documentos que el demandado tiene en su poder, para que este los aporte. <\/p>\n
8. Los fundamentos de derecho. <\/p>\n
9. La cuant\u00eda del proceso, cuando su estimaci\u00f3n sea necesaria para determinar la competencia o el tr\u00e1mite. <\/p>\n
10. El lugar, la direcci\u00f3n f\u00edsica y electr\u00f3nica que tengan o est\u00e9n obligados a llevar, donde las partes, sus representantes y el apoderado del demandante recibir\u00e1n notificaciones personales. <\/p>\n
11. Los dem\u00e1s que exija la ley. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO PRIMERO. Cuando se desconozca el domicilio del demandado o el de su representante legal, o el lugar donde estos recibir\u00e1n notificaciones, se deber\u00e1 expresar esa circunstancia. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO SEGUNDO. Las demandas que se presenten en mensaje de datos no requerir\u00e1n de la firma digital definida por la Ley 527 de 1999. En estos casos, bastar\u00e1 que el suscriptor se identifique con su nombre y documento de identificaci\u00f3n en el mensaje de datos\u00bb. <\/p>\n
En adici\u00f3n, el canon 621 del citado compendio normativo, que modific\u00f3 la regla 38 de la Ley 640 de 2001, ense\u00f1a que si la materia que se trata es conciliable, deber\u00e1 intentarse la conciliaci\u00f3n extrajudicial como requisito de procedibilidad, antes de acudirse a la jurisdicci\u00f3n en su especialidad civil en los litigios declarativos; no obstante, el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 590 \u00eddem, refiere que \u00ab[e]n todo proceso y ante cualquier jurisdicci\u00f3n, cuando se solicite la pr\u00e1ctica de medidas cautelares se podr\u00e1 acudir directamente al juez, sin necesidad de agotar la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad\u00bb, disposici\u00f3n revalidada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 806 de 2020 -hoy Ley 2213 de 2022-. <\/p>\n
Ahora bien, el art\u00edculo 90 de la citada normatividad expone en su parte pertinente que: <\/p>\n
\u00abMediante auto no susceptible de recursos el juez declarar\u00e1 inadmisible la demanda solo en los siguientes casos: <\/p>\n
1. Cuando no re\u00fana los requisitos formales. <\/p>\n
2. Cuando no se acompa\u00f1en los anexos ordenados por la ley. <\/p>\n
3. Cuando las pretensiones acumuladas no re\u00fanan los requisitos legales. <\/p>\n
4. Cuando el demandante sea incapaz y no act\u00fae por conducto de su representante. <\/p>\n
5. Cuando quien formule la demanda carezca de derecho de postulaci\u00f3n para adelantar el respectivo proceso. <\/p>\n
6. Cuando no contenga el juramento estimatorio, siendo necesario. <\/p>\n
7. Cuando no se acredite que se agot\u00f3 la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad. <\/p>\n
En estos casos el juez se\u00f1alar\u00e1 con precisi\u00f3n los defectos de que adolezca la demanda, para que el demandante los subsane en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, so pena de rechazo. Vencido el t\u00e9rmino para subsanarla el juez decidir\u00e1 si la admite o la rechaza\u00bb. <\/p>\n
5. De las normas tra\u00eddas a colaci\u00f3n se desprende que, la cauci\u00f3n que se orden\u00f3 prestar a los accionantes por $226\u00b4155.656 para acceder al decreto de la medida cautelar aducida, no es un presupuesto exigido en el procedimiento de la acci\u00f3n declarativa, sin que exista regla o subregla especial que desvirt\u00fae lo aqu\u00ed afirmado. <\/p>\n
Luego, mal pod\u00eda el fallador conminar a los demandantes, aduciendo una causal de inadmisi\u00f3n inexistente, que adjuntaran un documento que la legislaci\u00f3n aplicable al caso no consagra, mucho menos, rechazar la demanda por falta de subsanaci\u00f3n, tal como ocurri\u00f3 en auto de 21 de mayo anterior, mantenido y confirmado por autos del 6 de junio y 5 de julio siguientes, respectivamente. <\/p>\n
Sobre este aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha memorado que, <\/p>\n
(\u2026) la inadmisi\u00f3n y el rechazo de la demanda s\u00f3lo puede darse por las causales que taxativamente contempla el estatuto procesal, en tanto que la introducci\u00f3n de motivos ajenos a los all\u00ed dispuestos, en \u00faltimas, limita el derecho que tienen los coasociados a acceder a la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) En cuanto al particular, esta Corporaci\u00f3n ha considerado que: <\/p>\n
(\u2026) no debe perderse de vista que por expreso mandato del art\u00edculo 90 del C\u00f3digo General del Proceso las declaraciones de \u00abinadmisibilidad\u00bb y \u00abrechazo\u00bb de la demanda \u00absolo\u00bb se justifican de cara a la omisi\u00f3n de \u00abrequisitos formales\u00bb (cfr. arts. 82, 83 y 87 ib\u00edd.), la ausencia de los \u00abanexos ordenados por la ley\u00bb (cfr. arts. 26, 84, 85, 89, 206 ib\u00edd.), la inadecuada \u00abacumulaci\u00f3n de pretensiones\u00bb (cfr. art. 88 ib\u00edd.), la \u00abincapacidad legal del demandante que no act\u00faa por conducto de representante\u00bb y la \u00abcarencia de derecho de postulaci\u00f3n\u00bb (cfr. art. 73 y ss. ib\u00edd.), ninguna de las cuales parecen ajustarse a las puntuales circunstancias esgrimidas en el sub lite. <\/p>\n
Y aunque en algunas ocasiones esta Corporaci\u00f3n ha visto con buenos ojos la posibilidad de adelantar en esa etapa preliminar las \u00abpesquisas necesarias\u00bb para \u00abaclara[r] aspectos oscuros del libelo inicial\u00bb, como una \u00abexpresi\u00f3n fiel de los deberes que como director del proceso le asisten [al] funcionario\u00bb (CSJ, STC16187-2018), lo cierto es que tal privilegio no constituye una patente de cor[s]o para restringir la prerrogativa prevista en el canon 229 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, menos a\u00fan, para comprometer el debido proceso de las personas que elevan sus s\u00faplicas ante la justicia con criterios puramente subjetivos de quienes est\u00e1n llamados a impulsarlas (CSJ STC2718-2021, mencionada en sentencias STC4698-2021, STC11678-2021 y STC1389-2022, entre otras). <\/p>\n
6. En lo relacionado con la procedencia de la medida cautelar solicitada, ha de considerarse lo siguiente: <\/p>\n
Es criterio de la Sala que el rechazo de la demanda resulta razonable, cuando no se acredita la conciliaci\u00f3n extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables, evento en el que el requisito de procedibilidad en menci\u00f3n no puede tenerse por satisfecho, pero si se verifica la procedencia, necesidad, proporcionalidad y eficacia de estas, a falta de otras irregularidades, la admisi\u00f3n de la demanda es factible (CSJ STC15432-2017, STC10609-2016, STC 3028-2020 y STC4283-2020, por citar algunas). <\/p>\n
Recientemente la Sala analiz\u00f3 en providencia STC2459-2022, un caso en el que el juez accionado inadmiti\u00f3 la demanda declarativa -responsabilidad civil- para que los demandantes explicaran, cu\u00e1les eran las medidas cautelares que pretend\u00edan se decretaran, a lo que estos respondieron que persegu\u00edan el embargo y retenci\u00f3n de sumas de dinero depositadas en cuentas bancarias y el embargo de secuestro de las sociedades enjuiciadas, las que se tornaban improcedentes para esta clase de procesos. De ah\u00ed que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no se advierte una amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada por los accionantes, en tanto que la providencia reprochada no revela arbitrariedad o desmesura, sino una divergencia conceptual cuya razonabilidad torna inviable la salvaguarda. Ello, porque al analizarse la excepci\u00f3n para agotar la conciliaci\u00f3n extrajudicial en juicios declarativos cuando para ello se solicitan medidas cautelares, a tono con la jurisprudencia de esta Corte, encontr\u00f3 que para el caso sub j\u00fadice \u00e9stas no eran procedentes, y con ello, que ciertamente el requisito echado de menos por el juzgado al calificar la demanda, no hab\u00eda sido satisfecho\u00bb. <\/p>\n
Pero, como en este asunto, a diferencia del referido, se trata de una medida de inscripci\u00f3n de demanda sobre un predio, m\u00e1s all\u00e1 de que el Juzgado tutelado considerara que no estaba \u00abdemostrada la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida\u00bb pedida, lo cierto es que dicha cautela es necesaria, para la protecci\u00f3n del derecho en disputa que garantice un eventual fallo favorable a los reclamantes; efectiva, porque se acredit\u00f3 que el inmueble en comento es de propiedad de la demandada y; proporcional, porque solo se pide la inscripci\u00f3n de la demanda respecto de un solo bien, con independencia de su aval\u00fao. <\/p>\n
Adem\u00e1s, que su procedencia est\u00e1 enmarcada en el inciso 1\u00ba del literal b) del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 590 del C.G.P., el que permite \u00ab[l]a inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes sujetos a registro que sean de propiedad del demandado, cuando en el proceso se persigan el pago de perjuicios provenientes de responsabilidad civil contractual o extracontractual\u00bb, esta \u00faltima que en el asunto bajo examen es la que se busca declarar. <\/p>\n
Entonces, al ser procedente la medida preventiva suplicada, las determinaciones adoptadas por las autoridades judiciales criticadas, debieron enfilarse a determinar si el motivo de inadmisi\u00f3n de la demanda resultaba procedente, y no limitarse al simple argumento de que en el t\u00e9rmino concedido para corregir el yerro advertido, los demandantes guardaron silencio, lo cual constituye un proceder que desconoce ampliamente la normatividad antes citada, al imponer a los reclamantes una exigencia ajena a las que el legislador previ\u00f3 para el evento presentado. <\/p>\n
7. S\u00famese que, aunque los accionados aseveraron que los accionantes no cuestionaron el requerimiento realizado para que prestaran la cauci\u00f3n de la que se viene hablando, no se olvide que, conforme al art\u00edculo 90 del C.G.P., el auto inadmisorio de la demanda no es \u00absusceptible de recursos\u00bb. En todo caso, el descontento de aquellos se vio reflejado con los recursos interpuestos y la acci\u00f3n de tutela que se decide. <\/p>\n
8. No puede pasarse por alto, que en fallo STC2105-2021 la Sala abord\u00f3 un tema de similares caracter\u00edsticas al estudiado, en el que en un juicio declarativo -nulidad de contrato-, los demandantes pidieron el decreto de la inscripci\u00f3n de la demanda sobre varios inmuebles de los demandantes, pero el juzgado de conocimiento orden\u00f3 prestar cauci\u00f3n al inadmitirse la demanda, sin que estos acataran tal requerimiento, decisi\u00f3n que llev\u00f3 al rechazo de la demanda, la que se mantuvo y confirm\u00f3 al resolverse los recursos pertinentes. <\/p>\n
All\u00ed se concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab[l]as valoraciones sobre los puntos materia de discordia, sea cual fuere el criterio de cara a las mismas, no fueron irreflexivas o antojadizas, sino basadas en una ponderaci\u00f3n juiciosa de los elementos demostrativos aportados al asunto cuestionado, de la situaci\u00f3n respectiva y de las normas llamadas a gobernarla, lo que impide la interferencia del juez de tutela, ya que en lo referente a la interpretaci\u00f3n legal y a la evaluaci\u00f3n probatoria, no puede inmiscuirse el juez constitucional porque esos precisos puntos pertenecen al contorno funcional de cada administrador de justicia, por tal raz\u00f3n no deben someterse al escrutinio de la acci\u00f3n de amparo, salvo, se reitera, en situaciones de evidente arbitrariedad, circunstancia que en el sub examine se encuentra descartada\u00bb. <\/p>\n
Sin embargo, por las particularidades de este caso, en cuanto a la apreciaci\u00f3n de buen derecho de las pretensiones, la claridad de los hechos, el tipo de responsabilidad que se endilga a la Empresa de Energ\u00eda de Guapi S.A. E.S.P., -derivada del ejercicio de actividades peligrosas relacionadas con la conducci\u00f3n de energ\u00eda el\u00e9ctrica-, y la procedencia, necesidad, eficacia y proporcionalidad de la medida cautelar pedida, tal como fuera explicado con antelaci\u00f3n, considera la Sala \u00fatil, en esta oportunidad, volver al tema y reevaluar la necesidad de constituir cauci\u00f3n como requisito formal ineludible de la demanda, cuando en litigios declarativos se pida como medida cautelar la inscripci\u00f3n de la demanda sobre bienes del demandado, haciendo innecesaria el agotamiento de la conciliaci\u00f3n prejudicial como requisito de procedibilidad. <\/p>\n
As\u00ed pues, las razones dadas en esta providencia, permiten deducir que en cada caso, y a tendiendo las particularidades propias del asunto, deber\u00e1 analizarse por la autoridad judicial de conocimiento respectiva, la procedencia de la medida cautelar reclamada dentro de procesos declarativos, desterrando, eso s\u00ed, el que deba acreditarse la constituci\u00f3n de una cauci\u00f3n junto con la presentaci\u00f3n de la demanda, o exigirla como causal de inadmisi\u00f3n, porque la ley, ni en norma general ni en norma especial, avala tal posici\u00f3n, lo que se traducir\u00eda en una barrera para el acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
9. En ese orden, recapitulando lo dicho, lo que se evidencia con la inadmisi\u00f3n y posterior rechazo de la demanda que se revisa, y la resoluci\u00f3n de los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n propuestos, es un exceso ritual manifiesto, el que, seg\u00fan la Corte Constitucional, \u00ab(\u2026) tiene lugar cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial y por esa v\u00eda, sus actuaciones devienen en una denegaci\u00f3n de justicia habida cuenta que sacrifica el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y las garant\u00edas sustanciales, so pretexto de preferir el tenor literal de las formas procesales. En otras palabras, el juez asume una ciega obediencia a la ley procesal en abierto desconocimiento de los derechos sustanciales que le asisten a las partes en contienda\u00bb (Sentencia T \u2013 212 de 2013). <\/p>\n
10. Bajo este panorama, si bien los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la interpretaci\u00f3n de la ley, no cabe duda que en el presente caso se hace necesaria la intervenci\u00f3n excepcional del Juez de tutela con el fin de remediar el quebrantamiento constitucional advertido, a fin de que el Tribunal accionado resuelva nuevamente la alzada interpuesta contra el auto que rechaz\u00f3 la demanda, dentro del asunto declarativo objeto de revisi\u00f3n constitucional. <\/p>\n
Estudiada la argumentaci\u00f3n del Tribunal enjuiciado para confirmar la decisi\u00f3n del a quo, la Sala concluye que es necesaria la protecci\u00f3n constitucional solicitada, comoquiera que a los tutelantes les fue impuesta una carga que, al calificarse la demanda, es ajena al ordenamiento jur\u00eddico, lo cual va en detrimento de sus derechos al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
11. En consecuencia, se ordenar\u00e1 a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del expediente, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 5 de julio del presente a\u00f1o y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9sta dependa, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado por los demandantes, contra el auto dictado el 21 de mayo anterior por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Guapi, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo solicitado, por las razones expuestas en la presente providencia. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala Civil \u2013 Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, que dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo del expediente, tras dejar sin valor ni efecto la decisi\u00f3n proferida el 5 de julio del presente a\u00f1o y toda la actuaci\u00f3n que de \u00e9sta dependa, emita una nueva providencia en la que resuelva el recurso de apelaci\u00f3n formulado por los demandantes contra el auto dictado el 21 de mayo anterior por el Juzgado Promiscuo Civil del Circuito de Guapi, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en la parte motiva de este fallo. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito, y, de no impugnarse este fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con aclaraci\u00f3n de voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO CONJUNTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02364-00 <\/p>\n
Con el irrestricto respeto por la Sala mayoritaria nos permitimos aclarar nuestro voto en lo relativo a la consideraci\u00f3n seg\u00fan la cual \u00abel rechazo de la demanda resulta razonable, cuando no se acredita la conciliaci\u00f3n extrajudicial en juicios declarativos y se solicitan medidas cautelares inviables, evento en el que el requisito de procedibilidad en menci\u00f3n no puede tenerse por satisfecho\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior en cuanto es irrazonable sostener que, si una medida cautelar solicitada no es procedente, se debe exigir el intento fallido de la conciliaci\u00f3n extrajudicial en derecho y, en el evento en que este no se acredite, sea rechazada la demanda. No en vano, en anterior pronunciamiento mayoritario de esta Sala se consider\u00f3 que \u00abla regla general impone al demandante intentar la conciliaci\u00f3n previa al proceso, y la excepci\u00f3n a dicha pauta, por disposici\u00f3n legal, tiene lugar con la solicitud de medidas cautelares que acompa\u00f1e al libelo inicial\u00bb (negrillas de ahora), conclusi\u00f3n a la que se arrib\u00f3 luego del an\u00e1lisis constitucional y legal de los respectivos preceptos que gobiernan la materia. Razonamientos que reproducimos en esta ocasi\u00f3n, pero que, por honor a la brevedad, remitimos al lector a lo sostenido en CSJ STC16804-2021. <\/p>\n
Ahora bien, como otros argumentos acompa\u00f1an la decisi\u00f3n de conceder el resguardo y nosotros los compartimos, no procede el salvamento sino la aclaraci\u00f3n que aqu\u00ed exponemos. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9594-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9594-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02364-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela formulada por Viviana Marcela Ruiz […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65497","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}