STC9595-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9595-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02368-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Luz Marina Bol\u00edvar G\u00f3mez e Iv\u00e1n Dar\u00edo Morales Acosta contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el asunto objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores, a trav\u00e9s de apoderado judicial, reclamaron protecci\u00f3n constitucional a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, vivienda digna y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dice vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenarle al Tribunal dejar sin efecto el fallo de tutela con radicaci\u00f3n n\u00b0 05308-31-03-001-2022-00002 y, en su lugar, se ordene amparar sus garant\u00edas de primer grado, revocando la sentencia emitida por el Juzgado Civil Municipal de Girardota en el juicio de \u00abnulidad de contrato o resoluci\u00f3n de contrato de promesa de compraventa, radicado bajo n\u00famero 05308 40 030012020 00043 00\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Iv\u00e1n Dar\u00edo Morales Acosta y Luz Marina Bol\u00edvar G\u00f3mez promovieron una primera acci\u00f3n de tutela en contra del Juzgado Civil Municipal de Girardota, criticando el fallo emitido por esa sede judicial el 26 de noviembre de 2021 en el juicio de nulidad de promesa de compraventa que en su contra inco\u00f3 Jos\u00e9 \u00c1ngel G\u00f3mez \u00c1lzate (promitente vendedor), respecto al derecho del 50% del lote de terreno ubicado en la vereda Maga Arriba de ese municipio, con folio inmobiliario n\u00b0 012-75673, pues, en su sentir, la sentencia que accedi\u00f3 a las pretensiones y dispuso restituciones mutuas, no est\u00e1 ajustada a derecho, sumado a que, no contaron con una debida defensa t\u00e9cnica, toda vez que, su abogado retir\u00f3 la alzada formulada. <\/p>\n
2.2. El conocimiento del ruego supralegal le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil con conocimientos de procesos laborales del Circuito de Girardota, quien con fallo de 20 de enero de 2022 neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo; determinaci\u00f3n que, el 8 de marzo siguiente confirm\u00f3 el Tribunal, negando la protecci\u00f3n implorada, tras encontrar, de un lado, que el estrado encausado decret\u00f3 y practic\u00f3 pruebas, realiz\u00f3 una apreciaci\u00f3n en conjunto, sin que la decisi\u00f3n luzca caprichosa; y, por otra parte, al encontrar insatisfecha el presupuesto de subsidiariedad, porque no se agot\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n contra dicho fallo, pues si bien se formul\u00f3 en la audiencia, en la misma el apoderado de las ac\u00e1 accionantes desisti\u00f3 de aqu\u00e9l tras manifestar que \u00abacab\u00e9 de hablar con mi representada\u201d, tras suspensi\u00f3n decretada por el despacho en atenci\u00f3n a \u201cla situaci\u00f3n de nostalgia e incertidumbre que tiene la codemandada dentro de este proceso\u00bb. <\/p>\n
2.3. A trav\u00e9s de esta nueva solicitud de amparo, los accionantes censuran, en s\u00edntesis, que el Tribunal \u00abmediante fallo de tutela neg\u00f3 toda posibilidad de examen contenido de la sentencia, so pretexto de no haber sido recurrida en apelaci\u00f3n por el apoderado de la parte vencida\u00bb, siendo ello una \u00abactitud pasiva e inexplicable del togado del asunto quien primero manifest\u00f3 que apelaba la decisi\u00f3n del a quo y sin explicaci\u00f3n y en contrav\u00eda de lo expresado y solicitado por sus poderdantes vencidos, tras reunirse con el abogado de la contraparte, es decir la parte actora, contrariando la decisi\u00f3n de los demandados retir\u00f3 la apelaci\u00f3n y con ello dej\u00f3 clara su inexperiencia en el ejercicio v\u00e1lido de la defensa\u00bb, configur\u00e1ndose de esa forma, una falta de una debida defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 que la primera solicitud de amparo era procedente, pues la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Civil Municipal de Girardota en el juicio de nulidad orden\u00f3 el desalojo del predio, diligencia que est\u00e1 programada para el 21 de julio de los corrientes, sin embargo, a su parecer, la misma no puede adelantarse, comoquiera que, insiste, dicho fallo debe quedar sin efecto \u00abpor falta de defensa t\u00e9cnica\u2026 en el curso del proceso\u2026 y por cuyas deficiencias ahora son\u2026 quienes injustamente podr\u00edan pagar las consecuencias\u2026 por desigualdad de las partes basada en la falta de defensa t\u00e9cnica, por los da\u00f1os irremediables e inmediatos que le causar\u00eda\u00bb. <\/p>\n
2.5. Agreg\u00f3 que el fallador natural tambi\u00e9n emiti\u00f3 el fallo con una indebida valoraci\u00f3n probatoria y no cuenta con otro medio de defensa para salvaguardar sus garant\u00edas de primer grado. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn remiti\u00f3 el link para consulta del expediente; manifest\u00f3 que las decisiones tomadas en el tr\u00e1mite criticado estuvieron soportadas en el an\u00e1lisis de las pruebas regular y oportunamente allegadas; que la acci\u00f3n de tutela es improcedente contra sentencias del mismo linaje. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Civil Municipal de Girardota inst\u00f3 la improcedencia del resguardo, al considerar que por los mismos hechos, los accionantes formularon una primera petici\u00f3n de amparo con radicaci\u00f3n 2022-00002; que la decisi\u00f3n acertada o no de desistir del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia proferida en primera instancia, no constituye vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales, pues previo a tomar dicha decisi\u00f3n aquellos fueron debidamente informados por su apoderado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el proyecto de decisi\u00f3n elaborado en el presente asunto, los convocados no hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. No cabe duda de que el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo de tutela dictado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Medell\u00edn el 8 de marzo de 2022, que confirm\u00f3 el proferido el 20 de enero anterior por el Juzgado Civil con conocimiento en procesos laborales del Circuito de Girardota, que neg\u00f3 el ampar\u00f3 las prerrogativas imploradas por Iv\u00e1n Dar\u00edo Morales Acosta y Luz Marina Bol\u00edvar G\u00f3mez; pretendiendo los accionantes que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examinen dichas decisiones tutelares, por cuanto, consideran, era procedente amparar sus garant\u00edas, pues no apel\u00f3 el fallo emitido por el estrado municipal que decret\u00f3 la nulidad de la promesa de compraventa demandada, por falta de defensa t\u00e9cnica. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u2026 la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna. (CC T-353\/12 y SU-1219\/01, citadas en CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Trat\u00e1ndose de la protecci\u00f3n constitucional de cara a decisiones del mismo linaje, esta Sala tambi\u00e9n ha considerado: <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… <\/p>\n
Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp. 2009-00126-00. (CSJ STC, 21 feb. 2011, rad. 2010-00723-00; STC, 2 dic. 2015, rad. 02397-99; y STC, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
3. Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n de la providencia de primera instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n elevada por el actor no podr\u00e1 ser atendida, m\u00e1xime cuando la tutela cuestionada fue excluida de revisi\u00f3n el 30 de junio de 2022, conforme se verific\u00f3 en el portal web de la Corte Constitucional (T-8719715), sin que se efectuara solicitud alguna ante ese Alto Tribunal. <\/p>\n
Al respecto la jurisprudencia ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10; reiterada por CSJ STC178, 21 ene. 2016). <\/p>\n
4. Ahora, no olvida la Sala que, en casos excepcionales, ha aceptado la procedencia del mecanismo de amparo contra sentencias de tutela, espec\u00edficamente \u00aben presencia de una vulneraci\u00f3n del debido proceso y, en particular, cuando se omite la integraci\u00f3n del contradictorio, ser\u00eda admisible la acci\u00f3n de amparo, para restablecer el statu quo lesivo del derecho fundamental\u00bb (STC11156-2014, 22 ag., rad. 01804-00; STC15516-2015, 11 nov., rad. 02680-00; STC-2015, 2 dic., rad. 03067-00; STC-2016, 21 en., rad. 2015-03107-00; STC-2016, 11 feb., rad. 00188-00; y STC- 2016, 7 abr., rad. 00744-00; citadas en STC8768-2016, 6 jul., rad. 2016-00141). <\/p>\n
Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos antes rese\u00f1ados, que permita un an\u00e1lisis respecto de tal situaci\u00f3n, toda vez que la queja de las peticionarias no se contrae a dichas situaciones. <\/p>\n
5. Basta lo dicho en precedencia para denegar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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