STC9597-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9597-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-01420-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta contra el fallo proferido el 14 de julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Gloria In\u00e9s Cifuentes Sep\u00falveda contra el Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de esta ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculados las partes e intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho fundamental de petici\u00f3n, presuntamente conculcado por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al estrado encausado \u00abenviar las respuestas de fondo al Derecho de Petici\u00f3n a [su] correo electr\u00f3nico gloria.cifuentes@hotmail.es el cual suministr[\u00f3] como medio de notificaci\u00f3n en el derecho de petici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Cristina Aguilar y Eufracio Cifuentes Sep\u00falveda promovieron demanda de pertenencia contra Juana Barrault Giraldin, para que se reconociera que adquirieron por prescripci\u00f3n extraordinaria adquisitiva de dominio los predios con folios inmobiliarios n\u00ba 50C-202879 y 50C-798222; asunto cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1. <\/p>\n
2.2. Notificada la demandada, present\u00f3 demanda de reivindicatoria en reconvenci\u00f3n; el 7 de mayo de 2007 se acept\u00f3 la cesi\u00f3n de derechos litigiosos de Eufracio a favor de Gloria In\u00e9s y Jorge Cifuentes Sep\u00falveda (actuales cesionarios); surtido el tr\u00e1mite de rigor, el 17 de octubre de 2007 el estrado judicial neg\u00f3 las pretensiones principales y, accedi\u00f3 a la reivindicaci\u00f3n pretendida, ordenando la entrega del inmueble y reconociendo frutos civiles y mejoras \u00fatiles; decisi\u00f3n confirmada el 27 de febrero de 2009 por el Tribunal. <\/p>\n
2.4. Luego, Gloria In\u00e9s, con base en la sentencia, formul\u00f3 demanda ejecutiva contra la sucesi\u00f3n de Juana Claudina Barrault y Jhon Jaito Guti\u00e9rrez, que inicialmente conoci\u00f3 el Juzgado Veintiuno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, pero, el 18 de junio de 2019 remiti\u00f3 al estrado enjuiciado. <\/p>\n
2.5. Refiri\u00f3 la promotora que el 29 de abril de 2022 present\u00f3 derecho de petici\u00f3n, por medio del cual solicit\u00f3 \u00abrevocar el poder dado por m\u00ed al se\u00f1or Abogado GUSTAVO RIVERA CALDERON, y as\u00ed mismo revocar al abogado a quien fue cedido dicho poder, pues es una persona con la cual nunca he tenido contacto de ninguna forma, no lo conozco y 2. \u2026pronunciarse y aceptar mi renuncia a los derechos litigiosos y que estos retornasen a mi hermano Eufracio Cifuentes Sep\u00falveda en su totalidad para ser reconocido dentro del Proceso 2000-24058\u00bb. <\/p>\n
2.6. Por v\u00eda de tutela se duele la quejosa, en s\u00edntesis, que el Juzgado accionado no ha dado respuesta a su petici\u00f3n, pues no ha sido notificada a su correo electr\u00f3nico, que otorg\u00f3 como direcci\u00f3n de enteramiento para la decisi\u00f3n de esta solicitud. <\/p>\n
2.7. Agreg\u00f3 que \u00abson muchos elementos probatorios los que demuestran los intereses creados por el abogado Adolfo G\u00f3mez\u2026 desde el momento que recibi\u00f3 el poder (a\u00f1o 2006), la forma como solicita dinero, as\u00ed como desfavoreci\u00f3 a [su] hermano Eufracio Cifuentes Sep\u00falveda y llevaron a cabo la sentencia del 07 de octubre de 2007\u00bb, adem\u00e1s, porque despu\u00e9s de \u00abpresenciar tantos abusos y atropellos\u2026 no [se] conside[ra] la persona responsable y capaz de continuar con derechos litigiosos que nunca debieron ser despojados a [su] hermano Eufracio\u2026\u00bb. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Veintis\u00e9is Civil del Circuito de Bogot\u00e1 relat\u00f3 las actuaciones surtidas en el juicio fustigado; anot\u00f3 que el 30 de junio de 2017 se procedi\u00f3 a entregar el bien al sucesor procesal de la parte demandada; que el 29 de abril de 2022 la accionante manifest\u00f3 revocar el poder al abogado Gustavo Rivera e indic\u00f3 \u201crenunciar a los derechos litigiosos\u201d, por lo que, con prove\u00eddo de 9 de junio de 2022 no atendi\u00f3 a la revocatoria del mandato, por no cumplir con los presupuesto del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n neg\u00f3 la solicitud de renuncia a los derechos litigiosos y su restituci\u00f3n a Eufracio, toda vez que los derechos as\u00ed denominados ya no tienen esa naturaleza, sino que son derivados de la sentencia declarativa, decisi\u00f3n que notific\u00f3 por estado del d\u00eda siguiente; pidi\u00f3 denegar la salvaguarda por hecho superado. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional, tras precisar que la improcedencia de derecho petici\u00f3n al interior de actuaciones judiciales, neg\u00f3 la petici\u00f3n de amparo al considerar que la vulneraci\u00f3n alegada era inexistente, toda vez que la solicitud planteada fue resuelta con auto y notificada conforme las normas que gobiernan el proceso, esto es, por estado de 10 de junio de 2022. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la parte actora reiterando los argumentos expuestos en el libelo inicial, a los que adicion\u00f3 que \u00abnunca fu[e] notificada de la respuesta a su derecho de petici\u00f3n por estado por parte del juzgado\u00bb, adem\u00e1s, que dicho enteramiento se le est\u00e1 haciendo al abogado, vulnerando su derecho a la privacidad, buen nombre e intimidad. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que dicha petici\u00f3n la formul\u00f3 porque se pretende resolver incidente de actualizaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la condena de los frutos civiles y las mejoras \u00fatiles con fundamento en la sentencia del 17 de octubre de 2007, incidente que no acepta, pero que su abogado pretende que sean en su totalidad para su hermano Jorge, raz\u00f3n por la que la revocatoria al poder es procedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
2. En el caso que concita la atenci\u00f3n de la Sala, la accionante reprocha que el despacho criticado no haya emitido una respuesta a la petici\u00f3n que impetr\u00f3, encaminada la revocatoria al mandato otorgado a su apoderado, as\u00ed como a la renuncia de los derechos litigiosos a su favor, en el juicio fustigado. <\/p>\n
Frente a dicho cuestionamiento resulta preciso se\u00f1alar, que muy a pesar de las alegaciones de la impugnaci\u00f3n, acorde con la consistente jurisprudencia de esta Corte, que en los tr\u00e1mites de naturaleza judicial deviene inviable el derecho de petici\u00f3n, comoquiera que dichos asuntos est\u00e1n sujetos a sus propias reglas de procedimiento. <\/p>\n
Al respecto, se ha explicado: <\/p>\n
\u2026si bien el se\u00f1or\u2026 reclama la protecci\u00f3n de su derecho de petici\u00f3n frente a la\u2026 accionada, la jurisprudencia constitucional tiene establecido que en la \u00f3rbita de los procesos judiciales no tiene cabida esa prerrogativa fundamental, salvo lo concerniente a actuaciones de linaje administrativo, y ello tiene su explicaci\u00f3n en que las normas procesales son las llamadas a ser aplicadas para efectos de dar respuesta a las solicitudes de las partes. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha sostenido que \u2018\u2026las peticiones que se formulan ante los funcionarios judiciales, dentro del marco de una actuaci\u00f3n judicial deben resolverse de acuerdo [con] las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ej\u00fasdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica\u2026 (Sentencias de 20 y 31 de marzo de 2000. Expedientes T-4822 y T-4867, respectivamente)\u201d (CSJ STC, 3 oct. 2012, rad. 2012-01784-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la petici\u00f3n la gestora no est\u00e1 encaminada a obtener una respuesta sobre alg\u00fan tema administrativo del juzgado, sino por el contrario pretende una resoluci\u00f3n al interior de un tr\u00e1mite judicial, como es la revocatoria a de un mandato, as\u00ed como la renuncia de sus derechos litigiosos, la solicitud de amparo deviene improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Al margen de lo anterior, cabe a\u00f1adir que tampoco se evidencia vulneraci\u00f3n al debido proceso de la tutelante, comoquiera que, auscultado el diligenciamiento objeto de reclamo, pese a que la accionante carece de derecho de postulaci\u00f3n, el 9 de junio de 2022 el estrado encausado emiti\u00f3 auto en que refiri\u00f3 que no accede a la revocatoria del poder, toda vez que no cumple con los presupuestos del art\u00edculo 76 del C\u00f3digo General del Proceso, asimismo, destac\u00f3 que \u00abno se acepta la renuncia a \u201clos derechos litigiosos de este proceso\u201d y que sean restituidos al se\u00f1or Eufracio Cifuentes Sep\u00falveda, en raz\u00f3n que los derechos mencionados ya no tienen esa naturaleza, sino son derivados de la sentencia proferida por el despacho en decisi\u00f3n de primera instancia de 7 de octubre de 2007\u00bb; decisi\u00f3n debidamente notificada por estado por estado del d\u00eda 10 del mismo mes y a\u00f1o. <\/p>\n
Asimismo, verificadas las diligencias, se encuentra el referido auto no fue reprochado a trav\u00e9s de remedio horizontal por la parte, pese a estar debidamente enterado por estados, pues, se itera, es una decisi\u00f3n judicial, medio ordinario de defensa que era procedente de conformidad con el art\u00edculo 318 del Estatuto General del Proceso1, circunstancia que evidencia el descuido en el uso de los instrumentos legales para la defensa de sus derechos, desperdiciando as\u00ed la oportunidad pertinente ante el fallador natural para exponer lo aqu\u00ed planteado, sin que sean de recibo los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
De ese modo el amparo resulta improcedente, comoquiera que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos. <\/p>\n
Frente al particular la Corte ha sido enf\u00e1tica en que si el gestor del resguardo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables\u2026, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela. (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la protecci\u00f3n rogada resulta improcedente, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, ante la evidente e injustificada falta de interposici\u00f3n del referido medio ordinario de regular procedencia para controvertir, ante el juez natural, la decisi\u00f3n criticada en sede de tutela, que fue debidamente notificada por estado, destacando que esta herramienta extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa a disposici\u00f3n del interesado, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues de otra manera se terminar\u00eda cercenando los principios nodales que edifican este mecanismo, de donde no son de recibo los argumentos expuestos en la impugnaci\u00f3n, pues, se itera, al ser una decisi\u00f3n judicial, proferida al dar tr\u00e1mite a la solicitud de la quejosa, aqu\u00e9lla deb\u00eda estar pendiente de dicha decisi\u00f3n. <\/p>\n
4. Corolario de lo expresado, se impone confirmar el amparo suplicado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese mediante telegrama a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Reposici\u00f3n. \u2026Salvo norma en contrario, el recurso de reposici\u00f3n procede contra los autos que dicte el Juez\u2026 <\/p>\n
1 <\/p>\n
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