STC9602-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9602-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 17001-22-13-000-2022-00135-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales el 6 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Betty Johana Guzm\u00e1n Fierro formul\u00f3 contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados Rub\u00e9n Dar\u00edo Giraldo Montoya, Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar, Suma Copr SAS, y Agencia de Aduanas SKY SAS, y citadas las partes e intervinientes en el proceso ejecutivo No. 2017-00023. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y al debido proceso, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que en el proceso de ejecuci\u00f3n que por sumas de dinero promovi\u00f3 Rub\u00e9n Dar\u00edo Giraldo Montoya en su contra y de Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales fijo el 7 de junio de 2022 como fecha para llevar a cabo la diligencia de remate del inmueble de su propiedad, pero como omiti\u00f3 enviar el link del expediente tanto a ella como a su apoderada judicial, no pudieron ingresar oportunamente a la audiencia virtual, en la que se adjudic\u00f3 el bien al ejecutante. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que pese a que a las 11:00 a.m., su apoderada judicial remiti\u00f3 un mensaje de datos al correo electr\u00f3nico del Juzgado accionado para que le suministrara dicha informaci\u00f3n, solo hasta las 2:34 p.m., de aquel d\u00eda tuvieron acceso al link de la audiencia, raz\u00f3n por la cual la diligencia se inici\u00f3 sin la presencia de las partes ni de sus apoderados judiciales, imparti\u00e9ndose control de legalidad sin d\u00e1rseles la oportunidad de intervenir, raz\u00f3n por la cual se le coart\u00f3 su derecho de defensa, ya que no pudo participar en la etapa de control de legalidad. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo anterior, solicit\u00f3 \u00abordenar al accionado declarar la nulidad de la audiencia p\u00fablica de remate No. 016 celebrada el 7 de junio del 2022 dentro del radicado 2017-00023-00\u00bb. <\/p>\n
El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, inform\u00f3 que la diligencia de remate cuestionada fue agendada y compartido su link a las partes del proceso el 6 de junio del a\u00f1o en curso, a las direcciones electr\u00f3nicos saliolro@hotmail.com y johanaguzman95@hotmail.com suministrados por la accionante y su apoderada. Adem\u00e1s, resalt\u00f3 que, conforme al manual de agendamiento de audiencias virtuales en la plataforma lifesize, luego de que se agenda la audiencia y se consignan los correos de las partes, autom\u00e1ticamente a ellos les llega a trav\u00e9s de esas direcciones electr\u00f3nicas la programaci\u00f3n de la diligencia con el link respectivo. <\/p>\n
En todo caso, advirti\u00f3 que la accionante y su representante judicial estuvieron presentes en la diligencia de remate, puesto que el mismo 7 de junio a las 2:34 se les remiti\u00f3 nuevamente el link de la audiencia, en la cual fueron escuchadas, resolvi\u00e9ndose sus solicitudes y los recursos presentados, por lo que no puede afirmar la actora que se transgredieron los derechos. <\/p>\n
2. Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar -demandado en el proceso ejecutivo referido-, pidi\u00f3 acceder al amparo suplicado, en atenci\u00f3n a que la diligencia de remate se adelant\u00f3 sin la presencia de los sujetos procesales, quienes no tuvieron oportunidad de formular nulidades e irregularidades. <\/p>\n
3. Rub\u00e9n Dar\u00edo Giraldo Montoya -demandante en el litigio-, afirm\u00f3 que son m\u00faltiples las maniobras dilatorias que su contraparte ha efectuado con el \u00e1nimo de paralizar el normal curso del proceso, entre ellas, dos acciones de tutela conocidas con antelaci\u00f3n por esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sostuvo, adem\u00e1s, que la audiencia de remate se desarroll\u00f3 con sujeci\u00f3n a las normas que regulan ese procedimiento, a la cual asistieron la accionante-ejecutada y su abogada antes de la adjudicaci\u00f3n del inmueble objeto de subasta, quienes participaron activamente en la misma elevando peticiones y recursos que fueron atendidos por la Juez de conocimiento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada tras considerar que, <\/p>\n
\u00abtal como fue informado por el Juzgado accionado, y se observa en el expediente remitido, a todos los interesados se les remiti\u00f3 la informaci\u00f3n de la programaci\u00f3n de la audiencia el 6 de junio de 2022, es decir, un d\u00eda antes de la sesi\u00f3n (\u2026) Adicionalmente, obra solicitud del d\u00eda de la audiencia casi culminando la ma\u00f1ana, de env\u00edo del enlace para la conexi\u00f3n y a su vez fue remitido en el curso de la diligencia de remate\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 adem\u00e1s, \u00aben \u00faltimas la parte se conect\u00f3, se le escucho en sus apreciaciones, se resolvieron sus solicitudes y estuvo pendiente en la adjudicaci\u00f3n del bien\u00bb, y resalt\u00f3 que los hechos alegados tampoco fueron probados en tanto que, \u00abcomo anexos de esta acci\u00f3n constitucional no se trajo consigo, ni un pantallazo, menos un informe t\u00e9cnico en sistemas, o de un profesional en el ramo, que demostrara que previo a la diligencia ni la parte interesada, ni su abogada, recibieron email, como los dem\u00e1s sujetos procesales, y contentivos del link para la conexi\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Inconforme con la anterior determinaci\u00f3n la accionante solicit\u00f3 su revocatoria, para lo cual retom\u00f3 los argumentos expresados en el escrito de tutela y, adicionalmente, dijo que el a quo no tuvo en cuenta las pruebas allegadas que demuestran el desconocimiento de sus garant\u00edas constitucionales. Mencion\u00f3 que el link de la audiencia de remate no se public\u00f3 en el micro sitio aviso del Juzgado accionado, como se puede consultar directamente de la p\u00e1gina web de la rama judicial. <\/p>\n
Agreg\u00f3 a la par, que en la bandeja de entrada del correo institucional del Juzgado se evidencia que el d\u00eda anterior al remate -6 de junio-, la secretar\u00eda puso en conocimiento del mismo Juzgado el link de la diligencia, por lo que mal podr\u00eda afirmarse que dicha informaci\u00f3n fue suministrada ese mismo d\u00eda a las partes, cuando a\u00fan no la conoc\u00edan. <\/p>\n
Igualmente, Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar impugn\u00f3 la providencia, con fundamento en que, si bien no se anex\u00f3 un \u00abpantallazo\u00bb o informe t\u00e9cnico que demostrara que ni la ejecutada ni su apoderada recibieron a sus correos electr\u00f3nicos el link de la audiencia, a su juicio, \u00abse debe entender que los hechos negativos no son materia de demostraci\u00f3n probatoria. Basta que se diga que no se recibieron y, en consecuencia, la carga de la prueba se invierte. En el caso que nos ocupa, qui\u00e9n deber\u00eda demostrar que el email s\u00ed fue enviado u recibido es el Juzgado de conocimiento (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como mecanismo preferente y sumario, tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas, cuandoquiera que sean amenazados o vulnerados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de cualquier autoridad, o de un particular -en casos excepcionales- siempre que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial o salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha hecho \u00e9nfasis en la obligaci\u00f3n que tienen los administrados, consistente en que previo a acudir a esta acci\u00f3n, se agoten todos los medios defensivos existentes para conjurar las situaciones particulares que los mismos denuncian lesivas de sus derechos fundamentales, ya que, de no ser as\u00ed, la consecuencia inmediata es la denegaci\u00f3n de las s\u00faplicas elevadas en tal sentido, por la evidente negligencia en la que muchas veces incurren en los asuntos de su propio inter\u00e9s. <\/p>\n
Esta Corte ha insistido en que los instrumentos judiciales ordinarios de defensa deben ser promovidos por los interesados en las oportunidades procesales dispuestas por el legislador, ya que, de no procederse en ese sentido, la acci\u00f3n de tutela resulta improcedente, pues su finalidad no es la de revivir t\u00e9rminos desaprovechados, los que, sea de paso recordar, son perentorios e improrrogables, ni para que en forma simult\u00e1nea se efectu\u00e9 control de las actuaciones judiciales, ya que no es competencia del Juez constitucional suplir la incuria o abordar el estudio de los equivocaciones o descuidos de las partes en el ejercicio de sus deberes procesales, ocurridos en el curso de un proceso (Ver CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010- 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010- 000380-01, STC13276-2021 y STC2670-2022 y STC3445-2022). <\/p>\n
2. De esa manera, si la aqu\u00ed accionante y su apoderada judicial consideraban que su acceso a la audiencia virtual de remate llevada a cabo el 7 de junio de 2022 en el proceso ejecutivo No. 2017-00023, fue indebidamente suministrado, limitado o restringido de alguna manera, debieron acudir al incidente de nulidad correspondiente, puesto que, en estos escenarios, se podr\u00eda configurar \u2013previa la respectiva tarea probatoria- la causal de nulidad consagra en el numeral 3\u00ba del art\u00edculo 133 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo que, en varias ocasiones, ha sido considerado id\u00f3neo y eficaz para resolver problem\u00e1ticas de id\u00e9ntico linaje, as\u00ed lo explic\u00f3 la Sala en sentencia STC 2826-2121, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) La censura se contrae a que, en opini\u00f3n del gestor, debe declararse la nulidad del fallo emitido por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Cartagena (10 dic. 2020), porque su apoderado no pudo ingresar a la audiencia en raz\u00f3n a problemas de conexi\u00f3n a internet que le impidieron agotar la etapa probatoria y, en su lugar, ordenar que se fije nueva fecha para la audiencia; lo anterior, con fundamento en la sentencia STC7284-2020 que indic\u00f3 que la falta de acceso y conocimientos tecnol\u00f3gicos es una causal de interrupci\u00f3n del proceso. <\/p>\n
Al respecto, no resulta viable revisar el fondo de la problem\u00e1tica propuesta ya que, est\u00e1 acreditado, el censor no pidi\u00f3 ante el juez natural la nulidad que ahora pretende. T\u00e9ngase en cuenta que, si bien conforme a la sentencia citada la \u00abfalta de acceso y conocimiento de los medios tecnol\u00f3gicos\u00bb es una causal de interrupci\u00f3n del proceso, tambi\u00e9n all\u00ed se estableci\u00f3 que \u00absi a pesar de ellas la audiencia se practica, o, son concomitantes a \u00e9sta, debe alegarse la nulidad consagrada en el numeral 3\u00b0 del art\u00edculo 132 del estatuto adjetivo, con el fin de que se repita\u00bb. <\/p>\n
De modo que, si el apoderado del actor alg\u00fan problema tuvo para ingresar a la reuni\u00f3n, debi\u00f3 alegarlo en el proceso, esto es, proponer la nulidad all\u00e1, lo cual no se evidencia de las documentales adosadas al plenario, por lo que emerge clara su absoluta incuria que torna inadmisible la salvaguarda por falta de subsidiariedad\u00bb (Ver en similar sentido STC7284-2020 y STC3445-2022). <\/p>\n
En ese orden, los inconformismos expuestos por los impugnantes est\u00e1n llamados al fracaso, por su descuido en el empleo de los medios ordinarios de defensa existentes, puesto que, se itera, esta acci\u00f3n extraordinaria impone el agotamiento previo de todos los instrumentos jur\u00eddicos al alcance de los interesados, so pena de su denegaci\u00f3n por improcedente. <\/p>\n
Esto tiene relevancia por cuanto, como bien lo expuso el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, seg\u00fan el Manual del Usuario \u2013 Modulo Agendamiento de Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming, dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura, el aplicativo Lifesize URL \u00ab[e]s el link de conexi\u00f3n que se debe utilizar para la audiencia programada, este link es enviado a los correos que se registraron como invitados y al correo del Juzgado, adicionalmente lo pueden copiar y compartir cualquier por cualquier otro medio\u00bb. <\/p>\n
En pocas palabras, subsiste prueba de que el link de la audiencia le fue compartido a las partes, a sus apoderados, a la solicitante del agendamiento y hasta al propio Juzgado de conocimiento. <\/p>\n
Entonces, contrario a lo que afirm\u00f3 Miguel \u00c1ngel Moreno Tovar en su escrito de impugnaci\u00f3n, quien deb\u00eda probar que el link de la diligencia no fue recibi\u00f3 en su correo electr\u00f3nico fue la accionante, sin que allegara prueba alguna que diera fuerza a sus afirmaciones, pues con las impresiones de im\u00e1genes aportadas nada acredita, pudiendo haber allegado fotos de pantalla de su bandeja de entrada, o un informe t\u00e9cnico que diera cuenta de ello, como bien lo dijo el a quo, por citar ejemplos. No debe olvidarse que, conforme el art\u00edculo 167 del C\u00f3digo General del Proceso, \u00ab[i]ncumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jur\u00eddico que ellas persiguen\u00bb. <\/p>\n
Y aun considerando que el link de la audiencia de remate no se public\u00f3 en el micro sitio \u00abaviso\u00bb del Juzgado, tal situaci\u00f3n no desvirt\u00faa lo concluido en precedencia. <\/p>\n
4. S\u00f3lo para ahondar en razones, n\u00f3tese que la diligencia de remate reprochada se inici\u00f3 por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales a las 2:08 p.m., del 7 de junio de 2022, sin que en ese instante se encontraran presentes las partes o sus apoderados, lo cual no era impedimento para iniciar la audiencia, por virtud de lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del numeral 1\u00ba del art\u00edculo 107 del C\u00f3digo General del Proceso, que establece \u00ab[l]as audiencias y diligencias se iniciar\u00e1n en el primer minuto de la hora se\u00f1alada para ellas, aun cuando ninguna de las partes o sus apoderados se hallen presentes\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, en el curso de la diligencia ingresaron el demandante, su apoderado, la demanda y su apoderada, quienes tomaron la audiencia en la etapa en que se encontraba, conforme al inciso 4\u00ba ib\u00eddem, el cual precept\u00faa que \u00ab[l]as partes, los terceros intervinientes y sus apoderados que asistan despu\u00e9s de iniciada la audiencia o diligencia asumir\u00e1n la actuaci\u00f3n en el estado en que se encuentre al momento de su concurrencia\u00bb. <\/p>\n
Entonces, m\u00e1s all\u00e1 de los inconvenientes en que la accionante fundament\u00f3 sus inconformismos para solicitar dejar sin efectos la diligencia de remate atacada, lo cierto es que tanto ella como su apoderada concurrieron a \u00e9sta, y desplegaron las conductas procesales que a bien tuvieron para ejercer su derecho a la defensa, solicitudes que fueron atendidas y despejadas por la directora del proceso. <\/p>\n
Igualmente se destaca, que la publicidad que la ley exige para este tipo de actos cumpli\u00f3 su finalidad, la cual no era otra distinta a que las partes, sus apoderados y dem\u00e1s interesados conocieran que la diligencia de remate aludida se llevar\u00eda a cabo el 7 de junio en la hora citada, y que podr\u00edan asistir a efectos de constatar su desarrollo o para las realizar manifestaciones que a bien tuvieran en procura de defender sus intereses, todo lo cual as\u00ed sucedi\u00f3. <\/p>\n
5. Ahora, el hecho de que la accionante no est\u00e9 de acuerdo con las decisiones adoptadas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Manizales, no significa que se est\u00e9n vulnerando sus derechos, menos cuando las actuaciones desarrolladas durante la diligencia de remate no lucen antojadizas, caprichosas o arbitrarias, lo que destierra la presencia de una v\u00eda de hecho, de modo que los argumentos alegados por la actora constitucional no son de recibo para la Sala. <\/p>\n
6. Por \u00faltimo, sea del caso precisar que las acciones de tutela que con anterioridad a conocido esta Corporaci\u00f3n, con relaci\u00f3n a algunas actuaciones adelantadas en el proceso ejecutivo que hoy ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, no guardan similitud en cuanto a sus hechos y pretensiones con la que es materia de estudio, como se desprende de los fallos de tutela STC649-2022 y STC7569-2022, pues la primera trataba de la protecci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n de la accionante respecto a la indebida informaci\u00f3n que reposaba en las bases de datos de unas entidades, la segunda se ocup\u00f3 de analizar supuestas irregularidades en la contradicci\u00f3n del aval\u00fao del inmueble en cuesti\u00f3n, y en el presente asunto, como se dej\u00f3 visto, la discusi\u00f3n se concret\u00f3 en estudiar los inconformismos exhibidos por la accionante frente a la diligencia de remate, raz\u00f3n por la cual, no se configura temeridad en el actuar de la accionante. <\/p>\n
7. En consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia anotadas. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9602-2022 MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada ponente STC9602-2022 Radicaci\u00f3n No. 17001-22-13-000-2022-00135-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65503","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65503","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65503"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65503\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65503"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65503"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65503"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}