STC9604-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9604-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02177-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Consuelo Mera G\u00f3mez y Suri Emir Mera Jim\u00e9nez contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n y el Juzgado Promiscuo de Familia de Caloto, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes n\u00ba 2021-00079. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las solicitantes, a trav\u00e9s apoderado, reclaman la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad, contradicci\u00f3n, acceso a la administraci\u00f3n de justicia y \u00abprincipio de publicidad\u00bb, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relatan en s\u00edntesis que Martha Roc\u00edo Franco Osorio promovi\u00f3 en su contra proceso de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho y disoluci\u00f3n y liquidaci\u00f3n de la sociedad patrimonial entre compa\u00f1eros permanentes (respecto de Jair Mera Jim\u00e9nez, fallecido). <\/p>\n
Exponen que, en el ac\u00e1pite de notificaciones del libelo, la demandante requiri\u00f3 que se le permitiera realizar la notificaci\u00f3n directamente al domicilio de las convocadas por desconocer los correos electr\u00f3nicos a los cuales pudiera envi\u00e1rseles. <\/p>\n
Cuestionan que, con lo anterior el juzgado desatendi\u00f3 lo dispuesto en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 6, del decreto 806 de 2020 \u00abque prev\u00e9 que el desconocimiento del correo electr\u00f3nico de la parte demandada, como es el caso, si no se conoce el canal digital del demandado, pero s\u00ed su ubicaci\u00f3n f\u00edsica, se remitir\u00e1 la copia f\u00edsica, lo cual no se realiz\u00f3, vulnerando el debido proceso, el principio de publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Pero adem\u00e1s, indican que los correos que tom\u00f3 el juzgado de otro proceso para enterarlas del declarativo, fueron creados por una de sus hijas \u00abcon el \u00fanico fin de cumplir con el requisito que les solicit\u00f3 el abogado\u00bb, y critican que, adem\u00e1s el despacho no tuvo en cuenta \u00ab(\u2026) las condiciones del entorno del municipio de Caloto, Cauca, como son las condiciones de los distintos grupos \u00e9tnicos y poblaciones abandonadas por el Estado que enfrentan barreras para el acceso a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y comunicaciones, en otras palabras, no gozan de un dispositivo tecnol\u00f3gico como es un computador, mucho menos acceso a internet o la disposici\u00f3n o medios para revisar un correo electr\u00f3nico cuando no est\u00e1n familiarizados con estos medios tecnol\u00f3gicos, como es el caso (…)\u00bb. <\/p>\n
Afirman que, se enteraron del nuevo juicio al observar una medida cautelar registrada en un certificado de libertad y tradici\u00f3n de uno de los inmuebles involucrados en la sucesi\u00f3n intestada, por lo que solicitaron la declaratoria de nulidad de lo actuado en el proceso de uni\u00f3n marital (rad. 2021-00079 \u2013 incidente de nulidad por indebida notificaci\u00f3n), desde la admisi\u00f3n de la demanda; sin embargo, dicha pretensi\u00f3n fue denegada por el juzgado accionado (auto de 19 de abril de 2022) como por el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, Sala Civil Familia (auto del 23 de junio de 2022, que confirm\u00f3 el del a quo). <\/p>\n
Reprochan las anteriores determinaciones y alegan que, el juzgado debi\u00f3 buscar la forma m\u00e1s id\u00f3nea para notificarlas y ajustar su actuaci\u00f3n a la sentencia C-420 de 2020 de la Corte Constitucional, en la que se expresan las reglas generales para la implementaci\u00f3n de las TIC y que \u00abse garantice el derecho a la justicia de los individuos que, aunque no tienen acceso a las TIC, requieren condiciones especiales que garanticen su acceso real y no solo formal a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
Recriminan tambi\u00e9n que la agencia judicial accionada asumi\u00f3 la carga procesal que le correspond\u00eda a la parte demandante, es decir, la de obtener la informaci\u00f3n necesaria para notificar a los demandados; y, del tribunal censuran que omiti\u00f3 apreciar que el despacho tutelado no verific\u00f3 la efectiva recepci\u00f3n de los mensajes en los correos electr\u00f3nicos utilizados. <\/p>\n
3. En suma, pretenden que \u00abse declare la nulidad absoluta del auto interlocutorio n\u00ba 070 del 19 de abril de 2022 proferido por el Juzgado Promiscuo de Familia de Caloto [\u2026] que resuelve de manera negativa el incidente de nulidad propuesto por la parte demandada y el auto de 23 de junio de 2022 mediante el cual, el Tribunal Superior de Popay\u00e1n, Sala Civil Familia, que confirma la decisi\u00f3n de primera instancia dentro del proceso con radicado [2021-00079-00] (\u2026) ordenar al Juzgado [\u2026] proceda a notificarnos personalmente el auto interlocutorio n\u00ba 295 del 15 de diciembre de 2021 y correr traslado de la demanda y sus anexos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Promiscuo de Familia de Caloto respecto a los reparos de las accionantes sostuvo que no vulner\u00f3 derecho alguno, pues \u00absimplemente quiso ser diligente, proceder con apremio y ser garantista al notificar a las demandadas a las direcciones de correo electr\u00f3nico que ellas mismas hab\u00edan suministrado bajo la gravedad de juramento\u00bb; agreg\u00f3 que las accionantes \u00abfueron notificadas electr\u00f3nicamente de manera efectiva y fue de esta manera como se enteraron de la existencia del proceso, pero dejaron vencer el t\u00e9rmino de traslado de la demanda y sus anexos en silencio, adem\u00e1s el juzgado conoce la forma de notificar sus providencias y cuenta con las pruebas que arroja el correo institucional sobre la entrega de las notificaciones personales electr\u00f3nicas\u00bb. <\/p>\n
2. El magistrado accionado del Tribunal Superior de Popay\u00e1n adjunt\u00f3 copia digital de la providencia que profiri\u00f3 en el asunto en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
3. Balvina Jim\u00e9nez Medina, vinculada, por intermedio de apoderado, manifest\u00f3 allanarse a las pretensiones de la acci\u00f3n de tutela y solicit\u00f3 que se conceda el amparo y la protecci\u00f3n integral de los derechos fundamentales invocados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales denunciadas al decidir negativamente el incidente de nulidad propuesto por las quejosas, en relaci\u00f3n con el auto admisorio de la demanda de declaraci\u00f3n de existencia de uni\u00f3n marital de hecho \u2013 radicado n\u00ba 2021-00079 \u2013 impetrada en su contra por Martha Roc\u00edo Franco Osorio, por desconocer, supuestamente, lo dispuesto en los art\u00edculos 6 y 8 del decreto 806 de 2020, es decir, no asegurar el efectivo enteramiento de las demandadas respecto de las cuales el promotor manifiesta desconocer el correo electr\u00f3nico para notificarlas. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que el amparo no procede contra esta clase de actuaciones, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Decisi\u00f3n que ser\u00e1 objeto de an\u00e1lisis. <\/p>\n
Si bien el reclamo se dirige contra los autos que, en primera y segunda instancia, denegaron la solicitud de nulidad planteada por las tutelantes, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al proferido el 23 de junio de 2022 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popay\u00e1n, Sala Civil Familia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
3. Caso concreto \u2013 El auto cuestionado. <\/p>\n
En el supuesto que analiza la Sala, no logra advertirse que la confirmaci\u00f3n de la determinaci\u00f3n adoptada en primer grado dentro del juicio cuestionado, en el sentido de desestimar la nulidad deprecada, se traduzca en la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales de las precursoras del amparo, toda vez que fue el resultado de una adecuada y razonada hermen\u00e9utica del contexto procesal y la normativa aplicable. <\/p>\n
En efecto, al momento de resolver, el magistrado ponente de la decisi\u00f3n aqu\u00ed atacada, examin\u00f3 la pertinencia de la causal de nulidad alegada que, espec\u00edficamente, se contuvo a la se\u00f1alada en el numeral 8\u00ba del art\u00edculo 133 en armon\u00eda con el 6\u00ba del decreto 806 de 2020, frente a lo cual manifest\u00f3, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) se advierte que el Juzgado cognoscente en uso de la facultad contemplada en el par\u00e1grafo 2 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020 7, oficiosamente indag\u00f3 por las direcciones electr\u00f3nicas de CONSUELO MERA G\u00d3MEZ y SURY EMIR MERA JIMENEZ, y encontr\u00f3 que en ese mismo despacho se hallaba en tr\u00e1mite el proceso de sucesi\u00f3n del causante JAIRO MERA VELASCO, promovido por las prenombradas y otra, quienes a trav\u00e9s de apoderado solicitaron en ese asunto la pr\u00e1ctica de medidas cautelares 8, indicando en ese memorial sus correos de notificaci\u00f3n: meragomezconsu@yahoo.com y suryemirmerajimenez@gmail.com, respectivamente, a las que procedi\u00f3 a remitir la notificaci\u00f3n personal del auto admisorio de la demanda con los anexos correspondientes, arrojando el servidor el comprobante de \u201centrega\u201d de dicho mensaje de datos. <\/p>\n
(\u2026) Ahora bien, seg\u00fan se desprende de la petici\u00f3n de nulidad, los incidentantes apoyaron su pedimento principalmente en el hecho de que la parte demandante estaba \u201cobligada\u201d a remitir la citaci\u00f3n para notificaci\u00f3n personal a la direcci\u00f3n de residencia de los convocados, argumento que no est\u00e1 llamado a prosperar, pues conoci\u00e9ndose el canal digital para su enteramiento, nada imped\u00eda que se efectuara la remisi\u00f3n de la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de ese medio; m\u00e1xime, cuando esa informaci\u00f3n se obtuvo leg\u00edtimamente por la misma autoridad judicial que conoce del proceso\u00bb. <\/p>\n
En cuanto al se\u00f1alamiento de que el juzgado habr\u00eda relevado a la parte de actora de la carga procesal de notificar, destac\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) tal proceder no invalida la actuaci\u00f3n, en primer lugar, por cuanto esa situaci\u00f3n no se halla contemplada expresamente como una causal de nulidad procesal, y segundo, porque la finalidad de la norma no es otra distinta que garantizar el acceso efectivo del convocado a la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n de la demanda instaurada en su contra, para que si a bien lo tiene ejerza su derecho de defensa y contradicci\u00f3n, al margen de que fuera el despacho y no la parte interesada quien gestion\u00f3 lo pertinente\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, en lo que respecta a que no se constat\u00f3 la recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n en los correos utilizados para dicho fin, precis\u00f3 la magistratura tutelada que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) conviene recordar, que en la sentencia C-420 de 2020, la Corte constitucional declar\u00f3 la exequibilidad condicionada del inciso 3 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, en el entendido de que \u201cel t\u00e9rmino all\u00ed dispuesto empezar\u00e1 a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo O SE PUEDA POR OTRO MEDIO CONSTATAR EL ACCESO DEL DESTINATARIO AL MENSAJE\u201d Es decir, que el \u201cacuse de recibo\u201d no constituye el \u00fanico elemento para acreditar la recepci\u00f3n de la notificaci\u00f3n por medios electr\u00f3nicos, y para esos fines, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha aceptado que la constancia que emite el servidor certificando que \u201cSE COMPLET\u00d3 LA ENTREGA A ESTOS DESTINATARIOS O GRUPOS, PERO EL SERVIDOR DE DESTINO NO ENVI\u00d3 INFORMACI\u00d3N DE NOTIFICACI\u00d3N DE ENTREGA\u201d, permite demostrar \u201cque el mensaje se remiti\u00f3 satisfactoriamente y depend\u00eda del destinatario activar su correo, abrir y leer lo all\u00ed remitido\u201d 9 ; de tal suerte que, \u201csalvo fuerza mayor o caso fortuito, debe entenderse que TAL ACTO DE COMUNICACI\u00d3N FUE EFECTIVO CUANDO EL SERVIDOR DE ORIGEN CERTIFICA QUE SE PRODUJO LA ENTREGA SIN INCONVENIENTE ALGUNO\u201d\u00bb. <\/p>\n
En dicho sentido, complement\u00f3 con lo resaltado por la Corte Constitucional en la sentencia C-420 de 2020 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u201cuna lectura razonable de la medida obliga a concluir que, para que se declare nula la notificaci\u00f3n del auto admisorio por la raz\u00f3n habilitada en el art\u00edculo 8\u00b0 NO BASTA LA SOLA AFIRMACI\u00d3N DE LA PARTE AFECTADA DE QUE NO SE ENTER\u00d3 DE LA PROVIDENCIA. Es necesario que el juez valore integralmente la actuaci\u00f3n procesal y las pruebas que se aporten en el incidente de nulidad para determinar si en el tr\u00e1mite de la notificaci\u00f3n personal se vulner\u00f3 la garant\u00eda de publicidad de la parte notificada. En otras palabras, la Sala encuentra que LA DISPOSICI\u00d3N NO LIBRA A LA PARTE DE CUMPLIR CON LA OBLIGACI\u00d3N DE PROBAR LOS SUPUESTOS DE HECHO QUE SOPORTAN LA CAUSAL DE NULIDAD ALEGADA.\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, a\u00f1adi\u00f3 que las demandadas se limitaron \u00fanicamente a manifestar que no fueron enteradas del tr\u00e1mite, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) sin siquiera ofrecer una explicaci\u00f3n v\u00e1lida respecto a lo sucedido con las direcciones electr\u00f3nicas que escasos meses atr\u00e1s los mismos hab\u00edan proporcionado para efectos de notificaci\u00f3n, a las cuales el Juzgado remiti\u00f3 el mensaje de datos que arroj\u00f3 la constancia de entrega. <\/p>\n
Como bien lo destac\u00f3 el a quo, tanto en el proceso de sucesi\u00f3n del causante JAIRO MERA VELASCO como en este juicio declarativo, CONSUELO MERA G\u00d3MEZ y SURY EMIR MERA JIMENEZ se hallan representados por abogados pertenecientes al grupo o firma \u201cIURIS ABOGADOS\u201d, – conforme se desprende del membrete de los poderes y de los dem\u00e1s memoriales por ellos presentados, as\u00ed como de la direcci\u00f3n electr\u00f3nica indicada para notificaci\u00f3n de ambos togados (grupoiurisabogados@gmail.com)-, sin embargo, en el escrito de nulidad, el actual gestor judicial relacion\u00f3 otros correos electr\u00f3nicos para notificaci\u00f3n de sus poderdantes (cheloj_34@yahoo.es y jimenezsuri.19@gmail.com), como si la sola exhibici\u00f3n de un nuevo o diferente canal digital para notificaci\u00f3n, conllevara a deducir sin soporte ni justificaci\u00f3n alguna, que las anteriores direcciones electr\u00f3nicas no existen, no funcionan, o no corresponden a los demandados\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, la decisi\u00f3n adoptada, como se anticip\u00f3, no se evidencia infundada o arbitraria, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo de las peticionarias no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se advierte es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el tribunal apreci\u00f3 la discusi\u00f3n suscitada y concluy\u00f3 que, el fundamento de la irregularidad denunciada no se vislumbr\u00f3 a partir de lo alegado por las incidentantes, esto es, en cuanto a demostrar que ciertamente no se cumpli\u00f3 con la debida notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda declarativa de existencia de uni\u00f3n marital de hecho contra ellas incoada. <\/p>\n
En todo caso, lo all\u00ed establecido no puede ser desaprobado de plano, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta contrario a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado [el] defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico (…) y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
As\u00ed mismo, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Y es que, seg\u00fan lo rese\u00f1ado, surge palpable que la pretensi\u00f3n de las gestoras del resguardo se circunscribi\u00f3, de modo exclusivo, a un subjetivo disentimiento frente a las razones en que la autoridad accionada tuvo para resolver el asunto sometido a su escrutinio, disconformidad que, se reitera, excede el \u00e1mbito de la tutela. En ese sentido, la Sala ha dicho que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 2011, rad. 01404-01, reiterado entre muchas otras, en STC, 24. sep. 2013, Rad. 02137-00, STC1558-2015 y, STC4705-2016, 13 ab. rad. 00077-01). <\/p>\n
De forma que, las accionantes no pueden buscar anteponer su propia interpretaci\u00f3n y utilizar este mecanismo excepcional como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no fue por desconocimiento de la ley sustancial, por vicios en el procedimiento, por defecto f\u00e1ctico, ni sustancial, ni por ninguna otra actuaci\u00f3n arbitraria que la autoridad aqu\u00ed demandada tom\u00f3 su decisi\u00f3n, pues los motivos que con suficiencia expuso, constituyen una interpretaci\u00f3n judicial razonable, que no configura ninguno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias y, por tanto, no se advierte violaci\u00f3n a las garant\u00edas constitucionales del demandante. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia cuestionada no constituye desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda y, adem\u00e1s, lo pretendido por las querellantes es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9604-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9604-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02177-00 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Consuelo Mera G\u00f3mez […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65505","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65505","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65505"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65505\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65505"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65505"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65505"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}