STC9610-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9610-2022 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 22 de junio de 2022 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela instaurada por Carlos Humberto V\u00e9lez Moreno contra el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas la Comisar\u00eda de Familia Zona Centro de la misma localidad, el Agente del Ministerio P\u00fablico que act\u00faa ante el mencionado Tribunal, as\u00ed como las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la sede judicial acusada, en el marco de la medida de protecci\u00f3n por violencia intrafamiliar que en su contra promovi\u00f3 Diana Marcela Romero Hern\u00e1ndez. <\/p>\n
Solicita en consecuencia se deje sin efectos el prove\u00eddo de 20 de mayo de 2022 del Juzgado Cuarto de Familia de Pereira y en su lugar \u00abse profiera nueva decisi\u00f3n en la cual se d\u00e9 cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad que regula la materia sobre apreciaci\u00f3n y valoraci\u00f3n de las pruebas del proceso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante la precitada determinaci\u00f3n, el mencionado juzgado confirm\u00f3 el prove\u00eddo de 5 de abril de 2022 de la Comisar\u00eda de Familia Zona Centro de Pereira, con que se decidi\u00f3 en su contra la referida actuaci\u00f3n, dice el accionante, tras realizar una valoraci\u00f3n \u00abcaprichosa\u00bb de las pruebas documentales y testimoniales aportadas al proceso. <\/p>\n
2.2. Expone que, seg\u00fan varios testimonios, para la fecha de los hechos investigados \u00e9l no ten\u00eda una relaci\u00f3n de pareja con la promotora de la medida, y de otro lado, no proced\u00eda la orden de pago de $1\u00b4900.000 que se le impuso, correspondiente al dinero que pag\u00f3 aquella por concepto de asesor\u00eda jur\u00eddica, pues tal servicio no era necesario y era deber del estado garantizarle a la gestora la prestaci\u00f3n de ese servicio, de manera gratuita a trav\u00e9s de la Defensor\u00eda del Pueblo. <\/p>\n
2.3. Narra que por los hechos fundamento del referido tr\u00e1mite se adelanta en su contra una actuaci\u00f3n penal y que, de otro lado, en el curso de la medida de protecci\u00f3n el Defensor de Familia omiti\u00f3 intentar alg\u00fan acercamiento para conciliar la controversia y no le dio traslado de la denuncia formulada por la v\u00edctima. <\/p>\n
2.4. Afirma que la apelaci\u00f3n contra la medida de protecci\u00f3n en su disfavor, fue admitida el 16 de mayo de 2022 por el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira, decisi\u00f3n notificada en estado del d\u00eda 17 del mismo mes, no obstante, antes de finalizar el t\u00e9rmino de ejecutoria de ese auto, la alzada fue definida, con el \u00fanico prop\u00f3sito de alcanzar a enviar la providencia como prueba al juicio penal. <\/p>\n
2.5. En s\u00edntesis, se queja el actor por las mencionadas irregularidades en el tr\u00e1mite de la medida, que al definirse la segunda instancia el juzgador no las haya advertido, que la decisi\u00f3n haya emergido de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, y que haya sido condenado a cubrir los aludidos costos de asesor\u00eda jur\u00eddica en que incurri\u00f3 la denunciante, pese a que el servicio pudo obtenerse por \u00e9sta de manera gratuita. <\/p>\n
LAS RESPUESTA DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Pereira corrobor\u00f3 que el 20 de mayo de 2022 confirm\u00f3 la decisi\u00f3n emitida por la Comisar\u00eda de Familia Zona Centro de Pereira y remiti\u00f3 la versi\u00f3n digital del expediente del proceso cuestionado.<\/p>\n
2. Diana Marcela Romero Hern\u00e1ndez se\u00f1al\u00f3 que, no hubo intento de arreglo directo durante el tr\u00e1mite cuestionado, debido a la \u00abgrave y brutal agresi\u00f3n del demandante\u00bb, adem\u00e1s de la prohibici\u00f3n de la Ley 1542 de 2012, as\u00ed mismo se\u00f1al\u00f3 que el actor no precisi\u00f3n donde est\u00e1 el yerro en la valoraci\u00f3n probatoria y que el art\u00edculo 17 literal E de la Ley 1257 de 2008 posibilita recobrar al agresor lo pagado por la v\u00edctima con ocasi\u00f3n del hecho de violencia, prop\u00f3sito para el cual se cumplieron los requisitos dentro del decurso criticado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El Procurador 21 Judicial II para la Defensa de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres de Pereira estim\u00f3 que no le asiste raz\u00f3n al actor en su solicitud de protecci\u00f3n, porque el juzgado accionado analiz\u00f3 en detalle la decisi\u00f3n apelada y \u00abespecific\u00f3 de acuerdo al problema jur\u00eddico planteado por el apelante, las razones de hecho y de derecho que llevaron a confirmar tal decisi\u00f3n\u00bb y de otro lado, que la decisi\u00f3n de la v\u00edctima de acudir o no a la defensor\u00eda p\u00fablica, es aut\u00f3noma. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Comisario de Familia Zona Centro de Pereira defendi\u00f3 la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 dentro de la actuaci\u00f3n cuestionada y resalt\u00f3 que el actor no demostr\u00f3 que con la misma se le causara un perjuicio irremediable. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira neg\u00f3 el resguardo tras constatar que lo pretendido por el actor es replantear una situaci\u00f3n ya valorada y definida en los prove\u00eddos cuestionados, pese a que lo all\u00ed decidido se fund\u00f3 en las pruebas y en interpretaciones jur\u00eddicas \u00abque en modo alguno pueden ser tachadas de caprichosas\u00bb. <\/p>\n
Frente a la queja porque el juzgador de segunda instancia defini\u00f3 la alzada sin haber vencido el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto admisorio de la misma, constat\u00f3 que el gestor no ha reclamado nada al respecto a dicha autoridad, lo que impone negar el amparo por ese particular, debido al incumplimiento del requisito de la subsidiariedad. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante insistiendo en que las determinaciones criticadas emergieron de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas, la de segunda instancia se dict\u00f3 sin que venciera el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto admisorio de la alzada y el juzgador de segundo grado omiti\u00f3 hacer control de legalidad a lo actuado por la comisar\u00eda de familia, en cuanto a que no se le dio traslado de las denuncias formuladas por v\u00edctima y no se agot\u00f3 la etapa de conciliaci\u00f3n o se intent\u00f3 un arreglo directo entre las partes. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
2. Advierte la Corte que el amparo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, y por ende corresponde confirmar la decisi\u00f3n constitucional de primer grado, toda vez que el mencionado prove\u00eddo de segundo grado, \u00fanico sobre el que recaer\u00e1 el an\u00e1lisis por haber cerrado las tem\u00e1ticas propuestas en este escenario, no se torna arbitrario. <\/p>\n
En efecto, el juzgado accionado, al emitir la decisi\u00f3n antes individualizada se manifest\u00f3 frente a la inconformidad del actor sustentada en que no ten\u00eda una relaci\u00f3n de pareja con la solicitante de la medida de protecci\u00f3n, frente a lo cual, con fundamento en una decisi\u00f3n de esta Sala de la Corte Suprema de Justicia, consider\u00f3 que \u00absi pueden existir relaciones maritales o de pareja, sin cohabitaci\u00f3n, sin relaciones sexuales y sin que sea notoria o p\u00fablica\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 a continuaci\u00f3n que, \u00abpara el recurrente, si las partes no tuvieron una relaci\u00f3n p\u00fablica o notoria, mal pudo haber concluido el ad quo, que esa relaci\u00f3n que ten\u00edan, fuese marital o de pareja, porque siendo insuficiente el acervo probatorio recaudado, no pod\u00eda llegarse categ\u00f3ricamente a esa conclusi\u00f3n. De este, solo podr\u00eda concluirse, que (i) la denunciante solo ten\u00eda en relaci\u00f3n con el denunciado, la calidad de arrendataria o inquilina, y que (ii) entre ellos, apenas existi\u00f3 una etapa de cortejo o de noviazgo, que no alcanz\u00f3 a mutar en una relaci\u00f3n de pareja o marital, como se ten\u00eda pensado o hab\u00eda inter\u00e9s entre ellos, por los comportamientos hostiles de ella, que permitieron que esa relaci\u00f3n de noviazgo finiquitara. El ad quo para llegar a esa conclusi\u00f3n, valor\u00f3 individualmente y en su conjunto todas las pruebas, por lo que su decisi\u00f3n no es ama\u00f1ada o que en relaci\u00f3n con ello incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho, otra cosa es que el recurrente no la comparta. Para resolver el primer problema jur\u00eddico, t\u00e9nganse en cuenta <\/p>\n
En seguida analiz\u00f3 las pruebas recaudadas durante la actuaci\u00f3n, con \u00e9nfasis en las testimoniales, de los cuales resalt\u00f3 que \u00abcomo puede observarse, se trata de testigos que directamente o de primera mano conocieron de los hechos materia de su versi\u00f3n, sin que de su contenido individual o colectivo se advierta contradicciones que puedan afectar su credibilidad, ni existen otras pruebas que infirmen su veracidad. De ah\u00ed, que merecen credibilidad\u00bb. <\/p>\n
El estudio de los medios de convicci\u00f3n le permiti\u00f3 al juzgado colegir que \u00abentre las partes para el d\u00eda en que ocurrieron los hechos investigados y sancionados, ten\u00edan una relaci\u00f3n marital o de pareja. En efecto: admiti\u00f3 el denunciado, que intentaron formalizar una relaci\u00f3n marital o de pareja, sin que se hubiese materializado, por el comportamiento hostil de la denunciante, raz\u00f3n por la cual esa relaci\u00f3n solo fue de noviazgo. Pues bien, si se valoran en su conjunto y a la luz de la sana critica, esos descargos y declaraciones, se concluye sin mayores esfuerzos, que no es que entre ellos hubiese existido un intento o inter\u00e9s por formalizar una relaci\u00f3n de pareja, sino que efectivamente se materializ\u00f3, solo que fue conflictiva y finiquit\u00f3, con ocasi\u00f3n de los hechos que dieron lugar a este tr\u00e1mite. Esos paseos para compartir sus alegr\u00edas y conocer la familia de la denunciante; acompa\u00f1arla sistem\u00e1ticamente a su sitio de trabajo y despedirse con un beso; lo celosos y posesivos que ambos eran; sus sistem\u00e1ticas controversias u hostilidades; sus relaciones sexuales en diferentes lugares, son hechos indicadores, que entre ellos existi\u00f3 una relaci\u00f3n de pareja, no de noviazgo, porque dif\u00edcilmente entre novios se presentan todas esas vicisitudes, propias de quienes mantienen una relaci\u00f3n de pareja. De ah\u00ed, que contrario a lo manifestado por el denunciado, esa relaci\u00f3n de pareja no es que se hubiese intentado y fracasado por culpa de \u00e9sta, sino que efectivamente existi\u00f3, otra cosa es, que hubiese finiquitado, independientemente quien fue el culpable de su ruptura, porque aqu\u00ed solo debe determinarse, si para el momento en que ocurrieron los hechos investigados y sancionados, ten\u00edan la calidad de pareja, resultando intranscendente determinar, por cu\u00e1nto tiempo se extendi\u00f3, ni quien gener\u00f3 su ruptura, porque esa precisi\u00f3n es ajena a esta alzada. <\/p>\n
Si bien esta no fue tan notoria o p\u00fablica, ni existe prueba, porque las partes convinieron no compartir techo y lecho de manera permanente, esas circunstancias por ser accidentales a la relaci\u00f3n marital o de pareja, no la desdibuj\u00f3 o impidi\u00f3 su materializaci\u00f3n. Si bien, suficientemente se encuentra acreditado, que la denunciante es arrendataria o inquilina del denunciado, esa relaci\u00f3n contractual de ninguna manera tergiversa o desnaturaliza esa relaci\u00f3n de pareja, pues nada se opone, que entre c\u00f3nyuges o parejas, puedan celebrarse contratos de esta u otra naturaleza. Entre ellos, por mandato legal pueden celebrarse entre otros, el contrato de compraventa. <\/p>\n
En este orden de ideas, el primer problema jur\u00eddico considerado, se resuelve entonces, dando por sentado, que entre las partes para el momento en que ocurrieron los hechos investigados y sancionados ten\u00edan la calidad de pareja, sin que sea del resorte de este debate, entrar a determinar, cu\u00e1ndo se inici\u00f3 y qui\u00e9n fue el culpable de su ruptura\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, el estrado convocado razon\u00f3 que \u00abel ad quo no se extralimit\u00f3, cuando orden\u00f3 que el denunciado deb\u00eda pagar a la denunciante los gastos que asumi\u00f3 para pagar los servicios profesionales de su abogado de confianza\u00bb, conclusi\u00f3n que respald\u00f3 en que <\/p>\n
Con todo precis\u00f3 que, \u00abesa decisi\u00f3n tiene su fundamento legal en el art\u00edculo 17 de la ley 1257 de 2008. 2. La decisi\u00f3n recurrida se toma independientemente si la v\u00edctima es pobre, o que hubiese fracasado en la designaci\u00f3n de un abogado por parte de la defensor\u00eda del pueblo, o que efectivamente se endeud\u00f3 para pagar esos servicios profesionales, porque ese reconocimiento, tiene una funci\u00f3n reparativa para las v\u00edctimas, que de una u otra forma hubiesen entrado en gastos, con ocasi\u00f3n de los hechos investigados y sancionados, independientemente de su pobreza, o haber intentado y fracasado, que el estado asumiera su defensa, o que tuvo que endeudarse para pagar esos servicios profesionales. Esa funci\u00f3n reparadora, corta de tajo, entrar a valorar las vicisitudes enrostradas\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, la Sala concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, con independencia de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que el reclamo del peticionario no halla recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, para arribar a su decisi\u00f3n, el Juzgado Cuarto de Familia de Pereira consider\u00f3 que lo definido en primera instancia por la Comisar\u00eda de Familia Zona Centro de la misma ciudad ameritaba ser confirmado, porque, de un lado, el an\u00e1lisis de las pruebas del proceso, sobre todo las testimoniales, permit\u00eda inferir que, al momento de ocurrencia de los hechos de violencia, entre los extremos de la medida de protecci\u00f3n exist\u00eda una relaci\u00f3n de pareja, y de otro, que el art\u00edculo 17 de la Ley 1257 de 2008 viabilizaba imponer al aqu\u00ed accionante la condena al pago de los honorarios profesionales de abogado en que incurri\u00f3 la v\u00edctima con ocasi\u00f3n de los hechos de violencia. <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
6. De otro lado, analizado el expediente de la medida de protecci\u00f3n, no se observa que al apelar lo definido en primera instancia por la Comisar\u00eda accionada, el gestor haya expuesto las inconformidades que trae a este escenario, atinentes a que supuestamente no se le corri\u00f3 traslado de todas las denuncias presentadas por la promotora de la medida o que no se propici\u00f3 la conciliaci\u00f3n entre los extremos, y del mismo modo, en el curso de la segunda instancia no ha expuesto ante el juzgado convocado la irregularidad consistente en supuestamente haberse resuelto la apelaci\u00f3n, sin cumplirse el t\u00e9rmino de ejecutoria del auto admisorio de la alzada, lo que deja en evidencia que el actor, abandon\u00f3 la oportunidad que tuvo para que aquellos temas fueran abordados por el fallador natural, pese a haber tenido oportunidad para ello, y a\u00fan puede exponer el \u00faltimo dentro del proceso. <\/p>\n
De ese modo esos reclamos se tornan improcedentes, toda vez que el descuido en el empleo de los mecanismos de protecci\u00f3n que existen hacia el interior de las actuaciones judiciales impide al juez de tutela interferir los tr\u00e1mites respectivos, pues la justicia constitucional no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que cuando no se utilizan los mecanismos de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, las partes quedan vinculadas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria. <\/p>\n
Entonces, si el gestor del amparo \u00abdesperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales\u00bb: <\/p>\n
\u2026es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante este instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, -pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil-, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u2026 (CSJ STC, 6 jul. 2010, rad. 00241-01; reiterado en STC, 5 abr. 2011, rad. 00015-01; STC, 6 oct. 2016; rad. 2016-00208-01; y STC15463, 28 oct. 2016, rad. 2016-00865-01). <\/p>\n
Del mismo modo, al existir otro medio judicial para alegar las inconformidades planteadas en sede constitucional, el amparo se torna improcedente, pues de otra manera se desnaturalizar\u00eda esta especial\u00edsima acci\u00f3n, convirti\u00e9ndola en un instrumento paralelo al mecanismo regular de protecci\u00f3n, reiterando que la tutela no se erige como sustituta de las herramientas o procedimientos ordinarios creados por el legislador para debatir t\u00f3picos espec\u00edficos, cuando quiera que las partes interesadas en obtener una determinada decisi\u00f3n, teni\u00e9ndolos a su alcance, no los agotan, pues debido a su finalidad ius fundamental \u00abno est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales en que haya podido incurrir el promotor de la acci\u00f3n, ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 2008-00065-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 4 jun. 2013, rad. 2013-00585-01; CSJ STC, 21 ago. 2013, rad. 2013-01258-01; y CSJ STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-01329-01). <\/p>\n
7. Lo consignado impone respaldar la decisi\u00f3n de primer grado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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