STC9611-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9611-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-02556-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia proferida el 25 de enero de 2022 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que neg\u00f3 la acci\u00f3n constitucional promovida por Faride Prieto Guti\u00e9rrez contra la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular al Juzgado 13 Laboral del Circuito de la misma ciudad, a la Administradora Colombiana de Pensiones y a las dem\u00e1s partes e intervinientes del proceso ordinario laboral de radicado 20160010201. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. La se\u00f1ora Faride Prieto Guti\u00e9rrez formul\u00f3 demanda ordinaria laboral contra Colpensiones, con el fin de que se le reconociera y pagara la pensi\u00f3n de sobrevivientes, por la muerte de quien fue su esposo, Carlos Arturo Boh\u00f3rquez Soto, ocurrida el 16 de julio de 2009. <\/p>\n
2.2. El 14 de julio de 2016, el Juzgado 13 Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 accedi\u00f3 a sus pretensiones y conden\u00f3 a la entidad demandada al pago de la pensi\u00f3n reclamada, a partir del 17 de julio de 2009, en cuant\u00eda mensual de $496.900. Asimismo, orden\u00f3 cancelar los intereses moratorios previstos en el art\u00edculo 141 de la Ley 100 de 1993 desde el 8 de marzo de 2011. <\/p>\n
2.3. El 4 de octubre de 2016, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la providencia del a quo y absolvi\u00f3 a la accionada de las condenas impuestas, al estimar que \u00abal momento del fallecimiento el causante no cotiz\u00f3 las 50 semanas en los \u00faltimos 3 a\u00f1os inmediatamente anteriores, pues en ese lapso de tiempo sufrag\u00f3 45.14 semanas; adem\u00e1s [\u2026], entre julio de 2001 y enero de 2005 no se realiz\u00f3 ning\u00fan tipo de cotizaciones, tiempo en el cu\u00e1l oper\u00f3 el cambio legislativo de la Ley 797 de 2003 por lo que no habr\u00eda cotizado las 26 semanas para que se respetara una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 26 de mayo de 2021, la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral resolvi\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n y no cas\u00f3 el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
2.5. En criterio de la promotora, las autoridades judiciales convocadas desconocieron el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, establecido por la Corte Constitucional en la sentencia SU-005-2018, y el de favorabilidad, toda vez que, en su caso, no se dio aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el Acuerdo 049 de 1990. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que tampoco fue tenido en cuenta que cumpl\u00eda con las condiciones del test de procedencia, dado que depend\u00eda econ\u00f3micamente de su esposo, no ten\u00eda ingresos propios, padec\u00eda varios quebrantos de salud y su c\u00f3nyuge dej\u00f3 de cotizar porque le fue dictaminada una incapacidad laboral del 62,90% en 2009. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, inst\u00f3 que se dejen sin efectos las sentencias CSJ SL1986-2021 de la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y la emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 4 de octubre de 2016 y, en su lugar, que se ratifique la dictada por el Juzgado 13 Laboral del Circuito de la misma ciudad, ordenando a Colpensiones reconocer y pagar la pensi\u00f3n reclamada. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Sala de Descongesti\u00f3n convocada pidi\u00f3 negar la tutela, pues no se vulner\u00f3 derecho alguno a la actora, dado que el recurso extraordinario de casaci\u00f3n fue resuelto en el \u00abmarco de su competencia y ajustada en todo al debido proceso; posici\u00f3n que se acompasa con la jurisprudencia pac\u00edfica y uniforme de esta Corte\u00bb. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del ISS en Liquidaci\u00f3n indic\u00f3 que no intervino en el proceso laboral cuestionado, raz\u00f3n por la cual pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite. <\/p>\n
3. Colpensiones solicit\u00f3 que se declare la improcedencia de la tutela, pues no se materializ\u00f3 vicio o defecto alguno ni vulneraci\u00f3n de derechos fundamentales. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, al considerar que \u00ablos razonamientos planteados en los fallos controvertidos son ajustados a derecho, porque tienen soporte en las disposiciones legales pertinentes y la jurisprudencia aplicable\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La parte actora impugn\u00f3 y reiter\u00f3 lo dicho en su escrito inicial, destacando que no fue tenido en cuenta el precedente constitucional sobre el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, aunado a que, en su sentir, no existi\u00f3 pronunciamiento sobre los derechos fundamentales vulnerados. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la actora pretende que se dejen sin efectos las sentencias SL1986-2021 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n 3 de Casaci\u00f3n Laboral y la emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y, en consecuencia, que se ordene a Colpensiones reconocer y pagar la pensi\u00f3n de sobrevivientes reclamada. <\/p>\n
2. En primer lugar, resulta indispensable puntualizar que la acci\u00f3n de tutela es improcedente para reabrir los asuntos ya decididos en los respectivos procesos judiciales, pues, de interpretarse en ese sentido las reglas que regulan este mecanismo, no solo se desconocer\u00eda la instituci\u00f3n de la cosa juzgada, sino que se quebrantar\u00edan los principios de la autonom\u00eda e independencia de los jueces y, por tanto, solo excepcionalmente se puede acudir a la protecci\u00f3n ius fundamental en el evento en que el juzgador adopte una determinaci\u00f3n o adelante un tr\u00e1mite en forma totalmente alejada de lo atendible, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del ciudadano. <\/p>\n
En ese orden, precis\u00f3 que el problema jur\u00eddico se centraba en establecer si era viable acceder a la pensi\u00f3n de sobrevivientes, dando aplicaci\u00f3n al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa y, al respecto, destac\u00f3 que la normatividad aplicable para otorgar dicha prestaci\u00f3n era la que se encontrara vigente en el momento de la ocurrencia de la muerte, que para el caso objeto de estudio era la Ley 797 de 2003, frente a la cual no se cumplieron los requisitos exigidos, esto es haber acreditado \u00abm\u00ednimo 50 semanas de cotizaci\u00f3n, pues durante dicho per\u00edodo alcanz\u00f3 un total de 45.14\u00bb, circunstancia que, como lo indic\u00f3 el ad quem, hac\u00eda inviable el reconocimiento pretendido. <\/p>\n
Referente al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, hizo menci\u00f3n de las sentencias CSJ SL4276-2020, CSJ SL565-2021, CSJ SL855-2021 y CSJ SL1074-2021, para se\u00f1alar que el precepto aplicable, en tal evento, corresponde a \u00abla norma inmediatamente anterior a la vigente al momento de la muerte, en raz\u00f3n a que no le es permitido al fallador hacer un ejercicio hist\u00f3rico a fin de encontrar en algunas de las legislaciones precedentes la que se ajuste a las condiciones del afiliado fallecido\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, se remiti\u00f3 a lo establecido en la sentencia CSJ SL4650-2017, reiterada en la CSJ SL1673-2020, en la cual la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente defini\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026Solo es posible que la Ley 797 de 2003 difiera sus efectos jur\u00eddicos hasta el 29 de enero de 2006, exclusivamente para las personas con una expectativa leg\u00edtima. Con estribo en ello se garantiza y protege, de forma interina pero suficiente, la cobertura al sistema general de seguridad social frente a la contingencia de la muerte, bajo la \u00e9gida de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa. Despu\u00e9s de all\u00ed no ser\u00eda viable su aplicaci\u00f3n, pues este principio no puede convertirse en un obst\u00e1culo de cambio normativo y de adecuaci\u00f3n de los preceptos a una realidad social y econ\u00f3mica diferente, toda vez que es de la esencia del sistema el ser din\u00e1mico, jam\u00e1s est\u00e1tico. Expresado en otro giro, durante dicho periodo (29 de enero de 2003 \u2013 29 de enero de 2006), el art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993 contin\u00faa produciendo sus efectos con venero en el principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa para las personas con expectativa leg\u00edtima, ulterior a ese d\u00eda opera, en estrictez, el relevo normativo y cesan los efectos de este postulado constitucional. <\/p>\n
No puede la Corte pasar por alto que esta franja de tres a\u00f1os, a m\u00e1s de tornarse razonable y proporcional favorece, a quienes ten\u00edan dicha situaci\u00f3n concreta al momento del tr\u00e1nsito legislativo\u2026\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, estim\u00f3 que como el afiliado falleci\u00f3 el 16 de julio de 2009, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006, no era viable la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, en el tr\u00e1nsito legislativo entre la Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. <\/p>\n
Igualmente, enfatiz\u00f3 que, analizado el asunto de conformidad con lo dispuesto en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 12 de la Ley 797 de 2003, en consonancia con el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el art\u00edculo 1 del Decreto 758 del mismo a\u00f1o, dada la condici\u00f3n de beneficiario del r\u00e9gimen de transici\u00f3n del se\u00f1or Boh\u00f3rquez Soto, lo cierto era que \u00abno alcanz\u00f3 la densidad m\u00ednima de 500 semanas pagadas en los 20 a\u00f1os anteriores al cumplimiento de los 60 a\u00f1os \u2013 entre el 25 de diciembre de 1988 y el 25 de diciembre de 2008 pues solo acredit\u00f3 253,15\u2013 y tampoco dentro de los 20 a\u00f1os anteriores a su fallecimiento – entre el 16 de julio de 1989 y la fecha de su muerte \u2013 solo acredit\u00f3 263.45 semanas-; mucho menos 1000 semanas cotizadas en cualquier tiempo, pues durante toda su vida laboral tan s\u00f3lo cotiz\u00f3 un total de 830.87 semanas\u00bb y, con base en esas premisas, concluy\u00f3 que \u00abno se acredit\u00f3 el yerro jur\u00eddico endilgado por la censura\u00bb, por lo que el cargo no prosperaba. <\/p>\n
4. De lo expuesto, se vislumbra que la decisi\u00f3n censurada, independientemente de que la postura sea o no compartida, se motiv\u00f3 razonadamente, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no amerita la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En efecto, la Sala accionada desech\u00f3 la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa en el sub lite, en los t\u00e9rminos pretendidos, por cuanto en el juicio se demostr\u00f3 que el causante falleci\u00f3 el 16 de julio de 2009, es decir, con posterioridad al 29 de enero de 2006 y, estudiado el asunto bajo la normativa invocada, concluy\u00f3 que no cumpl\u00edan los presupuestos requeridos para acceder a la pensi\u00f3n pretendida, aplicando el criterio definido en forma reiterada por la Sala de Casaci\u00f3n Laboral Permanente, en su condici\u00f3n de \u00f3rgano de cierre de la jurisdicci\u00f3n ordinaria laboral. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por la gestora, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para negar las pretensiones de la ac\u00e1 tutelante. Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC13815-2021). <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
5. De otra parte, en cuanto a lo manifestado por la actora, respecto a la dif\u00edcil situaci\u00f3n econ\u00f3mica que afronta, su edad y los problemas de salud, ha de se\u00f1alarse que esas aseveraciones no resultan suficientes para otorgar la salvaguarda en la forma pretendida, toda vez que, acorde con la jurisprudencia de la Sala, \u00ablas condiciones personales y econ\u00f3micas invocadas por la gestora como fundamento del amparo, no pueden sobreponerse a lo decidido (\u2026) escenario donde cont\u00f3 con plenas garant\u00edas para la defensa de sus derechos e intereses jur\u00eddicos\u00bb (CSJ. 19 may. de 2011, exp. 00412, reiterada en STC9124-2014, 14 jul.); adem\u00e1s, que ese tipo de alegaciones no tornan per se ilegal la decisi\u00f3n judicial recriminada (CSJ STC247-2022, 20 enero de 2022, exp. 2021-00306-01)2. <\/p>\n
6. Corolario de lo discurrido y dado que la procedencia de la acci\u00f3n de tutela depende de la existencia de decisiones alejadas de manera absoluta del ordenamiento y carentes de fundamento objetivo, circunstancias que no se evidencian en el caso puntual que se analiza, se impone mantener el fallo refutado, advirtiendo que para la Sala es procedente el respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre3. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZMAN \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Ha sostenido la jurisprudencia que cuando las sentencias de instancia han sido objeto de recursos \u00abla valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2\u0002 STC803-2022, STC805-2022. <\/p>\n
3\u0002 En t\u00e9rminos similares, ver tambi\u00e9n STC13815-2021, STC13983-2021, STC14389-2021. <\/p>\n
<\/p>\n
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