STC9612-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9612-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-02-03-000-2022-02328-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Ernesto G\u00f3mez Blanco contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el ejecutivo n.\u00ba 2019-00019. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, el actor reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con los autos \u2013de primera y segunda instancia\u2013 de 14 de febrero y 28 de abril de 2022, mediante los cuales los juzgadores encartados negaron la terminaci\u00f3n del ejecutivo que se inici\u00f3 en su contra por desistimiento t\u00e1cito, pese a que la causa se encontraba paralizada desde el 4 de julio de 2019. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 que se dejen sin efecto dichos prove\u00eddos y que, en su lugar, se disponga la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
A la fecha de discusi\u00f3n del asunto, no se hab\u00edan allegado intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad convocada vulner\u00f3 la garant\u00eda invocada en el escrito introductor, al confirmar la negaci\u00f3n de la terminaci\u00f3n del ejecutivo que se promovi\u00f3 contra el aqu\u00ed accionante, por desistimiento t\u00e1cito. <\/p>\n
Lo anterior, en la medida en que, si bien el reclamo involucra las providencias tanto de primera, como de instancia, fue la dictada por el ad quem la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal confirm\u00f3 la negaci\u00f3n de terminaci\u00f3n del ejecutivo que se inici\u00f3 contra el libelista, tras colegir que no se configuraron los presupuestos del literal b) del numeral 2 del art\u00edculo 317 del C\u00f3digo General del Proceso, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En primer lugar, el colegiado precis\u00f3 que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte1, la mentada figura \u00abbusca solucionar la par\u00e1lisis de los procesos para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, por lo que \u00abla \u201cactuaci\u00f3n\u201d que conforme al liberal c) de dicho precepto \u201cinterrumpe\u201d los t\u00e9rminos para que se \u201cdecrete su terminaci\u00f3n anticipada\u201d, es aquella que lo conduzca a \u201cdefinir la controversia\u201d o a poner en marcha los \u201cprocedimientos\u201d necesarios para la satisfacci\u00f3n de las prerrogativas que a trav\u00e9s de ella se pretenden hacer valer\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abAqu\u00ed la parte la parte actora -la llamada por excelencia a continuar y buscar el agotamiento del proceso ejecutivo de marras, cual lo resalt\u00f3 el juzgado de primera instancia, s[\u00ed] adelant\u00f3 actuaciones tendientes a materializar las medidas cautelares antes de que se cumpliera el t\u00e9rmino bienal al que se ha hecho referencia (contado a partir de la notificaci\u00f3n por estado del auto del 3 de julio de 2019). En efecto, la ejecutante, mediante memorial radicado el 17 de febrero de 2020 (fl. 12, c. 2) solicit\u00f3 la actualizaci\u00f3n de \u201clos oficios de las medidas decretadas por el juzgado de origen\u201d y, lo que es m\u00e1s importante, radic\u00f3 dichas comunicaciones en las entidades remisoras el 10 de marzo de 2020, actuaciones suficientes para tener por interrumpido el t\u00e9rmino del que se ha venido hablando, el cual no se hab\u00eda cumplido para el d\u00eda 19 de enero de 2022, fecha en que la parte opositora radic\u00f3 la solicitud de terminaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda, porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del fallador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC11191-2020, 9 dic., rad. 2020-01444-01. <\/p>\n
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