STC9615-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9615-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02366-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Amparo del Socorro Aristizabal Montoya, contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclama por intermedio de apoderada judicial, la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y al m\u00ednimo vital, que dice vulneradas por la sede judicial accionada. <\/p>\n
Pidi\u00f3, entonces, se ordene a la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn \u00abrevocar el auto 58 del 24 de junio de 2022, y en su lugar, fije seg\u00fan los par\u00e1metros constitucionales y legales los honorarios causados por la prestaci\u00f3n del servicio profesional de la se\u00f1ora Martha Elena Montoya Osorio\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Indic\u00f3 la actora que el 11 de agosto de 2016 celebr\u00f3 un contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado con Martha Elena Montoya Osorio, donde se pactaron como honorarios por representarla en un proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial y otro de simulaci\u00f3n, \u00abel equivalente al 12% del valor patrimonial obtenido y un pago de cinco millones de pesos ($5\u00b4000.000), al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital. Dicho porcentaje se reconocer\u00e1 bien que se consiga la recuperaci\u00f3n patrimonial de manera procesal o de manera extraprocesal\u00bb. <\/p>\n
2.2. Narra que en ejecuci\u00f3n del contrato, la profesional del derecho inici\u00f3 en su representaci\u00f3n proceso verbal de simulaci\u00f3n contra contra Diana Marcela Salazar Hincapi\u00e9, identificado con el radicado No. 05001-31-03-015-2017-00213-00, dentro del cual el 1\u00ba de abril de 2019 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Medell\u00edn dict\u00f3 sentencia, decisi\u00f3n que apelaron ambos extremos, pero posteriormente acordaron desistir del recurso, para lo cual ella envi\u00f3 a su apoderada escrito pidiendo que coadyuvara dicha solicitud. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1ala que su mandataria le pidi\u00f3 el pago de sus honorarios \u00aba pesar de que no se hab\u00edan cumplido ninguna de las condiciones contractuales de pago y forma de pago\u00bb, ya que no se hab\u00edan terminado todos los procesos judiciales mencionados en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, ni en raz\u00f3n de esos decursos hab\u00eda ingresado alg\u00fan valor al patrimonio de la poderdante. <\/p>\n
2.4. Sostiene que su apoderada inici\u00f3 el mencionado tr\u00e1mite accesorio para reclamar sus honorarios, los cuales fueron fijados el 5 de noviembre de 2021 por el Juzgado Quince Civil del Circuito de Medell\u00edn en diez (10) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, decisi\u00f3n que apel\u00f3 la abogada y fue revocada el 24 de junio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior de Medell\u00edn, para establecer la contraprestaci\u00f3n en $105\u00b4095.200,oo, bajo el argumento que el proceso hab\u00eda terminado con sentencia de primera instancia donde se accedi\u00f3 a los pedimentos, tras una actuaci\u00f3n diligente de la abogada. <\/p>\n
2.5. La gestora asegura en s\u00edntesis que el mencionado fallo no se encontraba en firme, porque lo apelaron ambas partes, adem\u00e1s de que el inmueble objeto del mismo no entr\u00f3 a su patrimonio, y a\u00fan de haberse dado una sentencia favorable, tampoco habr\u00eda ingresado, ya que antes deb\u00eda someterse al proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad patrimonial con Jaime Salazar Hincapi\u00e9, que est\u00e1 en tr\u00e1mite en el Juzgado D\u00e9cimo de Familia de Medell\u00edn. <\/p>\n
2.6. Asevera que, en el contrato no se pact\u00f3 que honorarios se pagar\u00edan en el evento de \u00abterminaci\u00f3n at\u00edpica\u00bb del proceso, como lo fue el desistimiento de la alzada contra lo fallado en primera instancia, pero si se convino el pago por \u00abcuota litis del 12% del valor patrimonial obtenido\u00bb, modalidad de pago que \u00abdepende de un resultado patrimonial exitoso (\u2026) es decir, es un pago que tiene lugar \u00fanicamente si se da un resultado econ\u00f3mico en el proceso\u00bb. <\/p>\n
2.7. Afirma que no se sopes\u00f3 su poca capacidad econ\u00f3mica, evidenciada en que dentro del proceso cuestionado se le concedi\u00f3 el amparo de pobreza, adem\u00e1s de que los hechos de la demanda evidencian que nunca ha laborado y depend\u00eda econ\u00f3micamente de su compa\u00f1ero permanente Jaime Salazar Hincapi\u00e9. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. Martha Elena Montoya Osorio pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, porque lo pretendido por la actora es reabrir un debate ya precluido dentro del proceso cuestionado, el cual se surti\u00f3 con todas las garant\u00edas procesales. <\/p>\n
3. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo instituido para la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, cuando sean conculcados o seriamente amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n ileg\u00edtima de una autoridad o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, siempre y cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. <\/p>\n
De la misma forma, se ha se\u00f1alado que, en l\u00ednea de principio, esta acci\u00f3n no procede respecto de providencias judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre camino el amparo para restablecer los derechos fundamentales conculcados, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa judicial, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual de la tutela y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Bajo ese horizonte, concluye la Sala que el amparo est\u00e1 llamado al fracaso, por cuanto las quejas de la accionante fueron abordadas en auto de 24 de junio de 2022 de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn, que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de 5 de noviembre de 2021 del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, con argumentos que no lucen arbitrarios. <\/p>\n
3. Se observa que, en la decisi\u00f3n de segundo grado antes individualizada, la Colegiatura accionada hizo un recuento del objeto de la alzada, cit\u00f3 las normas procesales y un pronunciamiento de esta Sala que consider\u00f3 aplicables al caso concreto, y a continuaci\u00f3n observ\u00f3 que, \u00abcon la solicitud de regulaci\u00f3n de honorarios se aport\u00f3 \u201cCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON ABOGADO\u201d suscrito por la se\u00f1ora Amparo Aristiz\u00e1bal Montoya con la Dra. Martha Elena Montoya Osorio, y en donde concretamente se pact\u00f3 que la representar\u00eda en \u201cVerbal de simulaci\u00f3n por aparente compraventa de la casa de su propiedad, situada en el barrio el POBLADO de Medell\u00edn en la calle 12 No 31 185 contra la hija DIANA MARCELA SALAZAR ARISTIZABAL que se adelantar\u00e1 ante los se\u00f1ores jueces civiles del circuito de Medell\u00edn\u201d y en donde fij\u00f3 por honorarios de manera global: \u201cLas partes acuerdan como honorarios profesionales por la atenci\u00f3n de los tr\u00e1mites descritos el equivalente al 12% DEL VALOR PATRIMONIAL OBTENIDO y un pago de CINCO MILLONES DE PESOS ($ 5.000.000) al momento de la presentaci\u00f3n de la demanda de declaraci\u00f3n de uni\u00f3n marital. Dicho porcentaje se reconocer\u00e1 bien que se consiga la recuperaci\u00f3n patrimonial de manera procesal o extraprocesal\u00bb <\/p>\n
De ese texto extrajo que \u00ablas partes pactaron un porcentaje del 12% del valor del patrimonio obtenido, quedando claro que la suma de $5.000.000.oo solo se cancelar\u00eda una vez se presentar\u00e1 la demanda de uni\u00f3n marital de hecho\u00bb y en seguida memor\u00f3 que \u00abcon la demanda de simulaci\u00f3n presentada, en armon\u00eda con lo pactado en el contrato de prestaci\u00f3n de servicios ya indicado, el aval\u00fao comercial del bien objeto de las pretensiones de la demanda, ascendi\u00f3 para el a\u00f1o 2011 a la suma de $842.460.000.oo y del cual la se\u00f1ora Amparo Aristiz\u00e1bal Montoya era titular del derecho de dominio del 100%. Dicho proceso termin\u00f3 con sentencia de primera instancia en donde se accedi\u00f3 a las pretensiones de la demanda. Claro es que la apoderada de la se\u00f1ora Aristiz\u00e1bal act\u00fao con diligencia respecto del mandato conferido, culminado el proceso con una sentencia favorable a los intereses de su poderdante\u00bb <\/p>\n
En seguida, la Colegiatura consider\u00f3 que, \u00abel art\u00edculo citado [76 del C\u00f3digo General del Proceso] establece que, para la regulaci\u00f3n de los honorarios, no solo se tendr\u00e1 en cuenta el contrato, sino los criterios se\u00f1alados en el C\u00f3digo General del Proceso para la fijaci\u00f3n de las agencias en derecho. En este sentido el numeral 4\u00ba del art\u00edculo 366 establece: \u201cPara la fijaci\u00f3n de agencias en derecho deber\u00e1n aplicarse las tarifas que establezca el Consejo Superior de la Judicatura. Si aqu\u00e9llas establecen solamente un m\u00ednimo, o \u00e9ste y un m\u00e1ximo, el juez tendr\u00e1 en cuenta, adem\u00e1s, la naturaleza, calidad y duraci\u00f3n de la gesti\u00f3n realizada por el apoderado o la parte que litig\u00f3 personalmente, la cuant\u00eda del proceso y otras circunstancias especiales, sin que se pueda exceder el m\u00e1ximo de dichas tarifas.\u201d\u00bb <\/p>\n
Tambi\u00e9n anot\u00f3 que \u00abpara la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda, se encontraba vigente el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, en donde concretamente para este tipo de asuntos estableci\u00f3 que para los procesos declarativos en primera instancia de mayor cuant\u00eda entre el 3% y el 7.5% de lo pedido. Es de resaltar que en este asunto no se surti\u00f3 la segunda instancia, pues se desisti\u00f3 del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Con fundamento en estas premisas el Colegiado convocado infiri\u00f3 que \u00abcon todo, se tiene que efectivamente los honorarios fijados por el Juez de primera instancia no se compadecen con lo que las partes del contrato de mandato, en ejercicio de la autonom\u00eda contractual, pactaron ni con la norma vigente, pues incluso \u00e9sta autoriza al juez para fijar hasta el 7.5% de las pretensiones. De manera que, de acuerdo con el contrato aportado la fijaci\u00f3n de los honorarios profesionales de la Dra. Montoya Osorio qued\u00f3 convenido en el 12% del valor de los bienes recuperados, pero no se discrimin\u00f3 por procesos, toda vez que ah\u00ed se indic\u00f3 adem\u00e1s que se presentar\u00eda un proceso de uni\u00f3n marital de hecho. De otro lado, dentro de este tr\u00e1mite no aport\u00f3 un nuevo aval\u00fao de los bienes ac\u00e1 involucrados, por lo que el punto de partida para la decisi\u00f3n ser\u00e1 el arrimado con la demanda inicial y en donde se estableci\u00f3 que el valor comercial del bien para el a\u00f1o 2011 era $842.460.000.oo. <\/p>\n
Ahora bien, es cierto que la norma es clara en precisar que no solo el juez debe acudir al contrato, sino a las normas que rigen la fijaci\u00f3n de agencias en derecho, sin embargo, di\u00e1fano resulta que el contrato es ley para las partes y fue cumplido en su integridad por mandataria. En este sentido advierte esta Corporaci\u00f3n que se pact\u00f3 un porcentaje del 12%, estipulaci\u00f3n que debe ser honrada, pues a voces de la Corte Suprema de Justicia, si bien no es el \u00fanico medio para determinar los honorarios, el contrato acreditado se torna en el l\u00edmite m\u00e1ximo de su tasaci\u00f3n. As\u00ed se pronunci\u00f3: \u201ccuando el valor de los honorarios se pacta en una proporci\u00f3n sobre las expectativas de triunfo el asunto queda en la \u2018indeterminaci\u00f3n\u2019, el resultado de la gesti\u00f3n es contingente e incierta, sujeta al \u00e9xito de la causa determinada al momento de la completa definici\u00f3n secundum legis del proceso, tr\u00e1mite, asunto o recurso, por lo cual, en tales circunstancias, (\u2026) no implica la perentoria aplicaci\u00f3n del contrato de prestaci\u00f3n de servicios que el poderdante celebr\u00f3 con el abogado, pues al respecto la norma aludida s\u00f3lo dispone que \u2018el monto de la regulaci\u00f3n no podr\u00e1 exceder del valor de los honorarios pactados\u2019 de donde se sigue que eventualmente tal contrato s\u00f3lo determinar\u00eda el m\u00e1ximo tope que puede fijarse a los emolumentos del profesional incidentante, por una labor llevada hasta su culminaci\u00f3n\u2019 (Auto de 18 de mayo de 2007, exp. 11001-02-03-000-2003-00024- 01)\u201d (Auto de 31 de mayo de 2010, exp. 04260)\u201d <\/p>\n
Lo expuesto le permiti\u00f3 al Tribunal concluir que \u00aben este caso se le aplicar\u00e1, de acuerdo a la labor realizada, la duraci\u00f3n del proceso, la claridad del contrato, los recursos interpuesto y la sentencia favorable a los intereses de la prohijada de la incidentista, el porcentaje del 12%, el cual calculado sobre el aval\u00fao ya indicado corresponde a la suma de $101.095.200.oo\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se concluye que la decisi\u00f3n controvertida no luce antojadiza, caprichosa o subjetiva, al margen de que se comparta, descart\u00e1ndose la presencia de una v\u00eda de hecho, de manera que la queja de la gestora no encuentra recibo en esta sede excepcional. <\/p>\n
Y es que, en rigor, lo que aqu\u00ed se plante\u00f3 es una diferencia de criterio acerca de la forma en la que el Tribunal determin\u00f3 los honorarios de quien fuera la apoderada judicial de la actora, valor obtenido a partir del an\u00e1lisis del contrato de prestaci\u00f3n de servicios profesionales de abogado, las normas procesales, los acuerdos y pronunciamientos de esta Sala aplicables al caso particular, lo que permiti\u00f3 a la Colegiatura establecer que, acorde con lo pactado y la calidad de la gesti\u00f3n desplegada por la mandataria judicial, dicha retribuci\u00f3n corresponder\u00eda al tope pactadi de 12% del valor de los bienes recuperados, que en este caso se calculaban sobre el aval\u00fao del inmueble cuya venta simulada se declar\u00f3 en la sentencia. <\/p>\n
4. Con fundamento en tal \u00f3ptica, se estima que las deducciones del despacho judicial acusado no pueden ser desaprobadas de plano o calificadas de absurdas o arbitrarias, \u00abm\u00e1xime si la que ha hecho no resulta contraria a la raz\u00f3n, es decir si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado en la demanda, ya que con ello desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico… y entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente al \u00faltimo para definir el conflicto de intereses\u00bb. (CSJ STC, 11 ene. 2005, rad. 1451, reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 2016-01050). <\/p>\n
Sobre el particular, tambi\u00e9n se ha dicho de forma reiterada que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb. (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 2012-0009-01; STC, 27 jun. 2012, rad. 2012-00088-01; y STC, 12 ago. 2013, rad. 2013-00125-01). <\/p>\n
Adem\u00e1s, la sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el auxilio, porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o correcta para dar lugar a la injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
5. Las consideraciones que anteceden resultan suficientes para negar la protecci\u00f3n pedida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
4 <\/p>\n
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