STC9616-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9616-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-21-000-2022-00008-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de julio dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, que neg\u00f3 el amparo reclamado por Edgar Silvestre Barrag\u00e1n Gonz\u00e1lez, contra el Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cundinamarca. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- Direcci\u00f3n Territorial Meta y a las partes e intervinientes en el proceso objeto de censura. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, mediante apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso e igualdad, presuntamente vulnerados en el juicio de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2021-00050-00. <\/p>\n
2. Del escrito de tutela y las pruebas allegadas se establece que frente al predio La Libertad, identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria 470-78794, ubicado en Nunch\u00eda, Casanare, se surti\u00f3 tr\u00e1mite administrativo con ID 1042421, iniciado por Luis Eduardo Ibica y Stela Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba ante la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras – Territorial Meta, que culmin\u00f3 con la inclusi\u00f3n de ese inmueble en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente -RTDAF-, mediante la Resoluci\u00f3n 01507 del 30 de julio de 2021. <\/p>\n
Posteriormente, la UAEGRTD -Territorial Bogot\u00e1- present\u00f3 demanda de restituci\u00f3n a favor de Luis Eduardo Ibica y Stela Gonz\u00e1lez C\u00f3rdoba, tramitada por el Juzgado accionado, que admiti\u00f3 la demanda el 8 de octubre de 2021 y dispuso, entre otros, vincular a Edgar Silvestre Barrag\u00e1n Gonz\u00e1lez, en consideraci\u00f3n a que, \u00abseg\u00fan la solicitud, al surtirse la comunicaci\u00f3n del inicio de estudio formal, por fuera del t\u00e9rmino establecido, esto es el 4 de octubre de 2019\u00bb, aqu\u00e9l manifest\u00f3 que \u00abla comunicaci\u00f3n que dejaron en su predio, alude a un predio denominado como \u2018LA LIBERTAD\u2019 con FMI No. 470-78794 y c\u00e9dula catastral n\u00famero 85225000100010659000; no obstante indic\u00f3 que su predio, se denomina \u2018EL BAJO DEL PATO\u2019, se identifica con FMI No. 470-70234, con c\u00e9dula catastral No. 8522500010000000104830000000000, correspondiendo a la sucesi\u00f3n BARRAG\u00c1N GONZ\u00c1LEZ, es decir, aparentemente se presenta un traslape con un predio de propiedad privada\u00bb. <\/p>\n
Frente a esa decisi\u00f3n el accionante interpuso recurso de reposici\u00f3n, con el fin de que rechazara la solicitud de restituci\u00f3n, el cual fue resuelto en auto del 28 de abril de 2022, que mantuvo inc\u00f3lume la providencia recurrida. <\/p>\n
3. Al respecto, el accionante censur\u00f3 que el auto admisorio contiene un defecto sustancial, dado que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad contemplados en los literales a y e del art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, porque el predio registrado en la actuaci\u00f3n administrativa y que se solicita en restituci\u00f3n difiere en \u00e1rea y ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica con el identificado en el FMI 470-78794, pues el asociado a ese folio es de 60 hect\u00e1reas y 9.942 mts, mientras que el predio inscrito en el registro de tierras despojadas es de 60 hect\u00e1reas y 3.300 mts; adem\u00e1s, que se puede observar, seg\u00fan el mapa y estudi\u00f3 catastral aportado, \u00abque la localizaci\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n (pol\u00edgono naranja) dista en 1,5 km del predio adjudicado por Incoder en el a\u00f1o 2006 y revocado en 2011(pol\u00edgono verde)\u00bb, prueba que no valor\u00f3 el Juzgado accionado y, por tanto, tambi\u00e9n incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que se configur\u00f3 un defecto org\u00e1nico, \u00abporque el juez de Restituci\u00f3n al admitir ilegalmente la demanda, se impone autom\u00e1tica y arbitrariamente la competencia de fallar el proceso de restituci\u00f3n sobre un predio que no fue inscrito en el registro de tierras despojadas\u00bb, lo cual afectaba su competencia, porque aquella solo se habilita frente a predios inscritos y, en este caso, el registro realizado era err\u00f3neo, pues el bien no correspond\u00eda f\u00edsicamente con el incluido en la Resoluci\u00f3n respectiva. <\/p>\n
De otro lado, sostuvo que el predio objeto de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n se traslapaba con otros inmuebles y que no se garantiz\u00f3 el debido proceso administrativo, pues se desconoc\u00eda si los interesados fueron vinculados a dicha fase. <\/p>\n
4. Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, que se dejen sin efectos los autos del 8 de octubre de 2021 y del 28 de abril de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de Cundinamarca manifest\u00f3 que se le ha garantizado la participaci\u00f3n en el proceso al accionante, que sus alegaciones fueron debidamente respondidos en el auto censurado y que las pruebas aportadas para refutar la identificaci\u00f3n oficial del predio no son materia de la etapa de admisi\u00f3n sino de la fase probatoria. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras y la Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD- solicitaron su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite, por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
<\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo neg\u00f3 el amparo, por no satisfacer el requisito de relevancia constitucional, dado que el accionado fue vinculado al juicio rebatido, con lo que se le garantizaba el debido proceso, sumado a que tendr\u00eda la posibilidad de presentar oposici\u00f3n, si lo estimaba procedente. <\/p>\n
A su vez, precis\u00f3 que no se vislumbraba una interpretaci\u00f3n caprichosa del art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011 ni los defectos aludidos, pues la admisi\u00f3n cumpl\u00eda con las exigencias formales, en tanto se hab\u00edan aportado los respectivos informes t\u00e9cnicos prediales y de georreferenciaci\u00f3n y el predio estaba inscrito en el RTDAF, acto administrativo que gozaba de presunci\u00f3n de legalidad, la cual no pod\u00eda ser desvirtuada a trav\u00e9s de la tutela. Tambi\u00e9n enfatiz\u00f3 que los cuestionamientos sobre el \u00e1rea y la ubicaci\u00f3n del predio no correspond\u00edan a aspectos formales sino sustanciales, que deb\u00edan resolverse en el fallo, previo agotamiento de las etapas procesales respectivas. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 el gestor, quien destac\u00f3 la relevancia constitucional del asunto y reiter\u00f3 que existe un \u00abyerro evidente en el predio que se inscribi\u00f3 en el registro de tierras despojadas y existe incertidumbre sobre la identidad f\u00edsica y jur\u00eddica del [bien] a restituir porque en la etapa administrativa de restituci\u00f3n de tierras no incluyeron el (\u2026) que f\u00edsicamente corresponde con el FMI (\u2026) objeto del proceso de restituci\u00f3n\u00bb, por lo que asevera que el se\u00f1or Luis Eduardo Ibica \u00abno tiene (\u2026) el derecho a la restituci\u00f3n respecto del predio \u2018la libertad\u2019 identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria No. 470-78794\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el sub examine, pretende la tutelante que sean amparados los derechos fundamentales invocados, que considera vulnerados con ocasi\u00f3n del auto de fecha 28 de abril de 2022, mediante el cual el Juzgado accionado mantuvo inc\u00f3lume el prove\u00eddo del 8 de octubre de 2021, que admiti\u00f3 la solicitud de restituci\u00f3n de tierras de radicado 2021-00050, pues, en su criterio, la demanda no cumpli\u00f3 con los requisitos de procedibilidad contemplados en los literales a y e del art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, dado que hay errores en la identificaci\u00f3n f\u00edsica y ubicaci\u00f3n del inmueble inscrito en el registro. <\/p>\n
2. En la citada providencia del 28 de abril de 2022, el Juzgado accionado, al resolver el recurso de reposici\u00f3n presentado contra el auto del 8 de octubre de 2021, comenz\u00f3 por citar el art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, sobre la admisi\u00f3n de la solicitud de restituci\u00f3n y memor\u00f3 algunas de las \u00f3rdenes impartidas en la providencia recurrida, entre ellas, las tendientes a dar a conocer el inicio de ese procedimiento a los interesados. <\/p>\n
2.1. En lo atinente a lo alegado en el recurso, sobre la presunta ausencia de los requisitos exigidos por los literales a y e del art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011, se\u00f1al\u00f3 que en el ac\u00e1pite 3 de la solicitud de tierras se identific\u00f3 f\u00edsica y jur\u00eddicamente el predio, \u00abse establecieron sus identificadores institucionales, tales como: su ubicaci\u00f3n: el departamento: Casanare; municipio: Nunch\u00eda; vereda: Surivania; nombre: \u2018LA LIBERTAD\u2019; tipo de predio: rural; en cuanto a la identificaci\u00f3n registral, se\u00f1al\u00f3 que n\u00famero de la matr\u00edcula inmobiliaria que corresponde al FMI No. 470-78794 de la ORIP de Yopal; su identificaci\u00f3n catastral: c\u00e9dula catastral: 52250001000000010659000000000; \u00e1rea registral, \u00e1rea catastral, \u00e1rea georreferenciada, las coordenadas del predio, sus linderos, as\u00ed como el resultado del Informe T\u00e9cnico Predial de fecha 27 de julio de 2021, en cual se concluyeron las afectaciones del mismo, y se aport\u00f3 tambi\u00e9n el Informe T\u00e9cnico de Georreferenciaci\u00f3n; igualmente, con lo anexos de la solicitud se aport\u00f3 el certificado de tradici\u00f3n y libertad de matr\u00edcula inmobiliaria que identifique registralmente el predio, motivo por el cual, al encontrarse cumplida la exigencia formal, se admiti\u00f3 a tr\u00e1mite judicial la solicitud de la referencia\u00bb. <\/p>\n
2.2. Respecto de las afirmaciones sobre la diferencia del \u00e1rea y la ubicaci\u00f3n entre el inmueble \u00abadjudicado al se\u00f1or LUIS EDUARDO IBICA, asociado al FMI No. 470-7879, (\u2026) y aquel que se inscribi\u00f3 el RTDAF\u00bb y lo alegado en cuanto a que \u00abel gestor de la suplica restitutiva adquiri\u00f3 de manera irregular el t\u00edtulo contenido en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria citado, toda vez que, seg\u00fan su dicho, se adjudicaron predios de propiedad privada de la familia Barrag\u00e1n, actuaci\u00f3n que posteriormente fue revocada por el entonces INCODER\u00bb, precis\u00f3 que correspond\u00edan a \u00absituaciones de orden sustancial que no meramente formales y, por ello, deben ser dirimidas en el fallo que ponga fin a la instancia, situaci\u00f3n que releva el pronunciamiento en esta etapa en la que, se itera, los presupuestos indicados en el libelo genitor, y sus respectivos anexos, permiten colegir, para los fines de la admisi\u00f3n, el cumplimiento de los requisitos echados de menos por el recurrente\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, sostuvo que \u00abpara resolver los puntos de inconformidad del extremo recurrente, as\u00ed como determinar de manera clara y concisa los pormenores de identificaci\u00f3n del predio objeto de restituci\u00f3n, se surtir\u00e1 el tr\u00e1mite judicial de conformidad con el procedimiento establecido por la Ley 1448 de 2011, para lo cual se deben surtir las etapas respectivas, dentro de las cuales se decretar\u00e1n y practicar\u00e1n las pruebas pedidas oportunamente y que resulten pertinentes, conducentes y \u00fatiles para probar los hechos que resulten de inter\u00e9s en la litis, a trav\u00e9s de las cuales, dentro de otros objetivos, se lograr\u00e1 establecer si, en efecto, existe un desplazamiento cartogr\u00e1fico real del fundo deprecado, en relaci\u00f3n con la informaci\u00f3n oficial consignada en los registro de la autoridad que funge como gestor catastral, como lo afirma el censor\u00bb. <\/p>\n
2.3. Y, en cuanto a la posible afectaci\u00f3n de otros predios, determin\u00f3 que \u00aben tr\u00e1mite judicial habr\u00e1n de vincularse a las personas que resulten necesarias de cara al resultado de la identificaci\u00f3n predial y a la situaci\u00f3n jur\u00eddica y f\u00e1ctica que se acredite en el informativo, siendo como es esta la oportunidad establecida para ello, debiendo (\u2026) recordarse que la ley 1448 de 2011 cre\u00f3 UN procedimiento legal para restituir y formalizar la tierra de las v\u00edctimas del despojo y abandono forzoso\u00bb, compuesto por una etapa administrativa y otra judicial, \u00faltima en la que \u00abse atender\u00e1n todas las oposiciones peticiones, recursos y dem\u00e1s solicitudes propias del procedimiento a las partes intervinientes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
Afirm\u00f3 que la comunicaci\u00f3n efectuada en la etapa administrativa, \u00abque adem\u00e1s no se dirige a sujetos determinados, resulta ajena a la actuaci\u00f3n que debe adelantarse en la presente, en la que se habr\u00e1 de garantizar el derecho de defensa de los afectados con la intervenci\u00f3n judicial, quienes, en \u00faltimas, son los \u00fanicos llamados a alegar cualquier vicio que pueda afectar sus garant\u00edas de orden superior\u00bb. <\/p>\n
3. Para la Sala, la determinaci\u00f3n cuestionada no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, al margen de que sea o no compartida, por cuanto fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las probanzas allegadas y la normatividad que gobierna el asunto, de forma que se evacuaron los argumentos expuestos por el recurrente, que se reiteran en sede de tutela. <\/p>\n
En efecto, el Juzgado accionando determin\u00f3 que la solicitud de restituci\u00f3n cumpl\u00eda, entre otros, con el presupuesto de identificaci\u00f3n del predio \u00abpara los fines de la admisi\u00f3n\u00bb y que los puntos controvertidos por el actor constitucional eran el objeto del tr\u00e1mite judicial que apenas iniciaba, en el que se tramitar\u00e1n las oposiciones que se presentaran oportunamente y se practicar\u00edan y valorar\u00edan las pruebas allegadas, todo lo cual se tendr\u00eda en cuenta al momento de emitir el correspondiente fallo, de manera que no era ese el momento procesal para obtener un pronunciamiento de fondo sobre esos reparos. <\/p>\n
Lo anterior, bajo una hermen\u00e9utica plausible que no habilita la intervenci\u00f3n del juez constitucional, m\u00e1xime que el proceso est\u00e1 en curso, que debe surtirse el debate probatorio pertinente y que en la sentencia, acorde con lo previsto en el art\u00edculo 91 de la Ley 1448 de 2011, se deben resolver, entre otros, \u00ablas pretensiones de los solicitantes, las excepciones de opositores y las solicitudes de los terceros\u00bb y la \u00abidentificaci\u00f3n, individualizaci\u00f3n, deslinde de los inmuebles que se restituyan, indicando su ubicaci\u00f3n, extensi\u00f3n, caracter\u00edsticas generales y especiales, linderos, coordenadas geogr\u00e1ficas, identificaci\u00f3n catastral y registral y el n\u00famero de matr\u00edcula inmobiliaria\u00bb, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
3.1. En ese sentido, en un asunto con alguna similitud, la Sala sostuvo, de un lado, que \u00ablas exigencias contenidas en el art\u00edculo 84 de la Ley 1448 de 2011 est\u00e1n llamadas a ser analizadas en favor de los \u2018intereses superiores de las v\u00edctimas del conflicto armado\u2019. (\u2026) Esto es, de manera concreta, las barreras procesales -tales como la necesidad de delimitaci\u00f3n exacta y milim\u00e9trica de los bienes restituibles- pueden erosionar el afincamiento del derecho sustancial\u00bb; y, de otro, que \u00abninguna vulneraci\u00f3n puede atribuirse frente a los derechos de los futuros intervinientes u opositores, pues cuentan con los distintos mecanismos defensa contemplados en el procedimiento ordinario que se surta, si a ello hubiera lugar\u00bb1, por lo que la acci\u00f3n de amparo constitucional es inviable en este estado del proceso. <\/p>\n
3.2. As\u00ed las cosas, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el juzgador accionado -en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante, de suerte que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
4. En atenci\u00f3n a las consideraciones precedentes, se confirmar\u00e1 la sentencia proferida por el a quo constitucional. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 STC7662-2022, radicaci\u00f3n 2022-00010-01, 16 de junio de 2022. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC9616-2022 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado Ponente STC9616-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-22-21-000-2022-00008-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de julio dos mil veintid\u00f3s). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 26 de mayo de 2022 por la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65516","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65516","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65516"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65516\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65516"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65516"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65516"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}