STC9622-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9622-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-00409-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el 8 de marzo de 20221, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Rafael V\u00e9lez Libreros contra la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso ordinario con radicado n\u00ba 2015-00109. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El actor invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
Como sustento de su queja, manifest\u00f3 que, promovi\u00f3 juicio ordinario laboral contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, con el fin de obtener la reliquidaci\u00f3n de su pensi\u00f3n de vejez en la cuant\u00eda de $10.012.885 mensuales, as\u00ed como el pago del retroactivo insoluto y los intereses moratorios. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el Juzgado Diecis\u00e9is Laboral del Circuito de Cali en sentencia de 7 de septiembre de 2016 conden\u00f3 a la demandada al pago de la reliquidaci\u00f3n de la prestaci\u00f3n, reconociendo como mesada pensional la suma de $3.350.644,47 y el retroactivo de reajuste, decisi\u00f3n que modific\u00f3 en sede de apelaci\u00f3n y grado jurisdiccional de consulta por la Sala Laboral del Tribunal Superior de esa ciudad el 23 de febrero de 2018, en el sentido de reliquidar la mesada en la suma inicial de $3.304.709,57 y ordenar el pago del retroactivo de reajuste causado entre el 1\u00ba de septiembre de 2013 y el 31 de enero de 2018. <\/p>\n
Inconforme, interpuso recurso extraordinario de casaci\u00f3n, y la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia SL5096-2021 de 8 de noviembre de 2021, dispuso no casar el fallo de segunda instancia. <\/p>\n
Adujo que las autoridades accionadas incurrieron en defecto procedimental por inaplicaci\u00f3n eficaz de la ley y desconocimiento de los principios de \u00abinescindibilidad de la norma\u00bb, favorabilidad, \u00abin dubio pro operario\u00bb y de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa con los que debi\u00f3 ser reconocida su pensi\u00f3n de vejez. <\/p>\n
Sostuvo que para el 1\u00ba de abril de 1994 contaba con 40 a\u00f1os y 7 meses de edad y 1096 semanas cotizadas, adquiriendo as\u00ed el derecho a la pensi\u00f3n de vejez en los t\u00e9rminos del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, por lo cual, la prestaci\u00f3n deb\u00eda ser liquidada de conformidad con lo estipulado en el par\u00e1grafo 1\u00ba del art\u00edculo 20 del Decreto 758 de 1990, no obstante, afirm\u00f3, que de forma intempestiva y transgrediendo sus prerrogativas se dio aplicaci\u00f3n a una normatividad posterior. <\/p>\n
2. El accionante no elev\u00f3 petici\u00f3n en concreto, sin embargo, del escrito inicial se logra extraer que lo pretendido es que se dejen sin efecto los pronunciamientos cuestionados y se ordene la reliquidaci\u00f3n pensional reclamada en el proceso. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado Ponente de la decisi\u00f3n proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral inform\u00f3 que, con la demanda de casaci\u00f3n el actor pretendi\u00f3 la reliquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez de conformidad con el art\u00edculo 20 del Decreto 758 de 1990, es decir, con el promedio de lo cotizado en las \u00faltimas 100 semanas multiplicados por 100 y dividido por el factor 4.33, situaci\u00f3n que no es posible jur\u00eddicamente, pues seg\u00fan el criterio pacifico de esa Corporaci\u00f3n el r\u00e9gimen de transici\u00f3n preserva la edad, el n\u00famero de semanas y la tasa de reemplazo, mientras que el Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n sea el consagrado en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, sin que exista vulneraci\u00f3n al principio de inescindibilidad. <\/p>\n
En ese orden, manifest\u00f3 que el demandante al reiterar su solicitud, pretend\u00eda una nueva instancia en un asunto que ya finaliz\u00f3 con la sentencia de esa Sala como \u00f3rgano de cierre, sin que se evidencie la transgresi\u00f3n de alg\u00fan derecho fundamental. <\/p>\n
2. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n (PARISS), pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n, argumentando que carece de facultad jur\u00eddica para pronunciarse sobre los aspectos relacionados con el R\u00e9gimen de Prima Media con Prestaci\u00f3n Definida, siendo Colpensiones la entidad actualmente encargada de administrar dicho r\u00e9gimen. <\/p>\n
3. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional reclamada, tras considerar que no se advert\u00eda la existencia de una v\u00eda de hecho que habilitara la intervenci\u00f3n del juez de tutela o alguna vulneraci\u00f3n a los derechos del accionante. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la sentencia controvertida estuvo fundamentada en la norma aplicable y en la l\u00ednea jurisprudencial de la Sala permanente vigente a la fecha del juzgamiento, en donde se ha establecido que si bien el r\u00e9gimen de transici\u00f3n busca proteger las expectativas leg\u00edtimas que pudieran verse afectadas con la creaci\u00f3n del sistema general de seguridad social, dicho beneficio consiste en la aplicaci\u00f3n ultractiva de los reg\u00edmenes a los que se encontraba afiliado el demandante, pero solo en lo relacionado con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo, excluyendo el IBL, para evitar que se otorguen pensiones con abuso del derecho. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que lo alegado por el solicitante ya fue resuelto por los jueces de instancia en el \u00e1mbito de sus competencias y que lo pretendido por aqu\u00e9l es convertir el mecanismo de amparo en una nueva instancia donde se haga eco de sus peticiones, lo cual resultaba abiertamente improcedente. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
Fue formulada por el accionante, insistiendo en los argumentos expuestos en el escrito inicial, y en adici\u00f3n, manifest\u00f3, \u00abA pesar de que en la sentencia impugnada se establece que mi petici\u00f3n constitucional estriba en buscar una instancia accesoria a las ya trasegadas en el procedimiento ordinario (lo cual no es de buen recibo por el suscrito), ante este caso particular, si debe el Juzgador Constitucional desde mi humilde \u00f3ptica atender mis derechos, pues es evidente la desmejora de la mesada pensional que se ha suscitado al suscrito con la aplicaci\u00f3n en contrav\u00eda de la ley y la Constituci\u00f3n de la f\u00f3rmula para calcular mi pensi\u00f3n de vejez, es m\u00e1s en la Sentencia C-590 del 2005 la Corte Constitucional dentro de los requisitos establece casos como el presente, en donde se han agotado todos los recursos judiciales y a\u00fan no se ha generado justicia eficaz al suscrito\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Recuerda la Sala que en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n de tutela no procede contra las providencias o actuaciones judiciales, pues ello significar\u00eda un desconocimiento de los principios contemplados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no obstante, cuando los funcionarios judiciales incurran en un proceder abiertamente opuesto al ordenamiento legal, sin ninguna objetividad y, los interesados no cuenten con otro medio de defensa judicial, esta jurisdicci\u00f3n est\u00e1 llamada a intervenir en aras de conjurar o evitar la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales involucradas. <\/p>\n
2. De entrada debe se\u00f1alarse, que si bien Rafael V\u00e9lez Libreros cuestiona las decisiones proferidas en el proceso ordinario laboral iniciado contra la Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones, el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Casaci\u00f3n accionada, por cuanto con ella se dirimi\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
3. Ahora, revisados los argumentos expuestos por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 4 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en la sentencia SL5096-2021 de 8 de noviembre de 2021, no se observa arbitrariedad manifiesta susceptible de ser remediada a trav\u00e9s de esta v\u00eda extraordinaria, como pasa a exponerse. <\/p>\n
En punto al cargo \u00fanico formulado por el demandante, la Sala de Descongesti\u00f3n accionada plante\u00f3 como problema jur\u00eddico, determinar si el Tribunal Superior de Cali hab\u00eda errado al concluir que el ingreso base de liquidaci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez deb\u00eda calcularse en la forma establecida en el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993 y no seg\u00fan lo estipulado en el canon 20 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo a\u00f1o. <\/p>\n
Para resolver la controversia se remiti\u00f3 a lo se\u00f1alado en la jurisprudencia de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral permanente, entre otras, en las sentencias, SL3355-2021, SL3106-2018, SL193-2019 y SL2954-2021 y expuso: <\/p>\n
\u00abEsta Corporaci\u00f3n de manera pac\u00edfica en reiterados pronunciamientos ha indicado que el r\u00e9gimen de transici\u00f3n pensional previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, conserv\u00f3 para sus beneficiarios las disposiciones de la ley anterior que les fuera aplicable pero solo en lo concerniente a: la edad para acceder al derecho, el tiempo de servicios o semanas de cotizaci\u00f3n y el monto de la prestaci\u00f3n, entendido este \u00faltimo como la tasa de reemplazo y que, en lo que hace al ingreso base de liquidaci\u00f3n (IBL), se regula por lo previsto en el inciso 3 del 36 o, en el 21 de la Ley 100 de 1993\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, determin\u00f3 que en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, el legislador distingui\u00f3 los conceptos de \u00abingreso base de liquidaci\u00f3n\u00bb y \u00abmonto\u00bb; frente al primero indic\u00f3 que corresponde a los salarios devengados por el trabajador o la base sobre la cual ha efectuado sus aportes al sistema pensional y, el segundo, al porcentaje o porci\u00f3n aplicable a ese ingreso como tasa de retorno. <\/p>\n
Posteriormente, refiri\u00f3: <\/p>\n
\u00abAnota la Sala, que lo expuesto no constituye una trasgresi\u00f3n al principio de inescindibilidad, como lo quiere hacer ver el impugnante, puesto que, por el contrario, garantiza la aplicaci\u00f3n integral de la normativa que previ\u00f3 y regul\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n, en la medida en que estableci\u00f3, se itera, los beneficios que se aplicar\u00edan a sus favorecidos. <\/p>\n
As\u00ed lo explic\u00f3 la Corte en la sentencia CSJ SL, 21 jun. 2011, rad. 39155, en la que afirm\u00f3: <\/p>\n
El r\u00e9gimen de transici\u00f3n previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, garantiza para efectos de la prestaci\u00f3n de vejez la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen anterior en lo relacionado con la edad, el tiempo de servicio o el n\u00famero de semanas cotizadas, y el monto; pero la normatividad que corresponda se aplica en su integridad, salvo en lo relacionado con el ingreso base de liquidaci\u00f3n por propia disposici\u00f3n de la norma en cita, sin que sea posible escindir reg\u00edmenes y tomar de cada uno de ellos aquellas disposiciones que se estimen m\u00e1s favorables, porque esto ser\u00eda crear una nueva norma para cada caso, lo cual resulta inadmisible en virtud del principio de inescindibilidad de la ley [\u2026]. <\/p>\n
Regla que ha sido rememorada, entre otras, en la sentencia CSJ SL2800-2020, en la que se enfatiz\u00f3 que la interpretaci\u00f3n antes descrita \u00abno trasgrede el principio de inescindibilidad de la norma, pues tal c\u00e1lculo procede por mandato expreso del legislador\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que lo concluido se hac\u00eda extensivo al principio de favorabilidad, puesto que, para su procedencia, necesariamente debe existir duda en la interpretaci\u00f3n o aplicaci\u00f3n de la disposici\u00f3n legal, sin que tales supuestos se cumplieran en el caso estudiado, pues seg\u00fan lo reiterado en la sentencia SL2954-2021, la norma especial que regula la forma de calcular el ingreso base de liquidaci\u00f3n de los beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n a quienes les faltara m\u00e1s de 10 a\u00f1os para consolidar su derecho pensional era el art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993. <\/p>\n
Igualmente resalt\u00f3: <\/p>\n
\u00abPor lo dem\u00e1s, la tesis abanderada por la Corte ha sido acogida, tambi\u00e9n, por la Corte Constitucional, como se constata en la sentencia CC SU395-2017, en la que puntualiz\u00f3 que constituye \u00abprecedente interpretativo de acatamiento obligatorio\u00bb para todos los casos en los que se debate el IBL de beneficiarios del r\u00e9gimen de transici\u00f3n, el descrito en la sentencia CC C258-2013, seg\u00fan el cual: <\/p>\n
[…] el prop\u00f3sito original del Legislador al introducir el art\u00edculo 36 de la Ley 100 de 1993, tal como se desprende del texto de la disposici\u00f3n y de los antecedentes legislativos, fue crear un r\u00e9gimen de transici\u00f3n que beneficiara a quienes ten\u00edan una expectativa leg\u00edtima de pensionarse conforme a las reglas especiales que ser\u00edan derogadas. Para estas personas, el beneficio derivado del r\u00e9gimen de transici\u00f3n consistir\u00eda en una autorizaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n ultractiva de las reglas de los reg\u00edmenes a los que se encontraban afiliados, relacionadas con los requisitos de edad, tiempo de servicios o cotizaciones y tasa de reemplazo. [El] Ingreso Base de Liquidaci\u00f3n no fue un aspecto sometido a transici\u00f3n, como se aprecia claramente en el texto del art\u00edculo 36. [\u2026.] <\/p>\n
De donde concluy\u00f3, que no era admisible <\/p>\n
[…] la aplicaci\u00f3n ultractiva de las reglas de IBL de los reg\u00edmenes pensionales vigentes antes de la Ley 100 fue el prop\u00f3sito original del Legislador; (ii) por medio del art\u00edculo 21 y del inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 36 de la Ley 100, el Legislador busc\u00f3 unificar las reglas de IBL en el r\u00e9gimen de prima media; (iii) ese prop\u00f3sito de unificaci\u00f3n coincide con los objetivos perseguidos por el Acto Legislativo 01 de 2005, espec\u00edficamente con los de crear reglas uniformes que eliminen privilegios injustificados y permitan dise\u00f1ar mecanismos que aseguren la sostenibilidad del sistema -de ah\u00ed que la reforma mencione expresamente el art\u00edculo 36 de la Ley 100- la Sala considera que en este caso el vac\u00edo que dejar\u00e1 la declaraci\u00f3n de inexequibilidad de la expresi\u00f3n \u00abdurante el \u00faltimo a\u00f1o\u00bb debe ser llenado acudiendo a las reglas generales previstas en las dos disposiciones de la Ley 100 referidas\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa l\u00ednea argumentativa, concluy\u00f3 que el cargo no estaba llamado a prosperar y resolvi\u00f3 no casar la sentencia proferida el 23 de febrero de 20218 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali. <\/p>\n
Igualmente, determin\u00f3 que dicha postura no constitu\u00eda una transgresi\u00f3n al principio de inescindibilidad de la norma, como lo alegaba el demandante y que el c\u00e1lculo del IBL proced\u00eda por mandato expreso -art\u00edculo 21 de la Ley 100 de 1993, para las personas beneficiarias del r\u00e9gimen de transici\u00f3n a las que les faltara m\u00e1s de 10 a\u00f1os para consolidar su derecho pensional. <\/p>\n
Por tanto, las divergencias exteriorizadas por el se\u00f1or V\u00e9lez Libreros a trav\u00e9s del presente medio residual y subsidiario, frente a lo decidido en la sentencia objeto de su inconformidad, no resultan suficientes para que acuda al juez constitucional, con el fin de discutir los fundamentos de la autoridad judicial en el \u00e1mbito de sus competencias o para reabrir un debate ya definido por el juzgador correspondiente, m\u00e1xime cuando lo alegado por aqu\u00e9l a trav\u00e9s de este mecanismo ya fue expuesto y definido en sede de casaci\u00f3n. (Ver CSJ. STC 15 feb. 2011, exp. 01404, reiterada en la STC 1212-2022). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, esta Sala en pronunciamientos recientes se ha referido al respeto por las decisiones judiciales, m\u00e1xime cuando se trata de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles las causales de procedibilidad del amparo. Postura que se ha venido acogiendo con m\u00e1s firmeza a partir de los precedentes STC13814-2021, STC13815-2021, STC13816-2021, STC2310-2022 y, STC3514-2022 entre otros. <\/p>\n
6. De conformidad con lo expuesto, la sentencia constitucional impugnada ser\u00e1 confirmada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Actuaci\u00f3n asignada a esta Sala el 15 de julio de 2022. <\/p>\n
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