STC9625-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9625-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n No. 08001-22-13-000-2022-00456-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla el 11 de julio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el Municipio de Malambo contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo y citadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional No. 2021-00307. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderada judicial, la entidad territorial reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso, y m\u00ednimo vital, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
Manifest\u00f3, que la se\u00f1ora Eimy Liz Camargo Molina present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela, con la finalidad que se dejar\u00e1n sin efectos los Decretos Nos. 112 y 114 del 4 de junio de 2021 expedidos por el Alcalde de Malambo, por los cuales se acept\u00f3 su renuncia al cargo de gerente del Hospital de localidad, al que lleg\u00f3 en carrera por concurso de m\u00e9ritos, y aleg\u00f3 que los actos administrativos estaban viciados de ilegalidad, puesto que, cuando tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo, el alcalde le solicit\u00f3 dejar firmada una carta o renuncia en blanco, que hizo efectiva con la expedici\u00f3n de tales decretos. <\/p>\n
Explic\u00f3 que el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Malambo neg\u00f3 el amparo por improcedente, decisi\u00f3n que en impugnaci\u00f3n revoc\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad en sentencia de 26 de agosto de 2021, y concedi\u00f3 la protecci\u00f3n suplicada, ordenando la suspensi\u00f3n inmediata de los efectos de los Decretos Nos. 112 y 114 rese\u00f1ados, hasta que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo estableciera de manera definitiva, si la actuaci\u00f3n de la administraci\u00f3n municipal respet\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico, o hasta que finalice el periodo del cargo para el que la se\u00f1ora Camargo Molina fue nombrada, siempre y cuando la demanda respectiva se radicara dentro de los cuatro meses siguientes a esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada en tiempo y admitida el 17 de enero de 2022 por el Juzgado D\u00e9cimo Administrativo de Barranquilla, sin que se decretara medida provisional que mantuviera la suspensi\u00f3n de los actos administrativos cuestionados, por lo que, consider\u00f3 que el Juez constitucional no puede mantener la suspensi\u00f3n de los decretos en menci\u00f3n de manera indefinida, por cuanto desconoce el car\u00e1cter transitorio de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Indic\u00f3 que el Juzgado accionado incurri\u00f3 en \u00ab[v\u00eda de hecho judicial,] por violaci\u00f3n directa al principio de legalidad y desconocimiento de los precedentes jurisprudenciales\u00bb, adem\u00e1s que se atribuy\u00f3 facultades que corresponden al Juez ordinario, configur\u00e1ndose as\u00ed la v\u00eda de hecho alegada. Adicionalmente, destac\u00f3 que el proceso administrativo que se adelanta es el medio id\u00f3neo y eficaz para que la interesada defienda sus intereses. <\/p>\n
2. Con fundamento en lo expuesto, pretende que se deje sin efectos la sentencia de tutela proferida en segunda instancia el 26 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, espec\u00edficamente en lo atinente a la suspensi\u00f3n de los actos administrativos mencionados, y se compulsen copias ante la justicia penal y disciplinaria para que investiguen la posible comisi\u00f3n de conductas punibles por parte del Juzgado accionado. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, dijo que se presentaba una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, en la medida que el mandato judicial conferido a la abogada para presentar la acci\u00f3n de tutela, no fue otorgado por el alcalde de Malambo, representante legal de esa entidad, sino por el Jefe de la Oficina Jur\u00eddica. <\/p>\n
De igual manera, adujo que esta es la tercera acci\u00f3n de tutela que el Municipio ha interpuesto con hechos y pretensiones similares, que sobre el objeto de discusi\u00f3n se configura cosa juzgada constitucional, se est\u00e1 desconociendo el principio de inmediatez puesto que han pasado m\u00e1s de seis meses desde que profiri\u00f3 la decisi\u00f3n censurada, que la se\u00f1ora Eimy Liz Camargo Molina ya formul\u00f3 demanda de nulidad y restablecimiento del derecho frente a los actos administrativos respecto de los cuales se decret\u00f3 su suspensi\u00f3n transitoria, y, que, el fallo de tutela que profiri\u00f3 el 26 de agosto de 2021 explica las razones por las cuales procede el amparo constitucional suplicado, sin que pueda advertirse la amenaza de los derechos fundamentales del Municipio aqu\u00ed accionante. <\/p>\n
2. El Juzgado Promiscuo Municipal de Malambo, luego de presentar un recuento de los hechos m\u00e1s relevantes del tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela radicada con el No. 2021-00307, presentada por Eimy Liz Camargo Molina contra el Municipio de Malambo y las actuaciones que despleg\u00f3 como juez de primera instancia, indic\u00f3 que no ha vulnerado los derechos fundamentales de la entidad territorial accionante. <\/p>\n
Igualmente, inform\u00f3 que por los mismos hechos y pretensiones el accionante ya hab\u00eda presentado dos acciones de tutela con antelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. Eimy Liz Camargo Molina, en su condici\u00f3n de gerente de la ESE, Hospital Local de Malambo, tambi\u00e9n indic\u00f3 la existencia de dos acciones de tutela con id\u00e9ntico objeto, causa y que vincul\u00f3 a las mismas partes aqu\u00ed enfrentadas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el amparo transitorio otorgado por el Juzgado accionado, se fundament\u00f3 en la necesidad de evitarle un perjuicio irremediable, el cual consist\u00eda en que iba a ser separarla del cargo de gerente que actualmente desempe\u00f1a por decisiones arbitrarias y el que adquiri\u00f3 previa convocatoria p\u00fablica. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, en providencia de 8 de julio anterior, ofici\u00f3 a los despachos 03 y 07 de esa Corporaci\u00f3n, para que le permitieran tener acceso a las acciones de tutela conocidas bajo los radicados 08001221300020210066100 y 08001221300020210071700, con el \u00e1nimo de constatar su identidad con la demanda constitucional bajo an\u00e1lisis. <\/p>\n
Posteriormente, y despu\u00e9s de estudiar la legitimaci\u00f3n en la causa por activa y de hallarla presente en el solicitante, declar\u00f3 improcedente la acci\u00f3n de tutela, con sustento en que de la revisi\u00f3n de las acciones constitucionales de tutela distinguidas con los Nos. 2021-00661 y 2021-00717, constat\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abguardan identidad de hechos, pretensiones y partes, pues, independientemente de la forma en que cada uno se haya integrado el contradictorio y se abord\u00f3 la causa petendi, en las tres se acusa por parte de la Alcald\u00eda de Malambo la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovido por la se\u00f1ora Eimy Liz Camargo Molina contra la Alcald\u00eda de Malambo, siendo en los tres casos la pretensi\u00f3n \u00fanica y principal dejar sin efectos la sentencia del 26 de agosto de 2021\u00bb. <\/p>\n
En ese sentido, concluy\u00f3 que el hecho de que se haya dado la concurrencia de los presupuestos de un actuar temerario por parte del Municipio accionante, imped\u00eda resolver de fondo el asunto y, en adici\u00f3n sostuvo, que se incumpli\u00f3 con el requisito de la inmediatez, puesto que entre la decisi\u00f3n reprochada y la presentaci\u00f3n de esta acci\u00f3n ha transcurrido cerca de un a\u00f1o. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
<\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el asunto que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, examinada la queja y los soportes allegados, se advierte que son varias las razones que llevan al fracaso de la impugnaci\u00f3n y la consecuente confirmaci\u00f3n de la sentencia constitucional de primera instancia. <\/p>\n
1.1 Es evidente que las quejas expuestas en esta acci\u00f3n de tutela por el Municipio de Malambo, son id\u00e9nticos a los alegados en pasada ocasi\u00f3n, resueltos negativamente por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, como Juez constitucional en primera instancia, y por la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sede de impugnaci\u00f3n STC3167-2022, los que se concretaron en que se dejara sin efectos la sentencia proferida el 26 de agosto de 2021 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, en la acci\u00f3n de tutela No. 2021-00307 presentada por Eimy Liz Camargo Molina contra el Municipio de Malambo. <\/p>\n
En la sentencia referida de esta Sala, se enfatiz\u00f3 en que la protecci\u00f3n constitucional suplicada no era viable, en la medida que, <\/p>\n
\u00abcomo el objeto del presente reclamo recae sobre el fallo emitido dentro de la acci\u00f3n de tutela que conoci\u00f3 [la] autoridad accionada, pretendiendo que en esta nueva acci\u00f3n constitucional se examine el mismo (\u2026) surge palmario que el inconforme ten\u00eda dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n del prove\u00eddo de instancia y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una determinaci\u00f3n tomada por otro juez constitucional, destacando que no se dan los presupuestos de la sentencia SU-627\/15 de la Corte Constitucional para que se abra paso a la salvaguarda, pues aunque el censor pretende enmarcar sus alegaciones en que se present\u00f3 una decisi\u00f3n irregular y sin motivaci\u00f3n, lo cierto es que lo que en verdad critica es la interpretaci\u00f3n normativa probatoria del juzgador acusado de cara al precedente jurisprudencial invocado por aqu\u00e9l y, en ese sentido, el fondo del fallo que tal autoridad judicial emiti\u00f3. En adici\u00f3n, se observa que la Sala de Selecci\u00f3n de la Corte Constitucional excluy\u00f3 de revisi\u00f3n la tutela cuestionada, disponiendo as\u00ed, el cierre de la salvaguarda, dando lugar a la cosa juzgada constitucional\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los reclamos alegados frente a la decisi\u00f3n adoptada por el Juez accionado, no tienen vocaci\u00f3n de prosperidad porque ya fueron resueltos en el amparo que viene de citarse, sin que se encuentren circunstancias que impongan un nuevo pronunciamiento en esta sede, m\u00e1xime cuando los supuestos determinados por la Corte Constitucional \u00abque permiten que una misma persona interponga nuevamente la acci\u00f3n de tutela, sin que dicha situaci\u00f3n configure temeridad\u00bb (T-162 de 2018) (citada en CSJ, ATP1423-2021), no fueron alegados y tampoco se hallan acreditados. <\/p>\n
Se reitera, que el Municipio accionante activ\u00f3 de nuevo, este mecanismo constitucional, para censurar una actuaci\u00f3n que ya hab\u00eda sido puesta en conocimiento de esta jurisdicci\u00f3n, siendo aplicable, por tanto, lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991, que dispone, \u00ab[c]uando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
S\u00famese a lo anterior, que el accionante ni si quiera realiz\u00f3 la manifestaci\u00f3n que bajo la gravedad del juramento le impone el art\u00edculo 37 del Decreto 2591 de 1991, relacionada con la afirmaci\u00f3n de no haber presentado otra acci\u00f3n de tutela respecto de los mismos hechos y derechos. <\/p>\n
1. 2 Otro punto que vale la pena resaltar, tiene que ver con el presupuesto de la inmediatez, esto es, el plazo dentro del que se debe reclamar la protecci\u00f3n constitucional, tema frente al que esta Corporaci\u00f3n ha ense\u00f1ado que, que el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la decisi\u00f3n cuestionada y el reclamo constitucional, no puede superar los seis meses, con el objeto de que el amparo no pierda su raz\u00f3n de ser (Ver CSJ. STC. 14 septiembre 2007, exp. 2012-01316-00, reiterada en STC del 27 octubre 2011, exp. 2011-02245-00, STC6331-2022 y STC6747-2022 entre otras). <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, y en consideraci\u00f3n a que en esta queja se discute lo resuelto por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, en la sentencia de 26 de agosto de 2021 proferida en la acci\u00f3n de tutela No. 2021-00307, se destaca que se super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable del que se viene hablando, ya que la demanda constitucional se radic\u00f3 el 23 de junio de 2022, es decir, diez meses despu\u00e9s del fallo atacado. <\/p>\n
1.3 Asimismo, cumple se\u00f1alar que el ente territorial accionante, para controvertir lo resuelto en el fallo de tutela cont\u00f3, con la revisi\u00f3n de tal pronunciamiento ante la Corte Constitucional -art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991- y, de ser el caso, con la posibilidad de activar el mecanismo de insistencia -Acuerdo No. 05 de 1992-, no obstante guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
Y es que esta Sala ha sostenido que, despu\u00e9s de finalizado el proceso de revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional y vencido el plazo para insistir en ello, no es posible reabrir el debate, por lo que la decisi\u00f3n toma fuerza ejecutoria, se torna inmutable, vinculante y adquiere la relevancia de cosa juzgada constitucional (Ver CSJ. STC de 25 de junio de 2013, exp. 01262-00, reiterada en STC14099-2021 y STC591-2022, entre otras). <\/p>\n
2. Adem\u00e1s de lo anterior, esta Sala se\u00f1ala que no le asiste raz\u00f3n al Municipio accionante, cuando en su escrito de impugnaci\u00f3n afirm\u00f3 que el fallo de 26 de agosto de 2021 proferido por la autoridad judicial accionada en la acci\u00f3n de tutela citada, \u00ab[ya cumpli\u00f3 su objeto residual transitorio de 4 meses, y la se\u00f1ora Eimy Liz Camargo Molina present\u00f3 demanda de acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos] (\u2026)\u00bb, debiendo, entonces, dejarse sin efectos la orden de tutela. <\/p>\n
Para el efecto, recu\u00e9rdese que en aquella decisi\u00f3n, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad al conceder la protecci\u00f3n constitucional suplicada orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de los efectos de los Decretos Nos. 112 y 114 rese\u00f1ados, hasta que la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo establezca, de fondo, si el actuar de la administraci\u00f3n municipal respet\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico, o hasta que finalice el periodo del cargo para el que Eimy Liz Camargo Molina fue nombrada, siempre y cuando la demanda respectiva se radicara dentro de los cuatro meses siguientes a esa decisi\u00f3n, hecho que, seg\u00fan las pruebas documentales aportadas por las partes, as\u00ed acaeci\u00f3. <\/p>\n
En ese orden, la anterior determinaci\u00f3n es coherente y consecuente con el art\u00edculo 8\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que dispone que, \u00ab(\u2026) el juez se\u00f1alar\u00e1 expresamente en la sentencia que su orden permanecer\u00e1 vigente s\u00f3lo durante el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acci\u00f3n instaurada por el afectado. En todo caso, el afectado deber\u00e1 ejercer dicha acci\u00f3n en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de cuatro (4) meses a partir del fallo de tutela. Si no la instaura, cesar\u00e1n los efectos de \u00e9ste (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Entonces, y como lo consider\u00f3 la Sala en un caso similar, lo expuesto significa que la carga impuesta en la providencia censurada es propia de ese tipo de amparos, y prescindirse de ella, lo que ocasionar\u00eda ser\u00eda el amparo definitivo y no el levantamiento de la medida transitoria, como lo pretende el impugnante. De suerte que, no es de recibo para la Corte el reparo formulado (Ver CSJ SCC, Sent. 14 de octubre de 2011, exp. 2011-00136-01). <\/p>\n
De modo que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, se acogi\u00f3 a dichos preceptos, puesto que la protecci\u00f3n constitucional analizada es temporal, y como la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue promovida en dentro de los cuatro meses concedidos, los efectos de la suspensi\u00f3n de los actos administrativos objeto de estudio, cesar\u00e1 solo hasta cuando se conozca una determinaci\u00f3n de m\u00e9rito por parte de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa que d\u00e9 soluci\u00f3n a la controversia planteada. En pocas palabras la medida transitoria perdurar\u00e1 por el t\u00e9rmino que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo el referido proceso. <\/p>\n
3. Tales motivos se consideran suficientes para confirmar la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotados. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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