STC9635-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9635-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-03-000-2022-01268-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 23 de junio de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Constructora Diana Ver\u00f3nica SA formul\u00f3 contra la Superintendencia de Sociedades, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas y citadas las partes, intervinientes e interesados en el proceso de reorganizaci\u00f3n radicado bajo el n\u00b0 31.961. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad solicitante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, as\u00ed como al trabajo \u00abde quienes hacen parte de la\u00bb empresa, presuntamente vulnerado por la entidad accionada. <\/p>\n
Manifest\u00f3 en s\u00edntesis, que en el proceso de reorganizaci\u00f3n que adelant\u00f3 ante la Superintendencia de Sociedades, el 7 de octubre de 2021 se llev\u00f3 a cabo audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, raz\u00f3n por la cual, conforme con la Ley 1116 de 2006, contaba con cuatro (4) meses para presentar el respectivo acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Explic\u00f3 que con apoyo en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, el 21 de febrero de 2022 solicit\u00f3 por correo electr\u00f3nico, la suspensi\u00f3n del proceso, por noventa (90) d\u00edas, petici\u00f3n que fue negada por auto 2022-01-157223 de 24 de marzo siguiente, providencia en la que, a su vez, se decret\u00f3 la finalizaci\u00f3n del proceso y, como consecuencia, la liquidaci\u00f3n judicial de sus bienes y haberes. <\/p>\n
Agreg\u00f3, que pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n y present\u00f3 recurso de reposici\u00f3n en contra de esa determinaci\u00f3n, pero ambas peticiones fueron negadas, la \u00faltima, por auto 2022-01-475066 de 27 de mayo de 2022. <\/p>\n
Inform\u00f3 que el 17 de noviembre de 2021, mediante Resoluci\u00f3n 2021-01-677180, la Superintendencia de Sociedades decret\u00f3 una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para los procedimientos mercantiles, de insolvencia e intervenci\u00f3n judicial, durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, inclusive, por lo que su petici\u00f3n se realiz\u00f3 en tiempo. <\/p>\n
2. En consecuencia de lo narrado, solicit\u00f3 ordenar a la entidad accionada, dejar sin efectos los autos n\u00fameros 2022-01-157223 de 24 de marzo, 2022-01-263539 de 19 de abril y 2022-01-475066 de 27 de mayo, todos de 2022, y admitir que la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n fue presentada dentro de los t\u00e9rminos procesales, para que proceda a pronunciarse de fondo. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
La Superintendencia de Sociedades, destac\u00f3 que el se\u00f1or Alberto Rafael Manotas Angulo, representante legal de la Constructora Diana Ver\u00f3nica SA carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para actuar en nombre y representaci\u00f3n, en tanto que, de conformidad con los art\u00edculos 48 y 50 de la Ley 1116 de 2006 se design\u00f3 a Giovanni Mauricio Vargas Uribe, como liquidador de la misma. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 adem\u00e1s, que mediante Auto 2022-01-157223 de 24 de marzo de 2022, adicionado con Auto 2022-01-263539 de 19 de abril siguiente, confirmados ambos con Auto 2022-01-475066 del 27 de mayo, decret\u00f3 la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes y haberes de la sociedad accionante. <\/p>\n
Por otro lado, reiter\u00f3 lo expuesto en sus providencias judiciales y se\u00f1al\u00f3 que fue el Superintendente de Sociedades, como jefe de esa entidad y en ejercicio de sus funciones administrativas, el que expidi\u00f3 la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180 y no el juez del concurso (Delegatura de Procedimientos de Insolvencia) como err\u00f3neamente lo se\u00f1al\u00f3 el accionante, y destac\u00f3 que no era verdad que con ese acto administrativo se hubiesen ampliado los t\u00e9rminos para la presentaci\u00f3n de los acuerdos de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que la sociedad deb\u00eda atenderse lo dispuesto en el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso, el que si bien establece de manera expresa que en los t\u00e9rminos de d\u00edas no se tomar\u00e1n en cuenta los de vacancia judicial, en ning\u00fan caso lo dispone as\u00ed para los t\u00e9rminos de meses o a\u00f1os, como es el plazo para la presentaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n y, que, adem\u00e1s el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 establece que el plazo de cuatro meses para celebrar el acuerdo de reorganizaci\u00f3n no podr\u00e1 prorrogarse. <\/p>\n
Asever\u00f3, que el representante legal en comento incurri\u00f3 en un error en la interpretaci\u00f3n de la Resoluci\u00f3n de suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos, y pretende que se revoque una decisi\u00f3n adoptada en pleno cumplimiento de los preceptos legales que le son aplicables, pues aceptar su interpretaci\u00f3n implicar\u00eda que un acto administrativo tiene la virtualidad jur\u00eddica para modificar una ley, situaci\u00f3n que carece de fundamento. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 tras argumentar que el representante legal de la sociedad accionante s\u00ed se encontraba legitimado por activa para invocar la tutela, puesto que as\u00ed lo reflejaba el respectivo certificado de la C\u00e1mara de Comercio, en el que no se hab\u00eda ninguna anotaci\u00f3n en contrario, neg\u00f3 el amparo, al observar que el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial cuestionado se adelant\u00f3 conforme a la ley. <\/p>\n
Indic\u00f3 que en ese procedimiento la sociedad actora cont\u00f3 con los escenarios propicios para ejercer sus derechos y controvertir las providencias proferidas por la Superintendencia accionada, las que no solo son jur\u00eddicamente v\u00e1lidas, sino que adem\u00e1s no vulneran de ninguna manera los derechos fundamentales cuya protecci\u00f3n fue solicitada. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la sociedad accionante para insistir en sus pretensiones iniciales, y se\u00f1alar que en la decisi\u00f3n de primera instancia existieron dos circunstancias sobre las cuales se guard\u00f3 silencio, esto es, que en un solo acto la Superintendencia de Sociedades se hubiera pronunciado respecto a su solicitud de suspensi\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n y, a la vez, sobre la liquidaci\u00f3n de la sociedad y, que la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180 suspendi\u00f3 los t\u00e9rminos de los procesos jurisdiccionales, sin exceptuar el tiempo que corr\u00eda para presentar acuerdos de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Por regla general, la acci\u00f3n de tutela no procede contra providencias judiciales, salvo que el funcionario respectivo hubiese adoptado una decisi\u00f3n por completo desviada del sendero previamente dise\u00f1ado por el Legislador, sin ninguna objetividad y edificada en sus particulares interpretaciones, a tal extremo que se configure un proceder que pudiese encuadrar en una v\u00eda de hecho; situaci\u00f3n frente a la que se abre paso este mecanismo excepcional para restablecer las garant\u00edas esenciales vulneradas, siempre que se cumplan los conocidos requisitos generales y espec\u00edficos. (Ver CSJ STC11845-2021, STC1526-2022, STC6747-2022, STC7925-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el evento que ocupa la atenci\u00f3n de esta Sala, la Constructora Diana Ver\u00f3nica SA, acudi\u00f3 inconforme con el auto 2022-01-157223 de 24 de marzo de 2022, a trav\u00e9s del cual, la Superintendencia de Sociedades le neg\u00f3 una solicitud de suspensi\u00f3n de su proceso de reorganizaci\u00f3n, que, conforme a lo dispuesto en el art\u00edculo 161 del C\u00f3digo General del Proceso, le present\u00f3 el 21 de febrero de 2022, en s\u00edntesis, porque mediante Resoluci\u00f3n 2021-01-677180, dicha entidad decret\u00f3 una suspensi\u00f3n de t\u00e9rminos para los procedimientos mercantiles, de insolvencia e intervenci\u00f3n judicial, durante el periodo comprendido entre el 20 de diciembre de 2021 y el 10 de enero de 2022, inclusive, lo que indica que su petici\u00f3n se present\u00f3 dentro del t\u00e9rmino de los cuatro (4) meses que ten\u00eda para allegar un acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La revisi\u00f3n de la actuaci\u00f3n cuestionada permite observar las siguientes actuaciones relevantes para la decisi\u00f3n que se adoptar\u00e1, <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s del Auto 2018-01-004307 de 9 de enero de 2018, la Superintendencia de Sociedades admiti\u00f3 el proceso de reorganizaci\u00f3n de la Constructora Diana Ver\u00f3nica SA. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El 7 de octubre de 2021 se realiz\u00f3 la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones, se aprobaron los proyectos de calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de derechos cr\u00e9dito y derechos de voto, y empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de los cuatro (4) meses para la presentaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n, de conformidad con lo establecido en el art\u00edculo 31 de la Ley 1116 de 2006 [Cfr. Acta 2021-01-616873 del 14 de octubre de 2021] <\/p>\n
<\/p>\n
3. Mediante memorial 2022-01-095936 de 21 de febrero de 2022, la sociedad present\u00f3 solicitud de suspensi\u00f3n del proceso por el t\u00e9rmino de 90 d\u00edas, contados desde la aprobaci\u00f3n de ese petici\u00f3n, mientras culminaba una etapa de negociaci\u00f3n y aprobaci\u00f3n con sus acreedores. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Superintendencia de Sociedades neg\u00f3 el requerimiento por auto 2022-01-157223 de 24 de marzo de 2022 en el que indic\u00f3, <\/p>\n
8. Lo anterior, en atenci\u00f3n a que, el t\u00e9rmino de los cuatro meses a los que se refiere la Ley 1116 de 2006 para la negociaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n de la Constructora Diana Ver\u00f3nica S.A. venci\u00f3 antes de que el deudor solicitara la suspensi\u00f3n del proceso concursal, esto es el 8 de febrero de 2022. <\/p>\n
9. Por otra parte, el art\u00edculo 37 de la Ley 1116 de 2006, establece que vencido el t\u00e9rmino de cuatro (4) meses sin que el deudor allegue el acuerdo o no se confirme el mismo, se dar\u00e1 apertura al proceso de liquidaci\u00f3n por adjudicaci\u00f3n y se dar\u00e1n los efectos previstos en el art\u00edculo 38 de la citada ley. (\u2026) <\/p>\n
12. En el anterior sentido, habida consideraci\u00f3n que, el deudor no alleg\u00f3 el acuerdo de reorganizaci\u00f3n dentro del t\u00e9rmino establecido por la ley, a este Despacho le corresponde dar por terminado el proceso de Reorganizaci\u00f3n y decretar la apertura del proceso de liquidaci\u00f3n judicial de los bienes de la Constructora Diana Ver\u00f3nica S.A.\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. De los argumentos transcritos no se extrae arbitrariedad o desafuero alguno, si se toma en cuenta que, ciertamente, la referida Ley 1116, en su art\u00edculo 37, establece un plazo perentorio para que el deudor interesado aporte el respectivo acuerdo de reorganizaci\u00f3n, so pena de terminar el asunto e iniciar la correspondiente liquidaci\u00f3n de la sociedad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo General del Proceso indica claramente, que cuando un t\u00e9rmino se fija en meses, su vencimiento tendr\u00e1 lugar el mismo d\u00eda que empez\u00f3 a correr, pero del correspondiente mes en el que termina el plazo, y que, si este no tiene ese d\u00eda, vencer\u00e1 el \u00faltimo d\u00eda del respectivo mes. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Ahora, si bien es cierto, que la Superintendencia de Sociedades mediante la Resoluci\u00f3n 2021-01-677180 suspendi\u00f3 los t\u00e9rminos para algunos procesos que all\u00ed se adelantaban, no lo es menos que tal eventualidad solo suele presentarse para que esa interrupci\u00f3n se acompase con la vacancia judicial estatuida en el literal b) del art\u00edculo 20 del Decreto 546 de 1971, modificado por el art\u00edculo 1\u00b0 de la Ley 31 de ese mismo a\u00f1o, la cual permite que la mayor\u00eda de los despachos judiciales pertenecientes a la Rama Judicial, disfruten de dicho beneficio durante el periodo comprendido entre los d\u00edas 20 de diciembre y 10 de enero de cada a\u00f1o, y evitar as\u00ed que otros t\u00e9rminos, estos s\u00ed establecidos en d\u00edas h\u00e1biles, transcurran de manera inequitativa a los que por tal efecto quedan igualmente suspendidos. <\/p>\n
<\/p>\n
6. No quiere decir lo anterior, ni puede interpretarse de la manera err\u00f3nea en la que lo hizo la sociedad accionante, que los t\u00e9rminos establecidos en meses o a\u00f1os para los asuntos asignados a la Superintendencia se suspendan o algo similar durante ese periodo, pues la norma es clara en establecer la forma exacta en la que estos deben contabilizarse. <\/p>\n
<\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, surge evidente que, tal como lo determin\u00f3 la accionada en el auto cuestionado, la sociedad en reorganizaci\u00f3n [aqu\u00ed accionante] ten\u00eda plazo para presentar el correspondiente acuerdo hasta el 7 de febrero de 2022, y como no lo hizo, sino que acudi\u00f3 tard\u00edamente con una petici\u00f3n de suspensi\u00f3n que present\u00f3 hasta el d\u00eda 21 de febrero de 2022, la consecuencia jur\u00eddica inmediata, conforme a lo dispuesto en la Ley 1116 de 2006, era la apertura del correspondiente tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n [Art. 37]. <\/p>\n
<\/p>\n
8. En todo caso, al margen de que la reclamante comparta o no las reflexiones de la Superintendencia accionada, no pueden tildarse de sesgadas o caprichosas, ya que obedecen a una leg\u00edtima interpretaci\u00f3n avalada por el contexto particular que revelaba el expediente, lo que de entrada conduce a la inviabilidad de esta acci\u00f3n de tutela, en la medida en que no est\u00e1 prevista para atacar providencias judiciales, con apoyo en una diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, en abierto desconocimiento de los principios de la autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia, lo que llevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencia previsto en el ordenamiento jur\u00eddico, a trav\u00e9s del ejercicio inadecuado de una facultad constitucional muy excepcional. (Ver CSJ STC138-2022 y STC8922-2022). <\/p>\n
<\/p>\n
9. De otra parte, en la impugnante insisti\u00f3 la sociedad que en el fallo de primera instancia no se realiz\u00f3 un pronunciamiento en relaci\u00f3n con lo anotado en precedencia, ni tampoco se mencion\u00f3 que en la providencia de 24 de marzo de 2022 que decidi\u00f3 sobre su petici\u00f3n de suspensi\u00f3n, orden\u00f3 a la vez, la apertura de la liquidaci\u00f3n de la sociedad, y en relaci\u00f3n con lo anterior, la revisi\u00f3n de la providencia permite inferir que no es cierto que no se hubiere realizado la argumentaci\u00f3n echada de menos, <\/p>\n
Adem\u00e1s, en relaci\u00f3n con el \u00faltimo de los reparos se\u00f1alados, basta indicar, que en aras de la econom\u00eda procesal a los jueces de la Rep\u00fablica, no les est\u00e1 prohibido proferir una o varias decisiones en una misma providencia, siempre y cuando -como en este caso- tal conducta no transgreda los presupuestos que configuran defectos en sus decisiones. <\/p>\n
10. En consecuencia de lo anterior, se confirmar\u00e1 la sentencia impugnada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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