STC9636-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9636-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01102-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso, presuntamente vulnerado por las autoridades accionadas al tener por oportuna la contestaci\u00f3n dada por su antagonista a la demanda que le instaur\u00f3. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar i) \u00abrehacer las actuaciones a partir del auto del 17 de diciembre de 2021 proferid[o] por la Superintendencia [acusada]\u00bb, dando cumplimiento \u00aba lo establecido en los art\u00edculos 97, 109, 117, 318 y 321 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb; y ii) \u00aba la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n o a su Delegada para asuntos Civiles y Laborales que se pronuncie de fondo y preste vigilancia administrativa como organismo de control de acuerdo con lo establecido en [el] decreto 262 del 22 de\u2026 2000 y sus normas concordantes y el art\u00edculo 46 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
2. Los siguientes son los hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso: <\/p>\n
2.1. En el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor promovida por la actora contra el Banco Popular, seg\u00fan informe secretarial de 17 de diciembre de 2021, el demandado contest\u00f3 oportunamente la demanda el d\u00eda 14 anterior, ante lo que la accionante interpuso los recursos de reposici\u00f3n y, en su subsidio, de apelaci\u00f3n, y la Superintendencia atacada, el 4 de marzo \u00faltimo, tras se\u00f1alar que dichas censuras eran inviables frente a aquel acto, pues no constitu\u00eda decisi\u00f3n judicial sino una mera constancia, resolvi\u00f3 tener por oportuna aquella respuesta de la pasiva; determinaci\u00f3n \u00faltima que la tutelante atac\u00f3 en reposici\u00f3n y queja, recursos \u00faltimos que, para el 16 de marzo del a\u00f1o en curso, cuando se propuso esta acci\u00f3n de tutela, no hab\u00edan sido resueltos. <\/p>\n
2.2. De otro lado, la quejosa acudi\u00f3 a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n deprec\u00e1ndole su intervenci\u00f3n en dicho asunto y exigir a la Superintendencia convocada la aplicaci\u00f3n debida del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, teniendo en cuenta lo dicho en la sentencia C-420\/20 por la Corte Constitucional, al disponer su exequibilidad condicionada; lo que, en su sentir, contempla que de recibirse acuse de recibo del mensaje de datos mediante el cual se notific\u00f3 la admisi\u00f3n de la demanda (como adujo ocurri\u00f3 en el caso concreto el 11 de noviembre de 2021), el t\u00e9rmino de traslado de \u00e9sta ha de descontarse a partir del d\u00eda siguiente, por lo que en el asunto referido a espacio ello debi\u00f3 darse desde el pasado 12 de diciembre y, por tanto, tal lapso feneci\u00f3 el d\u00eda 13 siguiente, por lo que fue tard\u00eda la contestaci\u00f3n arrimada por el Banco el 14 posterior y as\u00ed debi\u00f3 resolverse; ante lo cual esa dependencia del Ministerio P\u00fablico le indic\u00f3 hallar acertado el proceder de la Superintendencia porque seg\u00fan esa norma la notificaci\u00f3n se entiende surtida dos (2) d\u00edas despu\u00e9s del env\u00edo del mensaje de datos; concepto frente al que se denegaron, por improcedentes, los recursos de reposici\u00f3n y de apelaci\u00f3n que propuso la gestora. <\/p>\n
2.3. En la demanda de tutela del ep\u00edgrafe, en concreto, la quejosa indic\u00f3 que, injustificadamente, le han negado todos los recursos que ha propuesto para que las autoridades acusadas adecuen su proceder a lo dispuesto por la Corte Constitucional en la aludida sentencia C-420\/20 respecto al inciso 3\u00ba del canon 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, acorde con el cual, en su parecer, el traslado de la demanda debi\u00f3 descontarse a partir del acuse de recibo de la comunicaci\u00f3n, por lo que fue extempor\u00e1nea la contestaci\u00f3n del Banco. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. La Superintendencia Financiera de Colombia indic\u00f3 que la salvaguarda era improcedente porque \u00aben el tr\u00e1mite judicial llevado a cabo por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, se encuentra pendiente de resolver medios de impugnaci\u00f3n ordinarios formulados[,] por lo que el requisito de subsidiariedad no se encuentra cubierto\u2026, pero adem\u00e1s, porque es claro, que\u2026 no vulner\u00f3 ning\u00fan derecho fundamental de la parte actora en el tr\u00e1mite dado a la Acci\u00f3n de Protecci\u00f3n al Consumidor\u2026, pues contrario a ello, ha actuado acorde con los (sic) establecido en las normas sustanciarles (sic) y procesales aplicables para esta clase de asunto\u00bb. <\/p>\n
2. El abogado Juan Fernando Mej\u00eda Villegas, aduciendo obrar \u00aben [su] condici\u00f3n de apoderado especial de[l] Banco Popular S.A.\u00bb, se pronunci\u00f3 frente a la solicitud de protecci\u00f3n sin allegar el poder especial conferido por \u00e9ste para actuar en su representaci\u00f3n en este tr\u00e1mite tutelar, por lo cual su manifestaci\u00f3n no se tiene en cuenta. <\/p>\n
OTRA ACTUACI\u00d3N RELEVANTE EN EL CASO FUSTIGADO EN EL CURSO DE LA ACCI\u00d3N SUPRALEGAL <\/p>\n
En el decurso de este tr\u00e1mite constitucional, el 31 de marzo \u00faltimo, la Superintendencia acusada mantuvo su decisi\u00f3n del 4 de marzo anterior y deneg\u00f3, por improcedente, la concesi\u00f3n del recurso de queja propuesto. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a-quo constitucional deneg\u00f3 la protecci\u00f3n al hallar inexistente la vulneraci\u00f3n denunciada, en cuanto a la Procuradur\u00eda, porque dio respuesta, aunque adversa, a las solicitudes del quejoso, sin que estuviera obligada a resolver de forma favorable lo pretendido; mientras que, respecto de la Superintendencia, porque si la queja se dirigi\u00f3 frente a la falta de resoluci\u00f3n de los recursos planteados contra el informe secretarial de 17 de diciembre de 2021, era evidente que los mismos se mostraban inviables respecto de dicho acto, el cual no constitu\u00eda decisi\u00f3n judicial alguna. <\/p>\n
De otro lado, consider\u00f3 prematura la formulaci\u00f3n de la salvaguarda porque, en gracia de discusi\u00f3n, si el reclamo tutelar se dirigi\u00f3 contra el auto del pasado 4 de marzo (mediante el cual se tuvo por oportuna la respuesta del Banco), lo cierto era que los recursos propuestos frente a \u00e9ste se hallaban pendientes de definici\u00f3n por parte del juzgador natural, por lo que no pod\u00eda el constitucional anticiparse a lo que a aqu\u00e9l le correspond\u00eda resolver. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la actora indicando que el Tribunal pas\u00f3 por alto que, para cuando emiti\u00f3 su fallo (el 8 de abril de 2022), la Superintendencia convocada ya hab\u00eda resuelto los recursos pendientes, por lo que, atendiendo sus planteamientos iniciales, debi\u00f3 ocuparse del fondo del asunto. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo singular establecido para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, este instrumento excepcional no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que el funcionario adopte una decisi\u00f3n por completo desviada del camino previamente se\u00f1alado, sin ninguna objetividad, afincado en sus particulares designios, a tal extremo que configure el proceder denominado \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, situaci\u00f3n frente a la cual se abre paso el amparo para restablecer las garant\u00edas esenciales conculcadas, siempre y cuando se hayan agotado las v\u00edas ordinarias de defensa, dado el car\u00e1cter subsidiario y residual del resguardo, y por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio. <\/p>\n
2. Efectuadas tales precisiones, de cara al caso concreto, circunscrita la Sala a los argumentos tra\u00eddos en la impugnaci\u00f3n, de los elementos de convicci\u00f3n recolectados, anticipa su fracaso, por lo cual habr\u00e1 de confirmarse el fallo del Tribunal a-quo, dada la inviabilidad del resguardo impetrado, por las razones que se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. Respecto a los diferentes cuestionamientos frente a la decisi\u00f3n de tener por oportuna la contestaci\u00f3n dada a la demanda por el Banco Popular S.A., la que, ciertamente, inicialmente se materializ\u00f3 con lo definido en prove\u00eddo del 4 de marzo de 2022; es de tener en cuenta que frente a dicho auto la quejosa formul\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y queja, los que para la fecha de presentaci\u00f3n de esta petici\u00f3n de amparo (el d\u00eda 16 siguiente) a\u00fan no hab\u00edan sido resueltos, por lo que aqu\u00e9lla no hab\u00eda cobrado firmeza. <\/p>\n
Lo dicho dio lugar a que, en el decurso de esta acci\u00f3n de tutela, la Superintendencia acusada emitiera la determinaci\u00f3n del 31 de marzo de 2022, mediante la cual mantuvo la referida a espacio y deneg\u00f3, por improcedente, la concesi\u00f3n del recurso de queja. <\/p>\n
Entonces, para el momento de su formulaci\u00f3n, muy a pesar de las alegaciones de la reclamante, esta demanda de amparo deven\u00eda presurosa, en la medida en que el fallador ordinario no hab\u00eda tenido la oportunidad de pronunciarse de manera definitiva respecto a la aceptaci\u00f3n de la aludida contestaci\u00f3n de la demanda; circunstancia por la cual la petici\u00f3n de resguardo inobserv\u00f3 el car\u00e1cter subsidiario y residual de esta acci\u00f3n p\u00fablica, dado que con ella se pretendi\u00f3 la usurpaci\u00f3n de las funciones propias del funcionario judicial com\u00fan, a lo que, al margen de los planteamientos de la censora, no pod\u00eda acceder el juzgador constitucional, so pena de desnaturalizar el cometido de esta herramienta excepcional. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha sido enf\u00e1tica al sostener que: <\/p>\n
\u2026no resulta admisible que el accionante \u00aben apresurado actuar, haya instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador\u2026, desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga [dado que el] juzgador enjuiciado es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia. Luego, resulta prematuro reclamar un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que ata\u00f1e resolver al funcionario competente, am\u00e9n que, it\u00e9rase, la acci\u00f3n de tutela no fue concebida como un escenario paralelo a las actuaciones judiciales, dado su apuntado car\u00e1cter y, mucho menos, fue prevista como una tercera instancia mediante la cual se pueda, sin que medien razones para as\u00ed proceder, antelar y suplantar las decisiones que han de emerger, como no, dentro de cada litigio, y por intermedio del funcionario judicial que est\u00e1 investido legalmente para lo propio\u00bb (CSJ STC, 1\u00b0 feb. 2011, rad. 2010-00958-01). <\/p>\n
3.2. En adici\u00f3n, evidenciado que cuando este reclamo constitucional se propuso se mostraba presuroso de cara a las inconformidades respecto al prove\u00eddo en el que el 4 de marzo \u00faltimo el Juzgador cuestionado tuvo por tempestiva la respuesta de la entidad demandada en la acci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor auscultada; y siendo obvio que para el pasado 16 de marzo, cuando se radic\u00f3 esta acci\u00f3n de tutela, no exist\u00eda la pluricitada decisi\u00f3n que el d\u00eda 31 posterior adopt\u00f3 el fallador acusado; se observa que a pesar de que, en \u00faltimas, la impugnante concentr\u00f3 su opugnaci\u00f3n en criticar tal determinaci\u00f3n, muy a pesar de sus alegaciones, se itera, es patente la inviabilidad de que el juez constitucional, en esta oportunidad, se ocupe de ella, comoquiera que constituye un \u00abhecho nuevo\u00bb, no propuesto en el liminar escrito de tutela (como no pod\u00eda serlo, pues, se repite, para entonces no exist\u00eda tal prove\u00eddo definitivo en torno a la situaci\u00f3n reprochada), circunstancia por la cual esos aspectos no pudieron ser cabalmente controvertidos en este tr\u00e1mite, de donde un pronunciamiento de la Corte al respecto implicar\u00eda la vulneraci\u00f3n del debido proceso y del derecho de defensa de todos los intervinientes. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n a los aspectos in\u00e9ditos que se presentan en el curso de la tutela, como lo son los autos que en su decurso emite la autoridad acusada al interior del juicio reprochado, se ha dicho que: <\/p>\n
\u2026es cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad – deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores\u2026 Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada en STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01). <\/p>\n
4. Lo consignado impone respaldar la determinaci\u00f3n de primer grado, por las razones aqu\u00ed exteriorizadas, enfatizando que la no superaci\u00f3n de los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n de tutelar, como ac\u00e1 ocurri\u00f3, impide que el juzgador constitucional se ocupe del fondo de la situaci\u00f3n sometida a su escrutinio. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a los interesados por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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