STC9641-2022<\/p>\n
<\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC9641-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 70001-22-14-000-2022-00068-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n de la sentencia proferida por la Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Sincelejo el 19 de mayo de 2022, en la acci\u00f3n de tutela que Jes\u00fas David P\u00e9rez Brid formul\u00f3 contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar y la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina – OCCRE, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Segundo Penal Municipal Mixto de San Andr\u00e9s Isla, por hechos relacionados al concurso de m\u00e9ritos convocado mediante el Acuerdo n\u00b0 CSJBOA17-609 del CSJ. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante invoc\u00f3 la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales a la igualdad y el trabajo. <\/p>\n
Superadas las etapas correspondientes fue incluido como \u00fanico integrante del registro de elegibles consignado en la Resoluci\u00f3n CSJBOA21-1691 de 30 de diciembre de 2021, para el cargo de secretario de Juzgado Municipal Nominado, con c\u00f3digo 260432, por lo que opt\u00f3 por los juzgados Promiscuo Municipal de Providencia Isla y Segundo Penal Municipal Mixto de San Andr\u00e9s, \u00faltimo este en el que fue nombrado el 25 de abril de 2022. <\/p>\n
Con base en lo anterior le solicit\u00f3 al Consejo Seccional organizador del concurso que realizara el tr\u00e1mite tendiente a conseguir una tarjeta de residencia para trabajar en San Andr\u00e9s Isla, pero no recibi\u00f3 respuesta, en los mismos t\u00e9rminos se dirigi\u00f3 a la OCCRE, oficina que, a trav\u00e9s de la respuesta de 27 de abril de 2022 neg\u00f3 la petici\u00f3n, lo cual se\u00f1al\u00f3 lesivo de sus derechos fundamentales, en la medida en que tiene un derecho adquirido a ser nombrado en el cargo que gan\u00f3 por m\u00e9rito, y requiere el documento con fines de registro, en iguales condiciones en los que le ha sido otorgado a diferentes empelados de la Contralor\u00eda y la Procuradur\u00eda, con los cuales se\u00f1al\u00f3 un trato diferencial, ya que le resulta desproporcionado que se le realice tal exigencia, y que no se acceda a las suyas. <\/p>\n
<\/p>\n
2. En consecuencia, solicit\u00f3, ordenar a la OCCRE que \u00abexpida a [su] favor la Tarjeta de residencia para trabajo con fines de registro, con el fin de tomar posesi\u00f3n del cargo de secretario de Juzgado Municipal.\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, manifest\u00f3 que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, toda vez que la vulneraci\u00f3n se le atribuy\u00f3 a la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina – OCCRE, bajo el entendido que es esta la autoridad competente para expedir el permiso temporal de residencia que requiere el actor para tomar posesi\u00f3n en el cargo de su inter\u00e9s. <\/p>\n
Indic\u00f3, que los asuntos de orden administrativo-laboral relacionados con la referida posesi\u00f3n deben ser tramitados ante el respectivo nominador, pues no tiene injerencia en los mismos. <\/p>\n
Record\u00f3 que, en el acuerdo contentivo de la convocatoria en comento, enfatiz\u00f3 a \u00abQuienes aspir[aban] a vincularse en el Distrito de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, Islas, [que deb\u00edan] acreditar el cumplimiento de lo previsto en la Ley 47 de 1993, junto con los dem\u00e1s requisitos legales, a efectos de obtener la posesi\u00f3n por el correspondiente nominador\u00bb, por lo que el actor ten\u00eda la obligaci\u00f3n de completar los referidos requisitos, para los fines pertinentes. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Penal Municipal Mixto de San Andr\u00e9s Isla, previo a solicitar que se dejara sin efectos el auto admisorio de la tutela, y en su lugar, se remitiera el expediente al Distrito Judicial del Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina, atendiendo a que es el juez constitucional de este el que goza de competencia territorial para el efecto, resalt\u00f3 que el accionante no verific\u00f3 en debida forma si cumpl\u00eda con las exigencias especiales establecidas en el concurso, para vincularse laboralmente en la Isla de San Andr\u00e9s. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Oficina De Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina – OCCRE, guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil, Familia y Laboral del Tribunal Superior de Sincelejo, tras analizar y encontrar configurados los requisitos generales de procedencia de la acci\u00f3n [legitimaci\u00f3n en la causa, inmediatez y subsidiariedad] y concluir que \u00absi bien es cierto [\u2026] en el caso de marras, el demandante dispone de herramientas ordinarias de defensa ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tambi\u00e9n lo es que lo que aqu\u00ed se cuestiona no es el acto administrativo expedido por la accionada OCCRE [\u2026] sino el presunto trato discriminatorio que dicha entidad le da al negarle la tarjeta de residencia para trabajo requerida\u00bb, as\u00ed como que la respuesta de 27 de abril del 2022 emitida por la OCCRE con ocasi\u00f3n de la solicitud planteada por el accionante el d\u00eda 25 inmediatamente anterior estaba \u00abincompleta\u00bb, pues carece de los folios n\u00fameros 2 y 4, ampar\u00f3 el derecho fundamental de petici\u00f3n, por cuanto resultaba imposible conocer cu\u00e1l \u00abfue la decisi\u00f3n de la entidad y los argumentos expuestos para negar o conceder la tarjeta peticionada por el accionante\u00bb y, por ende, orden\u00f3 dar una respuesta de fondo. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el accionante para manifestar que consider\u00f3 errada la interpretaci\u00f3n realizada por el Tribunal de primera instancia, puesto que, en su raciocinio, el yerro en su tesis se dio debido a que desestim\u00f3 a los secretarios de Juzgados Municipales como autoridades administrativas, olvidando que las funciones que, conforme a su cargo cumplen, son administrativas y judiciales, por ende, los hace acreedores de la tarjeta de residencia con fines de registro como se observ\u00f3 en la Sentencia C-530 de 1993. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que se omiti\u00f3 profundizar sobre la violaci\u00f3n a su derecho a la igualdad, en comparaci\u00f3n con los empleados de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica y de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, ignorando el criterio de razonabilidad y el de la unidad nacional junto con los precedentes judiciales respecto a que se apruebe y se expida su permiso de residencia y m\u00e1s a\u00fan sin contemplar, a su paso, la vulneraci\u00f3n al derecho del trabajo que esto representa. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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2. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado, con relevancia para lo que habr\u00e1 de decidirse, que el 25 de abril de 2022, el se\u00f1or Jes\u00fas David Perez Brid, solicit\u00f3 a la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andres, Providencia y Santa Catalina – OCCRE, le expidiera \u00abtarjeta de residencia para trabajo con fines de registro en pro de ejercer el cargo de Secretario Municipal Nominado c\u00f3digo 260432\u00bb en un despacho judicial de la referida isla, para el que particip\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos convocado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar mediante el Acuerdo n\u00b0 CSJBOA17-609 del 6 de octubre de 2017. <\/p>\n
Si bien es cierto, en el expediente obra respuesta sobre el particular emitida por la OCCRE el 27 de abril del a\u00f1o en curso, no menos lo es que esta carece de los folios n\u00fameros 2 y 4, y que aunque a trav\u00e9s de auto del 17 de mayo del cursante a\u00f1o, el Tribunal a quo requiri\u00f3 a las partes a fin de que la allegaran de forma \u00edntegra, el \u00fanico que se pronunci\u00f3 al respecto fue el accionante, quien inform\u00f3 que no dispon\u00eda de la respuesta completa, \u00abatendiendo a que de esa forma fue que se le remiti\u00f3 a su correo electr\u00f3nico\u00bb. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, emerge claro que el amparo concedido en primera instancia solo pod\u00eda limitarse a ordenar a la OCCRE que complementara su respuesta, para que el peticionario fuese enterado de manera integral y suficiente sobre las razones por las cu\u00e1les le fue denegado el documento pretendido [tarjeta] y, de contera, para que el mismo contara con la oportunidad de formular los recursos legales que considerara necesarios, ante la autoridad competente para dirimir un eventual conflicto sobre el particular; por esta misma raz\u00f3n, en ninguna de las dos instancias por las que ha transcurrido la tutela ha sido posible estudiar lo relacionado con los argumentos echados de menos, y si estos vulneraron o no, los derechos fundamentales a la igualdad y trabajo del actor. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Debe recordarse que, conforme a la doctrina constitucional, toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de inter\u00e9s general o particular y a obtener pronta resoluci\u00f3n, por lo que se trata de una garant\u00eda cuya eficacia est\u00e1 supeditada al cumplimiento de tres exigencias, a saber: (i) que la respuesta debe ser adecuada y congruente con la solicitud planteada; (ii) efectiva para la soluci\u00f3n del caso en cuesti\u00f3n, es decir, que el funcionario obligado a responder no solo est\u00e1 llamado a hacerlo sino que tambi\u00e9n debe aclarar, dentro de lo posible, el camino jur\u00eddico que conduzca al peticionario a la soluci\u00f3n de su problema y, (iii) oportuna, sin que ello implique, claro est\u00e1, que deba ser favorable a los intereses del peticionario. Aunado a lo anterior, la contestaci\u00f3n debe ser puesta en conocimiento del titular del escrito dentro del t\u00e9rmino de que trata la Ley 1755 de 2015, en este caso, completa, so pena de transgredir el referido derecho, como en efecto sucedi\u00f3. <\/p>\n
<\/p>\n
5. Como consecuencia de lo anterior es que se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Notif\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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