STC9642-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9642-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02037-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elizabeth Tabares Villarreal contra la Sala \u00danica del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, tr\u00e1mite al cual se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes del proceso objeto de queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora del amparo reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad y \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, que dice vulnerados por la autoridad judicial acusada. <\/p>\n
Solicita, en consecuencia, se dejen sin efecto \u00ablas providencias de fecha 4 de octubre y 3 de noviembre de 2021 proferidas por el Tribunal\u2026\u00bb, as\u00ed como \u00ablas decisiones de fecha 17 de febrero y 3 de junio de 2022 adoptadas por la Sala de Conjueces\u2026\u00bb, por \u00abhaber incurrido en v\u00eda de hecho por defecto sustantivo, f\u00e1ctico y procedimental\u00bb; y se ordene \u00abla valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas por la abogada recusante y la aplicaci\u00f3n del inciso 3\u00ba del art\u00edculo 142 del C.G. del P.\u00bb <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda promovi\u00f3 juicio ejecutivo contra Elizabeth Tabares Villarreal, cuyo conocimiento le correspondi\u00f3 al Juzgado Civil del Circuito de Mocoa, el que en providencia de 5 de agosto de 2020 dispuso seguir adelante la ejecuci\u00f3n, determinaci\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. Mediante prove\u00eddo de 4 de octubre de 2021 los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Mocoa se declararon impedidos con base en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n frente a la que la demandada pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, pero que fue desestimada el 3 de noviembre siguiente. <\/p>\n
2.3. Posteriormente, con auto de 17 de febrero de 2022, en Sala mayoritaria de Conjueces de la anotada Corporaci\u00f3n, se acept\u00f3 el impedimento expresado de manera conjunta y se avoc\u00f3 el conocimiento en segunda instancia del asunto, determinaci\u00f3n frente a la que la ahora actora impetr\u00f3 aclaraci\u00f3n, denegada el 27 de mayo de los corrientes. <\/p>\n
2.4. Indic\u00f3 la accionante que con las decisiones criticadas se desatendi\u00f3 lo previsto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 142 del C\u00f3digo General del Proceso; que la parte ejecutante cambi\u00f3 de apoderado para configurar la causal de recusaci\u00f3n; y que uno de los magistrados salv\u00f3 voto con fundamento en una providencia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de hechos similares a los planteados. <\/p>\n
2.5. Se\u00f1al\u00f3 que dentro del juicio ejecutivo se emiti\u00f3 fallo accediendo a las pretensiones de la demanda, decisi\u00f3n que fue apelada y una vez radicada en el Tribunal, el apoderado de la parte ejecutante renunci\u00f3 al poder y radic\u00f3 el nuevo mandato conferido. <\/p>\n
2.6. Adujo que la abogada Lisseth Vanessa Moncayo Alvarado present\u00f3 escrito en el que recus\u00f3 a los magistrados del Tribunal Superior de Mocoa con fundamento en la causal prevista en el numeral 6\u00ba del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, bajo el entendido que era c\u00f3nyuge de William Alexander Argoti, demandante en una acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado en contra de un acto administrativo proferido por dichos magistrados, relativo a la posesi\u00f3n de su esposo como juez. <\/p>\n
2.7. Sostuvo que en la providencia de 4 de octubre de 2021 los magistrados se declararon impedidos para conocer del proceso, desatendiendo las pruebas que alleg\u00f3 y lo actuado en el plenario, adem\u00e1s de lo dispuesto en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 142 \u00eddem, incurriendo en v\u00eda de hecho, pues dicha recusaci\u00f3n \u00fanicamente pod\u00eda ser propuesta por la contraparte. <\/p>\n
2.8. Asever\u00f3 que solicit\u00f3 la aclaraci\u00f3n de esa determinaci\u00f3n, empero, se despach\u00f3 desfavorablemente la misma; que en prove\u00eddo de 17 de febrero de los corrientes, de forma arbitaria y caprichosa, los conjueces resolvieron aceptar el impedimento, desconociendo lo acontecido en el tr\u00e1mite, al punto de afirmar que su declaratoria fue oficiosa. <\/p>\n
2.9. Anot\u00f3 que un conjuez present\u00f3 salvamento de voto precisando que los argumentos expuestos y la causal invocada no afectaban la decisi\u00f3n del proceso, adem\u00e1s que por hechos similares ya se hab\u00eda planteado recusaci\u00f3n, en el escenario penal, la hab\u00eda sido desestimada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema. <\/p>\n
2.10. Afirm\u00f3 que tambi\u00e9n se deneg\u00f3 su petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n y adici\u00f3n; y que las decisiones emitidas resultaban caprichosas y arbitrarias de cara al ordenamiento jur\u00eddico aplicable, esto es, el aludido inciso 3\u00ba del art\u00edculo 142 ib\u00eddem. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 la demanda de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el art\u00edculo 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Mocoa indic\u00f3 que hab\u00eda actuado dentro de los t\u00e9rminos legales vigentes; que la nueva apoderada de la parte ejecutante no present\u00f3 una recusaci\u00f3n sino que puso de presente hechos acontecidos con anterioridad en otros procesos; que los magistrados de esa Corporaci\u00f3n evaluaron y valoraron los documentos, poderes y circunstancias que preced\u00edan a la litis, concluyendo de manera oficiosa, para otorgar transparencia al proceso y salvaguardar los derechos de los intervinientes, que se declaraban impedidos; que le dieron aprobaci\u00f3n a dicha manifestaci\u00f3n; que no fueron recusados; que no se avizoraba defecto f\u00e1ctico alguno, pues la decisi\u00f3n emitida ten\u00eda sustento en el material probatorio que reposaba en el expediente; que le preocupaba que los recursos impetrados por los apoderados parec\u00edan usarse para generar dilaciones injustificadas; que esa Colegiatura acogi\u00f3 lo previsto en la normatividad; que se les deb\u00eda guardar respeto, pues adoptaban sus determinaciones con responsabilidad, imparcialidad y cumpliendo sus deberes; que no se cumpl\u00edan con los requisitos de procedibilidad del resguardo; que desde el auto criticado a la fecha hab\u00edan transcurrido los seis meses previstos como plazo razonable para ejercer esta acci\u00f3n excepcional; que no exist\u00eda relevancia constitucional; que no hab\u00eda irregularidad alguna; y que actuaron conforme a la ley y la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. La Sala \u00danica del Tribunal Superior de Mocoa se\u00f1al\u00f3 que los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n se declararon impedidos para resolver el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto frente a la sentencia de primera instancia, pues se encontraban incursos en la causal contenida en el numeral 6 del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso, decisi\u00f3n frente a la que la ahora accionante pidi\u00f3 aclaraci\u00f3n, empero, la misma fue denegada por improcedente; que no transgredi\u00f3 prerrogativa esencial alguna de la gestora, pues precisamente se buscaba asegurar la imparcialidad de la actuaci\u00f3n y la objetividad en las decisiones; que no ten\u00eda injerencia en la escogencia de los profesionales del derecho que representaban los intereses de las partes; y que no se cumpl\u00eda con el requisito de la inmediatez, pues el auto con el que expresaron su apartamiento fue emitido hace m\u00e1s de ocho meses. <\/p>\n
3. Zuleima Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda se pronunci\u00f3 frente a los hechos expuestos en el escrito inicial y refiri\u00f3 que no eran acordes con la lealtad procesal las m\u00faltiples solicitudes elevadas por la accionante, las que hab\u00edan sido denegadas por las autoridades acusadas; que nunca se present\u00f3 un escrito de recusaci\u00f3n, sino que se expusieron unos hechos; que ella, a trav\u00e9s de su firma de abogados, llevaba la representaci\u00f3n judicial del \u00abDr. Argoti Lagos, Dra. Vanessa Moncayo y su n\u00facleo familiar\u00bb, en la etapa gubernativa y en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que adelantaron contra los magistrados del Tribunal Superior de Mocoa, de forma individual, debido a su abstenci\u00f3n en el nombramiento de Argoti Lagos como juez; que explicaron ante el Tribunal que la representaci\u00f3n por parte de la abogada Moncayo Alvarado se deb\u00eda a un acuerdo entre ella y su familia para transar los honorarios pendientes por la defensa en el aludido juicio de nulidad y restablecimiento del derecho que se encontraba en tr\u00e1mite, debido a las dificultades econ\u00f3micas por las que atravesaban, adem\u00e1s de la capacidad de esta \u00faltima; que el asesoramiento a la referida familia inici\u00f3 en el 2020, que no en septiembre del 2021, como err\u00f3neamente se consideraba; que la gran molestia de la accionante era que no se accedieran \u00aba los \u2018caprichos y arbitrariedades\u2019 que ella pretende lograr con artima\u00f1as infundadas, inculuso llegar al uso de estos medios constitucionales\u00bb; y que la promotora usaba un lenguaje ofensivo. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que el salvamento de voto presentado no ten\u00eda en cuenta que la causal invocada era pleito pendiente, independientemente de si estaba o no relacionado con el asunto que el funcionario conoc\u00eda; que los precedentes citados eran causales y asuntos totalmente distintos; que la petici\u00f3n de aclaraci\u00f3n era abiertamente improcedente; que no era cierto que los magistrados y conjueces del Tribunal acusado hubieren actuado de forma caprichosa y arbitraria, pues se hab\u00edan apegado a la normatividad; que de prosperar el resguardo el asunto volver\u00eda a los magistrados que manifestaron que hab\u00eda pleito pendiente; que no conculcaron garant\u00eda esencial alguna; que el proceso administrativo contaba con una medida provisional dispuesta por el juez contencioso de realizar el nombramiento; que se buscaba la justicia material e imparcial; que el conjuez Edgar Leandro Morales, quien manifest\u00f3 el salvamento, ten\u00eda un pleito pendiente con ella, por ser abogado de una contraparte en un proceso, lo que se puso en conocimiento, pero se consider\u00f3 que no hab\u00eda impedimento; que su interes no era dilatar el proceso, sino velar por los derechos y recta administraci\u00f3n de justicia; y que no se cumpl\u00edan los requisitos de procedencia del resguardo. <\/p>\n
4. Lisseth Vanessa Moncayo Alvarado, quien dice actuar en su condici\u00f3n de apoderada de Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda, alleg\u00f3 memorial, el cual no es tenido en cuenta por la Sala por no aportar el poder especial que la habilite para representar a dicha vinculada. <\/p>\n
5. Al momento de someterse a consideraci\u00f3n de la Sala el presente asunto, ninguno de los convocados hab\u00eda efectuado manifestaci\u00f3n alguna frente a la solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Bajo ese entendido, en los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios tienen la libertad discreta y razonable para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico, los jueces constitucionales pueden inmiscuirse en su funci\u00f3n, cuando aquellos incurren en una flagrante desviaci\u00f3n del mismo. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha manifestado que: <\/p>\n
\u2026[E]l Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 0183; reiterada en STC4269-2015, 16 abr. 2015). <\/p>\n
As\u00ed pues, se ha reconocido que cuando el Juzgador natural se aparta de la jurisprudencia sin exponer argumentos valederos, o cuando se presenta un defecto sustantivo en el prove\u00eddo, entre otros, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
3. Descendiendo al sub examine, anticipa la Sala la procedencia del resguardo deprecado, pues con la determinaci\u00f3n emitida por la Sala de Conjueces del Tribunal acusado, mediante la que se aceptaron los impedimentos manifestados por los magistrados de esa Corporaci\u00f3n, se incurri\u00f3 en una v\u00eda de hecho. <\/p>\n
En efecto, se observa que cuando el expediente se encontraba surtiendo el tr\u00e1mite de segunda instancia, la parte ejecutante efectu\u00f3 cambio de apoderado y la abogada designada present\u00f3 memorial en el que manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u2026.con el debido respeto ponemos antes su estrado esta situaci\u00f3n para evitar una posible circunstancia que pueda afectar los principios de imparcialidad y objetividad en procura de evitar cualquier factor que atente contra el buen juicio y la transparencia de este asunto, en consideraci\u00f3n que mi representada es quien ha estado y estar\u00e1 tramitando como asesora y representante en el proceso contencioso administrativo en contra del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa \u2013 (P), y cada uno de los magistrados que integran el cuerpo colegiado, sumado al hecho que es de amplio conocimiento las circunstancias que han rodeado el desarrollo de la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho que est\u00e1 surtiendo\u2026 <\/p>\n
Y, a continuaci\u00f3n, solicit\u00f3: <\/p>\n
\u2026se estudie la situaci\u00f3n en particular antes expuesta, con aras de evitar una posible circunstancia que pueda afectar los principios de imparcialidad y objetividad en procura de evitar cualquier factor externo que pueda afectar el buen juicio y transparencia de este proceso y si es del caso se declare el impedimento de oficio todo el \u00f3rgano colegiado. <\/p>\n
SEGUNDO. – Lo antepuesto con fundamento a que ha sido mi poderdante la Sra. Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda, quien ha estado desde el comienzo (v\u00eda gubernativa) del proceso administrativo que se encuentra en curso en contra del Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Mocoa y todos sus H. Magistrados de forma independiente. <\/p>\n
TERCERO. – Por \u00faltimo, al ser la suscrita apoderada especial de la Sra. Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda para el presento asunto y al ser tambi\u00e9n parte demandante del caso administrativo contra el Tribunal Superior Del Distrito Judicial De Mocoa y todos sus H. Magistrados de forma independiente, puede ocasionar alguna causal de impedimento\u2026. <\/p>\n
Frente a lo cual, en prove\u00eddo de 4 de octubre de 2021 los integrantes de la Sala de Decisi\u00f3n del Tribunal Superior de Mocoa se declararon impedidos con base en la causal 6\u00aa del art\u00edculo 141 del C\u00f3digo General del Proceso; y en auto de 17 de febrero de 2022, en Sala mayoritaria de Conjueces de la anotada Corporaci\u00f3n, se acept\u00f3 el apartamiento expresado de manera conjunta y se avoc\u00f3 el conocimiento en segunda instancia del asunto, tras considerarse que: <\/p>\n
\u2026Resulta acertado la postura de los Honorables Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa, en declararse impedidos por la causal alegada en b\u00fasqueda de la m\u00e1xima imparcialidad en las decisiones judiciales, se encuentra claro y palpable la existencia de un pleito pendiente entre cada uno de los miembros del cuerpo colegiado y la abogada Lisseth Vanessa Moncayo quien ostenta como apoderado de la hoy actora Sra. Zuleima Paola Martinez Garcia, debido a que la togada funge como parte demandante en el proceso de lo contencioso administrativo que se lleva a cabo en el Juzgado Segundo Administrativo del circuito de Mocoa bajo radicado No. 860013333002-2021-00082 configur\u00e1ndose de manera objetiva el supuesto impeditivo previsto por el legislador, pues la acci\u00f3n judicial que genera la calidad de contraparte entre los funcionarios judiciales y la abogada defensora ha trabado ya la relaci\u00f3n jur\u00eddico procesal a trav\u00e9s de la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que como lo ha manifestado la doctrina y bajo el principio de legalidad consagrado en el art\u00edculo 7\u00b0 del C\u00f3digo General del Proceso, el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 141 del CGP consagr\u00f3 como requisito indispensable que el pleito pendiente deba existir al momento de conocimiento del asunto bajo estudio, al conceptuar: \u201csi el verbo rector de la norma estuviere en pasado, podr\u00eda interpretarse en forma diferente; mas al estar en infinitivo (\u201cexistir\u201d) basta que se presente el pleito para que se d\u00e9 el requisito.\u201d (Negrilla por fuera del texto) <\/p>\n
Corolario con lo anterior se tiene que los impedimentos est\u00e1n enmarcados para que el juzgador se separe de su cargo en un asunto judicial donde pueda estar implicada su objetividad e imparcialidad, de lo contrario se estar\u00eda en contrav\u00eda de los factores de rectitud de la administraci\u00f3n judicial, as\u00ed lo ha se\u00f1alado la Corte Suprema de Justicia\u2026 <\/p>\n
Por ultimo cabe resaltar que de manera oficiosa los Magistrados del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa \u2013 (P), se declararon impedidos para conocer del presente asunto al advertir la causal taxativa de pleito pendiente. Lo anterior denota que la postura que fue tomada para decretar el impedimento es garantizando la imparcialidad y transparencia en el proceso de la referencia, por lo cual, mal har\u00eda el presente cuerpo colegiado en ir en contrav\u00eda de lo ya planteado por los Honorables Magistrados y el precedente horizontal trazado por esta sala de conjueces en coadyuvar y aceptar las decisiones de impedimentos suscitados por los miembros del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa \u2013 _(P), cuando se avizora la aplicaci\u00f3n de la normatividad vigente y la expresi\u00f3n de los hechos fundantes de manera adecuada. <\/p>\n
Por consiguiente, esta sala de conjueces acepta el impedimento presentado de manera conjunta por los tres magistrados que integran la Sala \u00danica del Tribunal superior del distrito Judicial de Mocoa. <\/p>\n
4. Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, puesto que se transgredieron las garant\u00edas de primer orden invocadas, en tanto que la autoridad acusada no hizo una valoraci\u00f3n conjunta de lo acontecido en el tr\u00e1mite, la normatividad y la jurisprudencia aplicable al asunto. <\/p>\n
Ciertamente, la Sala de Conjueces criticada no analiz\u00f3 de fondo el cambio de apoderado efectuado en segunda instancia ni el escrito presentado por la apoderada designada, en correlaci\u00f3n con la interpretaci\u00f3n que frente a la causal en comento se ha efectuado por v\u00eda jurisprudencial, donde se ha dejado dicho, de forma categ\u00f3rica, que en situaciones como la aqu\u00ed auscultada, es inviable provocar la declaraci\u00f3n de impedimento de los magistrados. <\/p>\n
Al respecto, en un asunto que guarda simetr\u00eda con el actual, esta Sala consider\u00f3 acertada la negativa frente al impedimento y recusaci\u00f3n formulada por derivarse del cambio de apoderado, precisando que: <\/p>\n
\u2026las disposiciones en torno a los impedimentos y recusaciones, concretamente en los eventos en los que se presenta una sustituci\u00f3n de apoderado, pretenden garantizar la lealtad procesal y la recta administraci\u00f3n de justicia, pues como lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-573 de 1998, no es viable alegar su \u00abpropio acto como raz\u00f3n para recusar al juez\u00bb, ya que \u00abprovocar el impedimento de quien no estaba impedido, seg\u00fan la voluntad de aquel que est\u00e1 sometido a proceso, para lograr su remoci\u00f3n como juez de la causa, (\u2026) obstruye abiertamente la administraci\u00f3n de justicia (\u2026) y, al dilatar la resoluci\u00f3n judicial, afecta el inter\u00e9s colectivo\u00bb, tal como ocurri\u00f3 en el sub examine (Resaltado fuera de texto, CSJ STC10541-2016, 3 ag. 2016, rad. 2016-02030-00). <\/p>\n
5. As\u00ed las cosas, las consideraciones que anteceden, imponen la concesi\u00f3n del resguardo impetrado ante la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales de la tutelante, por lo que se ordenar\u00e1 a la Sala de Conjueces del Tribunal acusado que, tras dejar sin valor ni efecto alguno la decisi\u00f3n que adopt\u00f3 el 17 de febrero de 2022 y las que de ella dependan, atendiendo los razonamientos expuestos en la parte motiva de esta decisi\u00f3n, proceda a emitir la providencia que corresponda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, concede el resguardo impetrado; en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero: Ordenar a la Sala de Conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Mocoa que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al recibo de la notificaci\u00f3n de esta providencia, tras dejar sin valor ni efecto el prove\u00eddo que profiri\u00f3 el 17 de febrero de 2022 y los que de \u00e9ste dependan, en el juicio ejecutivo incoado por Paola Mart\u00ednez Garc\u00eda contra Elizabeth Tabares Villarreal (radicado 86001-22-08-001-2018-00241), proceda a adoptar una nueva decisi\u00f3n, atendiendo lo expuesto en la parte motiva de la presente determinaci\u00f3n. Por Secretar\u00eda rem\u00edtasele copia de este fallo. <\/p>\n
Segundo: Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse este fallo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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STC9642-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9642-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02037-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Elizabeth Tabares Villarreal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65540","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65540","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65540"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65540\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65540"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65540"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65540"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}