STC9649-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9649-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-30-000-2022-00900-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Sala la acci\u00f3n de tutela instaurada por Nelly Yolanda Villamizar de Pe\u00f1aranda, \u00aben calidad de magistrada de la Secci\u00f3n Cuarta, Subsecci\u00f3n \u2018B\u2019 del Tribunal Administrativo Cundinamarca\u00bb, frente al Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a todos los intervinientes e interesados en el asunto1. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora demanda la salvaguarda de sus garant\u00edas superiores al debido proceso, trabajo e igualdad. <\/p>\n
2. Del escrito inicial, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.1. El 25 de agosto de 2004 se profiri\u00f3 sentencia de primera instancia en la acci\u00f3n popular de radicado 2001-00479-02, \u00abconocida como la \u2018Descontaminaci\u00f3n del R\u00edo Bogot\u00e1\u2019\u00bb, que ampar\u00f3 los derechos colectivos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano, entre otros; decisi\u00f3n que fue objeto de alzada ante el Consejo de Estado, el cual profiri\u00f3 fallo, el 28 de marzo de 2014, modificando el numeral segundo de la providencia recurrida. <\/p>\n
2.2. En virtud de lo anterior, el Consejo de Estado \u00abimpuso a cada una de las autoridades demandadas m\u00e1s de 75 \u00f3rdenes, correspondi\u00e9ndole [\u2026] hacer el seguimiento del cumplimiento de las disposiciones impartidas\u00bb, am\u00e9n de los \u00ab36 cuadernos principales, m\u00e1s de 88 expedientes de incidentes h\u00edbridos compuestos por varios cuadernos con m\u00e1s de 10.000 folios cada uno y 58 incidentes digitales, para un total de 146 cuadernos\u00bb, tr\u00e1mites que han sido surtidos por parte de la tutelante y que han generado \u00abuna carga laboral desmesurada no solo para la suscrita sino tambi\u00e9n para el equipo de trabajo al servicio del Despacho\u00bb. <\/p>\n
2.3. Frente a la situaci\u00f3n planteada, adujo que \u00abno contar [\u2026] con el personal espec\u00edficamente creado para hacerle seguimiento a la referida sentencia [\u2026] torna imperioso el que debamos trabajar d\u00edas y horas fuera de la jornada laboral\u00bb, lo cual afecta su \u00abderecho al trabajo en su componente esencial [\u2026] al descanso\u00bb, pues el Despacho tiene otros asuntos a cargo; adem\u00e1s, que ha incurrido en gastos de hospedaje y alimentaci\u00f3n cuando debe salir de la ciudad a realizar audiencias en los municipios objeto de inspecci\u00f3n, pues no se le han asignado vi\u00e1ticos para cumplir las comisiones otorgadas, \u00abcon lo cual se me impone una carga m\u00e1s que afecta el salario\u00bb. <\/p>\n
2.4. Refiri\u00f3 que ha informado lo referido \u00aben diferentes oportunidades desde el a\u00f1o 2016 al Consejo Superior de la Judicatura y al Presidente del Consejo de Estado sin que [\u2026] le hayan puesto la atenci\u00f3n debida a los innumerables oficios [\u2026] y frente a los cuales no se obtuvo respuesta alguna [\u2026] encaminados a la creaci\u00f3n de los cargos requeridos- [\u2026] de un Abogado Asesor (hoy Profesional Especializado Grado 23) y dos Oficiales Mayores Nominados de manera permanente que permitan descongestionar el trabajo\u00bb. <\/p>\n
2.5. Al respecto, la promotora censur\u00f3 que el Consejo Superior de la Judicatura vulner\u00f3 sus derechos, al no designar el personal necesario en su Despacho, pues, desde el a\u00f1o 2020, \u00abha proporcionado medidas de descongesti\u00f3n, las cu\u00e1les han resultado [\u2026] insuficientes [\u2026] [que los] nombramientos temporales [\u2026] atentan contra la estabilidad en el servicio [\u2026] al no ejercerse de manera continua y permanente, significa per se el atraso durante meses en la verificaci\u00f3n del cumplimiento\u00bb del fallo de la acci\u00f3n popular en comento, haciendo \u00e9nfasis en el Acuerdo PCSJA22-11918 de 2 de febrero de 2022, que cre\u00f3 un solo cargo de descongesti\u00f3n de profesional universitario grado 16 desde el 7 de febrero hasta el 10 de noviembre hoga\u00f1o. Reproch\u00f3 que \u00abel art\u00edculo 83 de la Ley 2080 de 2021 le asigna competencia al Consejo Superior de la Judicatura para que realice los an\u00e1lisis necesarios sobre las cargas de trabajo y tome las decisiones para la creaci\u00f3n de nuevos cargos, lo cual en mi caso sigue desatendido pese a los m\u00faltiples derechos de petici\u00f3n que he elevado\u00bb. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n manifest\u00f3 que, \u00aben el mes de marzo de 2021, ejerc\u00ed una acci\u00f3n de tutela contra la aqu\u00ed accionada, la cual fue conocida por el Consejo de Estado, [\u2026] que coadyuvaron mis auxiliares, [\u2026] la cual me fue negada porque se dijo que las medidas de descongesti\u00f3n que la sala Administrativa hab\u00eda adoptado eran suficientes, la cual no ha sido objeto de revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional\u00bb; no obstante, resalt\u00f3 que no estaba incurriendo en una conducta temeraria, porque \u00abexiste un hecho nuevo y concluyente que es posterior [\u2026] como lo es la creaci\u00f3n de cargos en las altas cortes que [\u2026] desmienten la falta de presupuesto de que tanto habla el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA\u00bb, indicando que, posteriormente, dicha autoridad \u00abobtuvo los recursos para la creaci\u00f3n de 1.692 cargos permanentes [\u2026] sin que fuera considerado crear cargos permanentes para el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci\u00f3n Cuarta Subsecci\u00f3n \u2018B\u2019\u00bb, con lo cual se ha vulnerado su derecho a la igualdad, toda vez que no le han creado los 3 empleos permanentes que solicit\u00f3, pero s\u00ed se asign\u00f3 presupuesto para crear en la Corte Constitucional \u00abm\u00e1s de 300 cargos\u00bb, para que cumplan funciones de verificaci\u00f3n del cumplimiento de algunos fallos de tutela. En ese sentido, asever\u00f3 que no pod\u00eda establecerse, como se concluy\u00f3 en la tutela anterior, \u00abque los derechos que invoco como violados no lo han sido\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 amparar sus derechos fundamentales y que: i) \u00abSE VINCULE al MINISTERIO DE HACIENDA Y CR\u00c9DITO P\u00daBLICO, al MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO y al MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE para que se apersonen en defensa de los derechos colectivos que invoco y que fueron protegidos por el Consejo de Estado en la sentencia [\u2026] que confirm\u00f3 la del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 25 de agosto de 2004\u00bb; y ii) se ordene al Consejo Superior de la Judicatura \u00abcrear un (1) Cargo de Abogado Asesor (hoy Profesional Especializado Grado 23) y dos (2) de Oficial Mayor Nominado en el despacho 06 de la Secci\u00f3n Cuarta \u2013 Subsecci\u00f3n \u2018B\u2019 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de car\u00e1cter permanente, con el fin de desempe\u00f1ar todas las funciones concernientes a la verificaci\u00f3n del cumplimiento de la sentencia proferida el 28 de marzo de 2014 por el H. Consejo de Estado\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. La Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura afirm\u00f3 que no es viable endilgar su responsabilidad en el tr\u00e1mite de verificaci\u00f3n de cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en una sentencia de acci\u00f3n popular, pues esa es una facultad del juez competente. Destac\u00f3 que, en ejercicio de su funci\u00f3n administrativa, ha adoptado medidas permanentes de descongesti\u00f3n \u00aben aquellos casos identificados como m\u00e1s urgentes, atendiendo la restricci\u00f3n presupuestal que afecta el sector justicia\u00bb y medidas temporales que han abarcado al Despacho de la tutelante, seg\u00fan la disponibilidad de recursos, incluyendo la disminuci\u00f3n de la carga laboral \u00aben un cuarenta por ciento (40%) entre el 20 de octubre de 2018 y el 20 de abril de 2019, con el fin de que el despacho realizara, con dedicaci\u00f3n parcial, las labores propias del seguimiento de la acci\u00f3n del Rio Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, asever\u00f3 que, a partir de las reformas introducidas en la Ley 2080 de 2021, se encuentra evaluando el fortalecimiento de la oferta de la justicia en materia administrativa a nivel nacional y que \u00abtodas las solicitudes de creaci\u00f3n de cargos presentadas por la doctora Nelly Yolanda Villamizar de Pe\u00f1aranda [\u2026] han sido resueltas oportunamente y las respuestas se notificaron directamente a la funcionaria judicial. Adem\u00e1s, las peticiones se tuvieron en cuenta en los an\u00e1lisis del estado de la administraci\u00f3n de justicia que condujeron a la creaci\u00f3n de cargos\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, se opuso a la prosperidad de la acci\u00f3n de tutela, \u00abpor no ser el mecanismo id\u00f3neo para solicitar la adopci\u00f3n de medidas permanentes o de descongesti\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1 argument\u00f3 que \u00abCrear cargos transitorios, en descongesti\u00f3n, o permanentes a los despachos judiciales, no es una funci\u00f3n de [su] competencia, tal y como puede verificarse en el art\u00edculo 101 de la Ley 270 de 1996\u00bb. <\/p>\n
3. La Secretar\u00eda Ad hoc de la Comisi\u00f3n Interinstitucional de la Rama Judicial dijo que aquella era un foro de colaboraci\u00f3n y participaci\u00f3n, con funciones eminentemente consultivas y que carec\u00eda de facultades para la creaci\u00f3n de empleos. <\/p>\n
4. Los Ministerios de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de Justicia y del Derecho y de Ambiente y Desarrollo Sostenible alegaron falta legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. El primero, a su vez, enfatiz\u00f3 que la accionante, como magistrada ponente de la acci\u00f3n popular relacionada, era la autoridad competente para exigir el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas a las entidades involucradas y, el \u00faltimo, se\u00f1al\u00f3 que ha acatado lo dispuesto en la acci\u00f3n popular. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, la peticionaria cuestiona al Consejo Superior de la Judicatura, porque no ha creado los cargos permanentes requeridos para el seguimiento al fallo dictado en la acci\u00f3n popular de radicado 2001-00479-02, pese a que ha sido requerido para el efecto desde el a\u00f1o 2016 y a que, recientemente, cre\u00f3 empleos en otras Corporaciones, \u00absin que fuera considerado [\u2026] el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Secci\u00f3n Cuarta Subsecci\u00f3n \u2018B\u2019 y de manera prevalente\u00bb su Despacho. <\/p>\n
Con base en ello, solicita que se ordene a las entidades accionadas en dicho tr\u00e1mite que se \u00abapersonen en defensa de los derechos colectivos\u00bb protegidos, que requieren ser acatados, y que se imponga al Consejo Superior de la Judicatura crear los empleos permanentes necesarios para hacer seguimiento a dicha acci\u00f3n. <\/p>\n
2. En relaci\u00f3n con lo reclamado, resulta pertinente indicar, en primer lugar, que lo relativo al seguimiento, verificaci\u00f3n y cumplimiento de lo dispuesto en una acci\u00f3n popular es un asunto que debe gestionarse en el juicio respectivo, por la autoridad judicial de conocimiento y de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable, de manera que la acci\u00f3n de tutela no es procedente para que el juez constitucional emita \u00f3rdenes frente a las entidades obligadas a acatar lo decidido en el asunto, dada su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que no puede la Sala emitir pronunciamiento alguno en torno a lo pretendido en ese sentido. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Ahora bien, frente a la presunta vulneraci\u00f3n de los derechos de la tutelante por parte del Consejo Superior de la Judicatura, por cuanto no ha creado cargos permanentes requeridos, para realizar el seguimiento al cumplimiento de las decisiones adoptadas en la referida acci\u00f3n popular, es pertinente resaltar que, tal y como lo adujo la promotora, dicha problem\u00e1tica fue analizada por el Consejo de Estado, al resolver la acci\u00f3n de tutela de radicado 11001031500020200458501, en la cual la actora sostuvo que \u00abla autoridad judicial accionada vulnera sus derechos fundamentales, debido a que las medidas adoptadas, de forma transitoria, no han sido suficientes para adelantar cumplidamente con los tr\u00e1mites requeridos en la acci\u00f3n popular del R\u00edo Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
En esa oportunidad, la Secci\u00f3n Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia del 23 de abril de 20212, tras analizar las medidas de descongesti\u00f3n y de disminuci\u00f3n de la carga laboral del Despacho de la tutelante adoptadas en los a\u00f1os 2016 a 2020 por el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogot\u00e1, declar\u00f3 improcedente el amparo constitucional pretendido bajo las siguientes consideraciones: <\/p>\n
\u00ab\u2026lo pretendido por la actora en la solicitud de tutela, referente a que se ordene la creaci\u00f3n de cargos permanentes al Consejo Superior de la Judicatura resulta improcedente, en la medida que desborda el \u00e1mbito de competencia del juez constitucional, teniendo en cuenta que seg\u00fan los art\u00edculos 254, 255 y 256 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica le corresponde a dicha corporaci\u00f3n la gesti\u00f3n de la Rama Judicial con el fin de afianzar la autonom\u00eda administrativa de la funci\u00f3n p\u00fablica de impartir justicia, para lo cual se le atribuy\u00f3 funciones de divisi\u00f3n del territorio para efectos judiciales, redistribuci\u00f3n de los despachos, la competencia para la creaci\u00f3n, supresi\u00f3n y fusi\u00f3n de cargos, as\u00ed como la potestad reglamentaria concerniente a los tr\u00e1mites judiciales no previstos por el legislador y la iniciativa legislativa relativa a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros. <\/p>\n
\u2026Adem\u00e1s, concretamente para la creaci\u00f3n de cargos en la Rama Judicial, se requiere del adelantamiento de un procedimiento por parte del Consejo Superior de la Judicatura previamente establecido en la ley junto con la disponibilidad presupuestal correspondiente\u00bb3. <\/p>\n
Lo anterior evidencia que la jurisdicci\u00f3n constitucional ya conoci\u00f3 el asunto, por lo que se impone estarse a lo all\u00ed resuelto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Ahora bien, la accionante se\u00f1ala que hay un hecho nuevo, porque el Consejo Superior de la Judicatura ha creado cargos permanentes en otros Despachos y Corporaciones Judiciales, mediante recientes acuerdos. <\/p>\n
4.1. En ese sentido, encuentra la Sala que, posterior a la tutela anterior, la actora radic\u00f3 una solicitud el 28 de febrero pasado, en la que solicit\u00f3 la creaci\u00f3n de empleos adicionales como apoyo para el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n popular del r\u00edo Bogot\u00e1, asunto que dio lugar a la respuesta emitida por la Unidad de Desarrollo y An\u00e1lisis Estad\u00edstico del Consejo Superior de la Judicatura, mediante oficio UDAEO22-576 el 18 de abril de 2022, en la que se le inform\u00f3, entre otros, que \u00abel Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el a\u00f1o 2021, en su Secci\u00f3n Cuarta presenta un promedio mensual de ingresos efectivos por despacho de 20 procesos por debajo de la media con respecto a sus hom\u00f3logos que es de 24 [\u2026] y [que] teniendo en cuenta los criterios t\u00e9cnicos de priorizaci\u00f3n se observa que en la Secci\u00f3n Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se encuentran tres despachos en prioridad 2, entre estos el despacho [\u2026] de la magistrada Nelly Yolanda Villamizar de Pe\u00f1aranda\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, le indicaron que, con el presupuesto asignado por el Fondo para la Modernizaci\u00f3n, Descongesti\u00f3n y Bienestar de la Rama Judicial, el Consejo Superior de la Judicatura \u00abexpidi\u00f3 el Acuerdo PCSJA22-11918 de 2022 con el cual cre\u00f3 medidas transitorias para apoyar las \u00e1reas con mayores necesidades y dificultades, incluyendo un cargo de profesional universitario grado 16 para el Despacho 006 de la Secci\u00f3n Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que usted dirige, cargo que debe prestar apoyo preferente en el seguimiento de la acci\u00f3n popular del R\u00edo Bogot\u00e1\u00bb4. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, observa la Sala que se dio respuesta motivada a lo solicitado y que, si lo pretendido es cuestionar los acuerdos de creaci\u00f3n de cargos que se han emitido por el Consejo Superior de la Judicatura, no puede el juez constitucional resolver sobre la legalidad de un acto administrativo, pues, para el efecto, es necesario acudir a la jurisdicci\u00f3n contenciosa, a trav\u00e9s de los medios de control previstos en el ordenamiento jur\u00eddico, lo cual torna igualmente improcedente la tutela, dado que car\u00e1cter residual y subsidiario. <\/p>\n
4.2. De otro lado, se destaca que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil ha sido enf\u00e1tica en se\u00f1alar que no es viable, mediante esta acci\u00f3n excepcional, disponer la creaci\u00f3n de empleos o despachos judiciales, en tanto que tal atribuci\u00f3n es de competencia del Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispuesto en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 257 Superior, en concordancia con los numerales 5\u00b0 y 9\u00b0 del art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996, am\u00e9n que proferir una orden de asignaci\u00f3n de partidas presupuestales para la creaci\u00f3n de cargos, desborda el \u00e1mbito de actividad de los jueces constitucionales, por cuanto implica una afectaci\u00f3n o intromisi\u00f3n en la ejecuci\u00f3n del presupuesto asignado a la prestaci\u00f3n del servicio p\u00fablico de la justicia, lo que es ajeno a la acci\u00f3n de tutela, por lo cual la protecci\u00f3n reclamada en inviable. <\/p>\n
A respecto, esta Sala, en un tr\u00e1mite de similares contornos, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el amparo constitucional auscultado deviene improcedente y, por lo tanto, confirmar\u00e1 el fallo de primera instancia, habida cuenta de que lo pretendido por su gestor es que el juez de tutela invada la \u00f3rbita del Consejo Superior de la Judicatura, desconociendo que es esta autoridad la \u00fanica que puede adoptar la decisi\u00f3n correspondiente frente a la creaci\u00f3n de juzgados y cargos, una vez agotados los estudios estad\u00edsticos y presupuestales pertinentes\u2026 <\/p>\n
La aludida facultad no puede ser arbitraria o caprichosa sino, debe estar precedida de un juicio de razonabilidad que lo viabilice y garantice el acceso a la administraci\u00f3n de justicia; adicionalmente, tal como se anot\u00f3, debe contar con el respectivo soporte financiero en la medida en que una decisi\u00f3n de esta naturaleza compromete recursos p\u00fablicos. <\/p>\n
En alusi\u00f3n a dicha norma, la Corte Constitucional expuso en sentencia T-633 de 2007 que: \u2018\u2026confiere a la Corporaci\u00f3n una atribuci\u00f3n in genere que permite la creaci\u00f3n y modificaci\u00f3n de los mencionados cargos. Resulta innegable la importancia de esta facultad en la medida en que ofrece al Consejo Superior una herramienta pr\u00e1ctica de enorme valor para atender de manera satisfactoria la demanda del servicio de administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
En tal sentido, atendiendo las limitaciones descritas en el texto constitucional, podr\u00e1 fundar cargos de duraci\u00f3n indefinida o de vigencia precisa para, en este \u00faltimo caso, satisfacer necesidades concretas\u2026\u2019\u2026 <\/p>\n
En un caso similar en el que se pidi\u00f3 a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que creara un cargo la Corte expuso: \u2018\u2026lo deprecado por los recurrentes, desborda el \u00e1mbito de competencia del Juez constitucional, toda vez que tal como lo anot\u00f3 el Juzgador constitucional de primer grado \u2018el acto de creaci\u00f3n de un cargo en la Rama Judicial requiere el adelantamiento de un procedimiento previamente establecido y que unos recursos econ\u00f3micos que deben encontrarse incluidos dentro del presupuesto de la Rama Judicial, pues constituye norte imperativo que la creaci\u00f3n de cargos no puede exceder el monto de los recursos econ\u00f3micos incluidos en la Ley de Presupuesto, de acuerdo con lo dispuesto en el art\u00edculo 85 de la Ley 270 de 1996\u2019 (\u2026). Suficientes los anteriores argumentos para ratificar la providencia atacada, tal como se dispondr\u00e1 enseguida\u2019 Sentencia de 24 de noviembre de 2011, exp. 02065-01) (CSJ STC, 31 oct. 2013, rad. 2013-00400-01) (CSJ STC14603-2014, 24 oc. 2014, rad. 2014-00541-01)\u00bb (reiterada en CSJ STC11950-2020, 16 dic. 2020, rad. 2020-00799-00). <\/p>\n
5. Por las razones anotadas, se debe negar la salvaguarda impetrada, por improcedente. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, NIEGA el amparo invocado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Incluidos los Ministerios de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico, de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Justicia y el Derecho, la Comisi\u00f3n Interinstitucional de la Rama Judicial y la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial. <\/p>\n