STC9650-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9650-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 13001-22-21-000-2022-10025-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022).- <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n interpuesta por el convocante frente a la sentencia del pasado 7 de junio, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Luis Alfonso Lyons Quintero Rodr\u00edguez contra el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar y la Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina (OCCRE). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. El accionante deprec\u00f3 la protecci\u00f3n de sus prerrogativas esenciales \u00aba la IGUALDAD, TRABAJO y ACCESO A CARRERA\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene la inmediata expedici\u00f3n de \u00ab[t]arjeta de residencia para trabajo con fines de registro\u00bb. <\/p>\n
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2. Como sustento adujo haber sido nombrado en propiedad por los jueces Segundo y Tercero civiles municipales de San Andr\u00e9s en el puesto de \u00abSECRETARIO\u00bb, mediante resoluciones de 4 y 5 de abril de la anualidad en curso, respectivamente, en el marco del concurso de m\u00e9ritos organizado por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar, a partir del Acuerdo CSJBOA17-6091. <\/p>\n
Ello, a consecuencia de aparecer en el \u00abregistro de elegibles\u00bb como \u00ab\u00fanico aspirante\u00bb a tal cargo. <\/p>\n
Sostuvo, asimismo, que acept\u00f3 la designaci\u00f3n hecha en su favor por el titular del estrado segundo. <\/p>\n
Critic\u00f3, entonces, que la oficina de control del departamento insular no diera contestaci\u00f3n contundente y afirmativa a su petitorio, pese a ser necesaria la aludida \u00abtarjeta\u00bb para tomar posesi\u00f3n como \u00abSECRETARIO\u00bb del juzgado segundo civil municipal de San Andr\u00e9s. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que por igualdad y conforme a lo decantado en los fallos CC T-1117\/02 y CSJ STP763-2018 le es dable recibir \u2013como futuro empleado de la rama judicial\u2013 el certificado de residente, m\u00e1xime si a trav\u00e9s de esas decisiones se han protegido los derechos de funcionarios de la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica a acceder a la \u00abtarjeta\u00bb en cuesti\u00f3n. Tambi\u00e9n trajo a colaci\u00f3n lo dicho en la sentencia STL3826-2013. <\/p>\n
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3. La \u00abMEDIDA PROVISIONAL\u00bb suplicada la otorg\u00f3 el a-quo constitucional al momento de la admisi\u00f3n; por ende, dispuso \u00abSUSPENDER los t[\u00e9]rmino[s] de posesi\u00f3n\u00bb del tutelante, como \u00abSecretario Municipal Nominado\u00bb. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Bol\u00edvar enunci\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as, en tanto que respondi\u00f3 de fondo la petici\u00f3n de coadyuvancia del gestor, carece de potestad para interceder ante la OCCRE y, adem\u00e1s, las reglas del concurso fueron claras desde un principio sobre el cumplimiento de los requisitos de ley por cuenta de los aspirantes a las diversas plazas ofrecidas en el Distrito Judicial de San Andr\u00e9s. Dijo no causar trasgresi\u00f3n alguna a los intereses de aquel.<\/p>\n
2. La Oficina de Control, Circulaci\u00f3n y Residencia del Departamento Archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s (OCCRE) arguy\u00f3 haber atendido lo aclamado el 7 de abril de los corrientes por el promotor. <\/p>\n
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3. Los estrados Segundo y Tercero Civiles Municipales de la misma ciudad se mostraron, por separado, en contra de la apertura del amparo, dada una ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conferir la salvaguarda de cara a las garant\u00edas fundamentales invocadas, pero la concedi\u00f3 frente a la de \u00abpetici\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Lo primero, pues \u00abla(\u2026) naturaleza(\u2026) jur\u00eddica(\u2026) de los cargos como [el car\u00e1cter de] las entidades\u00bb estudiados en las sentencias citadas por el aqu\u00ed precursor \u00abson diferentes\u00bb a la del cargo al que \u00e9l aspir\u00f3 en el concurso de m\u00e9ritos de 2017; el apoyo conferido desde la CC C-530\/93 es para los funcionarios que ejercen jurisdicci\u00f3n, no respecto a los empleados, que en el caso de la rama judicial lo ostentan, entre otros, los secretarios de despachos y corporaciones, a la luz de la ley 270 de 1996, art. 125; y, adicionalmente, al inicio de la convocatoria en la que aquel particip\u00f3 fueron divulgados los requisitos en trat\u00e1ndose de los concursantes a plazas en San Andr\u00e9s, de donde no puede devenir como aceptable el sugerido desconocimiento sobre el tema. <\/p>\n
Y lo \u00faltimo (la concesi\u00f3n del resguardo), toda vez que el petitorio de \u00abtarjeta de residencia\u00bb elevado por el accionante debi\u00f3 resolverlo la OCCRE \u00abde forma positiva o negativa, y debidamente motivada\u00bb; sin embargo, la contestaci\u00f3n que esta diera se torna \u00abevasiva, [al no expresar] de manera directa si se [confer\u00eda] o no el permiso\u00bb tan mentado. <\/p>\n
Orden\u00f3 el Tribunal a-quo a la descrita oficina de circulaci\u00f3n, en consecuencia, absolver \u00abde fondo la petici\u00f3n\u00bb en un lapso de 48 horas. Mientras eso sucediera, hubo de mantener la medida provisional. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La propuso el convocante, quien se doli\u00f3 de que el a-quo no emprendiera un an\u00e1lisis exhaustivo de su caso a partir de los fallos T-1117\/02, STL3826-2013 y STP763-2018, en los que se permiti\u00f3 y viabiliz\u00f3 que a cualquier servidor p\u00fablico le sea emitida la \u00abtarjeta de residencia\u00bb en el departamento insular, para fines de toma de posesi\u00f3n y desempe\u00f1o de las labores. Implor\u00f3 rehabilitar el c\u00f3mputo de t\u00e9rminos, de prosperar la alzada, en procura de asumir el cargo en el que fue nombrado. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos fundamentales, susceptible de incoar siempre que resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de ayuda. <\/p>\n
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2. Deviene, circunscrito el debate a los reparos impugnatorios, que no es posible emprender el examen de viabilidad a\u00f1orado por el quejoso, porque precisamente ese punto hace parte de los basamentos de la petici\u00f3n que \u00e9l presentara ante la OCCRE para fines de obtener su \u00abtarjeta de residencia\u00bb en San Andr\u00e9s; petitorio que el tribunal a-quo conmin\u00f3 a responder de fondo y de manera congruente, a trav\u00e9s del fallo ahora revisado. <\/p>\n
En verdad, la respuesta dada por esa oficina isle\u00f1a a lo solicitado por el accionante se torna incongruente, m\u00e1xime cuando tal contestaci\u00f3n, que data del 20 de mayo de los corrientes, s\u00f3lo se limit\u00f3 a referir que \u00abno figura ni reposa constancia del inicio de alg\u00fan tipo de tr\u00e1mite[, por cuenta de aquel,] para efectos de contar con su situaci\u00f3n de residencia\u00bb. Luego, claro es que como la entidad involucrada no atendi\u00f3 apropiadamente la petici\u00f3n en cita, accediendo o neg\u00e1ndola bajo las motivaciones pertinentes, ha de mantenerse la orden de primer grado, dirigida a que se produzca el pronunciamiento echado de menos. <\/p>\n
Total, como tiene doctrinado la Corte, <\/p>\n
[e]l art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica consagra el derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades y a obtener respuesta oportuna, coherente y sim\u00e9trica con el tenor de la solicitud. As\u00ed mismo, el contenido de la respuesta deber\u00e1 ser adecuado, es decir, \u00e9ste ha de guardar correspondencia con lo solicitado, sin que el pronunciamiento conlleve, necesariamente, una respuesta favorable, adem\u00e1s de que ella ha de ser suministrada de manera completa frente a todos los interrogantes planteados y comunicada al peticionario. <\/p>\n
Bajo esa \u00f3ptica, reiteradamente ha se\u00f1alado la Sala que la esencia de la prerrogativa comentada comprende entonces: (i) pronta resoluci\u00f3n, (ii) respuesta de fondo y (iii) notificaci\u00f3n de \u00e9sta al interesado, sin que el derecho a que se emita un pronunciamiento pueda confundirse con acceder a lo pedido, concepto \u00faltimo que no hace parte del n\u00facleo esencial de la garant\u00eda constitucional; de donde la \u00abacci\u00f3n de tutela deviene procedente, si se establece la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental de petici\u00f3n; para ello es presupuesto indispensable la existencia de actos u omisiones de la autoridad que obstruyan el ejercicio del derecho o no resuelvan oportunamente sobre lo solicitado\u00bb (CSJ STC, 21 mar. 2012, rad. 2012-00068-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 22 oct. 2013, rad. 2013-01073-01; y STC, 26 may. 2016, rad. 2016-00215-01)… (\u00c9nfasis ajeno. CSJ STC7510, 15 jun. 2022, rad. 00780-01). <\/p>\n
La precisi\u00f3n venida de comentar fluye necesaria aun cuando la falta de contestaci\u00f3n congruente no fuera el objeto de la opugnaci\u00f3n de marras. Eso, para efectos de hacerle ver al tutelante que sus alegaciones en la alzada comprenden el \u00e1mbito de contestaci\u00f3n que debe impartir la OCCRE a su petitorio, en tanto que \u00e9l las adujo all\u00ed mismo, a lo que se a\u00f1ade que la rehabilitaci\u00f3n de t\u00e9rminos para tomar posesi\u00f3n en el cargo en que fue nombrado permanece asegurada a ra\u00edz de la orden de primera instancia tendiente a mantener la medida provisional inicialmente decretada. <\/p>\n
1. En complemento, y al margen de lo que tenga que resolver la oficina de residencia sanandresana respecto a lo pedido por el aqu\u00ed precursor, cabe advertir que la aplicaci\u00f3n de los veredictos T-1117\/02, STL3826-2013 y STP763-2018 pretendida por este \u00faltimo de cara a la presente demanda de amparo no es de recibo, al comprender aquellos asuntos casos diferentes al suyo. Es que mientras en el primer y \u00faltimo fallo s\u00ed hubo respuesta frente a solicitudes de expedici\u00f3n de tarjeta de residencia, en el segundo ni siquiera medi\u00f3 solicitud alguna frente a la OCCRE. <\/p>\n
Con independencia de lo acabado de relatar, se tiene labrado en este nivel que lo definido en controversias similares a la presente es de naturaleza \u00abinter partes [y] (\u2026) no [tiene] la virtualidad de extender sus efectos a la situaci\u00f3n que [se] plantea en relaci\u00f3n con [los interesados] en este tr\u00e1mite\u00bb (CSJ STC, 22 may. 2009, rad. 00124-01; reiterada, entre muchas otras, en STC9046, 16 jul. 2018, rad. 00112-01). <\/p>\n
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3. Se impone, sin m\u00e1s, proveer de modo ratificatorio, pero por lo atr\u00e1s consignado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Del 6 de octubre de 2017. <\/p>\n
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