STC9651-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9651-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-04415-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela promovida por Pedro Hern\u00e1n Ram\u00edrez Reina en contra de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y los Juzgados Once Civil del Circuito, S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias y Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, todos de Bogot\u00e1, y el Banco Caja Social. Al tr\u00e1mite se dispuso vincular a las partes e intervinientes de los procesos con radicados 2004-01645 y 2020-00984, incluidos el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de esta ciudad y Blanca Janeth Galindo Vega. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor procura la salvaguarda de sus garant\u00edas fundamentales al debido proceso, igualdad y vivienda digna, presuntamente quebrantadas por los querellados. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas allegadas, se resaltan los siguientes hechos relevantes: <\/p>\n
2.1. En el a\u00f1o 2004, la Corporaci\u00f3n Social de Ahorro para Vivienda Colmena, hoy Banco Caja Social, inici\u00f3 en contra del tutelante y de Blanca Janeth Galindo Vega un proceso ejecutivo hipotecario, tramitado bajo el radicado 2004-01645. <\/p>\n
2.2. El asunto fue asignado al Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1, el cual le dio curso1, seg\u00fan el tutelante, sin analizar previamente que el accionante \u00abno restructur\u00f3 el cr\u00e9dito\u00bb y, en consecuencia, se decret\u00f3 el embargo y secuestro del bien con folio de matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20098499. <\/p>\n
2.3. El 3 de octubre de 20172, el estrado cognoscente \u00abdeclar\u00f3 la nulidad de todo lo actuado\u00bb, por cuanto la entidad financiera ejecutante no hab\u00eda restructurado el cr\u00e9dito, lo cual era indispensable, ya que \u00abla obligaci\u00f3n demandada fue antes del 31 de Diciembre de 1999\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 12 de abril de 2018, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n anterior. <\/p>\n
2.5. Con posterioridad, el extremo demandado propuso \u00abrecurso extraordinario de revisi\u00f3n\u00bb, rechazado por el Tribunal Superior de Bogot\u00e1 por auto del 14 de julio de 2020, que fue ratificado el 18 de agosto siguiente, al resolverse el recurso de s\u00faplica3. <\/p>\n
2.6. Tambi\u00e9n promovi\u00f3 un \u00abincidente de nulidad ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil de Ejecuci\u00f3n de Sentencias\u00bb, negado el 20 de noviembre de 20204, decisi\u00f3n que fue confirmada en segunda instancia por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 el 22 de septiembre de 2021. <\/p>\n
3. El censor tacha la actuaci\u00f3n adelantada en el juicio ejecutivo de irregular, por cuanto se ha continuado con un tr\u00e1mite que est\u00e1 viciado de nulidad, dado que se propende el cobro de una obligaci\u00f3n de vivienda otorgada en UPAC que no fue restructurada. En cuanto a las decisiones adoptadas en el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, argumenta que se neg\u00f3 su tr\u00e1mite, por \u00abno haberse instaurado dentro de los dos a\u00f1os siguientes\u00bb y porque \u00ablo que se llama a revisar no es un fallo sino un auto\u00bb, frente a lo cual considera que el Colegiado accionado \u00abno aplic\u00f3 el principio de excepci\u00f3n de constitucionalidad, pues lo id\u00f3neo es que se hubiera dado tr\u00e1mite (\u2026)[,] porque el auto expedido por el JUZGADO ONCE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOT\u00c1 a todas luces viola el debido proceso de los aqu\u00ed accionantes\u00bb. <\/p>\n
4. Solicita, de acuerdo con lo relatado, que se dejen sin efectos los prove\u00eddos emitidos el 12 de abril de 2018 por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y el 23 de febrero de 2021 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad y, en consecuencia, que se anule el proceso ejecutivo hipotecario 2004-01645. Subsidiariamente, requiere que se ordene al Tribunal convocado avocar el conocimiento del recurso extraordinario de revisi\u00f3n. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS <\/p>\n
1. El Colegiado criticado solicit\u00f3 desestimar el ruego, por cuanto no cumpl\u00eda con el presupuesto de la inmediatez, dado que las providencias que rechazaron el recurso extraordinario de revisi\u00f3n fueron emitidas el 14 de julio y el 18 de agosto de 2020; adem\u00e1s, destac\u00f3 que dichos pronunciamientos estaban ajustados a derecho. <\/p>\n
2. El Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que el proceso se encontraba en el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, por lo que pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite constitucional. <\/p>\n
3. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su gesti\u00f3n y asever\u00f3 que la tutela no era una instancia adicional, para modificar las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales competentes. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 hizo un recuento del tr\u00e1mite adelantado y precis\u00f3 que se ha ce\u00f1ido a lo prescrito en el ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
5. El Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 dijo que previamente el gestor hab\u00eda instaurado una tutela por los mismos hechos, que fue negada por esta Corporaci\u00f3n el 19 de diciembre de 2018. <\/p>\n
6. El apoderado general del Banco Caja Social afirm\u00f3 que la tutela no reun\u00eda el presupuesto de la tempestividad, pues la supuesta vulneraci\u00f3n ocurri\u00f3 el 12 de abril del 2018, y que en el juicio no se vulner\u00f3 derecho alguno al tutelante. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor pretende que se deje sin efectos el pronunciamiento de 12 de abril de 2018, emitido por el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, as\u00ed como toda la actuaci\u00f3n subsiguiente del juicio ejecutivo, por falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. A su vez, cuestiona las decisiones adoptadas por el Tribunal accionado, que no dieron tr\u00e1mite al recurso extraordinario de revisi\u00f3n propuesto. <\/p>\n
2. Al respecto, se advierte que esta Sala de Casaci\u00f3n Civil, en el fallo STC16919-2018 del 19 de diciembre (rad. 110012203000201801658), se refiri\u00f3 a la queja constitucional propuesta por el aqu\u00ed actor y Blanca Janeth Galindo Vega contra el citado prove\u00eddo de 12 de abril de 2018, por el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 la decisi\u00f3n dictada el 3 de octubre de 2017 por el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal de la misma ciudad, que hab\u00eda declarado la nulidad de todo lo actuado en la causa censurada, al no haberse restructurado el cr\u00e9dito materia del cobro forzado. <\/p>\n
En esa oportunidad, esta Corporaci\u00f3n neg\u00f3 la salvaguarda invocada, con base en los siguientes argumentos: <\/p>\n
\u00abDe la rese\u00f1a procesal se extrae que los actores fundamentan su reclamo en la inaplicaci\u00f3n, por parte del juzgador accionado y la entidad ejecutante, de lo dispuesto en la Ley 546 de 1999 y en los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la materia, en la providencia por medio de la cual resolvi\u00f3 adversamente su solicitud de nulidad de la actuaci\u00f3n, la cual ten\u00eda como fundamento la falta de la reestructuraci\u00f3n de los cr\u00e9ditos que adquiri\u00f3 para realizar mejoras a su vivienda, antes del a\u00f1o en que fue expedida aquella norma. <\/p>\n
Independientemente de que la Sala comparta o no los argumentos expuestos por el juez de la causa en la providencia por medio de la cual deneg\u00f3 la nulidad invocada por los tutelantes, es claro que en este asunto no resulta viable la aplicaci\u00f3n de la figura jur\u00eddica a que se hizo alusi\u00f3n por parte de los reclamantes, en la medida en que de un minucioso an\u00e1lisis a la Escritura P\u00fablica No. 573 del 11 de junio de 1996, de la Notar\u00eda Primera del C\u00edrculo de Ch\u00eda, a trav\u00e9s de la cual se constituy\u00f3 hipoteca sobre el lote de terreno junto con la construcci\u00f3n en \u00e9l levantada identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 50N-20098449, a favor de la Corporaci\u00f3n Social de Ahorro y Vivienda Colmena, para garantizar el pago de las obligaciones contenidas en los pagar\u00e9s cuyo recaudo se persegu\u00eda en la actuaci\u00f3n objeto de la queja, puede concluirse que tales cr\u00e9ditos, no fueron destinados a la adquisici\u00f3n de vivienda. <\/p>\n
En efecto, es evidente que los actores adquirieron el citado predio mediante Escritura P\u00fablica No. 1464 del 26 de noviembre de 1992 de la Notar\u00eda \u00danica de Ch\u00eda por compra que le hicieran a Jos\u00e9 Ricardo Pach\u00f3n Jim\u00e9nez y s\u00f3lo el 11 de junio de 1996, esto es, cuatro a\u00f1os despu\u00e9s, hipotecaron el inmueble para garantizar el mutuo a favor de Colmena. <\/p>\n
Lo anterior, deja en evidencia que no fue para compra de vivienda que los tutelantes solicitaron el mutuo por el que se le ejecut\u00f3, y por ende, inviable se torna, se insiste, la aplicaci\u00f3n de la normatividad y jurisprudencia que invocan\u2026 <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la decisi\u00f3n del accionado de denegar la nulidad de la actuaci\u00f3n, no quebranta las garant\u00edas fundamentales invocadas por los accionantes, porque su cr\u00e9dito no ten\u00eda como destinaci\u00f3n la adquisici\u00f3n de vivienda y por ende, no le eran aplicables las exigencias previstas en la Ley 546 de 1999 ni la jurisprudencia de la Corte Constitucional, destinadas a garantizar el derecho fundamental a una vivienda digna (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2.1. Sobre el particular, debe recordarse que el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 consagra que, \u00abcuando sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada contra la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se despachar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u00bb. <\/p>\n
2.2. En relaci\u00f3n con esta tem\u00e1tica, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el abuso de este mecanismo especial de protecci\u00f3n constitucional para efectos de obtener m\u00faltiples pronunciamientos a partir del mismo caso, ocasiona un perjuicio para toda la sociedad e implica una p\u00e9rdida directamente en la capacidad judicial del Estado para atender los requerimientos del resto de la sociedad (Exp. T. No. 0010-00, 3 de mayo de 2002), adem\u00e1s que en asuntos, como el presente, en que la actora impetra id\u00e9ntica pretensi\u00f3n, pero a partir de la agregaci\u00f3n de un \u2018nuevo\u2019 derecho fundamental, como ella misma lo advierte (fl.41), se pretende evadir la prohibici\u00f3n legal de presentar dos o m\u00e1s peticiones de amparo por los mismos hechos, encuentra la Sala que no por ello, es decir, por tratar de introducir artificiosas modificaciones al contenido de la petici\u00f3n anterior, que no alteran sus aspectos medulares, puede escaparse la accionante de las sanciones que por temeridad tiene previsto el ordenamiento, pues semejante proceder comporta, de todos modos, un uso disfuncional del amparo constitucional merecedor de reproche\u00bb (Se subraya) (CSJ STC 24 feb. 2006, Rad. 0171-00, reiterada en STC2103-2016, 25 feb. Rad. 00294-00 y STC2713-2020, 12 de marzo Rad. 2020-00038-01). <\/p>\n
Entonces, es claro que la intenci\u00f3n del legislador no fue auspiciar el uso desmedido de este selecto instrumento, sino reprochar severamente cualquier actitud que se dirija en tal sentido, pues quien as\u00ed proceda no ver\u00e1 triunfar sus pretensiones. <\/p>\n
2.3. Con base en lo expuesto, en el presente caso, no resulta posible volver a analizar el asunto, dado que ya fue objeto de pronunciamiento previo en sede de tutela, por lo que se impone estarse a lo resuelto en precedencia, habida cuenta que, se reitera, esta misma Sala ya determin\u00f35 la inviabilidad de la protecci\u00f3n constitucional frente a la decisi\u00f3n de 12 de abril de 2018 y la alegada falta de reestructuraci\u00f3n del cr\u00e9dito. <\/p>\n
Y, aunque en esta ocasi\u00f3n el gestor critica los autos de 20 de noviembre de 2020, 23 de febrero y 22 de septiembre de 2021, por los cuales se le neg\u00f3 el pedimento de nulidad que por motivos an\u00e1logos el extremo ejecutado propuso, lo cierto es que lo resuelto cobija tambi\u00e9n tales embates, por cuanto ya el juez constitucional zanj\u00f3 definitivamente el asunto en la sentencia emanada de esta Sala de Casaci\u00f3n el 19 de diciembre de 2018, en cuya fuerza, se insiste, no se detect\u00f3 anomal\u00eda alguna en lo actuado, ya que la obligaci\u00f3n cobrada ejecutivamente en la causa censurada no deb\u00eda ser restructurada. <\/p>\n
3. De otro lado, frente a lo decidido por el Colegiado accionado en los prove\u00eddos del 14 de julio y el 18 de agosto de 2020, por los cuales se rechaz\u00f3 la demanda contentiva del recurso extraordinario de revisi\u00f3n, el auxilio implorado no satisface el requisito de la inmediatez, habida cuenta que la salvaguarda constitucional fue incoada6 superado el t\u00e9rmino de los seis meses que la jurisprudencia ha contemplado como razonables para acudir a la justicia constitucional. Sobre el particular, esta Sala ha aseverado: <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021) (Se resalta). <\/p>\n
4. Colof\u00f3n de lo razonado, se desestimar\u00e1 el auxilio implorado, por improcedente. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado, por improcedente. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El mandamiento de pago se libr\u00f3 el 21 de enero de 2005, el 7 de abril de 2006 se admiti\u00f3 la reforma de la demanda y la orden de seguir adelante con la ejecuci\u00f3n se dict\u00f3 el 3 de abril siguiente. <\/p>\n
2\u0002 El anotado prove\u00eddo fue confirmado, en reposici\u00f3n, por el Juzgado Cincuenta y Dos Civil Municipal el 15 de diciembre siguiente. <\/p>\n
3\u0002 La tramitaci\u00f3n gestionada por el Tribunal censurado se distingui\u00f3 con el radicado 2022-00984. <\/p>\n
4\u0002 Esa providencia fue ratificada por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil Municipal de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, en sede de reposici\u00f3n, el 23 de febrero de 2021. <\/p>\n
5\u0002 La sentencia de tutela emitida por esta Corte fue excluida de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional mediante auto de 15 de marzo del 2019, publicado en el estado n\u00famero 3 de esa anualidad (cfr. expediente T-225398). <\/p>\n
6\u0002 Radicada el 25 noviembre de 2021. <\/p>\n
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