STC9652-2022<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9652-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-00624-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la impugnaci\u00f3n1 interpuesta por la convocante frente a la sentencia del pasado 19 de abril, emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte, en la acci\u00f3n de tutela impulsada por Efigenia Barrera de Estepa contra la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de esta misma Corporaci\u00f3n, extensiva al Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Laboral) y al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, ambos de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Colpensiones y la Procuradur\u00eda Delegada. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La promotora deprec\u00f3, mediante apoderada, el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abIGUALDAD, CONFIANZA LEG[\u00cd]TIMA, SEGURIDAD SOCIAL, VIDA DIGNA[ Y] ACCESO A LA ADMINISTRACI[\u00d3]N DE JUSTICIA\u00bb, as\u00ed como de los principios de \u00abPROGRESIVIDAD Y (\u2026) LEGALIDAD\u00bb, presuntamente conculcados por las dependencias jurisdiccionales repelidas. <\/p>\n
Y en concreto, se ordene restar valor a lo dirimido en instancias y sede extraordinaria dentro del expediente laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00487\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El sustrato f\u00e1ctico relevante, es el que enseguida se devela: <\/p>\n
<\/p>\n
1. Ante el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de esta ciudad se surti\u00f3, bajo el consecutivo descrito a espacio, demanda de la titular del pedimento de resguardo contra Colpensiones, dirigida a la declaraci\u00f3n de que \u00abdicha entidad se encontraba obligada a realizar el cobro coactivo de los aportes pensionales adeudados por [uno]s empleadores\u00bb y, de otro lado, al reconocimiento y pago de \u00abpensi\u00f3n de vejez\u00bb conforme a lo previsto en el \u00abAcuerdo 049 de 1990\u00bb (en calidad de \u00abbeneficiaria\u00bb del \u00abr\u00e9gimen de transici\u00f3n\u00bb), desde el 8 de octubre de 2008, m\u00e1s \u00abmesadas ordinarias y adicionales (\u2026) indexadas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
3. Esa resoluci\u00f3n fue confirmada por el respectivo Tribunal Superior (Sala Laboral), en sede de apelaci\u00f3n de la all\u00ed reclamante \u2013ahora gestora\u2013, a trav\u00e9s de sentencia de 24 de agosto de 2018. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Veredicto este que a su turno no lo cas\u00f3 la Corporaci\u00f3n fustigada, en pronunciamiento CSJ SL3607, 14 jul. 2021, rad. 84469, por recurso del mismo extremo litigante. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La tutelante critic\u00f3 que el juez extraordinario, al no quebrar el fallo de alzada, pasara por alto tanto la \u00abhistoria laboral\u00bb de ella como \u00abla resoluci\u00f3n mediante [la] cual Colpensiones ya le hab\u00eda resuelto la pensi\u00f3n de vejez en raz\u00f3n a la correcci\u00f3n de los errores administrativos\u00bb derivados de los \u00abaportes\u00bb impagos, pese a que tales documentales obraban en las foliaturas previo a la toma de la decisi\u00f3n casacional, en la que, igualmente, se le impuso condena en \u00abcostas\u00bb sin embargo de ostentar la condici\u00f3n de \u00ab\u00fanica\u00bb recurrente y, por \u00faltimo, que el juez de conocimiento le irrogara el pago de las expensas en primera instancia, en 5 salarios m\u00ednimos diarios, aun cuando se produjo condena parcial contra el fondo enjuiciado. <\/p>\n
Por las anteriores circunstancias enrostr\u00f3 una primac\u00eda \u00abde lo formal sobre lo sustancial\u00bb en los veredictos cuestionados \u2013en desmedro del \u00abprecedente constitucional\u00bb\u2013 con m\u00e1s veras si dejaron de apreciar los medios suasorios y desestimaron su derecho a la pensi\u00f3n. <\/p>\n
LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n requerida dijo que el prove\u00eddo disentido no desprende vulneraci\u00f3n alguna. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 (Sala Laboral) rindi\u00f3 reporte y el Juzgado Cuarto Laboral \u00eddem tambi\u00e9n se mostr\u00f3 en contra del ruego. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Colpensiones concluy\u00f3 que las censuras no son de recibo. <\/p>\n
<\/p>\n
4. El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del desaparecido Instituto de Seguros Sociales (P.A.R.I.S.S.) asever\u00f3 que los ataques le son extra\u00f1os. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
Rehus\u00f3 conceder la salvaguarda al encontrar una falta de prontitud en el acudimiento por esta v\u00eda y, en gracia de discusi\u00f3n, porque lo fallado por el juez casacional accionado no se percibe descabellado ni irrazonable. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La intent\u00f3 la convocante ayudada de su mandataria, con persistencia en sus reproches y en discrepancia de la carencia de tempestividad atribuida por el a-quo constitucional, la hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en respaldo de los derechos esenciales, susceptible de activar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en lo que concierne a las actuaciones judiciales, el resguardo cabe de manera excepcional y ce\u00f1ido a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01) y, por antonomasia, de sobrevenir el imperativo de la inmediatez, aqu\u00ed satisfecho al subsumirse la disputa en el \u00e1mbito imprescriptible e irrenunciable de las pensiones (CC T-217\/13). <\/p>\n
<\/p>\n
2. En el entendido de que los cuestionamientos supralegales est\u00e1n enfilados, por un lado, contra los fallos proferidos dentro del proceso laboral n.\u00b0 \u00ab2016-00487\u00bb seguido por la aqu\u00ed quejosa contra Colpensiones, se conduce a indagar en sus cimientos el prove\u00eddo CSJ SL3607, 14 jul. 2021, rad. 84469, con el cual la Sala de Casaci\u00f3n recriminada \u2013como \u00f3rgano l\u00edmite de jurisdicci\u00f3n\u2013 opt\u00f3 por no casar el de segunda instancia, parcialmente adverso a las reclamaciones blandidas por aquella. <\/p>\n
<\/p>\n
1. N\u00f3tese que el juzgador accionado, en lo referente al cargo extraordinario, acot\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)Para resolver este asunto, debe recordarse que en forma reiterada esta Sala de la Corte ha insistido en que el recurso de casaci\u00f3n no es una tercera instancia, en la que el recurrente pueda presentar sin ninguna t\u00e9cnica las inconformidades que lo separan de la sentencia de segunda instancia. <\/p>\n
En sentencias CSJ SL771-2021, CSJ SL1592-2020 y CSJ SL5618-2019, entre muchas otras, en las que se record\u00f3 lo expuesto en la CSJ SL390-2018, sobre el particular se dijo: <\/p>\n
Por el contrario, adoctrinado est\u00e1 que el recurrente debe ce\u00f1irse a las exigencias formales y de t\u00e9cnica, legales y jurisprudenciales, en procura de hacer procedente el estudio de fondo del recurso extraordinario, en la medida en que son los jueces de instancia los que tienen competencia para dirimir los conflictos entre las partes, asignando el derecho sustancial a quien demuestre estar asistido del mismo. Al juez de casaci\u00f3n, le compete ejercer un control de legalidad sobre la decisi\u00f3n de segundo grado, siempre que el escrito con el que se sustente el recurso extraordinario, satisfaga las exigencias previstas en el art\u00edculo 90 del C\u00f3digo Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las cuales no constituyen un mero culto a la forma, en tanto son parte esencial de un debido proceso preexistente y conocido por las partes, seg\u00fan las voces del art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
En el sub examine, encuentra la Sala, tal como lo advierte la oposici\u00f3n, que el escrito con el que pretende sustentar la acusaci\u00f3n la censura, contiene graves deficiencias t\u00e9cnicas que comprometen su prosperidad, las cuales no es posible subsanar en virtud del car\u00e1cter dispositivo del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, lo que imposibilita su estudio de fondo. <\/p>\n
No podr\u00eda analizarse el cargo propuesto, por cuanto se omite la acusaci\u00f3n de un precepto legal sustantivo de alcance nacional, tal y como lo exige el literal a), numeral 5, del art\u00edculo 90 del C.P. del T. y de la S.S., sin que le sea posible a la Corte enmendar esta falencia. <\/p>\n
Ahora, aunque en el desarrollo del cargo la censura menciona el principio de congruencia y lo relaciona con el debido proceso contenido en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, no denuncia que con la providencia recurrida se haya violentado. En todo caso, de entender que su inconformidad versa en la aplicaci\u00f3n de una norma procesal, con base en ella no se puede soportar un cargo, salvo que se realice mediante la violaci\u00f3n medio, lo que sin duda conduce a invocar una norma sustancial de alcance nacional que por lo menos, se piense, regule el asunto, motivo por el cual la proposici\u00f3n jur\u00eddica resulta insuficiente. <\/p>\n
En el alcance de la impugnaci\u00f3n se pretende la ruptura de la sentencia proferida por el juzgador de segundo grado y, en sede de instancia, se ruega revocar el fallo de primer grado, lo que, en ambos casos, conduce a todas luces a emitir una decisi\u00f3n en perjuicio de los propios intereses de la actora, pues el Tribunal confirm\u00f3 la condena al cobro coactivo de ciertos aportes adeudados, as\u00ed como la absoluci\u00f3n de la pensi\u00f3n de vejez. En esa medida, la recurrente estaba obligada a revisar qu\u00e9 aspectos le fueron desfavorables de la providencia impugnada, a fin de determinarle a la Corte cu\u00e1l deb\u00eda ser su proceder en sede de casaci\u00f3n, para no afectar la condena emitida. De la misma manera, deb\u00eda indicarle, seg\u00fan lo accedido y lo negado en la sentencia del juzgado, cu\u00e1l deb\u00eda ser su papel, en sede de instancia, respecto de \u00e9sta. <\/p>\n
En lo que concierne a la formulaci\u00f3n del cargo, encuentra la Corte que [la] recurrente alega que tanto el a quo como el ad quem no fallaron conforme a lo reclamado, cuestionando as\u00ed ambas sentencias de instancia, cuando \u00fanicamente es permitido, en sede de casaci\u00f3n, censurar la emitida por el Tribunal, salvo que se tratara del recurso per saltum, lo que supone el desconocimiento de las reglas m\u00ednimas que debe seguir este mecanismo extraordinario. <\/p>\n
Asimismo, el cargo formulado se orienta por la v\u00eda indirecta, pero no indica cu\u00e1l es la modalidad de infracci\u00f3n, como bien lo se\u00f1ala la parte opositora, que, para este sendero ha sostenido inveteradamente la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, es la aplicaci\u00f3n indebida de las normas denunciadas, la cual implica que, por errores probatorios, el sentenciador aplica las disposiciones a un caso no regulado por ellas o les brinda efectos que no tienen; o, eventualmente, la infracci\u00f3n directa de la ley nacional de orden sustancial. <\/p>\n
De igual manera, la censura no cumple con los presupuestos m\u00ednimos de la v\u00eda indirecta, a saber: i) la indicaci\u00f3n de los evidentes errores de hecho o de derecho en los que incurri\u00f3 el ad quem; ii) la singularizaci\u00f3n de las pruebas dejadas de valorar o apreciadas err\u00f3neamente; y iii) la demostraci\u00f3n de las circunstancias que ellas acreditan y su incidencia y relevancia en la decisi\u00f3n del caso, de modo que la Sala no puede acometer el estudio por el sendero de las pruebas. <\/p>\n
En efecto, no se precisa alg\u00fan error de hecho cometido por el fallador de segundo orden, y se duele la censura de manera gen\u00e9rica de la falta de apreciaci\u00f3n de un documento, el que tampoco es distinguido. Y aunque si bien en la argumentaci\u00f3n se hace una referencia aislada a la demanda y a la historia laboral, no es posible predicar que \u00e9stas no fueron valoradas, pues la sentencia defini\u00f3 negativamente la prestaci\u00f3n deprecada en el libelo inaugural, con base, precisamente, en la segunda prueba que, adem\u00e1s, fue el pilar del pronunciamiento del ad quem, de donde lo procedente era alegar la apreciaci\u00f3n err\u00f3nea de dichas pruebas con una clara indicaci\u00f3n de cu\u00e1les fueron las equivocaciones, lo cual brilla por su total ausencia en el ataque. <\/p>\n
Por este camino, la censura omiti\u00f3 su principal deber de cuestionar y derribar los soportes f\u00e1cticos sobre los cuales se encuentra edificado el fallo, a saber: que i) la demandante no conserv\u00f3 el r\u00e9gimen de transici\u00f3n de la Ley 100 de 1993 m\u00e1s all\u00e1 del 31 de julio de 2010, por no contar con 750 semanas cotizadas al 29 de julio de 2005, pues solo ten\u00eda 447.58, y aun teniendo en cuenta los periodos en cero, sumar\u00eda 474.25; y ii) que no existe prueba de que la actora trabaj\u00f3 durante los tiempos se\u00f1alados como no cotizados en el escrito de ampliaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n. De esta forma, la decisi\u00f3n se mantiene inc\u00f3lume e intangible. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, resultan evidentes los defectos de orden t\u00e9cnico del cargo, que imposibilitan a la Corte estudiar de fondo el ataque, porque m\u00e1s que corresponder a la sustentaci\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n, el escrito se asemeja a un alegato de instancia que no tiene el potencial de desquiciar las presunciones de acierto y legalidad que amparan a las sentencias que se acusan en sede casacional\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Y en trat\u00e1ndose de la condena en costas en sede casacional, previno: <\/p>\n
(\u2026)Las costas en el recurso extraordinario estar\u00e1n a cargo de la recurrente, como quiera que hubo oposici\u00f3n. Se fijan como agencias en derecho la suma de $4.400.000 m\/cte., que se incluir\u00e1 en la liquidaci\u00f3n que se practique conforme lo dispuesto en el art\u00edculo 366 CGP\u2026 (Se resalt\u00f3). <\/p>\n
Veredicto que al margen de compartirse no subyace arbitrario, subjetivo o antojadizo, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento, lo que descarta las trasgresiones alegadas, las cuales no encuentran recibo en esta calzada excepcional de ayuda. <\/p>\n
Es que, en rigor, la accionante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que la Corporaci\u00f3n encartada dispuso I) no anular el fallo de apelaci\u00f3n, parcialmente contrario a sus pretensiones, dadas, en \u00faltimas, las \u00abgraves deficiencias\u00bb de \u00abt\u00e9cnica\u00bb de que adolec\u00eda la respectiva demanda sustentatoria de casaci\u00f3n y, II) condenarla en costas del remedio extraordinario en cita, al haber sido dirimido tal recurso en contra de ella y, adem\u00e1s, ante la r\u00e9plica de la contraparte. Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobar de plano, o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si (\u2026) no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n, es decir, si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que (\u2026) se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(…) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas v\u00e1lidamente\u00bb en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 01451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, a simple vista, en una lesividad ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para [compelir] al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 00009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ag. 2013, rad. 00125-01; reiterada en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
3. En adici\u00f3n, es de denotar que la ac\u00e1 promotora desaprovech\u00f3 el remedio casacional en cuesti\u00f3n como consecuencia de las serias falencias encontradas en el fallo disentido (recurso m\u00e1s que id\u00f3neo para acreditar el derecho pensional reclamado) y, asimismo, el de apelaci\u00f3n, en procura de alegar cualquier tipo de trasgresi\u00f3n frente a la condena en costas irrogada en primera instancia del juicio laboral, de donde se concluye que cuando no son apropiadamente empleados los escenarios de protecci\u00f3n previstos en el orden jur\u00eddico, los extremos litigantes quedan sujetos a los efectos de las resoluciones opuestas. <\/p>\n
Total, el implemento de amparo fluye como un instrumento operante s\u00f3lo bajo la ausencia de medios \u00f3ptimos de protecci\u00f3n, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales (\u2026), ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb -Destacado adrede- (CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Lo consignado impone, entonces, resolver de modo ratificatorio, no sin antes anotar, de cara al atribuido soslayo de \u00abprecedente\u00bb, que para esta Magistratura es crucial el respeto por los pronunciamientos judiciales, y m\u00e1s si provienen de organismos de cierre, salvo cuando aparezcan visibles causales de procedibilidad del amparo, no atisbadas en el debate sub examine. Postura que se ha venido prohijando con m\u00e1s ah\u00ednco a partir de los fallos CSJ STC13814, STC13815 y STC13816 de 2021 (14 oct.). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, confirma la sentencia impugnada. <\/p>\n
Oportunamente rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 El dossier de amparo de marras fue remitido a esta Sala de la Corte, para tales fines, el 28 de junio del a\u00f1o en curso, por correo electr\u00f3nico. <\/p>\n
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