STC9655-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9655-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02290-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por la sociedad Grupo San Jacinto S.A.S. contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en el proceso de radicado 2021-00114. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La sociedad gestora, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas al interior de la causa referida. <\/p>\n
2.1. Ante el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 se adelant\u00f3 el proceso de expropiaci\u00f3n de radicado 2021-00114, promovido por la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI contra la sociedad tutelante. <\/p>\n
2.2. La autoridad judicial -con auto del 24 de enero de 20221- rechaz\u00f3 de plano la objeci\u00f3n presentada por la demandada frente al aval\u00fao aportado por la demandante. Inconforme con lo decidido, el apoderado de la parte pasiva inco\u00f3 recurso de reposici\u00f3n y, en subsidio, apelaci\u00f3n2. <\/p>\n
2.3. El estrado confutado resolvi\u00f3 de forma negativa el recurso horizontal propuesto con prove\u00eddo del 25 de marzo siguiente3; mientras que, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, desat\u00f3 la alzada confirmando el fallo del a quo mediante providencia del 24 de mayo ulterior4. <\/p>\n
2.4. El Grupo San Jacinto S.A.S. pidi\u00f3 la aclaraci\u00f3n de la anterior determinaci\u00f3n, bajo el entendido que las normas en que se fund\u00f3 la decisi\u00f3n eran posteriores al C\u00f3digo General del Proceso5. Por lo cual, el ad quem natural -en auto del 14 de junio posterior- neg\u00f3 lo peticionado6. <\/p>\n
2.5. As\u00ed las cosas, la sociedad actora se duele de que los estrados accionados incurrieron en defecto sustantivo, comoquiera que aplicaron de manera err\u00f3nea el art\u00edculo 399-6 del C\u00f3digo General del Proceso. Lo correcto, seg\u00fan su entender, era interpretar el referido canon de forma sistem\u00e1tica con el Decreto 1170 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y la Resoluci\u00f3n 898 de 2014 del IGAC. <\/p>\n
3. Inst\u00f3 que se ordene a las autoridades judiciales accionadas que dejen sin efectos las providencias del 24 de enero, 25 de marzo, 25 de mayo y 14 de junio de 2022 y, en este sentido, se conmine al Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1 que admita y de tr\u00e1mite a las objeciones presentadas frente al aval\u00fao aportado por la ANI. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e17 indic\u00f3 que el amparo no est\u00e1 llamado a prosperar debido que \u00ablas decisiones que se cuestionan, se hicieron conforme a la ley y tienen sustento en los art\u00edculos 399-6 y 285 del C\u00f3digo General del Proceso, normas de orden p\u00fablico (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
2. El titular del Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de la capital de la Rep\u00fablica8 manifest\u00f3 que se atiene a lo argumentado en las providencias atacadas. <\/p>\n
3. La apoderada de la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI9 se pronunci\u00f3 de cara a los fundamentos f\u00e1cticos enlistados en el escrito introductor. Posteriormente, solicit\u00f3 que fuera declarado improcedente el amparo, bajo el entendido que el aval\u00fao presentado por la aqu\u00ed accionante no cumpli\u00f3 con los requisitos exigidos en el estatuto procesal vigente. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, corresponde a la Sala establecer si se vulneraron las prebendas fundamentales aducidas por la sociedad actora, con ocasi\u00f3n del presunto defecto sustantivo en que incurrieron los falladores de instancia. Ello pues, aduce que los estrados no interpretaron de forma sistem\u00e1tica el art\u00edculo 399-6 del C\u00f3digo General del Proceso con el Decreto 1170 de 2015, la Ley 1682 de 2013 y la Resoluci\u00f3n 898 de 2014 del IGAC, lo que conllev\u00f3 a que se rechazara la objeci\u00f3n propuesta contra el aval\u00fao presentado por la demandante. <\/p>\n
2. De manera preliminar es imperioso precisar que, si bien la censura se dirigi\u00f3 contra lo resuelto por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, fue la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma urbe quien cerr\u00f3 el debate, por ello, se analizar\u00e1 lo decidido en esa instancia10. <\/p>\n
3. Pues bien, se observa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 -con auto del 22 de junio de 2022- no repuso su decisi\u00f3n relacionada con no declarar desierto el recurso de apelaci\u00f3n impetrado de cara a la providencia de primera instancia. <\/p>\n
3.1. Para comenzar, indic\u00f3 que, con la entrada en vigencia del C\u00f3digo General del Proceso, el art\u00edculo 399 numeral sexto estableci\u00f3 \u00abde manera taxativa a cargo de cuales entidades deben presentarse las experticias con vocaci\u00f3n de ser tenidas en cuenta en el proceso especial de expropiaci\u00f3n, al se\u00f1alar \u201cCuando el demandado est\u00e9 en desacuerdo con el aval\u00fao presentado (\u2026), deber\u00e1 aportar un dictamen pericial elaborado por el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi (IGAC) o por una lonja de propiedad ra\u00edz (\u2026)\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2. Luego, trat\u00e1ndose de si la exclusividad pericial en este tipo de pleitos recae en la Lonja de Propiedad Ra\u00edz o en el Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, trajo a colaci\u00f3n la sentencia C-492 de 1996, en la cual, la Corte Constitucional esgrimi\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u201c(…) el Estado, en lo que se refiere a los servicios que \u00e9l mismo demanda de quienes ejercen una cierta profesi\u00f3n, est\u00e1 en libertad de establecer mecanismos orientados a garantizar el mayor nivel de quienes habr\u00e1n de prest\u00e1rselos, uno de los cuales puede consistir en la exigencia de pertenecer a asociaciones calificadas y reconocidas en la materia, y ello encuentra respaldo en los art\u00edculos 26 y 38 de la Constituci\u00f3n que autoriza a la ley para asignar funciones p\u00fablicas a los colegios de profesionales\u00bb. Tampoco se vulnera el derecho de igualdad al prever este tipo de normas, ya que no se trata de consagrar preferencias o discriminaciones injustificadas, sino de otorgar reconocimiento a factores objetivos que permitan obtener mayor certidumbre sobre los antecedentes profesionales y el grado de preparaci\u00f3n de quienes est\u00e1n vinculados a instituciones que as\u00ed lo garantizan\u201d. <\/p>\n
Y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u201cAs\u00ed las cosas, la Corte no encuentra que, en una materia tan delicada como los aval\u00faos de bienes para efectos tributarios o para los diversos fines que cumplen las entidades p\u00fablicas en actuaciones administrativas, resulten violados los derechos de ejercicio profesional, de igualdad o de asociaci\u00f3n de quienes no pertenecen a lonjas de propiedad ra\u00edz, por el hecho de que se exija para tales fines, como lo hacen las normas acusadas, la afiliaci\u00f3n del avaluador a una lonja, su registro en ella o el respaldo de la misma, para prestar al Estado sus servicios. <\/p>\n
Se busca con tales preceptos aprovechar, en beneficio del inter\u00e9s p\u00fablico, la experiencia y el reconocido prestigio de las lonjas como \u00edndice demostrativo de la aptitud del avaluador. <\/p>\n
Debe tenerse en cuenta que no se proh\u00edbe a los avaluadores no asociados a las lonjas ejercer su profesi\u00f3n -lo que ser\u00eda abiertamente inconstitucional-, pues ellos se encuentran en libertad de prestar sus servicios a entidades y personas distintas de las estatales. Acontece s\u00ed que el Estado se reserva el derecho, como lo autoriza la Constituci\u00f3n, de confiar ciertas funciones p\u00fablicas a colegios o asociaciones de profesionales.\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.3. Corolario de lo discurrido, concluy\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab3.3. Puestas de este modo las cosas y de conformidad con lo antes expuesto, palmario refulge que los motivos esgrimidos por el juez de instancia resultan suficientes para haber rechazado de plano la objeci\u00f3n formulada en la contestaci\u00f3n de la demanda al aval\u00fao presentado por la parte demandante, y por tal raz\u00f3n habr\u00e1 de confirmarse su providencia. <\/p>\n
3.3.1. Lo anterior, por cuanto, el aval\u00fao presentado por la parte demandada, a trav\u00e9s del perito avaluador Manuel Fernando Alfonso, este \u00faltimo inscrito en la Corporaci\u00f3n Lonja Colombiana de Aval\u00faos e inmobiliaria profesional, no resulta conducente ni id\u00f3neo jur\u00eddicamente al no verificarse con apego a las reglas establecidas por el legislador, pues no proviene de una entidad descrita dentro de lo preceptuado en el canon 399-6 ibidem, adem\u00e1s tampoco se aprecia una experticia realizada con la participaci\u00f3n colegiada de una lonja de propiedad ra\u00edz a trav\u00e9s de su represente legal, para acreditarse un aval\u00fao corporativo. <\/p>\n
3.3.2. Aunado a ello, es de precisar que el art. 399 ib., es una norma de orden p\u00fablico, de la cual, no le es dable a las partes y al juez, hacer ning\u00fan tipo de flexibilizaci\u00f3n frente a la aplicaci\u00f3n de la misma y – contrario los argumentos del censor-, los requisitos all\u00ed consagrados prevalecen sobre las disposiciones citadas en sus reproches, en consideraci\u00f3n a que son anteriores a la Ley 1564 de 2012\u00bb. (Se subraya) <\/p>\n
4. De lo transcrito, esta Sala -en su calidad de juez constitucional- advierte que la acci\u00f3n no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad. En efecto, con independencia de que se compartan o no todas las conclusiones del funcionario atacado, para esta Corporaci\u00f3n, la decisi\u00f3n cuestionada no podr\u00eda recibirse como irrazonable11. Ello pues, fue proferida por el juzgador natural, sirvi\u00e9ndose de un an\u00e1lisis normativo y jurisprudencial del tema, y de una valoraci\u00f3n razonable de los medios de convicci\u00f3n (documentales). <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en un caso se similares contornos, esta Corporaci\u00f3n ilustr\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u201cLa postura de esta Corte, inclusive desde antes de que se promulgara el actual estatuto adjetivo, es que en este tipo de juicios, los jueces de instancia deben atender con mayor rigor lo atinente al reconocimiento de la indemnizaci\u00f3n a cargo del erario, requiri\u00e9ndose para ello un aval\u00fao t\u00e9cnico que, en principio, correspond\u00eda al efectuado por la entidad encargada de elaborar el catastro nacional de la propiedad inmueble, y que cuenta con las herramientas tecnol\u00f3gicas y de informaci\u00f3n suficientes sobre el inventario y las caracter\u00edsticas de los suelos. En ese sentido, al resolver una tutela que trataba un caso de similares contornos al presente, esta Sala dijo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) en la se\u00f1alada actividad jurisdiccional se incurri\u00f3 en un proceder susceptible de protecci\u00f3n constitucional, pues los mencionados funcionarios soslayaron lo que en ese particular terreno prev\u00e9n las normas especiales que gobiernan el tr\u00e1mite especial establecido en el T\u00edtulo XXIV del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, pues por mandato de los art\u00edculos 20 del Decreto 2265 de 1969, 21 de la Ley 56 de 1981, 61 y 62 de la Ley 388 de 1997 y 25 del Acuerdo 1518 de 2002 del Consejo Superior de la Judicatura, la etapa de concreci\u00f3n de la suma total a favor del demandado por raz\u00f3n de la expropiaci\u00f3n debe llevarse a cabo con la intervenci\u00f3n de especialistas calificados, espec\u00edficamente por peritos que hagan parte de la lista de expertos del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi, por lo que no era dable, como lo hizo el Juzgado y lo ratific\u00f3 el Tribunal, en sede de apelaci\u00f3n, agotar la etapa de \u201caval\u00fao\u201d del proceso de expropiaci\u00f3n, con fundamento en dict\u00e1menes que fueron confeccionados por otra clase de avaluadores o expertos\u201d (CSJ, STC, 20 ene. 2012, rad. 2011- 02718-00, citada en STC9773-2014, 25 jul. 2014, rad. 00092-02)\u201d (STC9787-2019, 24 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2019-02168-00, reiterado recientemente en STC13949-2021. 19 oct. 2021, rad. 2021-03660-00). (Se subraya) <\/p>\n
4.1. Para esta Sala Civil, el juez constitucional no es el llamado a intervenir a manera de juez de instancia para establecer cu\u00e1les de los planteamientos expuestos resultan ser los m\u00e1s acertados. Y, tampoco, para ordenar una determinada apreciaci\u00f3n o valoraci\u00f3n de los elementos demostrativos obrantes en el expediente. <\/p>\n
4.2. Sumado a lo anterior, en el sub judice lo que se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por la autoridad cuestionada -en el desarrollo de sus facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por la gestora. Por lo expuesto, el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia a modo de autoridad de instancia12. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, se advierte tambi\u00e9n el incumplimiento del presupuesto de subsidiariedad, pues a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, el proceso cuestionado se encuentra en curso, espec\u00edficamente, se est\u00e1 a la espera de la visita al predio objeto de expropiaci\u00f3n por parte del Instituto Geogr\u00e1fico Agust\u00edn Codazzi para la elaboraci\u00f3n del dictamen solicitado por la parte demandante. En este sentido, deviene imperioso se\u00f1alar que al no existir pronunciamiento de fondo en el sub judice no puede aducirse la vulneraci\u00f3n de derecho fundamental alguno, lo que da cuenta de las herramientas procesales con que a\u00fan cuenta la gestora para ejercer su defensa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, es claro que la reclamante no puede aspirar a que, por esta senda excepcional, el fallador constitucional se pronuncie sobre un aspecto que le corresponde decidir al juez natural de la respectiva causa; pues, admitir la intervenci\u00f3n del juez de tutela implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios y las facultades asignadas a los operadores cognoscentes13. <\/p>\n
6. Con base en estas consideraciones, se niega la salvaguarda solicitada. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201c33AutoRechazaObjecionOrdenaOficiar2773-2774\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c34RecursoReposicionSubApelacion2775-2780\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-6, archivo \u201c39AutoResuelveRepoDictamenExpropiacion2794-2799\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 3-6, archivo \u201c01TribunalDevuelveConfirmando1-7\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-3, archivo \u201c02SolicitudAclaraci\u00f3nAuto\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-4, archivo \u201c06ConfirmaAutoApelado\u201d del expediente digital. <\/p>\n
7\u0002 Folios 1 y 2, archivo \u201cOficio N\u00b0 023-DES212022 CONTESTACI\u00d3N TUTELA 2022-02299 (EXP. 031-2021-00114-01)\u201d del expediente digital. <\/p>\n
9\u0002 Folios 1-13, archivo \u201cRespuesta Mustaf\u00e1 VF Firmada\u201d del expediente digital. <\/p>\n
10\u0002 Al respecto, la Sala ha manifestado que, \u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC4538-2020, rad. 00523-01). <\/p>\n
11\u0002 Aquello que se recibe como \u201crazonable\u201d tambi\u00e9n puede recibirse como \u201cracional\u201d (Atienza, M. Para una razonable definici\u00f3n de razonable, Doxa, 1987, p\u00e1g. 197 y ss.). Y como \u201cv\u00e1lido\u201d, puesto que \u201csatisface los requisitos afincados en las reglas de reconocimiento\u201d (Hart, H. The concept of law, Oxford University Press, 1961, p\u00e1g. 128). <\/p>\n
12\u0002 Sobre el particular, la Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007- 00514-01 Reiterada en CSJ STC 4454. 15 de jul. 2020); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, CSJ STC 3446- 2020, reiterada en STC2462-2021). <\/p>\n
13\u0002 Al respecto, esta Corte ha reiterado que \u00abeste medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (CSJ STC, 28 oct. 2011, Rad. 00312-01. Reiterado en STC3807-2018, 20 mar. 2018, Rad. 2018-00327-01; CSJ STC, 2 jun. 2020, Rad. 2020-00195-01). <\/p>\n
<\/p>\n
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