STC9658-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
STC9658-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2022-02319-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Javier Arias contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira. <\/p>\n
<\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la salvaguarda de su derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. En respaldo de sus peticiones, narra que act\u00faa en la acci\u00f3n popular de radicado 66001-31-03-003-2015-00475-01, dentro de la cual, considera que el magistrado ha incurrido en mora judicial al no cumplir con el t\u00e9rmino establecido para fallar en segunda instancia. <\/p>\n
3. Solicit\u00f3 que \u00abSE ORDENE INMEDIATAMENTE AL TUTELADO APLICAR (\u2026) LO QUE LE IMPONE Y ORDENA ART 37 LEY ESPECIAL Y AUTONOMA 472 DE 1998\u00bb. Adem\u00e1s, \u00abSE ORDENE APLICAR EN ESTE CASO LA SENTENCIA DE TUTELA STC11309-2020 (\u2026)\u00bb1. <\/p>\n
<\/p>\n
II. RESPUESTA RECIBIDA. <\/p>\n
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, manifest\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abDebido al tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho, que desde el 12 de enero totalizan 109 tutelas y 29 populares (art. 15 D.E. 2591 de 1991 y Ley 472 de 1998), fuera de los asuntos ordinarios, la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes, que suma otro tanto por cada uno, y la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante cada jornada laboral, solo con auto del pasado 28 de marzo se dispuso admitir la impugnaci\u00f3n presentada por la coadyuvante Cotty Morales Caama\u00f1o y se declar\u00f3 DESIERTO el recurso interpuesto por Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga (accionante), en atenci\u00f3n a que no se formularon reparos concretos contra la sentencia de primer grado. Inconforme, el actor popular interpuso reposici\u00f3n la cual, mediante decisi\u00f3n del pasado 12 de julio, fue inadmitida. Debido a dicha alzada, apenas se encuentra corriendo el traslado al recurso presentado por la coadyuvante contra la sentencia\u00bb2. <\/p>\n
<\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, el accionante pretende que se ordene al Tribunal accionado cumplir con los t\u00e9rminos establecidos en la Ley 472 de 1998, para fallar en segunda instancia la acci\u00f3n popular 2015-00475-01. Ello pues, aduce una demora injustificada en la dicha resoluci\u00f3n. <\/p>\n
2. Pronto la Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional. En efecto, del an\u00e1lisis probatorio obrante en el expediente3, se observa que la Colegiatura accionada -con prove\u00eddo del 28 de marzo de 2022-4, admiti\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n presentado por la coadyuvante Cotty Morales frente al fallo de primera instancia. Sin embargo, declar\u00f3 desierto el recurso presentado por el accionante. <\/p>\n
2.1. Frente a tal determinaci\u00f3n, el accionante present\u00f3 memorial donde interpon\u00eda recurso de reposici\u00f3n y manifest\u00f3 que, de no aceptarse su alzada se entendiera como apelaci\u00f3n adhesiva. Por lo tanto, la autoridad cuestionado -con auto del 12 de julio de 2022- resolvi\u00f3 inadmitir el recurso de reposici\u00f3n y prorrog\u00f3 por seis meses m\u00e1s el t\u00e9rmino para fallar. Para ello, argument\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab\u2026 como el plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 121 del CGP fenece el 12 de julio para dictar sentencia en segundo grado, con fundamento en el inciso 5\u00ba del mismo, se prorroga por seis meses m\u00e1s, a partir de dicha fecha, el t\u00e9rmino para desatar la alzada, teniendo presente el tr\u00e1mite preferencial que se le ha dado a las numerosas acciones constitucionales a cargo del despacho (art. 12 D.E. 2591 de 1991), a la revisi\u00f3n de los proyectos de los dem\u00e1s ponentes y de la atenci\u00f3n de otras situaciones administrativas, que han ocupado un tiempo importante durante cada jornada laboral\u00bb5. <\/p>\n
2.2. Ante el silencio de las partes, dicha providencia qued\u00f3 en firme el pasado 19 de julio. Y, de acuerdo con la constancia secretarial6 desde el 22 de julio siguiente empez\u00f3 a correr el t\u00e9rmino de 5 d\u00edas para que la coadyuvante sustente el recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
3. En ese orden, de cara a la presunta mora judicial en la resoluci\u00f3n de la alzada, es preciso indicar que no todo retraso en la resoluci\u00f3n de una causa judicial es vulneradora de derechos fundamentales. Por tanto, la salvaguarda no puede proceder autom\u00e1ticamente ante un supuesto incumplimiento de los t\u00e9rminos legales por parte del juez accionado. Sobre esta tem\u00e1tica, la Sala, en reiteradas oportunidades ha expresado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuanto la mora judicial es injustificada\u00bb (CSJ SC, 19 de septiembre de 2008, exp. 001138-00, 15 feb. 2017, rad. 2016-02250-01, citada en STC195-2021 entre otras). <\/p>\n
En ese orden, la jurisprudencia ha se\u00f1alado que los escenarios de \u00abmora judicial\u00bb que abren paso a este excepcional medio de defensa constitucional son aquellos que denotan una abierta y ostensible par\u00e1lisis, esto es, los que sean producto de \u00abun comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u00bb (Se subraya) (CSJ STC abr. 29 de 2011, rad. 00094-01, reiterado entre otros, sept. 17 2013, rad. 00168-02 y en CSJ STC6772-2019, mayo 30 de 2019, rad. 2019-01579-00, STC5633-2021 rad. 2021-00299-01, CSJ STP6648-2022 mayo 19 de 2022, rad. 2022-00330-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el caso en concreto, esta Sala encuentra que la autoridad atacada no ha incurrido en comportamiento negligente, ni mucho menos ha actuado con desidia. Por el contrario, la presunta mora obedece a circunstancias objetivas y razonablemente justificadas. Incluso, el Tribunal -con auto del 12 de julio de 2022- prorrog\u00f3 el t\u00e9rmino para fallar de acuerdo con el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
4. Sumado a lo anterior, se le informa al actor que la acci\u00f3n a\u00fan se encuentra en tr\u00e1mite, por lo cual cualquier inconformidad deber\u00e1 ser alegada al interior de dicha causa, sin pretender que el juez constitucional sustituya o reemplace la competencia asignada al juez natural. <\/p>\n
5. Por lo dem\u00e1s, y con respecto a la aplicaci\u00f3n de la sentencia STC11309-2020 al caso en concreto, es preciso indicar que los supuestos f\u00e1cticos planteados en dicha providencia son diferentes a los plasmados en esta oportunidad. Adem\u00e1s, se debe destacar que los efectos de las decisiones constitucionales son inter partes, de manera que los fallos de esta naturaleza no producen efectos \u00aberga omnes\u00bb, tal como lo ha reconocido la jurisprudencia de la Corte Constitucional al se\u00f1alar que \u00abla tutela es un mecanismo que se activa exclusivamente a t\u00edtulo individual y la decisi\u00f3n que se adopta tiene efectos entre las partes que concurrieron al proceso y no generales, esto es, en relaci\u00f3n con otras personas que eventualmente puedan encontrarse en la misma situaci\u00f3n\u2019\u00bb (citada en CSJ10096-2021, 11 de agt. 2021, rad. 2021- 00115-01; reiterada en STC1295-2022, 10 feb. 2022, rad. 2021-02655-01) <\/p>\n
6. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo reclamado. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela invocada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo \u201c0002Demanda.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Archivo \u201c0010Memorial.pdf\u201d del expediente digital. <\/p>\n
3\u0002 Expediente digital de la acci\u00f3n popular 2015-000475-01, remitido por el Tribunal accionado. <\/p>\n
4\u0002 Archivo \u201c07Auto.pdf\u201d del expediente de la acci\u00f3n popular 2015-00475-01 remitido por el Tribunal. <\/p>\n
5\u0002 Archivo \u201c17Pr\u00f2rrogaInadmiteRecursoResposici\u00f2n.pdf\u201d notificada el 13 de julio de 2022 por anotaci\u00f3n en estado electr\u00f3nico. Expediente de la acci\u00f3n popular 2015-00475-01 remitido por el Tribunal. <\/p>\n
6\u0002 Archivo \u201c24TrasladoRecurso.pdf\u201d ibidem. <\/p>\n
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