STC9662-2022<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9662-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02349-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
La Corte decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por la Fundaci\u00f3n Hospitalaria San Vicente de Paul contra la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda. Al tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a los intervinientes en el proceso declarativo de radicado 2021-00036-00. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La entidad promotora, a trav\u00e9s de su representante legal, reclama la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad accionada en la causa referida. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: <\/p>\n
2.1. La accionante demand\u00f3 a la Gobernaci\u00f3n de C\u00f3rdoba \u2013Secretar\u00eda para el Desarrollo de la Salud-, con el fin de que se declare que \u00abla demandada tiene la obligaci\u00f3n legal de cancelar a [\u2026] el saldo adeudado por las facturas relacionadas [\u2026] por concepto de servicios m\u00e9dicos \u2013 hospitalario \u2013 quir\u00fargico No POS y a poblaci\u00f3n pobre no asegurada, prestados a pacientes a cargo de dicha entidad\u00bb. En consecuencia, se le condene \u00ab[\u2026] al pago de [\u2026] $207.810.042 en favor de la [demandante]\u00bb1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda -con auto del 16 de marzo de 2021- admiti\u00f3 el escrito inicial2. Surtido el tr\u00e1mite de rigor, el Despacho, en audiencia del 9 de noviembre de 2021, resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u00abPRIMERO. Desestimar las excepciones de m\u00e9rito propuestas por la GOBERNACION DE CORDOBA. SEGUNDO. Declarar que la FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL presto atenci\u00f3n a pacientes que no est\u00e1n afiliados a ninguna EPS y que por carecer de recursos son denominados poblaci\u00f3n pobre no asegurada, los cuales deben ser cancelados por el Departamento de C\u00f3rdoba. TERCERO. Declarar que el Departamento de C\u00f3rdoba adeuda a la FUNDACION SAN VICENTE DE PAUL, la suma de $207\u2019810.042 representadas en las facturas de venta adosadas a la demanda. CUARTO. CONDENAR a la demandada a pagarle a la accionante la suma de $207\u2019810.042 de acuerdo con la descripci\u00f3n y precisi\u00f3n efectuada en la parte considerativa. QUINTO. IMPONER a la convocada el pago de intereses moratorios a la tasa m\u00e1xima prevista por la Superintendencia Financiera, sobre los montos reconocidos, desde el 07-Abril-2021, fecha de notificaci\u00f3n de la demanda y hasta cuando se produzca el pago\u00bb. <\/p>\n
Inconformes con esa determinaci\u00f3n, los extremos en litis impetraron recurso de apelaci\u00f3n, el cual, fue concedido en el efecto suspensivo3. <\/p>\n
2.2. El Tribunal de Monter\u00eda, admiti\u00f3 la alzada \u2013el 25 de noviembre de 2021-, y orden\u00f3 a los recurrentes sustentar los reparos esgrimidos ante el a quo4. Frente a ello, la sociedad convocante cumpli\u00f3 con dicha exigencia5. En consecuencia, el juzgador colegiado, con prove\u00eddo del 31 de marzo de los corrientes declar\u00f3 desierto \u00abel recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la parte demandada\u00bb6. En ese orden, al estimar sobre lo esgrimido por la Fundaci\u00f3n Hospitalaria, decidi\u00f3 declarar \u00abla falta de jurisdicci\u00f3n, y en consecuencia decretar la nulidad de la sentencia de primera instancia, proferida el 9 de noviembre de 2021\u00bb. Y, dispuso la remisi\u00f3n del \u00ab\u2026expediente a la Oficina de Apoyo Judicial de Monter\u00eda, para que sea repartido entre los Juzgados Contencioso Administrativo de es[a] ciudad\u00bb7. <\/p>\n
2.3. As\u00ed las cosas, por v\u00eda de tutela, la fundaci\u00f3n gestora anota que el Tribunal incurri\u00f3 en un yerro por cuanto los fundamentos esbozados en el auto cuestionado no son \u00abaplicables al caso\u00bb sub examine, pues la demanda \u00abobedece a reclamaciones o cobros por prestaci\u00f3n de servicios de salud y no a recobros\u00bb, asimismo, el \u00abauto hace referencia a controversias entre entidades promotoras de salud y el ADRES (o entidades territoriales), controversia que claramente no es [del] caso [\u2026]\u00bb. Adem\u00e1s, manifiesta que la \u00abcompetencia en esta clase de procesos es de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en su especialidad civil o laboral\u00bb, toda vez que la misma se define \u00abpor el factor objetivo, es decir que las calidades de las partes no se toman en consideraci\u00f3n ya que no es relevante para definir si la conoce la especialidad civil o administrativa\u00bb. Por \u00faltimo, estima que se desconoci\u00f3 lo reglado por el principio de la \u00abperpetua jurisdicci\u00f3n\u00bb, pues la \u00abdemanda fue admitida el 16 de marzo de 2021 y la jurisdicci\u00f3n fue aceptada por la parte demandada toda vez que incluy\u00f3 dentro de sus excepciones la falta de jurisdicci\u00f3n y competencia [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo expuesto, solicita que se ordene al \u00ab\u2026Tribunal accionado proferir sentencia de segunda instancia resolviendo de fondo el recurso de apelaci\u00f3n expuesto en contra de la sentencia de noviembre de 2021 (sic) proferida por el Juzgado 4 Civil del Circuito de Monter\u00eda\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTAS RECIBIDAS. <\/p>\n
1. El Tribunal querellado remiti\u00f3 el link del expediente digital de la causa para su acceso8. <\/p>\n
2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Monter\u00eda, luego de relatar lo acontecido al interior del juicio, indic\u00f3 que \u00abse [atiene] a lo decidido dentro de la acci\u00f3n de tutela\u00bb9. <\/p>\n
3. Los dem\u00e1s guardaron silencio. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso en concreto, corresponde a la Sala establecer si la autoridad cuestionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales de la fundaci\u00f3n promotora, con ocasi\u00f3n del prove\u00eddo dictado el 31 de marzo de 2022, con el cual, el juez de segunda instancia resolvi\u00f3 declarar la falta de jurisdicci\u00f3n y, en consecuencia, decret\u00f3 la nulidad de la sentencia de primer grado. Ello pues, estima que lo resuelto no tiene sustento en los precedentes de la Corte Constitucional y se desconoci\u00f3 lo reglado por el principio de la perpetua jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
2. Esta Sala advierte la improcedencia del amparo constitucional invocado, en raz\u00f3n a la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad. Ciertamente, la fundaci\u00f3n actora no interpuso el recurso de s\u00faplica10 frente a la resoluci\u00f3n que decidi\u00f3 nulitar la sentencia de primer grado. Por lo tanto, la gestora tuvo la posibilidad de exponer las razones de su inconformidad -por medio de las herramientas ordinarias-, para reclamar en pro de sus intereses y contradecir lo que ahora pretende por esta v\u00eda. Empero, por su propia incuria dej\u00f3 fenecer dicha oportunidad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad el reproche enfilado dado el car\u00e1cter residual de este resguardo que impone el agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa estipulados al interior del tr\u00e1mite. De otro modo, se convertir\u00eda en una v\u00eda para remover sin m\u00e1s las presunciones de legalidad y acierto de las providencias judiciales, cuesti\u00f3n que se contrapone a la acci\u00f3n de amparo11. <\/p>\n
3. Finalmente, de cara al planteamiento de la entidad gestora en relaci\u00f3n con la remisi\u00f3n del expediente a la jurisdicci\u00f3n de lo contencioso administrativo, se advierte que el mismo es prematuro. Ello pues, de las acreditaciones aportadas, se observa que el Tribunal censurado resolvi\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n del juicio y remiti\u00f3 el legajo a la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativo para su reparto. Posteriormente, el legajo fue asignado al Despacho Quinto Administrativo de Monter\u00eda el 23 de mayo de los corrientes, el cual, hasta la fecha no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto12. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala advierte que se encuentra pendiente de definir la postura que ha de asumir el funcionario judicial de lo contencioso administrativo, cuya manifestaci\u00f3n es indispensable, ya que podr\u00eda avocar el conocimiento, o no acoger el criterio del remitente, evento en el cual deber\u00e1 plantear el respectico conflicto de jurisdicci\u00f3n, para que en los t\u00e9rminos de ley se defina quien ser\u00e1 el competente para dirimir aquella litis. Ciertamente, pretender que el fallador de tutela se pronuncie sobre esa disputa jur\u00eddica, implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales podr\u00edan obtener el auxilio de tales prerrogativas al interior de la tramitaci\u00f3n judicial13. Sobre el car\u00e1cter prematuro, la Corte expres\u00f3 en pret\u00e9rita ocasi\u00f3n que: <\/p>\n
\u00ab[\u2026] el juez del resguardo no puede arrogarse facultades que le corresponde decidir al ordinario, y mientras haya posibilidad de que al interior del proceso se discuta y resuelvan los puntos tra\u00eddos en sede excepcional, la acci\u00f3n incoada deviene improcedente ya que \u00e9sta no puede reemplazar los senderos legales debidamente establecidos, y no se ha estatuido como una instancia alterna a la ordinaria, ni el juez del amparo puede tenerse como un funcionario adicional de la actividad a cargo de quien est\u00e1 llamado a resolver el juicio, conforme a las competencias se\u00f1aladas por el legislador\u00bb. (CSJ STC912-2020 5 feb.2020 rad.2019-00171-00, reiterado en STC1739-2021). <\/p>\n
4. Por lo considerado, se declarar\u00e1 improcedente el amparo exigido. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acci\u00f3n de tutela impetrada. Comun\u00edquese esta providencia a los interesados en la forma prevista por el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991. En caso de no ser impugnada, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Archivo PDF \u00ab01 2021-003600_Demanda\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 Archivo PDF \u00ab03 2021-0036 Auto Admite \u2013 Auto Avoca\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 Archivo PDF \u00ab20 2021-00036 AudienciaPruebasYAlegatos\u00bb. <\/p>\n
4\u0002 Folio 6 del archivo PDF \u00ab27 Rad 2021-00036 Cdno Tribunal Superior\u00bb. <\/p>\n
5\u0002 Folios 11 a 12. Ib\u00eddem. <\/p>\n
6\u0002 Folios 29 a 33. Ib\u00eddem. <\/p>\n
7\u0002 Folios 36 a 43. Ib\u00eddem. <\/p>\n
8\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de julio de 2022. <\/p>\n
9\u0002 Respuesta por correo electr\u00f3nico de fecha 21 de julio de 2022. <\/p>\n
10\u0002 Art\u00edculo 331 del c\u00f3digo General del Proceso, en concordancia con el numeral 61 del canon 321 ibidem. <\/p>\n
11\u0002 En un caso de contornos similares, la Sala sostuvo que el \u00abresguardo ser\u00e1 negado porque no cumple con el requisito de subsidiariedad. Ciertamente, la gestora censura la providencia por medio de la cual el Tribunal accionado declar\u00f3 la nulidad de lo actuado en el proceso en comento (2 febrero 2022); sin embargo, no promovi\u00f3 recurso de s\u00faplica contra esa determinaci\u00f3n, el cual era procedente en virtud de lo previsto en el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso. As\u00ed las cosas, es evidente que aquella desperdici\u00f3 el mecanismo id\u00f3neo con el que contaba para discutir la providencia de la que hoy se duele y, al desperdiciarlo, provoc\u00f3 que la tutela perseguida resulte improcedente por irrespetar la residualidad que aqu\u00ed impera\u00bb (STC3547-2022). <\/p>\n