STC9665-2022<\/p>\n
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9665-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02189-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Nury Tinoco contra el Tribunal Superior del Distrito Judicial (Sala Civil) y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias, ambos de Cali. Al tr\u00e1mite fueron vinculados los part\u00edcipes e interesados en el asunto que suscita la presente queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
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1. La promotora deprec\u00f3 el respeto de sus prerrogativas esenciales al debido proceso, \u00abacceso a la [administraci\u00f3n de] justicia\u00bb y \u00abbuena fe\u00bb, presuntamente conculcadas por las dependencias jurisdiccionales requeridas. <\/p>\n
Y en concreto, se conmine a dejar sin valor las \u00faltimas determinaciones emitidas en el expediente ejecutivo hipotecario n.\u00b0 \u00ab2007-00186\u00bb. <\/p>\n
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2. Como sustento sostuvo fungir en calidad de demandante actual \u2013cesionaria\u2013 dentro del descrito litigio, el cual se adelanta ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Cali contra Rosa Alicia L\u00f3pez Almeida y los herederos de Hugo Rengifo (q.e.p.d.). <\/p>\n
Adujo que la consecuencia de haber solicitado a ese despacho la emisi\u00f3n de oficio en el que se ordenara el \u00abregistro de la adjudicaci\u00f3n\u00bb hecha en favor suyo \u00abdel 100% de los derechos reales de dominio sobre el inmueble\u00bb1 objeto de la hipoteca, fue el proferimiento de auto de 14 de agosto de 2020, declaratorio de una nulidad \u00abde oficio\u00bb a partir del fallo que dispuso seguir adelante con el cobro2. <\/p>\n
Relat\u00f3 que dicho interlocutorio devino confirmado por el ente judicial cognoscente a trav\u00e9s de providencia de 16 de diciembre de 2021, en sede de reposici\u00f3n por ella interpuesta y, adem\u00e1s, por el respectivo Tribunal Superior (Sala Civil) en virtud de pronunciamiento de 19 de abril3 de los corrientes, en v\u00eda de apelaci\u00f3n subsidiaria. <\/p>\n
Critic\u00f3 la tutelante las anteriores resoluciones, en cuanto anularon lo rituado en el pleito por falta de vinculaci\u00f3n de Jahir Moreno Parra, nuevo copropietario del predio en disputa, porque si bien este compr\u00f3 parte del fundo previo a la emisi\u00f3n de sentencia lo cierto es que \u00e9l sab\u00eda de todas las etapas de la ejecuci\u00f3n seg\u00fan manifestaci\u00f3n escrita adjunta al recurso contra el auto invalidatorio; luego, no era ajeno a la controversia. <\/p>\n
Reproch\u00f3 tambi\u00e9n que con la nulidad en comento los dispensadores de justicia convocados pasaron por alto el art\u00edculo 137 del C\u00f3digo General del Proceso, mismo que s\u00f3lo permite al juez \u00abadvertir\u00bb el evento de ausencia de notificaci\u00f3n a la persona afectada, quien una vez enterado tendr\u00eda que elegir si sanea o suplica la invalidaci\u00f3n, mas no \u00abSUSTITUIR [su] voluntad\u00bb, acorde a la previsi\u00f3n del canon 135, inc. 3\u00b0, \u00eddem. <\/p>\n
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LA INTERVENCI\u00d3N DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
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1. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, dijo estarse a lo resuelto despu\u00e9s de memorar las motivaciones de su providencia. <\/p>\n
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2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias se opuso al \u00e9xito de la clama, por no vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Comparti\u00f3 enlace del dossier disentido. <\/p>\n
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3. Banco AV Villas S.A. enunci\u00f3 que las censuras le son extra\u00f1as, pues ya no es demandante en el ejecutivo criticado. <\/p>\n
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4. Los dem\u00e1s, guardaron silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Al tenor del precepto 86 de la Carta Pol\u00edtica, la tutela es un mecanismo jur\u00eddico en protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, susceptible de invocar siempre que estos resulten vulnerados o en peligro inminente por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en ciertos supuestos, de los particulares, que por su connotaci\u00f3n residual no permite sustituir o desplazar a los canales comunes de auxilio. <\/p>\n
Por lineamiento doctrinario, en lo que concierne al discurrir de los jueces, el resguardo cabe de manera ins\u00f3lita y ce\u00f1ido a la presencia de un irrefutable desafuero, si \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01); y por antonomasia, de aparecer el imperativo de la inmediatez. <\/p>\n
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2. Por el delineado trasegar, en los precisos casos en los cuales el funcionario jurisdiccional cognoscente incurra en actuaci\u00f3n claramente opuesta a la ley, por arbitrariedad o antojo, puede intervenir el juez de amparo con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico cuando el agraviado no cuente con otro conducto de patrocinio. <\/p>\n
Si bien los falladores ordinarios detentan la libertad discreta y proporcional para la interpretaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de las normas del ordenamiento, la justicia constitucional puede inmiscuir en tal funci\u00f3n, si aquellos consolidan una flagrante desviaci\u00f3n de su desempe\u00f1o. <\/p>\n
Como en este nivel ha manifestado, <\/p>\n
\u2026el Juez natural est\u00e1 dotado de discreta autonom\u00eda para interpretar las leyes, de modo que el amparo s\u00f3lo se abre paso si \u201cse detecta un error grosero o un yerro superlativo o may\u00fasculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la funci\u00f3n judicial; en suma, cuando se presenta una v\u00eda de hecho, as\u00ed denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jur\u00eddico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado…\u201d (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 00183-01; reiterada en STC4269, 16 abr. 2015). <\/p>\n
Es verdad que cuando el sentenciador natural opta por apartarse de la jurisprudencia o de las leyes sustantivas y\/o adjetivas o, reh\u00fasa exponer argumentos completos y fidedignos para la resoluci\u00f3n de los casos, entre otros contextos de vulneraci\u00f3n, se estructura la denominada \u00abv\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
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3. Hecha la anterior salvedad, se apresta a auscultar en sus cimientos el auto dimanado del Tribunal requerido el 19 de abril del presente a\u00f1o (m\u00e1s all\u00e1 de la aclaraci\u00f3n a la que fuera sometida tal providencia), pues finiquit\u00f3, en apelaci\u00f3n, cualquier discusi\u00f3n en lo tocante a la nulidad oficiosamente declarada en primer grado dentro de la ejecuci\u00f3n hipotecaria n.\u00b0 \u00ab2007-00186\u00bb. <\/p>\n
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1. N\u00f3tese que en aquel pronunciamiento de alzada, en lo medular, se esgrimi\u00f3: <\/p>\n
Lo anterior, encuentra sustento en (i) el art. 132 del C.G. del P., en el que impone al juez de instancia, en ejercicio de su deber de control de legalidad, que, al percatarse de alguna irregularidad acaecida en el proceso, es su obligaci\u00f3n corregir o subsanarla, y, (ii) en la causal de nulidad prevista en el numeral 8\u00b0 del art. 133 ib\u00eddem, en el que se establece, que el proceso es nulo en todo o parte: \u201cCuando no se practica en legal forma la notificaci\u00f3n del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las dem\u00e1s personas aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley as\u00ed lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio P\u00fablico o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debi\u00f3 ser citado.\u201d… <\/p>\n
Ahora, del estudio integral del expediente, se extrae que(\u2026) la transferencia del dominio del bien inmueble objeto de garant\u00eda ocurri\u00f3 con anterioridad al pronunciamiento de la sentencia de primera instancia, lo que configura entonces, la irregularidad advertida por la A QUO, quien, contrario a lo expuesto por [la] ejecutante, es la llamada a regularizar el estado del proceso y adoptar las medidas correctivas pertinentes para el debido decurso del mismo[. A]s\u00ed, con base en la normatividad procesal, es lo cierto que, correspond\u00eda al Juez Segundo Civil del Circuito, en cuanto tuvo conocimiento del cambio de propietario, vincularlo en calidad de [demandado] sustituto\u2026 (art. 468 del C.G. del P.), a fin [de] que ejerciera los mecanismos de defensa procesales o sustanciales que considerara pertinentes, y que, por omisi\u00f3n, hasta la fecha, le han sido conculcados… <\/p>\n
De lo previamente referido, debe anotarse que, en escrito de(\u2026) 08 de junio de 2011, la aqu\u00ed demandante(\u2026) puso en conocimiento del despacho [para entonces cognoscente] la venta de derechos realizada a favor del se\u00f1or Jahir Moreno Parra, data previa a la sentencia en que se orden\u00f3 seguir adelante con la ejecuci\u00f3n[;] momento en el que, conforme con la regulaci\u00f3n nacional, el despacho cognoscente debi\u00f3 ordenar la notificaci\u00f3n del nuevo copropietario, o de ser el caso, correspond\u00eda a la parte demandante acudir ante el juez para lo pertinente\u2026 (Se resalt\u00f3). <\/p>\n
<\/p>\n
2. Colocadas as\u00ed las cosas, deviene palpable la incursi\u00f3n en un exceso que amerita la injerencia de esta extraordinaria jurisdicci\u00f3n, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
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1. El Tribunal fustigado ciertamente rehus\u00f3 estudiar a plenitud los reparos blandidos por la aqu\u00ed quejosa en su condici\u00f3n de apelante; en especial, el atinente a inferir que Jahir Moreno Parra, persona en cuyo favor el despacho de ejecuci\u00f3n a-quo declar\u00f3 la nulidad de oficio, \u00abconoce\u00bb \u2013en condici\u00f3n de nuevo copropietario\u2013 \u00abde manera personal y directa la existencia del proceso\u00bb desde el mismo momento de la compra parcial del inmueble en disputa, la cual tuvo lugar antes de la sentencia all\u00ed proferida y \u00abcon autorizaci\u00f3n\u00bb de ella, en calidad de acreedora, al pesar una medida de embargo dentro de la ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
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2. Y lo que es peor, el Colegiado de Cali omiti\u00f3 razonar en torno a la manifestaci\u00f3n escrita y autenticada del aludido se\u00f1or Moreno Parra (adjunta al recurso de alzada), a trav\u00e9s de la que puso de relieve su adquisici\u00f3n, mediante escrituras p\u00fablicas de 7 de febrero de 2011, de la cuota del inmueble perteneciente a la inicial demandada Rosa Alicia L\u00f3pez Almeida y los derechos que le pudieran corresponder a la tambi\u00e9n enjuiciada Ana Mar\u00eda Rengifo L\u00f3pez, como heredera del causante Hugo Rengifo Espinosa y, a la postre, que desde esa \u00e9poca estuvo \u00ab[s]uficientemente informado del proceso, sus actuaciones e instancias\u00bb, am\u00e9n de que no era inter\u00e9s de \u00e9l \u00abinterponer la supuesta nulidad por indebida notificaci\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
Aseveraciones estas que a m\u00e1s de avalar el ignorado reparo impugnatorio de la aqu\u00ed peticionaria colocan en evidencia, sin duda, que Jahir Moreno Parra opt\u00f3 por sanear la aducida nulidad, con m\u00e1s veras si el escrito en el que las exterioriz\u00f3 (bajo presentaci\u00f3n personal en Notar\u00eda) fue anexado al memorial de apelaci\u00f3n; es decir, previo a la ejecutoria del auto que de forma oficiosa dispuso invalidar el pleito. Igualmente, y en consecuencia, implicar\u00edan tenerlo por notificado de la contienda por conducta concluyente a la luz del art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso4, en el entendido de que aquel determin\u00f3 su conocimiento del ejecutivo a las actuaciones surtidas al momento de la compra5 (entre esas, obvio, el auto de mandamiento de pago). <\/p>\n
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3. De suerte que el Tribunal ten\u00eda que haber impartido respuesta a la totalidad de las inconformidades plasmadas por la tutelante en su recurso, en vez de circunscribir el debate al \u00abcontrol [judicial] de legalidad\u00bb. No hacerlo as\u00ed supuso un serio dislate de motivaci\u00f3n, m\u00e1xime si dej\u00f3 de analizar la cuesti\u00f3n referente a si hubo saneamiento de la declarada nulidad por parte del nuevo copropietario del fundo en reyerta, como directo interesado en dicha invalidaci\u00f3n, con sustento en que \u00e9l dijo no querer plantearla y que se la tuviera por superada. Es que al margen de la potestad oficiosa prevista en el canon 132 de la norma adjetiva, le ata\u00f1\u00eda a la Colegiatura en cita auscultar los descritos reparos de la apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Total, el aut\u00e9ntico fundamentar de los jueces, en palabras de esta Corte, equivale a \u00ab(\u2026)un imperativo dimanado del debido proceso en garant\u00eda del derecho de las partes e intervinientes a asentir o disentir de la actividad intelectual desplegada por el operador jur\u00eddico frente al caso materia de juzgamiento\u2026\u00bb (CSJ STC, 4 dic. 2009, rad. 02174-00; reiterada en STC10798, 22 ag. 2018, rad. 00102-02). <\/p>\n
Mismo t\u00f3pico por el que el m\u00e1ximo \u00f3rgano de constitucionalidad, en consonancia, decant\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n de los fallos judiciales es un deber de los jueces y un derecho fundamental de los ciudadanos, como posici\u00f3n jur\u00eddica concreta derivada del debido proceso. Desde el punto de vista del operador judicial, la motivaci\u00f3n consiste en un ejercicio argumentativo por medio del cual el juez establece la interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas, de una parte, y determina c\u00f3mo, a partir de los elementos de convicci\u00f3n aportados al proceso y la hip\u00f3tesis de hecho que se construye con base en esos elementos, es posible subsumir el caso concreto en el supuesto de hecho de una regla jur\u00eddica aplicable al caso. (T-247\/06, T-302\/08, T-868\/09). <\/p>\n
\u2026 En el estado constitucional de derecho, la motivaci\u00f3n adquiere mayor importancia. La incidencia de los derechos fundamentales en todas las \u00e1reas del derecho y la obligaci\u00f3n de los jueces y operadores jur\u00eddicos de aplicar las reglas legales y\/o reglamentarias s\u00f3lo en la medida en que sean conformes con la Carta Pol\u00edtica (aspectos conocidos en la doctrina constitucional como efecto irradiaci\u00f3n, interpretaci\u00f3n conforme y car\u00e1cter normativo de la Constituci\u00f3n) exigen del juez un ejercicio interpretativo calificado que d\u00e9 cuenta del ajuste entre su interpretaci\u00f3n y los mandatos superiores, y que le permita, mediante el despliegue de una argumentaci\u00f3n que tome en cuenta todos los factores relevantes, administrar el pluralismo de los principios constitucionales. <\/p>\n
(\u2026)Desde el punto de vista de la determinaci\u00f3n de los hechos, la \u00edntima convicci\u00f3n del juez como medio para la fijaci\u00f3n de la hip\u00f3tesis f\u00e1ctica, o la posibilidad de que el legislador defina previamente el valor de cada prueba, se ha visto desplazada de forma casi absoluta, en los actuales estados constitucionales, por la sana cr\u00edtica y la valoraci\u00f3n basada en la persuasi\u00f3n cr\u00edtica y racional del juez (C-202\/06), lo que supone similares exigencias argumentativas a las ya expuestas sobre la interpretaci\u00f3n de las normas. <\/p>\n
\u2026 Dado que el juez debe pronunciarse sobre hechos del pasado, a los que no puede acceder directamente, su tarea consiste en exponer c\u00f3mo, mediante el uso de reglas de la experiencia, puede inferir la existencia de hechos pasados a partir de determinados hechos presentes recaudados mediante las v\u00edas legales de decreto y pr\u00e1ctica de pruebas. <\/p>\n
La comprensi\u00f3n del razonamiento en materia de hechos como uno de car\u00e1cter primordialmente inductivo, dirigido m\u00e1s a fortalecer la probabilidad de una hip\u00f3tesis que a lograr la certeza sobre \u00e9sta, la importancia de la pluralidad de medios de prueba para fortalecer tales hip\u00f3tesis, el an\u00e1lisis individual de cada medio de convicci\u00f3n y el posterior an\u00e1lisis conjunto de las pruebas, la fuerza de las reglas de la experiencia (generalizaciones de hechos previamente observados) utilizadas por el juez, son las herramientas con las que cuenta y a las que debe recurrir el juez para fundar su premisa f\u00e1ctica. (C-202\/05, T589\/10, T-1015\/l0). <\/p>\n
\u2026 La Corte Constitucional ha efectuado importantes avances en determinar los est\u00e1ndares de racionalidad y razonabilidad que exige la determinaci\u00f3n de los hechos del caso y ha explicado c\u00f3mo el deber de motivaci\u00f3n no se agota en una exposici\u00f3n sobre la interpretaci\u00f3n de las normas jur\u00eddicas, sino que involucra tambi\u00e9n la explicaci\u00f3n de ese paso entre pruebas y hechos, a trav\u00e9s de la sana cr\u00edtica, la aplicaci\u00f3n de reglas de inferencia plausibles, y los criterios de escogencia entre hip\u00f3tesis de hecho alternativas. (ib\u00eddem). <\/p>\n
(\u2026)La motivaci\u00f3n, por todo lo expuesto, es un derecho constitucional derivado, a su vez, del derecho gen\u00e9rico al debido proceso. Esto se explica porque s\u00f3lo mediante la motivaci\u00f3n pueden excluirse decisiones arbitrarias por parte de los poderes p\u00fablicos, y porque s\u00f3lo cuando la persona conoce las razones de una decisi\u00f3n puede controvertirla y ejercer as\u00ed su derecho de defensa. En el caso de los jueces de \u00faltima instancia, la motivaci\u00f3n es, tambi\u00e9n, su fuente de legitimaci\u00f3n democr\u00e1tica, y el control ciudadano se convierte en un valioso medio para corregir posturas adoptadas en el pasado y eventualmente injustas o poco adecuadas para nuevas circunstancias jur\u00eddicas y sociales\u2026 (Destacado adrede. CC T-214\/12). <\/p>\n
En ese marco de factores, toda grave falencia de motivaci\u00f3n \u00absupone una clara vulneraci\u00f3n al derecho del debido proceso ya que existe un deber en cabeza de los funcionarios judiciales\u00bb, dirigido a divulgar \u00ablas razones f\u00e1cticas y jur\u00eddicas que sustentan\u00bb sus providencias (SU-635\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Se impone, entonces, abrir paso a la ayuda supralegal protestada, habida cuenta que el operador judicial de segunda instancia recriminado, sumido en ausente e inadecuada fundamentaci\u00f3n, escatim\u00f3 mayor esfuerzo en desatar un pronunciamiento valedero de cara a la apelaci\u00f3n que le brind\u00f3 potestad para terciar al interior del juicio disentido; situaci\u00f3n por la que se le conminar\u00e1 a restarle efecto y proveer otra vez. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo implorado por Nury Tinoco. <\/p>\n
Por consecuencia, se ordena al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Civil, que en un t\u00e9rmino no mayor a diez (10) d\u00edas, contado a partir del momento en que reciba el expediente ejecutivo hipotecario n.\u00b0 \u00ab2007-00186\u00bb, y luego de dejar sin valor el auto ah\u00ed proferido el 19 de abril de los corrientes, as\u00ed como todas las resoluciones que de ello dependan, adopte la determinaci\u00f3n que en derecho corresponda sobre el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por la tutelante, acorde a lo plasmado en la considerativa de este veredicto. <\/p>\n
A su turno, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de la misma ciudad deber\u00e1 enviar el descrito dossier al Tribunal, en el lapso m\u00e1ximo de un (1) d\u00eda siguiente a su notificaci\u00f3n, a fin de que esta \u00faltima corporaci\u00f3n pueda impartir cumplimiento a lo ac\u00e1 mandado. <\/p>\n
Oportunamente, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional, para lo de su atribuci\u00f3n, en caso de no impugnarse. <\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Con auto de 27 de marzo de 2015. <\/p>\n
2\u0002 Sentencia que data de 13 de mayo de 2014. <\/p>\n
3\u0002 \u201cAclarado\u201d en un p\u00e1rrafo de su motiva con prove\u00eddo de 7 de junio del presente a\u00f1o. <\/p>\n
4\u0002 Norma que en lo relevante precept\u00faa: (\u2026)La notificaci\u00f3n por conducta concluyente surte los mismos efectos de la notificaci\u00f3n personal. Cuando una parte o un tercero manifieste que conoce determinada providencia o la mencione en escrito que lleve su firma, o verbalmente durante una audiencia o diligencia, si queda registro de ello, se considerar\u00e1 notificada por conducta concluyente de dicha providencia en la fecha de presentaci\u00f3n del escrito o de la manifestaci\u00f3n verbal\u2026 (Negrillas y subrayas de la Sala). <\/p>\n
5\u0002 En efecto, Jahir Moreno Parra dijo en la tan mentada manifestaci\u00f3n escrita: \u00abSuficientemente informado del proceso, sus actuaciones e instancias al momento de comprar los derechos de cuota y derechos y acciones, es que proced\u00ed a [la] compra y por ello nunca estuve interesado en ejercer ninguna actuaci\u00f3n\u2026, mucho menos (\u2026) solicitar nulidad(\u2026), por lo que\u2026, se debe tener por saneada\u2026\u00bb (Se destac\u00f3). <\/p>\n
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STC9665-2022 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC9665-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02189-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se decide la acci\u00f3n de tutela impulsada por Nury Tinoco contra el Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65558","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}