STC9666-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9666-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02346-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Rosemary Palacio Mej\u00eda contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Bogot\u00e1 y los intervinientes en el ejecutivo n\u00b0 2017-00609. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
2. En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto el aludido prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene acoger su pedimento de invalidaci\u00f3n. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Bogot\u00e1 defendi\u00f3 la legalidad de su proceder y remiti\u00f3 el enlace que conduce a los archivos del expediente contentivo del juicio sobre el que aqu\u00ed se discute. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto. <\/p>\n
Al revisar la determinaci\u00f3n sometida a escrutinio de esta Corte, mediante la cual el tribunal confirm\u00f3 el rechazo de plano de la solicitud de nulidad formulada por quien aqu\u00ed acciona, no logra advertirse la vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales invocadas, en raz\u00f3n a que tal providencia obedeci\u00f3 a una hermen\u00e9utica respetable de los elementos de juicio que obraban en la foliatura, as\u00ed como a una aplicaci\u00f3n seria y fundamentada de las normas que regulan la materia. <\/p>\n
En tal sentido, el tribunal destac\u00f3 lo siguiente: <\/p>\n
\u00abEl Tribunal confirmar\u00e1 el auto apelado por dos (2) razones basilares, a saber: <\/p>\n
a) La primera, porque la irregularidad soportada en una supuesta falta de defensa t\u00e9cnica no fue erigida por el legislador en motivo de invalidez, como se desprende de la simple lectura del art\u00edculo 133 del CGP, sin que, adem\u00e1s, ninguna norma especial de ese c\u00f3digo la establezca, por lo que, acorde con el principio de taxatividad que informa esta materia, era procedente el rechazo de plano, como lo prev\u00e9 el inciso final del art\u00edculo 135 de esa misma codificaci\u00f3n, norma seg\u00fan la cual as\u00ed proceder\u00e1 el juzgador cuando la petici\u00f3n de invalidez se respalde \u201cen causal distinta de las determinadas en este cap\u00edtulo\u201d. T\u00e9ngase en cuenta que la nulidad prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica se refiere, exclusivamente, a la prueba obtenida con violaci\u00f3n al debido proceso, como lo precis\u00f3 la Corte Constitucional en la sentencia C-491 de 1995, por manera que esa garant\u00eda no puede ser tra\u00edda a colaci\u00f3n en forma gen\u00e9rica para que se declare la nulidad de una actuaci\u00f3n judicial. <\/p>\n
b) La segunda, porque si bien es cierto que la jurisprudencia constitucional ha declarado, en sede de tutela, la nulidad de actuaciones procesales por indebida asistencia t\u00e9cnica de alguna de las partes, no lo es menos que ha trazado ciertos criterios para que la actividad desplegada por el apoderado sea considerada como violatoria de los derechos fundamentales, espec\u00edficamente en materia penal (\u2026). Y como en este caso la se\u00f1ora Palacio se notific\u00f3 personalmente del auto que libr\u00f3 mandamiento de pago, otorg\u00f3 poder al abogado Gustavo Adolfo Romero Torres para que representara sus intereses, quien contest\u00f3 la demanda dentro del t\u00e9rmino previsto en la ley, proponiendo medios exceptivos, resulta incontestable la improcedencia de la solicitud de nulidad alegada, m\u00e1xime si se considera que este no es el camino id\u00f3neo para superar omisiones de las partes en el proceso\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no se observa el desafuero jur\u00eddico que se enrostr\u00f3 al fallador encartado. Por el contrario, la providencia criticada se bas\u00f3 en una motivaci\u00f3n que no es producto de la subjetividad o el capricho, por lo que resulta improcedente la intervenci\u00f3n excepcional del juez de tutela, m\u00e1s cuando se tiene claro que no se puede recurrir a esta v\u00eda para imponer al fallador ordinario una particular interpretaci\u00f3n del contexto jur\u00eddico escrutado o un enfoque de la normativa aplicada que coincida con el de las partes, porque es precisamente en ese campo en donde se expresa con mayor fuerza su independencia. <\/p>\n
Ciertamente, aunque se discrepara de lo resuelto, no por ello puede abrirse camino la prosperidad de la protecci\u00f3n constitucional, pues para ello es necesario que la fustigada providencia se encuentre afectada por errores superlativos y desprovistos de todo fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
Sobre el particular, la Sala ha dicho en precedencia que \u00ab(\u2026) el mecanismo de amparo constitucional no est\u00e1 previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opini\u00f3n de aqu\u00e9llos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldr\u00eda al desconocimiento de los principios de autonom\u00eda e independencia que inspiran la funci\u00f3n p\u00fablica de administrar justicia y conllevar\u00eda a erosionar el r\u00e9gimen de jurisdicci\u00f3n y competencias previstas en el ordenamiento jur\u00eddico a trav\u00e9s del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo\u00bb (STC4705-2016). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se negar\u00e1 la salvaguarda porque la providencia materia de censura fue motivada y lo pretendido por la parte querellante es anteponer su propio criterio al del juzgador de instancia, finalidad que resulta ajena a la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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