STC9668-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9668-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2022-02356-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. A trav\u00e9s de abogado, la actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estima trasgredido con el auto de 8 de junio de 2022, mediante el cual el fallador encartado (en el juicio de ejecuci\u00f3n ya referido) se neg\u00f3 a desembargar el inmueble que garantiza la obligaci\u00f3n de hacer all\u00ed reclamada, lo cual resulta indispensable para registrar el remate que sobre ese predio se verific\u00f3 en el proceso de divisi\u00f3n que respecto del mismo se adelanta (en el que la accionante funge como cesionaria de la parte actora). <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, relat\u00f3 que el aludido predio es de propiedad de los ex compa\u00f1eros permanentes Adriana Mill\u00e1n Hern\u00e1ndez y Alexander Arnoldo Acosta Arboleda, quienes, una vez liquidaron la sociedad patrimonial, celebraron un contrato de compraventa para que la totalidad del derecho de dominio del inmueble quedara en cabeza del se\u00f1or Acosta Arboleda. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que, como el contrato prometido no se lleg\u00f3 a materializar, Adriana Mill\u00e1n inici\u00f3 un proceso divisorio y Alexander Acosta un ejecutivo orientado a la suscripci\u00f3n de la prometida compraventa y que, mientras que el avance de este \u00faltimo ha sido bastante accidentado (al punto que no se ha llevado a cabo la audiencia de instrucci\u00f3n y juzgamiento), en el divisorio ya se adjudic\u00f3 el bien en cabeza del se\u00f1or Acosta Arboleda, quien, pese a ello, no ha desistido del proceso ejecutivo que inicialmente promovi\u00f3 para quedarse con la totalidad de ese fundo. <\/p>\n
Manifest\u00f3 igualmente que, tras haber obtenido la cesi\u00f3n de derechos que le pudieran corresponder a la se\u00f1ora Mill\u00e1n Hern\u00e1ndez en el juicio divisorio, intent\u00f3 impugnar la decisi\u00f3n del fallador de ese proceso de tener en cuenta el embargo de la cuota parte del inmueble dispuesto en el tr\u00e1mite coactivo, pero no tuvo \u00e9xito puesto que sus aspiraciones fueron denegadas en ambas instancias. <\/p>\n
Resalt\u00f3, finalmente, que una vez fue aprobado el remate del predio en el divisorio, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira le solicit\u00f3 a su hom\u00f3logo Tercero de la misma ciudad que levantara el embargo del fundo, para que fuera viable registrar la adjudicaci\u00f3n, pero este se neg\u00f3, mediante el auto que ac\u00e1 es objeto de censura, pretextando que la permanencia de dicha cautela es indispensable para el adelantamiento del juicio ejecutivo a su cargo. <\/p>\n
3. En consecuencia, pidi\u00f3 dejar sin efecto el aludido prove\u00eddo y que, en su lugar, se ordene al fallador accionado disponer el levantamiento del embargo. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio, en consideraci\u00f3n a que, de su parte, no se ha trasgredido ning\u00fan derecho fundamental de la accionante. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el fundamento de la demanda de tutela involucra una trasgresi\u00f3n de la garant\u00eda fundamental all\u00ed invocada. <\/p>\n
Con ese cometido, es importante advertir preliminarmente que las ulteriores consideraciones permanecer\u00e1n ajenas a las providencias mediante las cuales, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira y la Sala Civil Familia del Tribunal de esa misma localidad, en el juicio divisorio n\u00b0 2017-00377, decidieron tener en cuenta la medida de embargo dispuesta por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la municipalidad en cita en el coactivo n\u00b0 2019-00014. <\/p>\n
Esto, por cuanto dichos prove\u00eddos no fueron frontalmente censurados por la parte actora y, adem\u00e1s, por cuanto fueron dictados los d\u00edas 7 de febrero de 2020 y 16 de marzo de 2021, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o antes de la fecha en que se interpuso la demanda de tutela en estudio (12 de julio de 2022), lo cual impide tener por cumplido el presupuesto de inmediatez que rige esta actuaci\u00f3n constitucional respecto de esos dos prove\u00eddos. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El presupuesto de la subsidiariedad <\/p>\n
El amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del mentado requisito y su inobservancia ocurre, entre otros eventos, cuando se dejan de emplear los medios de defensa ordinarios. <\/p>\n
En el caso que se revisa se configura tal modalidad, dado que la accionante no recurri\u00f3 el auto de 8 de junio de 2022, mediante el cual el fallador accionado adopt\u00f3 la decisi\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, esto es, la denegaci\u00f3n de la solicitud encaminada a que se levantara el embargo del inmueble objeto de disputa. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte en diversos pronunciamientos ha dicho que, <\/p>\n
\u00ab[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC, 14 ene. 2003, Rad. 23023; reiterada entre muchas otras en STC7200-2016, 1\u00ba jun. 2016, 2016-00126-01). <\/p>\n
Con el rese\u00f1ado proceder, la actora desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer ante el fallador cognoscente (y, eventualmente, ante su superior jer\u00e1rquico) todos los argumentos por los cuales estimaba necesario el levantamiento de dicha cautela, lo que impide abordar de fondo la problem\u00e1tica planteada, ya que, como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto la accionante no hizo uso de los medios de control judiciales pertinentes para plantear ante la autoridad encartada las irregularidades rese\u00f1adas en la demanda de tutela, omisi\u00f3n que torna inviable el mecanismo de protecci\u00f3n en estudio, en virtud de su car\u00e1cter residual y subsidiario (art. 6\u00ba, num. 1\u00ba, D. 2591 de 1991). <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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