STC9670-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC9670-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2022-00139-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira el 29 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Gerardo Alonso Herrera Hoyos contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n popular n.\u00b0 2022-00116. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
El 3 de febrero de 2022, Mario Alberto Restrepo Zapata present\u00f3 acci\u00f3n popular contra el \u00abestablecimiento de comercio [\u2026] CENTRO \u00d3PTICO MJ\u00bb, debido a que, supuestamente, el sitio donde se desarrolla la actividad econ\u00f3mica no cuenta con \u00abconvenio actual con entidad (\u2026), para atender la poblaci\u00f3n objeto de la ley 982 de 2002 (\u2026)\u00bb; cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al querellado. <\/p>\n
Sin embargo, expresa que \u00abel tutelado se niega a cumplir los t\u00e9rminos de tiempo perentorios que le impone la ley 472 de 1998, art 5\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que se ordene a la c\u00e9dula cognoscente: (i) aplicar los art\u00edculos 5 y 34 de la Ley 472 de 1998, (ii) \u00abcorregir las notas marginales de los estados 079, 080 y 081\u00bb, (iii) \u00ab[no] consignar que se retarda en resolver las acciones que se adelantan en su despacho [como consecuencia] de las acciones populares\u00bb y (iv) \u00ab[se\u00f1alar] LOS RADICADOS DE TODAS LAS ACCIONES POPULARES\u00bb. <\/p>\n
1. El fallador Segundo Civil del Circuito de Pereira asever\u00f3 que, el convocante carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, adem\u00e1s, adujo que el presente amparo es improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad. <\/p>\n
2. La Procuradora Regional de Risaralda precis\u00f3 que \u00absu intervenci\u00f3n est\u00e1 orientada a verificar, como ente de control, la defensa de los (\u2026) intereses colectivos\u00bb. Y a\u00f1adi\u00f3 que el gestor no ha presentado a la entidad alguna petici\u00f3n, queja o reclamo relacionado con lo alegado. <\/p>\n
3. La Alcald\u00eda de Pereira expres\u00f3 que no se han vulnerado los derechos fundamentales del promotor en el tr\u00e1mite del juicio en comento. <\/p>\n
4. La Defensor\u00eda del Pueblo Regional Risaralda indic\u00f3 que no tiene injerencia alguna respecto a las pretensiones del interesado. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
El tribunal a-quo declar\u00f3 improcedente el auxilio argumentando que \u00ab[e]l aqu\u00ed accionante carece de legitimaci\u00f3n por activa ya que, al no haber intervenido como parte o tercero en el proceso, impide que se pueda tener como sujeto de alguna violaci\u00f3n a sus derechos fundamentales en el tr\u00e1mite del mismo\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, agreg\u00f3 que \u00ab[t]ambi\u00e9n se tornan improcedentes las pretensiones del actor relacionadas con que se ordene al juez accionado, corregir las notas marginales de los estados 079, 080 y 081; y, consignar los radicados de todas las acciones populares y probar cada cuanto tiempo salen estados en esos procesos a fin de demostrar la mora judicial; pues este no ha elevado similar petici\u00f3n ante dicha autoridad o por lo menos omiti\u00f3 probar que as\u00ed procedi\u00f3 (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso Mario Alberto Restrepo Zapata sin realizar ninguna precisi\u00f3n adicional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el juzgado Segundo Civil del Circuito de Pereira, vulner\u00f3 la prerrogativa fundamental invocada porque, supuestamente, no ha dado el impulso pertinente a la acci\u00f3n popular en comento. <\/p>\n
2. Caso concreto. <\/p>\n
2.1 Cuesti\u00f3n preliminar \u2013 Sobre la legitimaci\u00f3n en la causa. <\/p>\n
Inicialmente debe destacarse que si bien la colegiatura ad-quem en el fallo constitucional que se revisa consider\u00f3 que quien impetr\u00f3 la tutela no era el actor popular y por ende carec\u00eda de legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar las actuaciones surtidas en esa ese asunto, dicha situaci\u00f3n fue corregida por cuanto la impugnaci\u00f3n fue presentada por quien detenta dicha calidad y, en esas condiciones, es procedente dirimir esta instancia. <\/p>\n
2.2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible, entonces, que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidas garant\u00edas fundamentales pues, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar. <\/p>\n
De la revisi\u00f3n que se efect\u00faa a los argumentos de la queja constitucional y a la que se desprende de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala ratificar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, comoquiera que en el presente asunto se suscita ausencia de vulneraci\u00f3n, conforme pasa a explicarse. <\/p>\n
En efecto, contrario a lo afirmado por el querellante, la autoridad fustigada dio impulso oportuno al litigio, habida cuenta que en auto del 18 de abril de 2022 (fecha previa a la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n constitucional, 8 de junio de esta anualidad), fij\u00f3 fecha para la audiencia de pacto de cumplimiento para el 22 de junio hoga\u00f1o; dicha diligencia judicial, se celebr\u00f3 en la fecha referida y culmin\u00f3 con el traslado para presentar alegatos, situaci\u00f3n que torna inviable el ruego tuitivo, pues se ha dicho y reiterado que: \u00abno basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que [aquellos] que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada, entre otras, en STC115938-2021, 25 nov. 2021, rad. 01019-01). <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea la Sala ha sostenido que para la viabilidad del auxilio, \u00abse [necesita] el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, citada en STC5109-2022, 27 abr. 2022, rad. 00215-01, entre otras). <\/p>\n
3. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con las dem\u00e1s solicitudes elevadas por el accionante, particularmente frente a las peticiones para que a que el juzgado fustigado proceda a \u00abcorregir las notas marginales de los estados 079, 080 y 081, (\u2026) mas (sic) nunca (sic) poner notas marginales en los estados (\u2026) y consignar los radicados de todas las acciones populares y probar cada cuanto tiempo salen estados en esos procesos a fin de demostrar la mora judicial\u00bb, se advierte que el interesado podr\u00e1 presentarlas directamente ante las autoridades competentes a fin de obtener los respectivos pronunciamientos, y al no haber acreditado que realiz\u00f3 tales gestiones, la tutela se torna improcedente por su naturaleza subsidiaria y residual. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone respaldar el fallo de primer grado, precisando que la desestimaci\u00f3n del resguardo es por su improcedencia, toda vez que no se justifica la intervenci\u00f3n del fallador excepcional ante la ausencia de vulneraci\u00f3n del convocado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, por las razones explicadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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