STC9673-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9673-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00535-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de \u201cX\u201d el 15 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u201cJ\u201d contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de \u201cX\u201d, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Consejo Seccional de la Judicatura y los intervinientes en el pleito n\u00b0 \u201c2009-00000\u201d. <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
Como medida de protecci\u00f3n a la intimidad del menor involucrado en el asunto bajo estudio, esta Sala ha decidido suprimir de la providencia, y de toda futura publicaci\u00f3n de la misma, su nombre y el de sus familiares, al igual que los datos e informaci\u00f3n que permita su identificaci\u00f3n, en procura de lo cual se elaborar\u00e1 otro texto del presente fallo, de igual tenor, pero con tal supresi\u00f3n, que ser\u00e1 el publicable para todos los efectos correspondientes1. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando en su propio nombre, el solicitante reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al trabajo, salud, educaci\u00f3n, m\u00ednimo vital, vida digna y a la ni\u00f1ez, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada al no levantar la medida de impedimento de salida del pa\u00eds dispuesta dentro del asunto antes referido. <\/p>\n
2. De la demanda y anexos allegados, se extrae que dentro del proceso ejecutivo de alimentos que en su contra promovi\u00f3 \u201cM\u201d, a favor del menor \u201cA\u201d \u2013quien actualmente cuenta con 12 a\u00f1os de edad-, el Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d le prohibi\u00f3 la salida del pa\u00eds, y \u00aba pesar que he demostrado con hechos, voluntad y m\u00e1ximo esfuerzo el deseo de cumplir con esta obligaci\u00f3n\u00bb, tal medida la mantiene vigente el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias. <\/p>\n
Que en virtud a dicha restricci\u00f3n \u00abse me ha hecho m\u00e1s dif\u00edcil la consecuci\u00f3n de nuevos acuerdos comerciales para los nuevos productos importados que demanda el mercado de equipos m\u00e9dicos electr\u00f3nicos y el\u00e9ctricos que he venido comercializando en Colombia, esto motivado por el hecho de que al no poder salir del pa\u00eds y no contar con la oportunidad de nuevos contactos y el poder de las negociaciones directas en el exterior\u00bb; por ello, tras la obtenci\u00f3n de \u00abun pr\u00e9stamo familiar, que actualmente estoy pagando, se consign\u00f3 [en] cuenta [del] Banco Agrario (\u2026), un total de 11,01 millones de pesos, quedando a paz y salvo por concepto de cuotas alimentarias hasta el mes de julio de 2021\u00bb, y \u00abcon la ayuda de mi abogado\u00bb, solicit\u00f3 al accionado \u00abreconsiderara la revocatoria de la medida\u00bb. <\/p>\n
Que la petici\u00f3n inicial fue respondida por el juzgado mediante auto del 6 de julio de 2021, evidenci\u00e1ndose \u00abuna indebida motivaci\u00f3n [pues expuso] concepto ambiguo y subjetivo sin especificar en forma clara y jur\u00eddica cu\u00e1l era la \u201cdebida forma\u201d de presentar la solicitud o recurso\u00bb, lo que en su sentir contrar\u00eda el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica y el precedente constitucional (sentencia SU-635\/15). Que, con prove\u00eddo del 10 de agosto del mismo a\u00f1o, \u00abla juez llega al extremo de exigir pruebas espec\u00edficas\u00bb que acrediten la actividad laboral que demanda salir del pa\u00eds, en lugar de \u00abrevisar dentro del expediente las certificaciones y f\u00f3rmula[s] m\u00e9dicas de EPS Sanitas (\u2026) y otros documentos (\u2026) donde est\u00e1 clara la naturaleza de mi situaci\u00f3n como trabajador independiente\u00bb. <\/p>\n
Que, en auto del 9 de septiembre de 2021, la autoridad acusada \u00abestablece un valor de una cauci\u00f3n a pagar por valor de $38.004.725, monto que a simple [vista] es demasiado alto para que sea cancelo como lo ordena la juez en menos de 15 d\u00edas\u00bb, sin apreciar que con anterioridad consign\u00f3 en el Banco Agrario \u00ab11,1 millones para trata de quedar a paz y salvo\u00bb, y con providencia del 15 de diciembre de 2021, \u00abniega la solicitud de conceder la aceptaci\u00f3n de la p\u00f3liza de seguros como garant\u00eda para el cumplimiento de la obligaci\u00f3n\u00bb. Acot\u00f3 que \u00abla disminuci\u00f3n sustancial de mis ingresos (\u2026), me he visto obligado a dejar de aportar mensualmente a mi seguridad social y a quedaren mora por este concepto\u00bb, y todo ello pese a que \u00absoy paciente cr\u00f3nico, con diabetes tipo 2 (\u2026) y requiero estrictos controles peri\u00f3dicos, ex\u00e1menes de diagn\u00f3sticos y drogas a los cuales no puedo acceder en este momento por falta de recursos\u00bb. <\/p>\n
Que, finalmente, ante la \u00ablarga espera como consecuencia de la indefinici\u00f3n\u00bb, elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb al Consejo Seccional de la Judicatura de \u201cX\u201d para presentar la \u00abqueja\u00bb contra el juzgado, pero \u00abtampoco hemos recibido respuesta alguna a la fecha\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene al juzgado que \u00abacceda a la revocatoria de los autos de fechas 12jul2021 (sic), 10 Ago2021, 09Sep2021 y 15dic2021, [y] se levante la prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds\u00bb; en subsidio, \u00abse ordene a la Sra. Juez pronunciarse nuevamente sobre la restricci\u00f3n (\u2026), teniendo en cuenta los hechos y pruebas expuestos\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. La Juez \u201c00\u201d de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de \u201cX\u201d, remiti\u00f3 el expediente digital contentivo de la actuaci\u00f3n criticada, \u00absolicitando se nieguen las pretensiones de la tutela, comoquiera que, revisado el tr\u00e1mite impartido dentro del mismo, no se advierte que esta juzgadora haya vulnerado derecho fundamental alguno del accionante\u00bb. <\/p>\n
2. El Presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de \u201cX\u201d, manifest\u00f3 que como la tutela se dirige contra el juzgado de ejecuci\u00f3n, en raz\u00f3n a decisiones adoptadas en un juicio conforme a su \u00abautonom\u00eda judicial\u00bb esa corporaci\u00f3n \u00abnada tiene que ver con los hechos planteados por el accionante\u00bb. Sobre la petici\u00f3n elevada por el hoy reclamante \u00abel d\u00eda 23 de enero de 2022 y reiterada el 22 de marzo de 2022 [la cual] no fue tramitada ni repartida oportunamente por Secretar\u00eda [sino hasta] el 8 de junio de 2022 (\u2026), enterados de esta situaci\u00f3n, inmediatamente procedimos a responder la solicitud del se\u00f1or \u201cJ\u201d, en donde le manifestamos la improcedencia del tr\u00e1mite de vigilancia judicial (\u2026), por cuanto su intenci\u00f3n es que por esta actuaci\u00f3n administrativa se cuestione el contenido de las decisiones judiciales respecto a la prohibici\u00f3n de salir del pa\u00eds (\u2026). En consecuencia, por tratarse de un hecho superado, solicitamos nos desvincule de la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
3. La Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, manifest\u00f3 que respecto de esa colegiatura se suscitaba \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb, y por ello solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite tutelar. <\/p>\n
4. La Unidad Administrativa Especial Migraci\u00f3n Colombia \u2013 UAEMC, luego de informar que efectivamente en esas dependencias hay registro de que el se\u00f1or \u201cJ\u201d \u00abactualmente tiene impedimento de salida del pa\u00eds por parte del Juzgado (\u2026) de Familia de \u201cX\u201d\u00bb, y al haber actuado la entidad conforme a las funciones legales a su cargo, \u00abno ha vulnerado ning\u00fan derecho fundamental al accionante [y] por tal motivo, deber\u00e1 decretar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
5. El representante legal del Banco Bancolombia S.A., inform\u00f3 que, en cumplimiento a orden de embargo de una cuenta de ahorros del hoy accionante, como consecuencia registr\u00f3 \u00abun d\u00e9bito por valor $1.549.471,45, dineros que fueron puestos a disposici\u00f3n del juzgado\u00bb. Por lo dem\u00e1s, dijo que el amparo deprecado es improcedente \u00abpor existir otros mecanismos de defensa para exponer y alegar lo argumentado\u00bb, y pidi\u00f3 \u00abse desvincule\u00bb de este asunto, \u00abpor cuanto no existe ninguna vulneraci\u00f3n\u00bb por parte de esa entidad. <\/p>\n
6. El representante legal del Banco Agrario de Colombia S.A., present\u00f3 la relaci\u00f3n de dep\u00f3sitos consignados para el pleito alimentario en comento, concluyendo que hay 3 t\u00edtulos \u00abpendientes de pago\u00bb: $78.576; $1.549.471,45 y $26.629, otros que fueron pagados en efectivo y otros por fraccionamiento. Tras ello, aduciendo inexistencia de vulneraci\u00f3n a los derechos invocados, pidi\u00f3 su \u00abdesvinculaci\u00f3n\u00bb de esta acci\u00f3n por \u00abfalta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva\u00bb. <\/p>\n
7. (\u2026), quien dijo actuar como apoderado judicial de \u201cM\u201d, demandante en el ejecutivo en cuesti\u00f3n, pidi\u00f3 que la acci\u00f3n \u00absea denegada (\u2026), por tornarse abiertamente improcedente, dilatoria y sin ning\u00fan tipo de sustento jur\u00eddico y al contrario se le debe llamar la atenci\u00f3n al se\u00f1or \u201cR\u201d, para que cumpla con la obligaci\u00f3n alimentaria y no utilice la jurisdicci\u00f3n como otro mecanismo de defensa ante los recursos que ha impetrado y los cuales han sido despachados favorablemente\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo porque, en relaci\u00f3n con el juzgado de ejecuci\u00f3n, \u00ablas pretensiones enfiladas a reprochar los prove\u00eddos del 6 de julio, 10 de agosto y 7 de septiembre de 2021, no se cumple con el presupuesto de la inmediatez [toda vez] que, entre la \u00faltima determinaci\u00f3n rese\u00f1ada y la presentaci\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela (\u2026), han transcurrido 9 meses\u00bb, y porque la decisi\u00f3n del 15 de diciembre de 2021, \u00abno es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, lo que descarta una v\u00eda de hecho que amerite la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. Frente \u00aba la vigilancia judicial administrativa (\u2026) radicada el 22 de marzo de 2022, se evidencia que, con ocasi\u00f3n de la presente acci\u00f3n, el [Consejo Seccional de la Judicatura] emiti\u00f3 comunicaci\u00f3n [el] 8 de junio de 2022 dirigida al apoderado que representa el accionante (…). En consecuencia, al constatarse una respuesta clara, congruente y de fondo, adem\u00e1s de notificada a su destinatario, se configura carencia actual de objeto por hecho superado\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el actor, aduciendo que el tribunal \u00abse limit\u00f3 a estudiar las normas que rigen la actuaci\u00f3n surtida por la [accionada], olvidando que dentro de las mismas, aun siendo eventualmente apegadas a la normativa, se vulneraron derechos fundamentales, no solo los m\u00edos al m\u00ednimo vital, a la salud y al trabajo, sino los derechos fundamentales del menor, que debe primar sobre todos los dem\u00e1s y que se ven afectados por la restricci\u00f3n infundada de salida del pa\u00eds\u00bb. Adem\u00e1s, refut\u00f3 que no se hubieran aplicado precedentes jurisprudenciales, ni atendido sus reproches frente al \u00absaldo de deuda\u00bb, que en su criterio no se ajusta a la realidad. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades convocadas vulneraron las prerrogativas fundamentales invocadas por el actor, en tanto: (i) el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de \u201cX\u201d, dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2009-0000\u201d, deneg\u00f3 cancelar la restricci\u00f3n para salir del pa\u00eds; y, (ii) el Consejo Seccional de la Judicatura de \u201cX\u201d, se abstuvo de tramitar la \u00abqueja\u00bb que elev\u00f3 contra el despacho judicial antes referido. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales y de los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad. <\/p>\n
En l\u00ednea de principio se ha dicho que para mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, la salvaguarda no procede contra esta clase de actuaciones, ya que al juez del amparo no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Asimismo, la Corte Constitucional ha establecido los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse para tornar imperiosa la intervenci\u00f3n del juez excepcional con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. Enlista como tales: <\/p>\n
\u00ab(i) que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC C-590\/05 y SU-813\/07). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Con soporte en las anteriores premisas, revisados los argumentos de la presente reclamaci\u00f3n y cotejados con las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala avalar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del auxilio deprecado, precisando que lo ser\u00e1 porque: (i) la censura contra el juzgado por no levantar la medida de impedimento de salida del pa\u00eds, en principio no alcanza a superar el presupuesto temporal, y en lo definido con posterioridad sobre el tema, obedece a un criterio razonable que impide la injerencia del juez constitucional; y, (ii) en lo que ata\u00f1e al Consejo Seccional de la Judicatura, se establece una carencia actual de objeto por hecho superado. <\/p>\n
3.1. De la inmediatez. <\/p>\n
La desatenci\u00f3n de este requisito de procedibilidad emerge respecto de la censura dirigida contra el Juzgado \u201c00\u201d de Familia de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de \u201cX\u201d, por no haber cancelado la cautela en menci\u00f3n, comoquiera que esa actuaci\u00f3n procesal fue finiquitada con prove\u00eddo adiado el 10 de agosto de 2021, mientras la instauraci\u00f3n de esta querella ante el tribunal a-quo tuvo lugar el 6 de junio de 2022, es decir, excediendo el lapso de seis (6) meses que la decantada jurisprudencia ha se\u00f1alado como prudencial y razonable para promover la tutela de manera tempestiva. <\/p>\n
N\u00f3tese que fue en la referida providencia, notificada en estado electr\u00f3nico n\u00b0 36 del 11 de agosto de 2022 -seg\u00fan publicaci\u00f3n realizada en el respectivo micrositio de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial-, donde el estrado acusado resolvi\u00f3 desfavorablemente el recurso de reposici\u00f3n, formulado por el ac\u00e1 demandante dentro del ejecutivo de alimentos n\u00b0 \u201c2009-00000\u201d, \u00abcontra el auto de fecha 6 de julio de 2021, mediante el cual se neg\u00f3 la autorizaci\u00f3n para su salida del pa\u00eds\u00bb, y por tanto, el punto de partida para contabilizar el t\u00e9rmino encaminado a refutar la determinaci\u00f3n ahora cuestionada. <\/p>\n
Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, a tono con la emanada de la Corte Constitucional, reiteradamente ha dicho que la procedencia de la salvaguarda se condiciona al cumplimiento de todas y cada una de las causales generales de procedibilidad, entre las cuales se halla la inmediatez, esto es, que se intente en un plazo que no puede superar el semestre contado a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales, requisito que se exige con m\u00e1s rigurosidad de cara a una providencia judicial, porque: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados (\u2026). En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, citada entre otras muchas en STC4333-2022, 6 abr. 2022, rad. 00049-01). Resaltado fuera del texto. <\/p>\n
En esa misma l\u00ednea se ha se\u00f1alado que, \u00abprecisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses [en tanto que] resulta contrario a la seguridad jur\u00eddica, postulado fundante del Estado de Derecho, reabrir debates ya decididos, por cuanto ello lejos de garantizar la vigencia de los derechos de los asociados y promover un orden justo, proh\u00edja y perpet\u00faa los conflictos y genera incertidumbre\u00bb (CSJ STC, 29 abr. 2009, rad. 00624-00, citada en STC193-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00320-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. De la razonabilidad. <\/p>\n
Se predica de la providencia del 15 de diciembre de 2021, mediante la cual desat\u00f3 el recurso de reposici\u00f3n contra el auto del 7 de septiembre del mismo a\u00f1o, en el que la funcionaria cognoscente, tras advertir que \u00abla liquidaci\u00f3n del cr\u00e9dito aprobada con corte a septiembre de 2019 asciende a $12.721.457, la cual tiene un saldo insoluto a la fecha de $9.695.644\u00bb, estableci\u00f3 que \u00abde conformidad con lo previsto en el inciso cuarto del art. 129 de la Ley 1098 de 2006, en concordancia con lo dispuesto en [los] art[s]. 602 y 603 del C.G.P.\u00bb, la \u00abcauci\u00f3n en dinero\u00bb que deb\u00eda prestar el ejecutado mediante consignaci\u00f3n en el Banco Agrario de Colombia, correspond\u00eda a \u00abla suma de $38.0004.725\u00bb. <\/p>\n
Para mantener su decisi\u00f3n se\u00f1al\u00f3 que, contrario a lo aducido por el all\u00ed demandado, tal garant\u00eda no era factible de sustituir por \u00abuna cauci\u00f3n real o bancaria o por compa\u00f1\u00eda de seguros como lo indica el art. 603 del C.G.P.\u00bb, porque, \u00abde una parte, la fijaci\u00f3n de la cauci\u00f3n es potestativa del Juez, es decir, se valora cu\u00e1l de las opciones permitidas es la mejor para el asunto que se estudia [y] como en el presente caso se trata de cuotas alimentarias, se tiene que la cauci\u00f3n id\u00f3nea es la consignaci\u00f3n bancaria en la cuenta del Banco Agrario de Colombia, pues con dicha medida no se desproteger\u00e1 al menor de edad alimentario en el tiempo que el ejecutado se ausentara del pa\u00eds\u00bb. Y, de otra parte, porque la cauci\u00f3n ordenada, \u00abes la mejor opci\u00f3n que no vulnera derechos fundamentales del alimentario. Diferente seria que la demandante coadyuvara la solicitud del impugnante, y as\u00ed proceder a la fijaci\u00f3n en los t\u00e9rminos peticionados, pero no es el caso\u00bb. <\/p>\n
En apoyo a lo anterior, se advierte que adicional a las medidas de embargo que en pleitos alimentarios contemplan los art\u00edculos 129 y 130 de la Ley 1098 de 2006 \u2013 C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia -, en esta \u00faltima disposici\u00f3n se se\u00f1ala la potestad del juez de establecer cualquier otra que estime necesaria para evitar el menoscabo a los intereses del menor alimentario, resultando necesario entender dicha normativa con la contenida en los preceptos 397 y 398 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
Precisamente el numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 598 ibidem, consagra que en este tipo de asuntos, \u00abse dar\u00e1 aviso a las autoridades de emigraci\u00f3n para que el demandado no pueda ausentarse del pa\u00eds sin prestar cauci\u00f3n suficiente que respalde el cumplimiento de la obligaci\u00f3n hasta por dos (2) a\u00f1os\u00bb; y a tono con ello es menester que el juez aprecie el canon 4\u00b0 de la Ley 311 de 1996, que estatuy\u00f3 el \u00abRegistro Nacional de Protecci\u00f3n Familiar\u00bb, para \u00abla identidad de quienes siendo demandados, se hayan sustra\u00eddo sin justa causa al cumplimiento de la obligaci\u00f3n alimentaria decretada mediante auto que orden alimentos provisional o como ejecutado cuando se libre mandamiento de pago en dichos procesos\u00bb, as\u00ed como el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM), estatuido con la Ley 2097 de 2021, que nuevamente se apareja con el inciso 6\u00ba del art\u00edculo 129 de la Ley 1098 de 2006. Se destaca. <\/p>\n
Tambi\u00e9n, esta Corte sostuvo sobre dicha medida, que \u00abcontiene una restricci\u00f3n justificada al derecho de locomoci\u00f3n de los obligados a suministrar alimentos, desde la perspectiva de la prevalencia del inter\u00e9s superior de los ni\u00f1os consagrada en el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, implica, en todo caso, un estudio racional de las circunstancias de cada caso, y debe imponerse como producto de un an\u00e1lisis conjunto de los medios probatorios existentes en el proceso\u201d\u00bb (CSJ STC, 8 may. 2014, rad. 00113-01, citada en STC4714-2022, 21 abr. 2022, rad. 00189-01, entre otras). Se Subraya. <\/p>\n
A tono con lo antedicho, esta Sala ha dicho y reiterado que cuando se est\u00e1 ante un proceso judicial en el que se involucran los derechos superiores de los ni\u00f1os, el juez de conocimiento de los distintos juicios, debe ser m\u00e1s acucioso al realizar el abordaje de cualquiera de los temas que puedan llegar a afectarlos, en tanto el reconocimiento de sus intereses debe verse desde un contexto m\u00e1s amplio. <\/p>\n
Esto, porque se tienen como principios b\u00e1sicos que orientan la Doctrina de la Protecci\u00f3n Integral a los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, consolidada a partir de la Convenci\u00f3n sobre Derechos del Ni\u00f1o: (i) la igualdad y no discriminaci\u00f3n; (ii) el inter\u00e9s superior de las y los ni\u00f1os; (iii) la efectividad y prioridad absoluta; y (iv) la participaci\u00f3n solidaria. Por su parte, el art\u00edculo 44 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica establece que \u00ab[l[os derechos de los ni\u00f1os prevalecen sobre los derechos de los dem\u00e1s\u00bb, y frente a ello, la misma disposici\u00f3n superior se\u00f1ala que \u00abla familia, la sociedad y el Estado tienen la obligaci\u00f3n de asistir y proteger al ni\u00f1o para garantizar su desarrollo arm\u00f3nico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanci\u00f3n de los infractores\u00bb. <\/p>\n
En ese mismo sentido, el legislador de 1989, a trav\u00e9s del Decreto 2737, previno a las personas y las entidades, tanto p\u00fablicas como privadas para que al desarrollar programas y al asumir responsabilidades en asuntos de menores, tuvieran en cuenta sobre toda otra consideraci\u00f3n, el inter\u00e9s superior de \u00e9stos, lo cual fue armonizado con la Carta de 1991, y posteriormente con el C\u00f3digo de la Infancia y Adolescencia – Ley 1098 de 2006, que en su art\u00edculo 8\u00ba prev\u00e9 que \u00abse entiende por inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a y adolescente, el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea de todos sus Derechos Humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes\u00bb. <\/p>\n
Haciendo precisi\u00f3n sobre el punto, el art\u00edculo 9\u00ba ibidem, se\u00f1ala que \u00ab[e]n todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos, en especial si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona\u00bb, y que \u00ab[e]n caso de conflicto entre dos o m\u00e1s disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicar\u00e1 la norma m\u00e1s favorable al inter\u00e9s superior del ni\u00f1o, ni\u00f1a o adolescente\u00bb. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cabe recordar que frente a la interpretaci\u00f3n de la ley procesal, el art\u00edculo 11 del C\u00f3digo General del Proceso prev\u00e9 que \u00abel juez deber\u00e1 tener en cuenta que el objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustancial\u00bb, y que las posibles dudas que surjan \u00abdeber\u00e1n aclararse mediante la aplicaci\u00f3n de los principios constitucionales y generales del derecho procesal garantizando en todo caso el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes y los dem\u00e1s derechos constitucionales fundamentales\u00bb. <\/p>\n
En ese orden, la Corte reitera que es inviable la salvaguarda cuando, como en el presente caso, la actuaci\u00f3n del estrado enjuiciado no desencadena en amenaza o vulneraci\u00f3n a la garant\u00eda esencial invocada, pues mientras las resoluciones cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, la sola divergencia conceptual no abre paso a la tutela en tanto que esta procede solo cuando lo actuado se encuentre afectado por errores superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, situaci\u00f3n que no ocurre en el sub lite. <\/p>\n
As\u00ed, de cara decisiones que obedecen a un criterio razonable, las cuales surgen y hacen parte de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, esta Corporaci\u00f3n ha dicho y reiterado que el fallador del resguardo queda inhibido para inmiscuirse en el asunto imponiendo una determinada tesis o sustituyendo al juez de conocimiento, pues la tutela no es un instrumento alternativo sino uno de car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
3.3. Del hecho superado. <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica tiene lugar de cara al reproche realizado por el accionante frente al Consejo Seccional de la Judicatura de \u201cX\u201d, por cuanto al presunta mora o dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de la \u00abqueja\u00bb formulada contra el juzgado de ejecuci\u00f3n, fue corregida por dicha colegiatura durante el curso de esta acci\u00f3n, espec\u00edficamente a trav\u00e9s del oficio CSJBT022-\u201c0000\u201d, dirigido al correo electr\u00f3nico del apoderado judicial reclamante el 8 de junio de 2022. <\/p>\n
En efecto, en la referida comunicaci\u00f3n, tras indicar que la petici\u00f3n en comento, \u00abrecibida en la secretar\u00eda de esta Corporaci\u00f3n el d\u00eda 23 de enero de 2022, reiterada el 22 de marzo de 2022, repartida al despacho del magistrado sustanciador el 8 de junio de 2022\u00bb, el responsable del respectivo despacho respondi\u00f3 que como lo pretendido por el requirente era \u00abcontrovertir\u00bb las decisiones adoptadas en virtud a la autonom\u00eda de la juez al interior de un proceso a su cargo, \u00abes improcedente adelantar la vigilancia judicial administrativa, porque el objeto perseguido con la misma entra\u00f1ar\u00eda una vulneraci\u00f3n del ordenamiento legal\u00bb. <\/p>\n
Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que una situaci\u00f3n como la descrita \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), y que en esas condiciones el ruego tuitivo pierde su raz\u00f3n de ser por sustracci\u00f3n de materia, torn\u00e1ndose inane cualquier pronunciamiento tendiente a corregir el desafuero que motiv\u00f3 la invocaci\u00f3n del amparo; tambi\u00e9n, que ocurre cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido esta Sala ha dicho que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada entre otras en STC7680-2022, 16 jun. 2022, rad. 00142-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo explicado en precedencia, se impone ratificar el fallo desestimatorio de la salvaguarda, porque: (i) uno de los reparos enfilados contra el juzgado de ejecuci\u00f3n no satisface el requisito gen\u00e9rico de la inmediatez y por ende se torna improcedente, y respecto del otro, no emerge yerro espec\u00edfico de procedibilidad capaz de quebrantar lo decidido; y, (ii) las circunstancias descritas como vulneradoras de los derechos fundamentales del actor por parte Consejo Seccional de la Judicatura, fueron superadas durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada, con las precisiones realizadas en esta instancia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Acuerdo No. 034 de 16 de diciembre de 2020 \u2013 Sala de Casaci\u00f3n Civil. <\/p>\n
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STC9673-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC9673-2022 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-22-10-000-2022-00535-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65565","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65565\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}