STC9675-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9675-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2022-02267-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que H\u00e9ctor Giraldo Rodr\u00edguez instaur\u00f3 contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, al Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, partes, autoridades y dem\u00e1s intervinientes en el juicio n\u00b0 11001-60-00-023-2016-04365-00 (Rad. Corte 54935). <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 \u00abi) revocar la sentencia proferida por el Tribunal [12 dic. 2018] (\u2026); ii) dejar inc\u00f3lume el numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia (\u2026) proferida [en primera instancia]\u00bb. <\/p>\n
De escrito genitor y los medios suasorios adosados se extrae que por hechos acaecidos el 16 de abril de 2016 el Juzgado Veinticinco Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de esta ciudad conden\u00f3 al actor a 214 meses de prisi\u00f3n y a la pena accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena privativa de la libertad, adem\u00e1s neg\u00f3 los mecanismos sustitutos de suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y la prisi\u00f3n domiciliaria por el delito de homicidio simple (18 dic. 2017); apelaron el procesado y el representante de las v\u00edctimas y el Tribunal modific\u00f3 el quantum punitivo y la calificaci\u00f3n del injusto penal para establecer el castigo en 406 meses de tratamiento intramural por el delito de homicidio agravado y a la accesoria por el mismo t\u00e9rmino (12 dic. 2018). <\/p>\n
Postul\u00f3 casaci\u00f3n, pero la Corte inadmiti\u00f3 la demanda; sin embargo, advirti\u00f3 sobre el posible vicio en la determinaci\u00f3n de la pena accesoria para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas y en ese escenario dispuso que \u00abuna vez se agote el tr\u00e1mite de insistencia, el proceso deber\u00e1 regresar al despacho del ponente para estudiar la posibilidad de emitir fallo de casaci\u00f3n de oficio\u00bb (AP1553-2021, 21 abr.). Finiquitado el tramite antes enunciado, realiz\u00f3 de oficio la viabilidad de la temporalidad de la sanci\u00f3n accesoria y determin\u00f3 \u00abcasar de oficio y parcialmente la sentencia de segundo grado, para fijar en 20 a\u00f1os la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas impuesta\u00bb al convocante y mantuvo los dem\u00e1s aspectos del veredicto del juez plural de la apelaci\u00f3n (CSJ SP1998-2022, 8 jun.). <\/p>\n
Se doli\u00f3 de que el Tribunal incurri\u00f3 en error probatorio inducido por la apelaci\u00f3n de las v\u00edctimas, que lo llev\u00f3 a modificar la graduaci\u00f3n del delito de homicidio simple a homicidio agravado. <\/p>\n
2.- El ruego fue inicialmente radicado ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, pero mediante auto de 24 de junio pasado dej\u00f3 sin valor y efecto lo all\u00ed rituado y dispuso el env\u00edo a esta Sala. El asunto arrib\u00f3 el 11 de julio del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3.- La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 y el Ministerio P\u00fablico se opusieron a las pretensiones. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo que lo alegado s\u00f3lo incumb\u00eda al tribunal. Al momento de la elaboraci\u00f3n del proyecto de fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s respuestas. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Preliminarmente se precisa, que la Corte circunscribir\u00e1 su atenci\u00f3n en las determinaciones CSJ AP1553-2021 de 21 de abril de 2021 y SP1998-2022, de 8 de junio de 2022, pues, aunque el gestor objet\u00f3 las actuaciones de segunda instancia, fueron estas mediante las cuales la judicatura defini\u00f3 el asunto y, por ende, resulta inane detenerse en las mismas. <\/p>\n
Se anticipa que el amparo constitucional no est\u00e1 llamado a prosperar, porque en la causa objeto de estudio se irrespet\u00f3 el presupuesto de subsidiariedad, lo que impide el estudio de fondo del amparo por las razones que pasa a explicarse. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, si el impulsor estimaba que el juez plural de la alzada incurri\u00f3 en los yerros que en esta sede alega, debi\u00f3 incorporarlos de manera adecuada en la demanda de casaci\u00f3n. Se afirma lo anterior por cuanto, revisado el auto emitido por el \u00f3rgano de cierre en lo penal, no se advierte que tales reparos le hayan sido puestos de presente. Ciertamente, las aspiraciones de la censura se sustentaron en que: <\/p>\n
(\u2026) del ejercicio provatorio (sic) y las circustancias (sic) de la audiencia de juicio oral, el A-quo en pericia acorde a la verdad procesal probada, decidi\u00f3 imponer una pena de 17 a\u00f1os, considerando esta justa dentro de los extremos punibles. No obstante, el juicio y la valoraci\u00f3n concreta del A-quo, en segunda instancia se revoc\u00f3 la decisi\u00f3n, considerando que las circunstancias objeto del an\u00e1lisis del a-quem (sic) no cumpl\u00edan los criterios suficientes para la imposici\u00f3n de la medida digna y acorde a la conducta reprochable del se\u00f1or HECTOR GIRALDO. <\/p>\n
As\u00ed la hom\u00f3loga de casaci\u00f3n penal resalt\u00f3, <\/p>\n
(\u2026) el demandante confunde en el cargo \u00fanico las causales segunda y tercera del art\u00edculo 181 de la Ley 906 de 2004, violando el principio de autonom\u00eda de las causales, porque (i) anuncia la configuraci\u00f3n de la causal segunda por la vulneraci\u00f3n al principio de non reformatio in peius y, tambi\u00e9n, (ii) argumenta esa causal en la correcta valoraci\u00f3n probatoria realizada por la primera instancia, pese a que la evaluaci\u00f3n de la segunda instancia llev\u00f3 a la revocatoria, tesis con la que pretende establecer que el a quo apreci\u00f3 las pruebas de manera adecuada mientras que el ad quem no, lo cual corresponde a un razonamiento dirigido a la configuraci\u00f3n de la causal tercera \u2013violaci\u00f3n indirecta de la ley-. <\/p>\n
Tal defecto pone de manifiesto que el censor entremezcl\u00f3 las causales del recurso extraordinario, cuando es claro para la Corte que la t\u00e9cnica propia de la casaci\u00f3n impone al demandante mantenerse dentro de una l\u00ednea argumentativa que le impide pretender el reconocimiento de una causal a partir de los fundamentos de otra, porque cada causal requiere de una argumentaci\u00f3n propia. <\/p>\n
(\u2026) si bien especifica la causal que invoca y atina en el ataque por v\u00eda de la causal segunda por la transgresi\u00f3n al principio de non reformatio in pejus, no se\u00f1ala con objetividad los fundamentos de hecho y de derecho en los que se apoya, desconociendo as\u00ed el principio de acreditaci\u00f3n, porque se limita a enunciar la transgresi\u00f3n de la garant\u00eda, sin indicar con claridad y precisi\u00f3n las circunstancias por las cuales el Tribunal la vulner\u00f3. <\/p>\n
En ese sentido, adem\u00e1s de que el casacionista no demuestra la materializaci\u00f3n de la incorrecci\u00f3n denunciada, tampoco evidencia una afectaci\u00f3n real y cierta a las bases fundamentales del debido proceso o las garant\u00edas constitucionales con entidad suficiente para conducir a la invalidaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n, lo cual atenta contra el principio de trascendencia. <\/p>\n
(\u2026) En segundo lugar, la Sala ha precisado que los atentados a la prohibici\u00f3n de la reforma peyorativa constituyen verdaderas violaciones al debido proceso y el derecho de defensa, en cuanto el superior funcional, cuando al conocer del recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el procesado contra una sentencia de condena, en los eventos en que el acusado es recurrente \u00fanico, desborda su limitada competencia funcional determinada por el sentido y alcance de la apelaci\u00f3n, y resuelve de manera desfavorable agravando la situaci\u00f3n del recurrente1. <\/p>\n
Y en esa l\u00ednea de pensamiento refiri\u00f3, <\/p>\n
En caso de que sean dos o m\u00e1s los recurrentes, se ha considerado que se debe verificar el tema objeto de disenso de cada uno de ellos, porque si no se solicita la agravaci\u00f3n de la condena por ninguno, la segunda instancia queda imposibilitada de hacerlo motu proprio y, en caso de hacerlo, vulnerar\u00eda el principio de non reformatio in pejus2. <\/p>\n
En el asunto bajo examen, (i) el a quo conden\u00f3 al procesado a la pena principal de 214 meses de prisi\u00f3n y a la accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la privativa de la libertad, como autor del delito de homicidio simple, mientras que (ii) el ad quem modific\u00f3 la sentencia de primera instancia para condenar al enjuiciado a la pena principal de 406 meses de prisi\u00f3n y a la accesoria por el mismo t\u00e9rmino para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas, como autor del delito de homicidio agravado, lo cual evidencia que la sentencia de segunda instancia agrav\u00f3 la condena impuesta en primera instancia. <\/p>\n
No obstante, para la agravaci\u00f3n de la condena el Tribunal tuvo en cuenta la apelaci\u00f3n del representante de v\u00edctimas, quien solicit\u00f3 la modificaci\u00f3n de la sentencia con fundamento en que el homicidio se cometi\u00f3 bajo la circunstancia de agravaci\u00f3n prevista en el numeral 7 del art\u00edculo104 del C\u00f3digo Penal, que dispone: \u201ccolocando a la v\u00edctima en situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n o inferioridad o aprovech\u00e1ndose de esta\u201d, toda vez que, en su sentir, de la evidencia recaudada y los testimonios recibidos se establec\u00eda c\u00f3mo la v\u00edctima llega al lugar de los hechos cogido del brazo de su progenitora, caminando lentamente y fue sorprendido de espalda por su agresor, lo que demostraba que no pod\u00eda reaccionar ni defenderse. <\/p>\n
En efecto, para disponer la agravaci\u00f3n de la condena el Tribunal consider\u00f3 que \u201cJhon Fredy Medina Wilches estaba en una situaci\u00f3n de indefensi\u00f3n en el momento en que fue abordado por H\u00e9ctor Giraldo Rodr\u00edguez, condici\u00f3n que no fue creada por el actor, porque contrario a como se adujo y se prob\u00f3, en ning\u00fan momento fue este quien coloc\u00f3 en indefensi\u00f3n al occiso, empero, s\u00ed se aprovech\u00f3 de tal circunstancia en la que ya estaba Medina Wilches, para atacarlo y causarle la muerte\u201d. <\/p>\n
En esa l\u00ednea argumentativa concluy\u00f3 que, <\/p>\n
(\u2026) en el presente asunto no se configuran los elementos de la reforma peyorativa, conforme a los postulados de la Corte sobre el particular, porque (i) la apelaci\u00f3n del representante de v\u00edctimas centr\u00f3 su reproche en que en primera instancia se debi\u00f3 aplicar la circunstancia de agravaci\u00f3n prevista en el numeral 7 del art\u00edculo104 del C\u00f3digo Penal, lo cual quiere decir que existi\u00f3 un ataque en contra de la sentencia de primera instancia, dirigido a que la segunda instancia estudiara la posibilidad de agravar la condena; y, (ii) el Tribunal agrav\u00f3 la condena como consecuencia de la impugnaci\u00f3n presentada por el representante de v\u00edctimas, en el sentido de condenar al procesado por homicidio agravado seg\u00fan lo previsto en el numeral 7 del art\u00edculo104 del C\u00f3digo Penal tal como se hab\u00eda formulado la acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, no se logra dilucidar ning\u00fan atentado a la prohibici\u00f3n de la reforma peyorativa que lleve a configurar un vicio de estructura con incidencia directa en la garant\u00eda de defensa, porque el Tribunal respet\u00f3 su competencia funcional al estudiar y resolver conforme el sentido y alcance de la apelaci\u00f3n, pese a que haya resuelto de manera desfavorable para el enjuiciado, agravando su situaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, al advertir sobre un posible vicio en la determinaci\u00f3n de la pena accesoria para el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas en SP1998-2022 de 8 de junio de 2022, cas\u00f3 de oficio y parcialmente el fallo de segunda instancia en el sentido de que, <\/p>\n
(\u2026) como monto de la pena accesoria la cantidad de 406 meses (33 a\u00f1os y 10 meses), quebrantando (sic) el principio de legalidad, garant\u00eda de estirpe fundamental prevista en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al amparo de la cual los funcionarios judiciales est\u00e1n obligados a determinar las sanciones, cuando a ello hay lugar, dentro de los l\u00edmites cuantitativos y cualitativos establecidos en la ley. <\/p>\n
Al restablecimiento de la referida garant\u00eda deber\u00e1, por consiguiente, concurrir la Sala conforme se lo impone el art\u00edculo 180 de la Ley 906 de 2004, al estatuir como uno de los fines de la casaci\u00f3n, precisamente, el respeto de las garant\u00edas de los intervinientes. <\/p>\n
Por tanto, de oficio, se casar\u00e1 parcialmente la sentencia de segundo grado para fijar en 20 a\u00f1os la pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas. <\/p>\n
As\u00ed, como el promotor no incorpor\u00f3 los reparos que aqu\u00ed trajo como motivo del recurso de casaci\u00f3n que interpuso, no habr\u00e1 otra opci\u00f3n sino la de desestimar el auxilio por falta de subsidiariedad, en el entendido que el actor desaprovech\u00f3 la oportunidad procesal pertinente. Sumado a que revisado el auto con el que se inadmiti\u00f3 la demanda no se advierte que la decisi\u00f3n emitida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal haya sido antojadiza, en tanto las razones ofrecidas para decidir como se hizo, lucen comprensibles. <\/p>\n
En ese orden de ideas, decaer\u00e1 el amparo tal como fue anunciado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por mandato de la Constituci\u00f3n, NIEGA la tutela incoada por H\u00e9ctor Giraldo Rodr\u00edguez. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidenta de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
2\u0002 Sentencia SP096-2020 del 22 de enero de 2020, rad. 51809. <\/p>\n
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STC9675-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9675-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba11001-02-03-000-2022-02267-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la tutela que H\u00e9ctor Giraldo Rodr\u00edguez instaur\u00f3 contra la Sala Penal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65567","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65567","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65567"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65567\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65567"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65567"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65567"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}