STC9683-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9683-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05001-22-03-000-2022-00301-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 24 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Francisco El\u00edas y Leonardo Ram\u00edrez Holgu\u00edn contra los Juzgados Noveno Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal de la aludida localidad; tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el divisorio n\u00ba 1991-00692 y en el reivindicatorio n\u00ba 2018-00613. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. En nombre propio, los accionantes reclamaron la protecci\u00f3n de su derecho a un debido proceso, el cual estiman trasgredido por la programaci\u00f3n de una diligencia de entrega en el juicio reivindicatorio que se adelant\u00f3 en su contra (con fundamento en la sentencia del proceso divisorio en el cual tambi\u00e9n fungieron como demandados), pues, seg\u00fan lo dijeron, no fueron debidamente vinculados a ninguno de esos tr\u00e1mites, a lo que se suma que en el folio de matr\u00edcula del predio objeto de esos litigios, nunca se inscribi\u00f3 el embargo ni el remate con los cuales se les despoj\u00f3 de la cuota que sobre el mimos les correspond\u00eda. <\/p>\n
2. En consecuencia, pidieron que se declare la nulidad de todo lo actuado en ambos litigios y se suspenda la diligencia de entrega ya referida. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Inspector de Polic\u00eda urbana de 1A CAT, a quien se comision\u00f3 para llevar a cabo la cuestionada diligencia de entrega, hizo un recuento de lo acontecido; destac\u00f3 que la entrega ya fue pospuesta en una oportunidad ante una demanda de tutela muy similar a la que aqu\u00ed nuevamente se formula y que, en cuanto a esa entidad concierne, no se ha trasgredido ninguna garant\u00eda fundamental de los all\u00ed involucrados. <\/p>\n
2. El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Medell\u00edn defendi\u00f3 la legalidad de su proceder en el proceso divisorio materia del amparo; enfatiz\u00f3 que esa actuaci\u00f3n ya fue remitida a los jueces de descongesti\u00f3n; que, por lo anterior, carece de elementos de juicio suficientes para desmentir con hechos concretos las afirmaciones de los accionantes; y que ya se hab\u00eda pronunciado frente a una solicitud de amparo que promovieron los aqu\u00ed accionantes con el mismo prop\u00f3sito de esta actuaci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
3. La curadora ad litem de Mar\u00eda de Jes\u00fas Holgu\u00edn Ram\u00edrez, Luz Marina, Mar\u00eda Ligia y Mar\u00eda Consuelo Ram\u00edrez Holgu\u00edn y Rosalba Berr\u00edo de Uribe, pidi\u00f3 desestimar el pretendido auxilio, en consideraci\u00f3n a que los actores no ejercieron oportuna y eficazmente su derecho de defensa en ninguno de los juicios cuya anulaci\u00f3n ahora persiguen; tr\u00e1mites a los que, contrario a lo sostenido por ellos, s\u00ed fueron legalmente notificados. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Tras descartar la configuraci\u00f3n de un actuar temerario por parte de los convocantes, neg\u00f3 el amparo por considerar que no satisface el presupuesto de inmediatez, respecto de ninguno de los dos procesos objeto de disputa, a lo que agreg\u00f3 que, en ese de tutela, ya se hab\u00eda respaldado la legalidad de la sentencia proferida en el juicio reivindicatorio. <\/p>\n
La formularon los accionantes insistiendo en que en el juicio divisorio no se inscribi\u00f3 el embargo del inmueble y que tal irregularidad compromete la legalidad de esa actuaci\u00f3n y del reivindicatorio que le sigui\u00f3, de manera que no es procedente la diligencia de entrega que all\u00ed se program\u00f3. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si los racionamientos ofrecidos en el escrito de impugnaci\u00f3n ameritan una modificaci\u00f3n de lo decidido por el tribunal en la sentencia de primera instancia. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
3.1 Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3.2 El presupuesto en comento no se verifica en el asunto bajo estudio, en tanto que los procesos cuya anulaci\u00f3n aqu\u00ed reclaman los convocantes, se definieron mediante sentencias de 23 de marzo de 2017 (divisorio) y de 4 de septiembre de 2020 (reivindicatorio), mientras que la demanda de tutela en referencia se radic\u00f3 el 14 de junio de 2022, es decir, m\u00e1s de un a\u00f1o y medio despu\u00e9s del \u00faltimo de aquellos prove\u00eddos. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que los eventuales afectados debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada. Al respecto se ha dicho: \u00ab(\u2026) en verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026)\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10258-2015, 6 ago. 2015, rad. 2015-01691). <\/p>\n
3.2. De otra parte, tampoco se adujo en esta sede explicaci\u00f3n v\u00e1lida que permitiera analizar las excepciones al principio de temporalidad del resguardo, pues, si bien es cierto que puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, esto es, situaciones como la debilidad manifiesta, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores, como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional, ello no sucedi\u00f3 en esta ocasi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre este mismo particular, es importante tener en cuenta que, contrario a lo que sostuvieron los convocantes en su escrito introductor, los expedientes que recogen los fustigados procesos evidencian que ellos s\u00ed formaron parte de esas dos tramitaciones. De hecho, tal vinculaci\u00f3n fue constatada y expresada por el tribunal en la sentencia de primera instancia, y, pese a ello, ning\u00fan reparo elevaron al respecto los impugnantes, quienes se limitaron a insistir en la falta de registro del embargo como raz\u00f3n suficiente para disponer la invalidaci\u00f3n procesal reclamada. <\/p>\n
Cabe agregar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado en la materia, en las providencias CC T-136\/07, CC T-647\/08, CC T-743\/08, CC T-867\/09, CC T-037\/13, CC T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
4. Improcedencia de la tutela para obtener la suspensi\u00f3n de diligencias judiciales. <\/p>\n
Adicionalmente, la orden de entrega del inmueble se produjo luego de agotadas todas las etapas legales dentro del proceso reivindicatorio, sobre lo cual se ha dicho que este tipo de diligencias: \u00ab(\u2026) no constituye un perjuicio irremediable, en tanto que esa circunstancia, por s\u00ed misma, no es demostrativa de que se vulneren los derechos fundamentales (\u2026) De hecho, ese tipo de medidas responde a \u00f3rdenes leg\u00edtimas de autoridades jurisdiccionales que no pueden ser supeditadas al ejercicio de la acci\u00f3n de tutela, porque en todo caso, el juez constitucional no podr\u00eda impedir que se cumplan los mandatos dictados por los juzgadores de instancia en ejercicio de sus atribuciones legales\u00bb (CSJ, STC, 29 nov. 2006, citada en STC7665 de 9 jun. 2016). <\/p>\n
En tal medida, resulta claro que en esta oportunidad no puede ser acogida la petici\u00f3n que formularon los accionantes con miras a que se suspenda la diligencia de entrega, debido a que, seg\u00fan lo tiene precisado esta Corporaci\u00f3n, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la tutela no se erige como un mecanismo id\u00f3neo para obtener la interrupci\u00f3n de las diligencias judiciales, verbigracia, remate o entrega de bienes, cuando quiera que ellas son el resultado de una decisi\u00f3n judicial adoptada en el marco de un proceso tramitado con el pleno respeto del derecho al debido proceso de quienes intervienen en \u00e9l, por cuanto su fin exclusivo es la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales\u00bb (STC9158 de 7 jul. 2016). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se desestimar\u00e1 la solicitud de amparo, por cuanto no se verifica el presupuesto de inmediatez que la informa y tambi\u00e9n en consideraci\u00f3n a la improcedencia de este mecanismo para suspender diligencias judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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