STC9686-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00747-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 27 de abril de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Alexander Gonz\u00e1lez Galindo contra el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los Juzgados Sexto, Veintitr\u00e9s y Cuarenta y Seis Civiles Municipales de esta capital, as\u00ed como los intervinientes en el ordinario n\u00b0 2014-00691. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, actuando en nombre propio, invoc\u00f3 el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la convocada. <\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba recopilados se extractan los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
El querellante, promovi\u00f3 demanda ordinaria de resoluci\u00f3n de contrato de compraventa contra Inversiones Patrimoniales Orjuela Lozano Sociedad en Comandita y Fernando Orjuela Galeano. <\/p>\n
Agotadas las etapas procesales de rigor, el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogot\u00e1, el 12 de mayo de 2021, profiri\u00f3 fallo estimatorio frente a Inversiones Patrimoniales Orjuela Lozano Sociedad en Comandita al tiempo que declar\u00f3 pr\u00f3spera la excepci\u00f3n de falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva formulada por Fernando Orjuela Galeano. <\/p>\n
Apelada la anterior determinaci\u00f3n por la sociedad mencionada, el 14 de octubre de 2021, el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de esta ciudad, la revoc\u00f3 para en su lugar negar las pretensiones. <\/p>\n
A juicio del censor la decisi\u00f3n anterior contiene \u00abun defecto material o sustantivo por la no aplicaci\u00f3n o indebida interpretaci\u00f3n del Art. 1609 del C\u00f3digo Civil y defecto f\u00e1ctico por valoraci\u00f3n defectuosa del material probatorio con lo que se han vulnerado los derechos fundamentales\u00bb. <\/p>\n
3. Pretende, \u00ab[d]ejar sin valor y efecto el fallo de segunda instancia proferido por la se\u00f1ora Juez 40 Civil del Circuito de Bogot\u00e1, dejando inc\u00f3lume el fallo que en derecho emiti\u00f3 el se\u00f1or juez 06 civil municipal de Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADO <\/p>\n
1. La titular del despacho querellado, expres\u00f3 que la sentencia por ella expedida se encuentra ajustada a derecho, y que la presente no cumple con el requisito de inmediatez, habida cuenta que dicha providencia data del 14 de octubre de 2021. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintitr\u00e9s Civil Municipal de esta ciudad, solicit\u00f3 ser desvinculado de la tutela, toda vez que revisado el Sistema Judicial Siglo XXI, no le correspondi\u00f3 el conocimiento del ordinario referido. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
Neg\u00f3 la salvaguarda al concluir que los pronunciamientos atacados se advierten razonables, adem\u00e1s que \u00ab(\u2026) pretender atacar la determinaci\u00f3n (\u2026) a trav\u00e9s de esta especial\u00edsima v\u00eda contradice abiertamente los postulados del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, toda vez que tales razonamientos se derivan del ejercicio de su facultad aut\u00f3noma e independiente, situaci\u00f3n que sin reparo alguno descarta la existencia de la v\u00eda de hecho\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El promotor disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n reiterando lo aducido en el escrito inicial, al tiempo que resalt\u00f3 que \u00abla sentencia de tutela se limit\u00f3 a ratificar el escrito de la juez del juzgado cuarenta civil del circuito y no valor\u00f3 integralmente el proceso completo, tanto la sentencia de primera instancia, como la de segunda instancia y no hizo un examen a profundidad que le posibilitara encontrar alguna situaci\u00f3n de fondo que le permitiera una entender porque tan dis\u00edmiles puntos de vista para una misma situaci\u00f3n real\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Juzgado Cuarenta Civil del Circuito de Bogot\u00e1 lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por Alexander Gonz\u00e1lez Galindo, con la providencia del 14 de octubre de 2021 a trav\u00e9s de la cual revoc\u00f3 la sentencia estimatoria emitida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de esta capital, dentro del ordinario de resoluci\u00f3n de contrato promovido por aqu\u00ed convocante contra Inversiones Patrimoniales Orjuela Lozano Sociedad en Comandita, porque, supuestamente no aplic\u00f3 o interpret\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 1609 del C\u00f3digo Civil ni valor\u00f3 de forma adecuada el material probatorio recaudado. <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir ante el Juez constitucional para debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
La Sala ratificar\u00e1 la negativa del amparo tal como lo concluy\u00f3 el tribunal en primer grado, en tanto que, del examen del pronunciamiento censurado no se vislumbra irregularidad alguna con fuerza suficiente que imponga la necesaria injerencia del juez constitucional. <\/p>\n
En el asunto estudiado, para revocar la sentencia del a quo, el juzgado del circuito precis\u00f3 inicialmente que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) al haberse cumplido a cabalidad con aportar el documento base de la discusi\u00f3n que se plantea, esto es, que se alleg\u00f3 en f\u00edsico la cesi\u00f3n de cupo para matr\u00edcula de tractomula suscrita por Inversiones Patrimoniales Orjuela Lozano Sociedad en Comandita y Fernando Orjuela Galeano en su calidad de cedentes, y por Alexander Gonz\u00e1lez Galindo en su condici\u00f3n de cesionario, lo que en principio faculta y legitima a este \u00faltimo para entablar la acci\u00f3n resolutoria; cumple determinar si hay lugar a confirmar la decisi\u00f3n que emiti\u00f3 en primera instancia el Juzgado Sexto (6\u00b0) Civil Municipal de Bogot\u00e1 D.C., es decir, si efectivamente es viable o no la acci\u00f3n resolutoria impulsada, evaluando la verdadera intenci\u00f3n de los contratantes, cu\u00e1l de estos incurri\u00f3 primero en la falta que se endilga liberando al otro de satisfacer las contra\u00eddas por \u00e9l, as\u00ed como tambi\u00e9n si el contrato por su contenido y la finalidad que explica su celebraci\u00f3n fij\u00f3 de modo especial el orden de precedencia de las obligaciones rec\u00edprocas o si por el contrario estas deb\u00edan ejecutarse simult\u00e1neamente\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, al abordar los reparos expuestos por el apelante frente a la determinaci\u00f3n de primera instancia, indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) no es cierto que el negocio no se haya podido perfeccionar porque Inversiones Patrimoniales Orjuela Lozano Sociedad en Comandita incumpliera parte de sus compromisos, espec\u00edficamente el de preparar y firmar la carta de cesi\u00f3n de los derechos de cupo por reposici\u00f3n dirigido al Ministerio de Transporte. <\/p>\n
Pues este no se concret\u00f3 por cuanto Alexander Gonz\u00e1lez Galindo no cancel\u00f3 el monto debido a sabiendas que para el perfeccionamiento de aquel ten\u00eda que haberse cancelado en su totalidad el precio\u00bb. <\/p>\n
Y concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) n\u00f3tese finalmente que tampoco habr\u00eda lugar a acceder a las pretensiones de la acci\u00f3n, dado que el demandante no tuvo el prop\u00f3sito de cumplir con sus cargas negociales el 8 de julio de 2012, pues a trav\u00e9s de su apoderado en sus alegaciones finales no solo acept\u00f3 que desisti\u00f3 de hacer el pago que le correspond\u00eda dado que hab\u00eda obtenido informaci\u00f3n sobre la venta a otra persona de los derechos de cupo, sino que indic\u00f3 que no se prob\u00f3 en el plenario que se le hubiere requerido para el cumplimiento de sus obligaciones cuando en realidad ello si ocurri\u00f3. <\/p>\n
Afirmaciones que son contrarias a la realidad o por lo menos a lo que qued\u00f3 demostrado en el legajo, en donde se acredit\u00f3 que la cesi\u00f3n del cupo que se hizo a favor de Alejandro Trujillo Tealdo como gerente y\/o representante legal de Retandes S.A. se suscribi\u00f3 pasados 6 meses y se pidi\u00f3 que se protocolizara en las bases de datos correspondientes pasados 14 meses al incumplimiento del 8 de julio de 2012. <\/p>\n
Pues de eso da cuenta el oficio MT 20134020268211 del 23 de julio de 2013 del Grupo de Reposici\u00f3n Integral de Veh\u00edculos del Ministerio de Transporte (Fls.19-20) que alleg\u00f3 el mismo demandante, en el que la autoridad de tr\u00e1nsito adem\u00e1s de certificar que el acto se le puso en conocimiento el 18 de enero de 2013, dej\u00f3 en evidencia que Alexander Gonz\u00e1lez Galindo realmente pidi\u00f3 informaci\u00f3n respecto del traslado del cupo a un tercero el 2 de julio de 2013 con la presentaci\u00f3n del derecho de petici\u00f3n al que se le asign\u00f3 el radicado 20133210369742 y no antes del 8 de julio de 2012 como lo hizo creer\u00bb. <\/p>\n
Como puede observarse de lo rese\u00f1ado, el despacho accionado tom\u00f3 cada uno de los elementos centrales objeto de discusi\u00f3n del recurso, as\u00ed como las pruebas aportadas por las partes para examinarlas y darles el alcance demostrativo que, seg\u00fan su criterio, deb\u00eda confer\u00edrseles, hermen\u00e9utica que, desde luego, no puede ser alterada por esta v\u00eda, m\u00e1xime si no se aprecia inconsulta, desfasada o irracional, en todo caso, distante de edificar la v\u00eda de hecho denunciada. <\/p>\n
Es que sobre la pretensi\u00f3n de imponer al juzgador una determinada valoraci\u00f3n de las pruebas, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes, la Sala en precedencia ha indicado: <\/p>\n
\u00ab[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterado, entre otros, en STC3479-2015, STC-9611-2015, y, STC4546-2016, 13 ab. rad, 00770-00). <\/p>\n
De manera que esta particular justicia s\u00f3lo intervendr\u00eda en la esfera probatoria, cuando eventualmente el \u00aberror en el juicio valorativo\u00bb sea notorio, flagrante, manifiesto y con incidencia directa en la disposici\u00f3n, lo cual ciertamente no ocurri\u00f3 en este supuesto. <\/p>\n
Ahora bien, el solo hecho de no compartir los argumentos anteriores, no convierte esa determinaci\u00f3n en una v\u00eda de hecho apta de ser revisada por el juez de tutela, pues, como qued\u00f3 claro, se circunscribi\u00f3 al an\u00e1lisis de los planteamientos del recurso de apelaci\u00f3n y de los medios de conocimiento que aportaron las partes, que, en conjunto, le permitieron concluir a la autoridad cognoscente, que existi\u00f3 un incumplimiento contractual del aqu\u00ed convocante, suficiente para revocar la decisi\u00f3n inicial. <\/p>\n
Y es que, de manera insistente la Sala ha se\u00f1alado que la sola divergencia conceptual no puede ser fuente para demandar el amparo constitucional, porque esta v\u00eda excepcional no fue concebida como instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las deducciones valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta. Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia (\u2026)\u00bb (CSJ STC de 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterado, STC6924-2017, 18 may. 2017, rad. 2017-00443-01). <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
La decisi\u00f3n atacada no constituye arbitrariedad susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda; adem\u00e1s, lo pretendido por el ac\u00e1 querellante es anteponer su propio criterio al del juzgado accionado, sustituyendo la hermen\u00e9utica del funcionario de instancia, finalidad ajena a la acci\u00f3n de tutela, pues no puede ser utilizada a modo de instancia adicional a las consagradas en el estatuto procedimental. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9686-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2022-00747-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65576","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65576","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65576"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65576\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65576"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65576"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65576"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}