STC9691-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9691-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 05000-22-13-000-2022-00128-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia el 1\u00ba de julio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la Empresa Promotora de Salud \u2013 Ecoopsos EPS S.A.S. contra el Juzgado Civil del Circuito de Andes, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el juicio n.\u00ba 2017-00085. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de su actual representante legal, la sociedad solicitante reclam\u00f3 la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Del escrito introductor y los medios de prueba, se destacan como hechos relevantes los siguientes: <\/p>\n
Con posterioridad al fallo de tutela en el que se orden\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda gestora disponer \u00ablo necesario para hacer efectiva la autorizaci\u00f3n y verificar la realizaci\u00f3n de DUPPLEX SCANNING DOPPLER ECOGRAF[\u00cd]A DE VASOS VENOSOS MIEMBROS INFERIORES A COLOR\u00bb a favor de Gloria Isabel Quiroz de Echeverri, el 26 de febrero de 2018 el despacho enjuiciado, en virtud de un incidente de desacato, le impuso multa a Mar\u00eda Magdalena Fl\u00f3rez Ramos \u00aben su condici\u00f3n de [r]epresentante [l]egal\u00bb de la entidad actora, decisi\u00f3n confirmada en consulta por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia. <\/p>\n
La precitada sancionada pidi\u00f3 a la autoridad fustigada la revocatoria del mencionado correctivo, al considerar que la empresa querellante cumpli\u00f3 los requerimientos que originaron el tr\u00e1mite incidental; no obstante, dicho pedimento se despach\u00f3 desfavorablemente el 4 de mayo de esa anualidad. <\/p>\n
3. En consecuencia, se pretende que, a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo constitucional el estrado encartado \u00abdecrete el [l]evantamiento de la sanci\u00f3n pecuniaria (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Civil del Circuito de Andes realiz\u00f3 un recuento de los hechos e indic\u00f3 que \u00absi el inter\u00e9s [es] que se levante la [multa] impuesta en el presente asunto, deber\u00e1 presentarse [un] nuevo memorial con los respectivos soportes del cumplimiento [del] fallo de tutela, para proceder con la valoraci\u00f3n de las pruebas que se alleguen para dichos efectos (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 la compa\u00f1\u00eda gestora, reiterando sus argumentos y pretensi\u00f3n, adem\u00e1s indic\u00f3 que: (i) \u00abla sanci\u00f3n consistente en multa contin[\u00fa]a vigente y se encuentra en curso el proceso en la [j]urisdicci\u00f3n coactiva (\u2026)\u00bb, por lo tanto, en su criterio, el t\u00e9rmino es razonable para interponer el ruego tuitivo y (ii) se debe considerar el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, (i) si la entidad solicitante tiene legitimaci\u00f3n en la causa; y, de superarse lo anterior, (ii) si el Juzgado Civil del Circuito de Andes, conculc\u00f3 la prerrogativa invocada por la empresa promotora, al no acceder a su petici\u00f3n de dejar sin efecto la sanci\u00f3n que le impuso en virtud de un incidente de desacato. <\/p>\n
2. De la legitimaci\u00f3n en la causa en tutelas contra incidentes de desacato. <\/p>\n
Se ha dicho y reiterado que m\u00e1s all\u00e1 de la excepcional naturaleza de la tutela, a la misma no le son ajenos algunos de los presupuestos b\u00e1sicos de ciertos actos procesales, como el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa; frente a ello, con observancia en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, se ha sostenido que: \u00abse refiere al titular de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados. Sin embargo, tanto las normas como la jurisprudencia, consideran v\u00e1lidas tres v\u00edas procesales adicionales para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela: (i) a trav\u00e9s del representante legal del titular de los derechos fundamentales presuntamente conculcados (menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas jur\u00eddicas); (ii) por intermedio de apoderado judicial (abogado titulado con poder o mandato expreso); y, (iii) por medio de agente oficioso\u00bb (CC T-878\/07). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha enfatizado que carece de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, la persona que no tiene la calidad de parte ni est\u00e1 reconocida como tercero dentro de una actuaci\u00f3n jurisdiccional (CSJ SC, 17 jun. 2008, rad. 2008-00795-01, reiterada en STC4497-2017, 30 mar. 2017, rad. 00050-01, entre otras), y que frente a la figura jur\u00eddica de la agencia oficiosa se exige \u00abla demostraci\u00f3n de la imposibilidad del agenciado\u00bb, como no estar en condiciones f\u00edsicas o mentales para promover su propia defensa, circunstancias que deben afirmarse en la demanda tutelar. <\/p>\n
A tono con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n ha sido constante y reiterativa en sostener que: <\/p>\n
\u00ab\u00fanicamente la persona natural a quien se impuso multa y arresto, si estimaba que se hab\u00edan quebrantado sus garant\u00edas, estaba legitimada para recurrir a la herramienta constitucional, a efectos de solicitar su protecci\u00f3n, lo que pod\u00eda hacer, bien directamente, o a trav\u00e9s de mandatario especialmente constituido para la acci\u00f3n, comoquiera que cuando lo controvertido son actuaciones procesales, la titularidad de las garant\u00edas que en ellas se reconocen, es de quienes conforman el pleito, a los cuales beneficia o perjudica su resultado, calidad que en el presente asunto no puede hacerse extensible [a la instituci\u00f3n] tutelante ni siquiera como sucesor procesal (\u2026), toda vez que la sanci\u00f3n no se dirigi\u00f3 contra dicho ente sino, se itera, contra [la funcionaria]\u00bb, advirtiendo que \u00abla reclamante tampoco manifest\u00f3 que actuara [como agente oficioso] ante la imposibilidad de la funcionaria sancionada de procurar su defensa, como tampoco acredit\u00f3 la existencia de mandato judicial para este tr\u00e1mite, lo que de manera liminar se traduce en la improcedencia de la solicitud de amparo\u00bb (CSJ STC, 16 ago. 2012, rad. 01701-00). Subrayado fuera del texto. <\/p>\n
En esa l\u00ednea, al analizar un caso donde el representante legal actual de una EPS cuestionaba la sanci\u00f3n por desacato infringida a su antecesor, la Corte tambi\u00e9n concluy\u00f3 la falta de legitimaci\u00f3n en la causa para demandar, ya que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el mencionado tr\u00e1mite incidental se inici\u00f3 el 21 de enero de 2014, contra (\u2026), quien para dicha fecha y para cuando se profiri\u00f3 la sentencia que concedi\u00f3 el amparo era la representante legal de la mencionada regional, y fue a \u00e9sta a quien se castig\u00f3 tanto con el arresto y a la multa, teniendo en cuenta la desatenci\u00f3n en que ella incurri\u00f3 de manera consciente y voluntaria cuando estaba obligada a dar cumplimiento a la tutela, es decir, debido a la culpa con la que actu\u00f3 tal funcionaria. <\/p>\n
De manera, que en el asunto sub-lite s\u00f3lo la sancionada, podr\u00eda debatir sobre las determinaciones en las que se impuso la multa y el arresto o aquellas providencias en las que se deneg\u00f3 el levantamiento de la mismas, pero no a la entidad o al actor, quien ahora tiene la calidad de director de la regional de la EPS, pues a ninguno de ellos les ocasiona perjuicio (\u2026)\u00bb. Se resalta. En tal sentido ha dicho la Sala que: \u201cuno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante\u201d (Sentencia de 12 de abril de 2011, expediente n\u00famero 2011-00080-01)\u00bb (CSJ STC13222-2015, 1\u00b0 oct. 2015, rad. 02288-00). <\/p>\n
En tal sentido, sin duda, uno de los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela tiene que ver con la titularidad para su ejercicio, la cual se encuentra en cabeza de la persona cuyos derechos fundamentales han sido presuntamente vulnerados o amenazados, por lo que ser\u00e1 ella quien podr\u00e1 solicitar el amparo de manera directa o a trav\u00e9s de representante, con independencia de si el actual promotor fue parte en la tutela de la que se desprende el incidente, porque es claro que s\u00f3lo tiene inter\u00e9s para debatir lo decidido en el incidente de desacato, la persona natural que result\u00f3 castigada; de suerte que, en lo que aqu\u00ed incumbe, si el correctivo no le fue aplicado a quien acude a la tutela, no le es posible reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales por ese motivo. <\/p>\n
As\u00ed, cuando se presenta el incumplimiento de una orden de tutela, la sanci\u00f3n se debe imponer a la persona responsable de acatarla previa su determinaci\u00f3n, bien en la sentencia o dentro del tr\u00e1mite incidental, siendo \u00e9sta la \u00fanica frente a quien recaen los efectos adversos de la resoluci\u00f3n. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
Efectuada la revisi\u00f3n de la queja constitucional y las piezas procesales adosadas al expediente, prontamente la Sala establece que el fallo desestimatorio de primera instancia habr\u00e1 de ser confirmado, toda vez que la sociedad querellante carece de legitimaci\u00f3n en la causa para cuestionar por esta v\u00eda lo actuado en el incidente de desacato, en la medida en que no es la agraviada con las sanciones que censura, ni tampoco lo es su actual representante legal, aun cuando haya sido parte de la acci\u00f3n de tutela que origin\u00f3 esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
En efecto, advirtiendo que, en principio, es improcedente atacar decisiones adoptadas al interior de un incidente de desacato por la misma v\u00eda en que tuvo asidero, pues solo es factible cuando se extraiga con solvencia la violaci\u00f3n de derechos tambi\u00e9n de orden superior, y \u00abse verifique el cumplimiento de las causales gen\u00e9ricas de procedibilidad, y (\u2026) se acredite la existencia de una causal espec\u00edfica de procedibilidad\u00bb (CC T-482\/13), esta salvaguarda no resiste examen de fondo, porque tal controversia jur\u00eddica solo pod\u00eda intentarse por quien fue sujeto de las sanciones en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
Contrario a ello, la Sala observa que Yezid Andr\u00e9s Verbel Garc\u00eda, actual representante legal de Ecoopsos EPS S.A.S., quien formul\u00f3 este libelo, no detenta condici\u00f3n sustancial (sancionado) o adjetiva (apoderado especial o agente oficioso) que posibilite su directa intervenci\u00f3n y potencial vulneraci\u00f3n de las prerrogativas invocadas. As\u00ed las cosas, para que el estrado denunciado haya impuesto las sanciones respectivas a Mar\u00eda Magdalena Fl\u00f3rez Ramos, identific\u00f3 e individualiz\u00f3 a la persona natural que deb\u00eda cumplir el mandato en su momento. <\/p>\n
Entonces, as\u00ed como lo ha venido explicando la jurisprudencia de esta Corte, es pertinente recalcar que, si bien \u00abel art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aqu\u00e9llos (\u2026)\u201d\u00bb (CSJ STC, 13 dic. 2011, rad. 00284-02, citada en STC7147-2020, 10 sep. 2020, rad. 00172-01). <\/p>\n
En suma, no fue a la Empresa Promotora de Salud Ecoopsos EPS S.A.S., ni a su actual representante legal a quienes se les impuso el mentado correctivo, raz\u00f3n por la cual, no les asiste inter\u00e9s para cuestionar lo resuelto al interior del tantas veces citado incidente de desacato. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la desestimaci\u00f3n del amparo, porque \u00fanicamente la persona natural sancionada por desacato puede acudir a esta v\u00eda excepcional para censurar eventual trasgresi\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1 <\/p>\n
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