STC9700-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9700-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 25000-22-13-000-2022-00263-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca el 29 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por la F\u00e1brica de Productos Alimenticios Rialto S.A.S. y la Compa\u00f1\u00eda Importadora Exportadora Colcie S.A.S. contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1, Mauro Fregonese Iannini y Olga Iannini de Fregonese, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el litigio n.\u00ba 2022-00044. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando a trav\u00e9s de apoderado, las sociedades solicitantes reclamaron la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial convocada. <\/p>\n
2. Relataron en s\u00edntesis que, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado instaurado por Olga Iannini de Fregonese en su contra, el 24 de mayo de 2022 el despacho denunciado profiri\u00f3 sentencia ordenando la devoluci\u00f3n del bien involucrado. <\/p>\n
Expusieron que, la querellante en el precitado juicio y Mauro Fregonese Iannini, quien supuestamente, se hizo pasar por su representante legal, \u00abmediante actos fraudulentos induj[eron] en error\u00bb al fallador enjuiciado, pues este \u00faltimo emiti\u00f3 una providencia \u00abcontraria a derecho\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pretenden que a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta constitucional: (i) se deje sin efectos la mencionada sentencia y (ii) \u00abse ordene la compulsa de copias, para que se investiguen los delitos y sanciones de car\u00e1cter disciplinario a que haya lugar en contra de (\u2026) MAURO FREGONESE IANNINI, OLGA IANNINI DE FREGONESE [y] sus apoderados\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
2. Jorge Vargas Annicharico (apoderado de Olga Iannini de Fregonese) adujo que \u00abno se cumplen los factores de subsidiariedad y residualidad del amparo (\u2026), por cuanto, los accionantes cuentan con mecanismos de defensa procesales y judiciales para alegar las inconformidades surgidas con ocasi\u00f3n a la decisi\u00f3n proferida\u00bb. Igualmente, precis\u00f3 que \u00abse han respetado y garantizado los derechos que le asisten a los demandados\u00bb, por lo tanto, afirm\u00f3 que el auxilio es improcedente. <\/p>\n
3. Olga Iannini de Fregonese inform\u00f3 que \u00ab[t]odas las aseveraciones que [se] hacen [en el escrito de tutela], son falsas [y] no tienen sustento legal\u00bb. Asimismo, a\u00f1adi\u00f3 que \u00abel [p]roceso de [r]estituci\u00f3n no se encuentra terminado con la [s]entencia emitida por e[l] [j]uez [a]ccionado y es all\u00ed donde [las libelistas] deben acudir a hacer valer sus derechos con algunos [r]ecursos que nuestro [e]statuto de [p]rocedimiento civil contempla\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
El tribunal a-quo no accedi\u00f3 a la salvaguarda por considerar que no satisface el requisito de la subsidiariedad, pues \u00abla parte actora bien pudo formular [un] incidente de nulidad (\u2026)\u00bb, sin embargo, \u00abadvierte la Sala que las [gestoras] aun cuentan con (\u2026) el recurso extraordinario de revisi\u00f3n (\u2026)\u00bb. Lo anterior, convierte \u00aben improcedente el reclamo constitucional, lo que significa que no se (\u2026) han <\/p>\n
agotado todos los medios de defensa judicial que [se] tiene[n] a su alcance\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpusieron las entidades quejosas reiterando las peticiones iniciales, adem\u00e1s agregaron que \u00abel derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justica debe ser garantizado por el estado, obteniendo una soluci\u00f3n de fondo, cumplida y eficaz\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, preliminarmente, si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si el Juzgado Primero Civil del Circuito de Zipaquir\u00e1 vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por las compa\u00f1\u00edas querellantes, al ordenar la restituci\u00f3n del inmueble a Olga Iannini de Fregonese. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
La inobservancia de este requisito se presenta, no solo por haber dejado de emplear los medios de defensa ordinarios previstos en la ley, lo cual constituye incuria, sino tambi\u00e9n porque a\u00fan existan otros mecanismos judiciales tendientes a solucionar la afectaci\u00f3n de los derechos cuya tutela se reclama, o incluso porque el interesado haya acudido a esta senda constitucional en planteamiento de un debate que no propuso con antelaci\u00f3n frente al funcionario competente. <\/p>\n
En virtud de la \u00faltima modalidad mencionada, se ha dicho en precedencia que este resguardo no puede emplearse de manera alternativa o supletoria en la soluci\u00f3n de las controversias, ni su presentaci\u00f3n ante el juez de amparo puede ser coet\u00e1neo con los procedimientos ordinarios estatuidos legalmente y mucho menos surgir en forma paralela a \u00e9stos, tampoco ser tomado como un recurso adicional de los que el propio ordenamiento ha dotado a los sujetos intervinientes en las actuaciones administrativas o judiciales. <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
En el asunto que se somete a examen, el ruego tuitivo se revela improcedente dada la preterici\u00f3n del requisito de procedibilidad que viene de rese\u00f1arse, por cuanto se evidencia que las entidades libelistas tienen a su alcance otro medio de defensa apto para el pleno ejercicio de las prerrogativas que estiman conculcadas. <\/p>\n
En efecto, es claro que la parte convocante funda su reclamo en que, presuntamente, un tercero usurp\u00f3 la calidad de representante legal de las promotoras, por consiguiente, en criterio de aquellas, quien realmente detenta el precitado cargo no efect\u00fao oportunamente su defensa en el juicio en comento, por lo que, la situaci\u00f3n anterior deriv\u00f3 en el proferimiento de una providencia contraria a sus intereses, frente a la cual no pudieron ejercer el derecho de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Atendiendo que la censura se centr\u00f3 en ese punto, es evidente que no es la acci\u00f3n constitucional el instrumento procedente para dirimir su inconformidad, pues el legislador dise\u00f1\u00f3 para tal efecto el recurso extraordinario de revisi\u00f3n, que, a voces del numeral 6\u00ba del art\u00edculo 355 del C\u00f3digo General del Proceso, procede por \u00ab[h]aber existido colusi\u00f3n u otra maniobra fraudulenta de las partes en el proceso en que se dict\u00f3 la sentencia, aunque no haya sido objeto de investigaci\u00f3n penal, siempre que haya causado perjuicios al recurrente\u00bb, y mientras atienda la oportunidad legal establecida en el art\u00edculo 356 ejusdem. <\/p>\n
Entonces, la v\u00eda prevista, seg\u00fan el contexto jur\u00eddico tra\u00eddo a colaci\u00f3n, para exponer la s\u00faplica es la consagrada en la referida normativa que reglamenta la forma en que deben alegarse situaciones presuntamente fraudulentas cuando ya se encuentra ejecutoriada la sentencia que puso fin al proceso y la parte no ha convalidado la nulidad. <\/p>\n
\u00ab(\u2026) a fin de lograr el prop\u00f3sito aqu\u00ed perseguido, o sea, que se declare la nulidad de la sentencia \u2026el ordenamiento legal consagra medios concretos de resguardo que le permiten a la (\u2026) quejosa controvertir, a trav\u00e9s de alternas sendas jur\u00eddicas, los hechos en que soporta la queja constitucional, espec\u00edficamente el recurso de revisi\u00f3n \u2026con que puede poner en conocimiento del juez natural las irregularidades aqu\u00ed planteadas; luego, no es dable pretender el reemplazo de los instrumentos legales mediante esta excepcional v\u00eda, porque el juez de tutela no puede actuar como si fuera el competente, seg\u00fan aqu\u00ed se persigue\u00bb (CSJ STC, 13 Feb. y 12 Dic. 2013, rads. 00211-00 y 02757-00, reiterado en STC1702-2016, 15 de feb. 2016, rad. 2015-00505-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n se expuso: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) es evidente que concurre la causal de improcedencia contemplada en el Art. 6\u00ba, numeral 1\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el ordenamiento jur\u00eddico consagra medios ordinarios de defensa, ciertamente eficaces, que le permiten a la accionante controvertir mediante otro mecanismo legal, concretamente (\u2026) el recurso de revisi\u00f3n, los hechos que soportan la queja constitucional, de manera que puede poner en conocimiento del juez competente las irregularidades aqu\u00ed planteadas (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 24 sep. 2008, rad. 00144-01, reiterada en STC2435 de 5 de marzo de 2015) (Negrillas de la Corte). <\/p>\n
Entonces, dada la idoneidad de la herramienta judicial rese\u00f1ada, la cual no acreditaron las sociedades gestoras haber utilizado, no procede el auxilio ni siquiera como mecanismo de protecci\u00f3n transitoria; al respecto, en otro pronunciamiento en esta misma sede, dijo la Sala: <\/p>\n
\u00abEn cierre, no es posible acceder al amparo, ni siquiera de manera transitoria, porque el recurso de revisi\u00f3n al que se ha hecho referencia, se muestra id\u00f3neo para solventar las quejas de la accionante, en la medida en que fue justamente dise\u00f1ado para analizar vicisitudes como las que en su demanda de amparo expone, sin que se evidencie la necesidad de intervenir anticipadamente en tal determinaci\u00f3n, pues la promotora de la acci\u00f3n no se encuentra en ninguna situaci\u00f3n calamitosa, de tal magnitud, que no pueda acudir a la justicia ordinaria en pos de una soluci\u00f3n a sus reparos\u00bb (CSJ STC 15701, 26 oct. 2016, rad. 00378-01). <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que, atendido el car\u00e1cter residual de la tutela, \u00e9sta no se encuentra instituida para reemplazar los instrumentos establecidos por el legislador para la efectiva y adecuada defensa de las garant\u00edas procesales de los intervinientes en un proceso, pues lo contario conllevar\u00eda invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
De ah\u00ed que, si no se han agotado todos los recursos que brinda el ordenamiento procesal, por medio de la queja constitucional no se puede proveer la soluci\u00f3n de una cuesti\u00f3n que corresponde dirimir al juez ordinario. <\/p>\n
4. Del perjuicio irremediable. <\/p>\n
Asimismo, tampoco es viable conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, dado que la Corte no encuentra que se hayan esbozado y menos probado las exigencias que hagan posible el auxilio en tales condiciones, pues, para tal evento, se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1 sep. 2011, exp. 00194-01), y porque \u00abesta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesi\u00f3n constitucional\u00bb (CC SU-111\/97). Al respecto, cabe recordar que la simple afirmaci\u00f3n del hipot\u00e9tico acaecimiento del citado menoscabo es insuficiente para justificar la procedencia de la protecci\u00f3n deprecada. <\/p>\n
5. Consideraci\u00f3n adicional. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, no habr\u00e1 lugar a acceder a la solicitud de las compa\u00f1\u00edas libelistas relacionada con la compulsa de copias para que se investigue el comportamiento de los convocados, pues sobre el punto, el criterio de esta Corte ha sido de tiempo atr\u00e1s, que si el interesado \u00abestima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultado para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose por supuesto responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u201cEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias\u2026, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuenta con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito\u201d (\u2026)\u00bb (CSJ STC13871-2016, 29 sep. 2016, rad. 00321-01). <\/p>\n
6. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que frente a la reclamaci\u00f3n que plantean las sociedades gestoras de la salvaguarda, existe un mecanismo procesal pertinente \u2013 recurso de revisi\u00f3n \u2013 a trav\u00e9s del cual se puede alegar la irregularidad invocada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
(Ausencia Justificada) <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
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