STC9704-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9704-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01036-01 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Libardo Antonio Carpintero Garc\u00eda frente al fallo de 7 de junio de 20221, dictado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida por el recurrente contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con vinculaci\u00f3n de las autoridades, partes e intervinientes en el juicio laboral n\u00b0 768343105001-2014-00-238-00. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. El accionante solicit\u00f3 dejar sin efectos la sentencia proferida por la Sala de Casaci\u00f3n convocada (SL5023-2021), que resolvi\u00f3 no casar la expedida por el Tribunal de Buga. En su lugar, emitir un nuevo veredicto en el que se acojan sus pedimentos. De la lectura del escrito de tutela y sus anexos, se extrae que el actor tiene 55 a\u00f1os de edad y fue calificado con p\u00e9rdida de capacidad laboral del 67,19% con fecha de estructuraci\u00f3n el 7 de octubre de 2008. Precis\u00f3 que, previa solicitud, \u2013Colpensiones- a trav\u00e9s de la Resoluci\u00f3n GNR 058135 de 2013 le neg\u00f3 el reconocimiento de la pensi\u00f3n de invalidez, por no acreditar 50 semanas de cotizaci\u00f3n en los \u00faltimos 3 a\u00f1os anteriores a la fecha de estructuraci\u00f3n. Indic\u00f3 que, por esa circunstancia, promovi\u00f3 demanda laboral y el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tulu\u00e1 neg\u00f3 sus pretensiones de reconocimiento pensional (23 feb. 2015). Determinaci\u00f3n confirmada en sede de apelaci\u00f3n por la Sala Laboral del Tribunal de Buga (11 ago. 2015). Agreg\u00f3 que formul\u00f3 el recurso extraordinario de Casaci\u00f3n y la Sala de Casaci\u00f3n convocada dispuso no casar el fallo del ad quem (6 oct. 2021). A juicio del actor, la \u00faltima autoridad desconoci\u00f3 el precedente de la Corte Constitucional referente a la aplicaci\u00f3n del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa; asimismo, desconoci\u00f3 que \u00abla insignia problem\u00e1tica del presente conflicto ius fundamental estrib[\u00f3] en establecer si, seg\u00fan las reglas jurisprudenciales de la Accionada y de modo excepcional para la determinaci\u00f3n del hito de contabilizaci\u00f3n semanas necesarias para la pensi\u00f3n de invalidez, deben tenerse en cuenta, tambi\u00e9n, las que el afiliado efectu\u00f3 como trabajador dependiente con posterioridad a la fecha dictaminada de estructuraci\u00f3n de la invalidez\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala de casaci\u00f3n solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo por cuanto no cumple con el presupuesto de inmediatez. El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Tulu\u00e1 realiz\u00f3 un breve recuento de la actuaci\u00f3n surtida. -Colpensiones- y el Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes el Instituto de Seguros Sociales en Liquidaci\u00f3n -PARISS- instaron el rechazo del resguardo por improcedente. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por considerar que la decisi\u00f3n obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- El desenlace debe ser convalidado, comoquiera que la acci\u00f3n de tutela es inviable frente a los anhelos del gestor como pasa a explicarse. <\/p>\n
Revisada la providencia criticada, con la que culmin\u00f3 el proceso ordinario laboral objeto de escrutinio, no se advierte que se haya incurrido en alguna v\u00eda de hecho que habilite la intervenci\u00f3n supralegal, pues al estudiar los 2 cargos formulados por el aqu\u00ed accionante, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral tuvo en cuenta el marco normativo, las pruebas y la jurisprudencia que regulaban la materia, y por ello concluy\u00f3 que no era procedente acceder a la concesi\u00f3n de la pensi\u00f3n de invalidez. <\/p>\n
As\u00ed, frente al primer cargo, planteado por la v\u00eda directa, esgrimi\u00f3 que el ataque se concret\u00f3 <\/p>\n
\u00aben que la Sala sentenciadora no acudiera para su derecho al art\u00edculo 6 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad en desarrollo del principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, pues en su entender ya ten\u00eda un derecho consolidado y, por el contrario, bajo dicho principio el requisito previsto fuera la norma anterior y en su caso acudir a la Ley 860 de 2003 que exige 50 semanas en el trienio anterior a la fecha de estructuraci\u00f3n. <\/p>\n
De su lado, el juzgador de la alzada determin\u00f3 que la norma aplicable en casos de pensi\u00f3n de invalidez deb\u00edan acreditarse los requisitos de la norma vigente para el momento de la estructuraci\u00f3n de la invalidez, que en el caso bajo su estudio era el art\u00edculo 1\u00ba de la Ley 860 de 2003, los que no cumpli\u00f3 el accionante y en cuanto al principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, aclar\u00f3 que el mismo no operaba como lo indicaba el demandante puesto que de no reunirse los requisitos de la ley aplicable a la fecha del siniestro se acud\u00eda a la norma anterior -art\u00edculo 11 de la ley 797 de 2003 \u00bb. <\/p>\n
Luego, destac\u00f3 que, dada la v\u00eda escogida por el peticionario, en el caso no eran objeto de discusi\u00f3n los siguientes supuestos f\u00e1cticos: <\/p>\n
\u00abel actor naci\u00f3 el 28 de octubre de 1966; presenta una p\u00e9rdida de capacidad laboral del 67,19% de origen com\u00fan con fecha de estructuraci\u00f3n 7 de octubre 2008, la cual fue dictaminada el 23 de noviembre de 2011; present\u00f3 cotizaciones en los siguientes periodos: del 18 junio 1986 a 15 de septiembre 1990, 221 semanas; desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 28 de enero de 2012, 51,14 semanas; entre el 1 febrero 2012 y el 29 enero 2013, 51, 28 semanas; y no contaba con cotizaciones en el periodo comprendido del 7 de octubre 2005 al 7 octubre 2008. <\/p>\n
Enseguida, se ocup\u00f3 del an\u00e1lisis del marco normativo sobre el cual se edific\u00f3 la inconformidad, esto es, el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de la misma anualidad, para establecer que, <\/p>\n
La Corte ya ha advertido que no es posible realizar una b\u00fasqueda hist\u00f3rica en las legislaciones anteriores al fallecimiento hasta acomodar al caso concreto la norma que mejor se avenga en cada caso particular o resulte m\u00e1s favorable y, con ello, una aplicaci\u00f3n plus ultractiva de la Ley, lo cual, por dem\u00e1s, desconoce no solo que las leyes sociales son de aplicaci\u00f3n inmediata, sino tambi\u00e9n que, en principio, rigen hacia el futuro, tal como se verifica en sentencia SL838-2020\u00bb. <\/p>\n
Seguidamente, descendi\u00f3 al caso concreto y concluy\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) Trasladando los anteriores argumentos jur\u00eddicos y f\u00e1cticos al asunto bajo escrutinio, se observa que la fecha de estructuraci\u00f3n de la PCL se fij\u00f3 mediante dictamen del 23 de noviembre de 2011, el d\u00eda 7 de octubre 2008, es decir, con posterioridad al 29 de diciembre de 2006, por lo que no podr\u00eda ser acreedor a la aplicaci\u00f3n de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa por el tr\u00e1nsito legislativo entre las Leyes 100 de 1993 y 860 de 2003, aun si hubiese gozado de una situaci\u00f3n jur\u00eddica concreta. <\/p>\n
De manera que, al no verificarse los supuestos para la aplicaci\u00f3n del postulado de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa, conforme a la l\u00ednea de pensamiento de esta Corporaci\u00f3n, el Tribunal no incurri\u00f3 en los desatinos que el cargo le enrostra\u00bb. <\/p>\n
All\u00ed mismo reliev\u00f3 que seg\u00fan el reporte adosado, existi\u00f3 un interregno en el que no se efectuaron cotizaciones, y solo hasta el a\u00f1o 2010 se hicieron en condici\u00f3n de trabajador dependiente y desde el a\u00f1o 2011 en nombre propio. Sobre ese t\u00f3pico precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abConforme al derrotero fijado por esta Sala lo cierto es que los aportes cotizados por cuenta propia del accionante no permiten encontrar que correspondieran efectivamente a una probada y real capacidad del actor y, contrario a ello, deja ver que se efectuaron con la finalidad de acreditar las cotizaciones para obtener una prestaci\u00f3n del sistema al no contar con capacidad para trabajar, lo cual se corrobora con la misma afirmaci\u00f3n del accionante al interponer el recurso de reposici\u00f3n en contra de la Resoluci\u00f3n GNR 058135 del 12 de abril de 2013, que en los fundamentos de hecho indic\u00f3: \u201cque mi cliente previa solicitud de la p\u00e9rdida de capacidad laboral estuvo incapacitado y a la fecha no se le han cancelado dichas prestaciones, sin tener en cuenta la necesidad reflejada en su enfermedad al no poder trabajar. (resaltado visible en el original)\u00bb. <\/p>\n
Con ese marco, finaliz\u00f3: <\/p>\n
\u00abel actor no cumple los requisitos de semanas m\u00ednimas de cotizaci\u00f3n para acceder a la pensi\u00f3n de invalidez pretendida y, en sede de instancia, aun cuando por otros motivos se llegar\u00eda a la misma conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 el Tribunal. Por lo que, siendo coherentes con lo discurrido no hay lugar a casar la sentencia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed, es evidente que, conforme a las consideraciones transcritas, la determinaci\u00f3n examinada no se percibe como el fruto de una actividad caprichosa y descabellada que habilite la intervenci\u00f3n constitucional, por el contrario, obedece a criterios de interpretaci\u00f3n que no lucen irrazonables sobre la situaci\u00f3n f\u00e1ctica, probatoria y normativa que fue conocida por la autoridad convocada. <\/p>\n
Incluso, se evidencia que la accionada estudi\u00f3 los medios de prueba que daban cuenta del hito inicial a partir del cual se hizo el computo de semanas cotizadas, la cantidad y el tiempo en que fueron cotizadas y aquellas que \u00abse hicieron en condici\u00f3n de trabajador dependiente y en nombre propio\u00bb, incluso con posterioridad a la fecha de estructuraci\u00f3n de la invalidez; a partir de ese an\u00e1lisis, determin\u00f3 que de acuerdo con los requisitos establecidos por la jurisprudencia, no era posible aplicar el principio que trae a colaci\u00f3n el gestor. <\/p>\n
En definitiva, conforme a las consideraciones expuestas no queda alternativa diferente a confirmar el desenlace objetado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Se precisa que, para el tr\u00e1mite de esta impugnaci\u00f3n, este diligenciamiento tan s\u00f3lo arrib\u00f3 a esta Sala de Casaci\u00f3n Civil el 19 de julio pasado. <\/p>\n
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STC9704-2022 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9704-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-04-000-2022-01036-01 (Aprobado en Sala de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Libardo Antonio Carpintero Garc\u00eda frente al […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65594","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65594","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65594"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65594\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65594"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65594"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65594"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}