STC9716-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9716-2022 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Luz Divia Becerra Restrepo frente a la sentencia de 8 de junio de 2022, proferida por la Sala de familia del Tribunal Superior de Cali en la tutela que instaur\u00f3 contra el Juzgado 11 de Familia de Oralidad de la misma ciudad, Servicio Occidental de Salud EPS, Nueva EPS S.A., IPS Viva 1A, la gerente Regional Sur Occidente de Nueva EPS, el Vicepresidente de la Nueva EPS, la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretar\u00eda de Salud de Cali y el Ministerio de Salud, extensiva a la Unidad Administrativa Especial Para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretende que se ordene a quien corresponda suministre el tratamiento, procedimiento o medicamento solicitados por los galenos para tratar su patolog\u00eda, adem\u00e1s, se sancione penalmente por el delito de prevaricato a la Juez 11 de Familia de Oralidad de Cali al negarse tramitar el quinto incidente de desacato que interpuso, as\u00ed como a los Dres. Silvia Patricia Londo\u00f1o Gaviria, Danilo Alejandro Vallejo Guerrero, y dem\u00e1s responsables de garantizar los servicios m\u00e9dicos requeridos. <\/p>\n
En sustento adujo estar afiliada en la Nueva EPS S.A., pero a la fecha no le autoriz\u00f3 ni prest\u00f3 de forma oportuna los servicios m\u00e9dicos, a pesar de la acci\u00f3n constitucional que instaur\u00f3 contra la entidad, la cual conoci\u00f3 el Juzgado 11 de Familia de Oralidad de Cali, quien mediante sentencia no. 66 (28 may. 2020) concedi\u00f3 el amparo. Exige a la E.P.S. le realice valoraci\u00f3n de p\u00e9rdida de capacidad laboral para el reconocimiento de mesada pensional que garantice su m\u00ednimo vital, debido a que la enfermedad no le permite laborar de manera normal y \u00f3ptima. <\/p>\n
Indic\u00f3 que, ante la falta de atenci\u00f3n m\u00e9dica, se desencadenaron otras enfermedades que han puesto en riesgo su vida, por ello, propugna se arreste al director Nacional y Regional de la Nueva EPS, por el delito de intento de homicidio culposo, as\u00ed como le paguen perjuicios materiales y morales. <\/p>\n
2. La Juez 11 de Familia de Oralidad de Cali expuso que han sido 6 acciones de tutela promovidas por la accionante en su contra, as\u00ed como una denuncia penal y queja disciplinaria, memor\u00f3 los tr\u00e1mites surtidos a los desacatos iniciados por Luz Divia Becerra Restrepo, y defendi\u00f3 sus decisiones al resolver los mismos, afirm\u00f3 que una vez cumplida la orden de tutela por la accionada no dio tr\u00e1mite a los dem\u00e1s solicitudes de desacato radicados por la actora, m\u00e1xime, que el Juez Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencia, en la acci\u00f3n de tutela no. 2020-00103, ampar\u00f3 los derechos fundamentales de Luz Divia Becerra Restrepo y orden\u00f3 a la E.P.S. \u00abAtenci\u00f3n Integral\u00bb, por lo que remite a la incidentante a ese estrado judicial. La EPS S.O.S. S.A. solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la solicitud de amparo al no ser la responsable de prestar los servicios m\u00e9dicos reclamados, porque consult\u00f3 en ADRES y la accionante est\u00e1 reportada como cotizante desde el 2008 en la Nueva E.P.S.; La Unidad Para las V\u00edctimas dijo que Luz Becerra no se encuentra en el registro \u00fanico de V\u00edctimas, como tampoco ha presentado denuncia o derecho de petici\u00f3n. La Secretar\u00eda de Salud de Cali refiri\u00f3 que la asistencia suplicada por la peticionante esta en cabeza de la Nueva E.P.S.; El Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social expuso que no pudo tener acceso a la demanda. La IPS Viva 1\u00aa S.A. se\u00f1al\u00f3 que los procedimientos reclamados en el amparo no deben ser prestados por esa sociedad. La Nueva E.P.S. S.A. afirm\u00f3 que ha garantizado todos los servicios solicitados por la usuaria. Los juzgados vinculados y requeridos hicieron un relato de las actuaciones tramitadas por cada uno y defendieron la legalidad de las decisiones. <\/p>\n
3. El a quo deneg\u00f3 el amparo por incumplir con el requisito de subsidiariedad, pues la gestora, en orden a que se cumpla cabalmente la sentencia que amparo su derecho fundamental, tienen a su alcance el incidente de desacato de la acci\u00f3n constitucional ante el Juzgado 1 Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Cali, y respecto de las otras pretensiones resolvi\u00f3 la improcedencia del amparo al ser el ente acusador el competente de investigar los hechos que se relacionan en el escrito preliminar. <\/p>\n
4. La actora impugn\u00f3 la anterior decisi\u00f3n, sin exponer argumentos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La opugnaci\u00f3n presentada no est\u00e1 llamada a prosperar y, en consecuencia, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n de primera instancia, toda vez que el ruego superlativo, como lo concluyo el Tribunal, no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, por ausencia del denominado subsidiariedad. <\/p>\n
En el presente caso, lo pretendido por la accionante se ci\u00f1e en que se ordene a la EPS garantice los servicios m\u00e9dicos, se investigue y sancione penalmente por el delito de \u00abprevaricato\u00bb contemplado en el art\u00edculo 413 del C\u00f3digo Penal, a la Juez 11 de Familia de Oralidad de Cali, al negarse tramitar la quinta solicitud de desacato, as\u00ed como a los Dres. Silvia Patricia Londo\u00f1o Gaviria, Danilo Alejandro Vallejo Guerrero, y dem\u00e1s responsables de cada entidad encargada de prestar los servicios m\u00e9dicos desde que le diagnosticaron la enfermedad. <\/p>\n
Sobre el particular, debe memorarse que esta Corporaci\u00f3n ha precisado que, <\/p>\n
(\u2026) para la procedencia de la salvaguarda, es necesario que el impulsor carezca de otras herramientas para conjurar el agravio, entre ellas, el proceso, medio por excelencia. Entonces, no ser\u00e1 dable a ning\u00fan sujeto dolerse del quebrantamiento de prebendas si en el pasado o ahora, tuvo o tiene la oportunidad de atacar las actuaciones que combate, <\/p>\n
Como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley\u2019\u00bb (CSJ STC6908-2020 citada en STC8626-2020, CSJ STC12050-2020, CSJ STC3166-2021, STC4304-2021 entre otras). <\/p>\n
Ahora, en relaci\u00f3n con la indagaci\u00f3n penal y disciplinaria, establece la Corte que el ruego no est\u00e1 llamado a prosperar, en la medida que la acci\u00f3n de tutela no es el mecanismo id\u00f3neo para adelantar este tipo de acciones, como quiera que existe una instancia especial para ello, la fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. <\/p>\n
De esta manera, si la convocante estima que alguno de los intervinientes incurri\u00f3 en conductas disciplinarias y penales que deben averiguarse, y cuenta con los elementos y argumentos necesarios para sostener su denuncia, est\u00e1 facultada para radicar en forma directa la noticia criminal o sancionatoria respectiva, haci\u00e9ndose responsable de su gesti\u00f3n y consecuencias. Sobre el punto ha dicho la Sala: \u00abEn relaci\u00f3n a la petici\u00f3n de compulsar copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el peticionario queda en plena libertad de formular la correspondiente denuncia penal toda vez que no se cuentan con los elementos de juicio para determinar la existencia de un delito.\u00bb (CSJ STC011-2018, reiterada en STC4324-2018 y STC2152-2020, STC3965-2021 entre otras). <\/p>\n
Aunado a ello, del estudio de la documental obrante al plenario y analizados los argumentos expuestos por la Juez convocada, se advierte, que previo a la radicaci\u00f3n del presente amparo la accionante promovi\u00f3 contra la juzgadora denuncia penal y queja disciplinaria, acciones que fueron de conocimiento de la Fiscal\u00eda 10 Delegada ante el Tribunal Superior de Cali y la Comisi\u00f3n Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca, quienes dieron tr\u00e1mite y resolvieron archivar la indagaci\u00f3n, decisiones que no fueron objeto de reparo por la impugnante, de suerte que no hay manera de habilitar la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la querellante no agot\u00f3 los medios de defensa judicial id\u00f3neos para reclamar los derechos que aqu\u00ed se suplican, la Sala ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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