STC9720-2022<\/p>\n
<\/p>\n
F <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9720-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00219-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR <\/p>\n
De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de esta Corporaci\u00f3n y en aras de cumplir los mandatos que propenden por la protecci\u00f3n de la intimidad y bienestar de los ni\u00f1os, ni\u00f1as y adolescentes, en esta providencia paralela los nombres de las partes involucradas en el presente asunto ser\u00e1n reemplazados por otros ficticios a fin de evitar la divulgaci\u00f3n real de sus datos. <\/p>\n
Advertido lo anterior, se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 8 de junio de 2022, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en la acci\u00f3n de tutela que instaur\u00f3 Tatiana Judith Reyes Delgado en representaci\u00f3n de sus hijos menores contra el Juzgado de Familia de Soacha, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el proceso ejecutivo de alimentos N\u00b0 2021-0939 y el hipotecario no. 2021-0939, que cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de la misma localidad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista present\u00f3 varias solicitudes: i) Se deje sin valor y efecto el acuerdo conciliatorio aprobado el 3 de agosto de 2021 por el Juez de Familia de Soacha en el proceso de divorcio no. 2020-00355, en su lugar, se dicte una nueva decisi\u00f3n que garantice los derechos de alimentos de sus hijos; ii) Se decrete como medidas cautelares la retenci\u00f3n del salario que devenga William Danilo Romero Lugo como servidor de la Polic\u00eda Nacional para el cumplimiento de las cuotas de alimentos; iii) Ordenar a la Caja Promotora de Vivienda Militar entregue el subsidio de vivienda correspondiente al n\u00facleo familiar; iv) Compulsar copias al titular del Juzgado de Familia de Soacha y dem\u00e1s empleados por entregar t\u00edtulos judiciales por el valor de $16.000.000 al abogado que la asisti\u00f3 en el proceso de alimentos; v) Reportar a William Danilo Romero Lugo en el Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM); vi) Ordenar la suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario que cursa en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Soacha rad. 2021-0939 hasta que se establezca el destino de subsidio de vivienda entregado a William Danilo Romero Lugo por la Caja Promotora de Vivienda Militar. <\/p>\n
En sustento aduj\u00f3 que el 19 de enero de 2012 en el Centro de Conciliaci\u00f3n de la Polic\u00eda acord\u00f3 con William Danilo Romero Lugo la cuota alimentaria de sus hijos; sin embargo, al incumplir el obligado con el pago, impetr\u00f3 proceso ejecutivo en el Juzgado de Familia de Soacha (rad. 2020-00237). William Romero Lugo promovi\u00f3 en su contra ante el mismo juzgado demanda de divorcio y liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal (no.2020-00335). Ambos juicios terminaron con ocasi\u00f3n a lo conciliado en audiencia inicial celebrada el 3 agosto de 2021 en tr\u00e1mite del divorcio, por lo que el juez dispuso el levantamiento de las medidas cautelares decretadas. <\/p>\n
Reproch\u00f3 las decisiones adoptadas por el \u00f3rgano judicial en el proceso ejecutivo de alimentos al terminar la actuaci\u00f3n y levantar las medidas cautelares sin fijar al progenitor cuota de alimentos, vestuario, recreaci\u00f3n, estudio, salud y visita de los menores, decisi\u00f3n que llev\u00f3 a William Danilo Romero Lugo a no cumplir con la obligaci\u00f3n durante los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre de 2021, adem\u00e1s, el porcentaje del bien inmueble que el actor prometi\u00f3 trasferir a nombre de sus hijos como pago de lo adeudado por alimentos no estaba en cabeza de Romero Lugo, sino del Banco Caja Social, quien ten\u00eda garant\u00eda real (hipoteca) sobre el predio, y al incumplir el obligado con las mesadas, la entidad financiera realiz\u00f3 cobro judicial, en el que decretaron medida cautelar de embargo. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que William Romero Lugo hizo efectivo el subsidio de vivienda otorgado por la Caja Promotora de Vivienda militar y Polic\u00eda, pero no pag\u00f3 la obligaci\u00f3n adquirida con el Banco Caja Social, por lo que en aras de tener informaci\u00f3n sobre los motivos que tuvo la entidad para desembolsar el valor del auxilio al beneficiario y no al banco, present\u00f3 derechos de petici\u00f3n, pero recibi\u00f3 como respuesta que era informaci\u00f3n gozaba de reserva. <\/p>\n
Finalmente, propugn\u00f3 que el \u00f3rgano judicial accionado incurri\u00f3 en una falta grav\u00edsima al entregar los t\u00edtulos judiciales por valor de $16.000.000 al abogado que la asisti\u00f3 en el proceso ejecutivo, desconociendo que ese dinero era el pago de la obligaci\u00f3n adeudada por alimentos a sus hijos y el profesional en derecho obro de mala fe, se apropi\u00f3 del dinero. <\/p>\n
2. Los juzgados demandados hicieron un relato de sus actuaciones y defendieron la respectiva legalidad de las decisiones. La Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policita solicit\u00f3 se niegue el amparo, se\u00f1al\u00f3 que dio respuesta a la petici\u00f3n indicada en el escrito de tutela, tramit\u00f3 las ordenes de retenci\u00f3n y levantamiento de las medidas cautelares oficiadas por el juzgado. <\/p>\n
3. El a quo neg\u00f3 el resguardo por ausencia de los requisitos de procedibilidad como son la inmediatez, subsidiariedad y perjuicio irremediable. <\/p>\n
4. La precursora se alz\u00f3 con reiteraci\u00f3n en sus argumentos iniciales, agreg\u00f3 que la vulneraci\u00f3n de derechos de sus hijos no ces\u00f3 y permanecieron en el tiempo al ser sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional, adem\u00e1s, no le puede atribuir responsabilidad de la omisi\u00f3n del apoderado en no interponer los recursos de ley. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La opugnaci\u00f3n presentada no est\u00e1 llamada a prosperar y, en consecuencia, habr\u00e1 de confirmarse la decisi\u00f3n de primera instancia, toda vez que el ruego superlativo, como lo concluy\u00f3 el Tribunal, no cumple con todos los requisitos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, por ausencia de los denominados inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
La promotora reproch\u00f3 la conciliaci\u00f3n aprobada por el despacho accionado el 3 de agosto de 2021 en el proceso de divorcio (2020-00355), que repercuti\u00f3 en el ejecutivo de alimentos no. 2020-00237, sin que el \u00f3rgano judicial fijara cuota alimentaria a favor de sus descendientes, situaci\u00f3n que consider\u00f3 quebrant\u00f3 sus intereses. De ah\u00ed, solicit\u00f3 la nulidad de lo convenido y consecuentemente promovi\u00f3 diferentes pretensiones, las cuales la Sala abordar\u00e1 de forma independiente cada una: <\/p>\n
<\/p>\n
1. En lo que respecta a la nulidad del acuerdo conciliatorio (3 ago 2021) y el consecuentemente decreto de medidas cautelares y reporte de William Danilo Romero en el Registro de deudores alimentarios morosos (REDAM), advierte la sala de la revisi\u00f3n en conjunto de las diligencias y el escrito de tutela, que la decisi\u00f3n reprochada por la accionante fue emitida el 3 de agosto de 2021, mientras que esta acci\u00f3n de amparo fue radicada el d\u00eda 24 de mayo de 2022, lo cual denota que super\u00f3 el t\u00e9rmino de seis meses que la jurisprudencia constitucional ha establecido como razonable para la interposici\u00f3n de este mecanismo excepcional, situaci\u00f3n que evidencia la ausencia de inmediatez y la improcedencia del amparo. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con este requisito, esta corporaci\u00f3n ha sostenido lo siguiente: <\/p>\n
En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
rad. 03168-00). <\/p>\n
Por lo expuesto, es claro que la oportunidad para hacer uso de este mecanismo ya expir\u00f3. Sobre todo, porque al revisar el escrito de tutela no se logr\u00f3 vislumbrar ning\u00fan motivo que justificara la inactividad de la actora durante los 9 meses en la presentaci\u00f3n de este medio de defensa. As\u00ed, en sentencia CSJ STC283312-2021, se dijo: <\/p>\n
\u201cDe otra parte, tampoco se demostr\u00f3 en esta sede justificaci\u00f3n alguna que permitiera analizar las excepciones al se\u00f1alado principio, pues, si bien es cierto puede flexibilizarse a partir de la explicaci\u00f3n de razones suficientes que justifiquen la inactividad para adelantar la acci\u00f3n de tutela, dichas circunstancias no fueron acreditadas. <\/p>\n
Al respecto, cabe precisar que, en repetidas oportunidades, la Corte Constitucional se ha pronunciado sobre el particular, en las providencias SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: \u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, en cuanto al principio de subsidiariedad, identificado como presupuesto necesario para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra decisiones judiciales, resulta conveniente se\u00f1alar que las presuntas irregularidades cometidas por las autoridades judiciales deben ser previamente alegadas o puestas en conocimiento al juez natural de manera que se garantice que el interesado haya hecho uso de los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios que, en forma predominante, han sido establecidos como id\u00f3neos para cada caso, as\u00ed como la autoridad judicial efectu\u00e9 control de lo reprochado. Situaci\u00f3n que la impugnante desconoci\u00f3 realizar previ\u00f3 acudir al presente amparo. <\/p>\n
2. Ahora, en relaci\u00f3n con la pretensi\u00f3n del auxilio otorgado a favor de William Danilo Romero por la Caja Promotora de Vivienda Militar y Polic\u00eda para pagar la obligaci\u00f3n del cr\u00e9dito hipotecario al banco Caja Social, la entidad inform\u00f3 que el beneficiario al cumplir con los requisitos para el desembolso hizo efectivo el 4 de febrero de 2019 el valor concedi\u00f3, fecha en la que no hab\u00eda orden de embargo o proceso en curso, a su vez, revisada la respuesta ofrecida por la caja de honor a la accionante de los derechos de petici\u00f3n radicados (19 ene. y 3 feb. 2022), se observa que la entidad se pronunci\u00f3 sobre cada uno de los puntos censurados, por lo que no se evidencia quebrantamiento de derechos fundamentales. En suma, la impulsora no elev\u00f3 solicitud a esa autoridad de lo que aqu\u00ed anhela, lo que se deriva el fracaso de la salvaguarda ante ese particular. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Frente a la solicitud de suspensi\u00f3n del proceso ejecutivo hipotecario, el caso podr\u00eda derivar en la denegaci\u00f3n del resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa, como quiera que se podr\u00eda pensar que la accionante y sus hijos no tienen la calidad de parte o intervinientes dentro del proceso acusado, lo que, en principio, conllevar\u00eda a entender que los derechos ventilados en ese litigio pertenecen \u00fanicamente a quienes all\u00ed figuran como litigantes. <\/p>\n
No obstante, en el pasado esta Sala se ha pronunciado sobre casos en los que, a ciertas personas que no figuran como parte en un juicio, les puede asistir inter\u00e9s de intervenir en \u00e9l a fin de criticar las actuaciones que all\u00ed se desplieguen. En tal sentido, al hacer referencia a la figura descrita en el canon 69 del C\u00f3digo General del Proceso que habilita la intervenci\u00f3n de partes transitorias, esta colegiatura precis\u00f3 que: <\/p>\n
(\u2026) existen sujetos de especial protecci\u00f3n que, aunque no hubieran sido convocados al tr\u00e1mite coercitivo o, en principio, no puedan participar en \u00e9l, s\u00ed tienen un inter\u00e9s transitorio en las consecuencias derivadas de la ejecuci\u00f3n de las cautelas, por lo que es innegable que en casos como el presente deba (\u2026) permit\u00edrsele su participaci\u00f3n en la discusi\u00f3n sobre la debida extensi\u00f3n de estas. Lo anterior se ejemplifica con la situaci\u00f3n descrita por la aqu\u00ed accionante, quien a pesar de no ser acreedora o deudora en el proceso ejecutivo de alimentos (\u2026), el embargo all\u00ed ordenado ha impedido que pueda recibir los alimentos (\u2026) (STC5006-2021) <\/p>\n
Conforme a lo anterior, en el caso objeto de revisi\u00f3n resulta ostensible que, si bien la accionante y sus hijos no son parte en el ejecutivo criticado, lo cierto es que las decisiones que all\u00ed se adopten pueden tener impacto directo en el porcentaje que ostenta el ejecutado sobre el bien que convino transferir a sus descendientes y, por ende, en los intereses de los mismos. <\/p>\n
De ah\u00ed, es evidente el inter\u00e9s que le asiste a la impulsora en representaci\u00f3n de sus descendientes acudir al coactivo a exponer las situaciones que considera lesivas de las prerrogativas de los alimentarios en comento, para solicitar la suspensi\u00f3n del proceso, que persigue de manera directa por esta senda. <\/p>\n
En suma, como quiera que la censora, en nombre de sus hijos, est\u00e1 legitimada para acudir al coactivo criticado pedir la suspensi\u00f3n y dado que el expediente no revela que tal actuaci\u00f3n se haya intentado, no queda alternativa distinta a la de declarar la improcedencia del resguardo por ausencia de subsidiariedad. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Finalmente, en torno a la s\u00faplica de compulsar copias contra el funcionario y empleados del despacho accionado, no es este el mecanismo judicial id\u00f3neo para ello, por lo que la querellante tiene a disposici\u00f3n acudir en queja ante la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial para que esa instituci\u00f3n revise y decida lo suplicado o en su defecto promueva denuncia penal ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, comoquiera que la accionante super\u00f3 el t\u00e9rmino razonable con el que contaba para promover la acci\u00f3n de tutela y no se acredit\u00f3 el quebrantamiento de los derechos que aqu\u00ed se suplican, la Sala ratificar\u00e1 el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: CONFIRMAR el pronunciamiento de naturaleza, procedencia y fecha conocidas. Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
Ausencia justificada <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC9720-2022 F OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC9720-2022 Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2022-00219-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). ANOTACI\u00d3N PRELIMINAR De conformidad con el Acuerdo n\u00b0 034 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65610","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65610","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65610"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65610\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65610"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65610"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65610"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}