STC9722-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9722-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00ba 11001-22-03-000-2022-01298-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 el 30 de junio de 2022 dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ang\u00e9lica Cecilia Hamburger Sotelo contra la Superintendencia de Sociedades y Mercader\u00eda S.A.S., en Liquidaci\u00f3n y Dar\u00edo Laguado Monsalve, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial radicado n\u00ba 86143. <\/p>\n
1. La solicitante, obrando en su propio nombre, invoca la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al m\u00ednimo vital en conexidad con el derecho a la familia, seguridad social y habeas data, presuntamente vulnerados por las convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, tiene vinculaci\u00f3n laboral con Mercader\u00eda S.A.S. (Justo & Bueno) como empleada de tienda, desde el 16 de mayo de 2016 con contrato a t\u00e9rmino indefinido. <\/p>\n
Expuso que, desde el mes de febrero de 2022 su empleadora le ha dejado de cancelar su salario y prestaciones sociales, lo que le ha impedido asumir sus obligaciones y necesidades b\u00e1sicas, adem\u00e1s, dicha situaci\u00f3n le ha generado una afectaci\u00f3n en su salud al ser diagnosticada \u00abcon depresi\u00f3n y ansiedad\u00bb. Agreg\u00f3 que, de sus propios recursos ha debido suplir todo lo relacionado con la dotaci\u00f3n para continuar desempe\u00f1ando su labor y, una entidad bancaria, inici\u00f3 en su contra proceso ejecutivo cobr\u00e1ndole un cr\u00e9dito que dej\u00f3 pagar. <\/p>\n
Sostuvo que, goza de \u00abestabilidad laboral reforzada\u00bb en raz\u00f3n de las enfermedades que actualmente padece, \u00abtodas de origen laboral (sic) s\u00edndrome del t\u00fanel del carpio, tensi\u00f3n elevada, escoliosis de v\u00e9rtice izquierdo tor\u00e1cica y lumbar [\u2026] trastorno de ansiedad y depresi\u00f3n (\u2026) \u00bb, adquiridas desde el a\u00f1o 2020; adem\u00e1s, su empleadora se encuentra en mora con los pagos a la seguridad social desde abril, por lo que \u00abse ha visto seriamente afectada porque [\u2026] necesito continuar con las citas m\u00e9dicas donde los especialistas, ya que estoy en proceso de ser calificada laboralmente para que la EPS, ARL y la Junta Regional expidan un dictamen indicando si mi enfermedad es de origen laboral o com\u00fan y si mi incapacidad laboral es temporal o permanente\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que su empleadora, Mercader\u00eda S.A.S., se encuentra en proceso de liquidaci\u00f3n judicial ante la Superintendencia de Sociedades \u2013 expediente 86143 \u2013, de cuyo inicio no fue debidamente notificada. Respecto de dicho asunto judicial, cuestion\u00f3 que su empleadora contin\u00faa sin atender las obligaciones prioritarias \u00abcomo el pago de la seguridad social, ni ha prevalecido la situaci\u00f3n de los trabajadores con estabilidad laboral reforzada\u00bb, as\u00ed mismo, se mostr\u00f3 en desacuerdo con algunas propuestas de la empresa, como la de \u00abcapitalizar el salario y prestaciones sociales de los trabajadores a 5 a\u00f1os para recibir r\u00e9ditos (\u2026)\u00bb entre otras, y estrategias de compensaci\u00f3n como, que el d\u00eda de trabajo se continuar\u00eda pagando de forma diaria, dependiendo de las ventas, propuestas que, \u00abmenguan, atropellan [\u2026] el m\u00ednimo vital, seguridad social, [y] nuestra dignidad\u00bb. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que, present\u00f3 al liquidador designado \u2013 Dar\u00edo Laguado Monsalve \u2013 los valores totales que le adeudan por concepto de acreencias laborales con copia a la Superintendencia, entidad que contest\u00f3 el 13 de junio de 2022, \u00abquedando dicha solicitud bajo el radicado n\u00ba 2022-01-527151\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pidi\u00f3 que se ordene a la Superintendencia accionada \u00ab(i) dar prelaci\u00f3n o preferencia a su cr\u00e9dito, en la calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos dentro del proceso de liquidaci\u00f3n; (ii) a la empresa demandada, pagar lo adeudado por concepto de salarios y prestaciones sociales de los meses de febrero a junio de 2022, cancelar la seguridad social y ARL que est\u00e1 en mora desde marzo de 2022, reconocer y pagar lo que invirti\u00f3 en dotaci\u00f3n [\u2026]; (iii) requerir a la empresa y al liquidador para que verifiquen si la notificaci\u00f3n de los acreedores cumple los requisitos del numeral 5\u00ba del art\u00edculo 58 de la ley 1116 de 2006\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS. <\/p>\n
1. El Superintendente Delegado de Procedimientos de Insolvencia de la Superintendencia de Sociedades, hizo un recuento de lo acontecido en el proceso de reorganizaci\u00f3n y de liquidaci\u00f3n de Mercader\u00eda S.A.S., resaltando que, el 12 de mayo de 2022 se dio apertura a la liquidaci\u00f3n judicial, sin embargo, fue decretada la suspensi\u00f3n de la misma atendiendo la solicitud de algunos acreedores y lo dispuesto en el decreto 560 de 2020 \u00aben punto al uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidaci\u00f3n inminente [\u2026] hasta tanto se resuelva la aprobaci\u00f3n o no de tal operaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. Dar\u00edo Laguado Monsalve, liquidador, inform\u00f3 que se han presentado diversas dificultades para cumplir las obligaciones de la empresa en liquidaci\u00f3n, como la existencia de medidas cautelares sobre bienes de la misma que a\u00fan no se han levantado. En cuanto a las quejas puntuales de la actora, refiri\u00f3 que \u00abla reclamaci\u00f3n de salarios y prestaciones sociales, debe hacerse conforme las reglas del proceso liquidatorio, como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 50 de la ley 1116 de 2006 para garantizar los derechos de todos los trabajadores y personas que se encuentran en situaciones similares\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, de acuerdo a la consulta en el sistema ADRES, la accionante cuenta con cotizaci\u00f3n a salud hasta mayo de 2022, \u00ablo que permite evidenciar que no se encuentra en mora en lo que refiere a los pagos de seguridad social y por ende cuenta con el acceso a los servicios de salud (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL <\/p>\n
Declar\u00f3 improcedente la salvaguarda al advertirla prematura, comoquiera que, las reclamaciones expuestas por la querellante deben plantearse en el proceso de liquidaci\u00f3n en cuesti\u00f3n, pues, \u00ab(\u2026) de los informes rendidos por la superintendencia y el liquidador accionados, e incluso de la demanda de tutela, se infiere que la accionante no ha alegado en el proceso debatido, lo que aqu\u00ed adujo, y que los tr\u00e1mites deben sujetarse a la ley de insolvencia, situaci\u00f3n que deja ver que se apresur\u00f3 a formular la queja constitucional, por no acreditar que hubiese empleado los medios de defensa en el interior del proceso\u00bb. As\u00ed mismo, indic\u00f3 que la actora no prob\u00f3 la vulneraci\u00f3n de su derecho a la salud. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 la quejosa reiterando los cuestionamientos plasmados en el escrito inicial; adem\u00e1s, refut\u00f3 la postura del tribunal a quo, pues ya present\u00f3 \u00abmi solicitud de cobro de mis acreencias laborales ante la empresa y ante la Superintendencia de Sociedades [\u2026] y aun as\u00ed, no se me ha indemnizado\u00bb. Por otro lado, manifest\u00f3 que no es cierto que no haya demostrado que se derecho a la seguridad social est\u00e1 siendo vulnerado, pues \u00ab(\u2026) precisamente esta semana el d\u00eda 6 de Julio de 2022 me llego un correo electr\u00f3nico de Sura inform\u00e1ndome que mi empleador est\u00e1 en mora, situaci\u00f3n en la cual proced\u00ed a informarle a mi empleador de esta nueva inconsistencia y me responde la Gerente de Talento Humano [\u2026] que efectivamente el \u00faltimo pago se realiz\u00f3 en el mes de abril de 2022 y que por favor le informe si presento alguna urgencia o presento problemas en la atenci\u00f3n m\u00e9dica. Denotando efectivamente que Mercader\u00eda SAS, si est\u00e1 en mora en el pago de mi seguridad social (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
2. De la subsidiariedad. <\/p>\n
Jurisprudencialmente se tiene decantado que este instrumento excepcional, dada su naturaleza eminentemente subsidiaria y residual, no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
De conformidad con los antecedentes y anexos aportados a estas diligencias, as\u00ed como de las intervenciones de los accionados, se tiene que la causa judicial recriminada, esto es, el proceso de liquidaci\u00f3n judicial obligatoria en el que se encuentra la sociedad con la que tuvo v\u00ednculo la aqu\u00ed querellante, est\u00e1 cursando en la Superintendencia de Sociedades y actualmente, en aplicaci\u00f3n de lo previsto en el art\u00edculo 6\u00ba del decreto 560 de 20201, en consideraci\u00f3n de las propuestas realizadas por cuenta de un grupo de acreedores, se decret\u00f3 la suspensi\u00f3n del procedimiento a fin de procurar la conservaci\u00f3n de la unidad productiva y la salvaci\u00f3n econ\u00f3mica de la empresa. <\/p>\n
Entonces, comoquiera que la actora hace parte de dicho proceso en calidad de acreedora de la concursada, concierne que ejerza en ese escenario las prerrogativas que como tal considera le corresponden frente aqu\u00e9lla. <\/p>\n
Adem\u00e1s, como la fase en la que transcurre el tr\u00e1mite implicar\u00e1 entre otras actuaciones, a cargo del liquidador, \u00abla presentaci\u00f3n de gastos, la actualizaci\u00f3n de inventario de activos, la determinaci\u00f3n de los acreedores con vocaci\u00f3n de pago\u00bb y, por cuenta de la Superintendencia, resolver sobre la continuaci\u00f3n de la operaci\u00f3n, asimismo, de acuerdo al inciso 6\u00ba del canon precitado, verificar que la oferta econ\u00f3mica de recuperaci\u00f3n de la intervenida abarque \u00ab(\u2026) como m\u00ednimo, al valor a pagar por la totalidad de los cr\u00e9ditos de la primera clase, las indemnizaciones laborales por terminaci\u00f3n anticipada sin justa causa, la normalizaci\u00f3n de los pasivos pensi\u00f3nales, los gastos de administraci\u00f3n de la reorganizaci\u00f3n, los cr\u00e9ditos a favor de los acreedores garantizados y los dem\u00e1s cr\u00e9ditos con vocaci\u00f3n de pago, de conformidad con el inventario de activos\u00bb, por lo que las reclamaciones de la actora (adosadas al proceso el 13 de junio de 2022) ser\u00e1n objeto puntual de resoluci\u00f3n en dicha etapa por el ente de control accionado, circunstancia que por dem\u00e1s, convierte en prematura la salvaguarda. <\/p>\n
Y, en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n de su derecho a la salud, seg\u00fan lo aleg\u00f3 la accionante, y m\u00e1s all\u00e1 de no haber acreditado la desprotecci\u00f3n en torno a esa espec\u00edfica prerrogativa (ya que no inform\u00f3 que le hubieran negado la atenci\u00f3n en salud hasta el momento de formulaci\u00f3n del presente amparo) como lo advirti\u00f3 el tribunal a quo, en caso de verse afectada en la prestaci\u00f3n del servicio por parte de su EPS, y si ello obedeciere a una eventual mora en el pago de los aportes, deber\u00e1 exponer dicha problem\u00e1tica al liquidador designado. <\/p>\n
Es por lo anterior que, al juez de tutela le queda vedado intervenir, pues lo demandado por la accionante son aspectos que incumbe dirimir al funcionario y la autoridad competente, de ah\u00ed la improcedencia de esta acci\u00f3n dado su eminente car\u00e1cter residual, de conformidad con lo contemplado en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
En un caso de contornos similares, la Sala tuvo la oportunidad de se\u00f1alar: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si la peticionaria consider\u00f3 que dicha intervenci\u00f3n le vulner\u00f3 o amenaz\u00f3 un derecho fundamental, en su condici\u00f3n de proveedora de las sociedades intervenidas\u2026le otorga la posibilidad de reclamar sus acreencias civiles en el proceso de liquidaci\u00f3n judicial regulado en la Ley 1116 de 2006, ante la Superintendencia de Sociedades, una vez terminada la toma de posesi\u00f3n para devoluci\u00f3n (\u2026) y el art\u00edculo 7\u00b0 del (\u2026) Decreto 4334 la legitimaba para pedir en esta fase de la intervenci\u00f3n, la devoluci\u00f3n de sus bienes, demostrando que no estaban vinculados a la actividad captadora no autorizada\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, la responsabilidad estatal, derivada del ejercicio de la funci\u00f3n administrativa o jurisdiccional de la Superintendencia de Sociedades, es susceptible de ser demandada por la v\u00eda ordinaria ante la jurisdicci\u00f3n competente, de tal manera que la acci\u00f3n de tutela, por su car\u00e1cter residual, no es la v\u00eda adecuada para finiquitar los reclamos formulados por la peticionaria\u00bb (CSJ. Sentencia de 24 jun. 2009, exp. 2009-00054-01, reiterada en STC14038-2017, 8 sep. 2017, rad. 2017-01865-01) (Negrillas fuera de texto). <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, en cuanto a la condici\u00f3n de prematuras de algunas acciones de tutela, ha sentado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial u debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (ver entre otras STC6172-2015, 21 may. 2015, 2015-00163-01 y STC7886-2016, 16 jun 2016, 2016-01544-00). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, acudir al auxilio constitucional resulta inviable mientras el juicio liquidatorio se encuentre surti\u00e9ndose, pues es all\u00ed donde habr\u00e1 de definirse lo pertinente frente a sus acreencias, ya que, se reitera, la tutela no puede reemplazar los senderos legales establecidos, ni convertirse en una instancia alterna o adicional a la ordinaria y menos si \u00e9sta no ha sido agotada. <\/p>\n
4. La tutela como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n. <\/p>\n
Finalmente, y toda vez que del escrito de tutela se desprende la alegaci\u00f3n del perjuicio irremediable, efectuado el an\u00e1lisis integral del caso, a pesar de arg\u00fcirse tal situaci\u00f3n, no se encontr\u00f3 su demostraci\u00f3n, es decir, la \u00abgravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 2011-00194-01, y STC16703-2016, 17 nov. 2016, rad. 00118-01) aunado a que cuando la actuaci\u00f3n criticada se subordina al ejercicio de otro medio de defensa judicial, esta acci\u00f3n \u00abno podr\u00eda hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protecci\u00f3n\u00bb (CC T-480\/11). <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Consecuencia de lo analizado en precedencia, es la ratificaci\u00f3n del fallo de primer grado porque: <\/p>\n
Deviene improcedente el auxilio por encontrarse el proceso de liquidaci\u00f3n judicial de la sociedad \u00abMercader\u00eda S.A.S.\u00bb en curso, por tanto, mientras ello sea as\u00ed, las cuestiones relacionadas con las acreencias laborales que se reclaman respecto de aqu\u00e9lla corresponde definirlas al juez concursal en la instancia pertinente, lo que impide la injerencia de esta particular justicia dado su estricto car\u00e1cter subsidiario y residual. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 \u00abART\u00cdCULO 6. SALVAMENTO DE EMPRESAS EN ESTADO DE LIQUIDACI\u00d3N INMINENTE. <Rige hasta el 31 de diciembre de 2022> Con el prop\u00f3sito de rescatar la empresa y conservar la unidad productiva, cualquier acreedor podr\u00e1 evitar la liquidaci\u00f3n judicial de un deudor afectado por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica de que trata el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, manifestando su inter\u00e9s en aportar nuevo capital, en los t\u00e9rminos que se indican a continuaci\u00f3n, siempre y cuando se evidencie con la informaci\u00f3n que reposa en el expediente que el patrimonio de la concursada es negativo. El inter\u00e9s se deber\u00e1 manifestar una vez proferido el auto que declara la terminaci\u00f3n del proceso de reorganizaci\u00f3n y ordena el inicio del proceso de liquidaci\u00f3n, en el t\u00e9rmino para presentar recursos durante la audiencia o durante la ejecutoria del auto escrito que decreta la liquidaci\u00f3n por no presentaci\u00f3n del acuerdo de reorganizaci\u00f3n. <\/p>\n
Presentada la manifestaci\u00f3n de inter\u00e9s, el juez del concurso mantendr\u00e1 el nombramiento del liquidador, pero suspender\u00e1 otros efectos de la liquidaci\u00f3n judicial, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
El liquidador deber\u00e1 presentar un estimado de los gastos de liquidaci\u00f3n y la actualizaci\u00f3n del inventario de activos, dentro del mes siguiente a la orden del juez del concurso, a fin de verificar que el patrimonio neto de liquidaci\u00f3n es negativo y determinar los acreedores con vocaci\u00f3n de pago. Posteriormente, se correr\u00e1 traslado por diez (10) d\u00edas del inventario activos actualizado y de la estimaci\u00f3n de gastos de la liquidaci\u00f3n, y por tres (3) d\u00edas de las objeciones presentadas. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, se reanudar\u00e1 la audiencia para resolver sobre la operaci\u00f3n. En el evento de existir objeciones, se resolver\u00e1n previamente a continuar con el estudio de la operaci\u00f3n. Resueltas las objeciones, el Juez del Concurso instar\u00e1 al interesado o interesados a que presenten su oferta (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
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