STC9725-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9725-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01006-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 26 de mayo1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Juan Carlos Rivas Herrera contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga y el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados el Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de aquel distrito judicial y las partes e intervinientes en el proceso 2009-00043. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n recopilados se puede extractar que contra el actor se adelant\u00f3 un proceso penal por el delito de \u00abacceso carnal violento\u00bb, dentro del cual, el Juzgado Octavo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga, con sentencia de 26 de octubre de 2018, lo conden\u00f3 a 12 a\u00f1os y 6 meses de prisi\u00f3n e inhabilitaci\u00f3n de derechos y funciones p\u00fablicas, neg\u00e1ndole los subrogados de la condena de ejecuci\u00f3n condicional y la prisi\u00f3n domiciliaria. <\/p>\n
Dicha determinaci\u00f3n fue apelada por el condenado y confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante fallo de 26 de febrero de 2021 (le\u00eddo el 2 de marzo siguiente), alcanzando firmeza toda vez que en su contra no se formul\u00f3 el recurso extraordinario. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n fue remitida el 30 de septiembre del mismo a\u00f1o a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad, correspondiendo su conocimiento al despacho quinto de dicha especialidad, a cuya disposici\u00f3n se encuentra actualmente el gestor, recluido en la C\u00e1rcel y Penitenciar\u00eda de Mediana Seguridad de Bucaramanga. <\/p>\n
3. Para el actor, las autoridades judiciales falladoras profirieron fallo en su contra sin haber alcanzado el est\u00e1ndar de convicci\u00f3n requerido para condenar, habida cuenta que valoraron de forma equivocada el material probatorio recopilado, siendo inducidas a error por la v\u00edctima y \u00abEdinson Albarracin \u2013 quien es consangu\u00edneo de mi c\u00f3nyuge actual \u2013 (verdadero y \u00fanico autor del delito por el que [se] hall[a] sentenciado [sic]\u00bb, por ello solicita \u00abse decrete la nulidad o inexistencia de la sentencia de condena proferida\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LAS AUTORIDADES ACCIONADAS <\/p>\n
Y DE LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Octavo Penal del Circuito de Bucaramanga, luego de hacer un breve recuento de las principales actuaciones surtidas, solicit\u00f3 \u00abse declare la improcedencia de la presente acci\u00f3n en lo que respecta a es[e] despacho\u2026\u00bb pues \u00abno advierte\u2026 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales\u2026 en la medida que los hechos de trato se relacionan con el tr\u00e1mite del proceso y la decisi\u00f3n proferida en primera instancia y confirmada en sede de alzada [sic]\u00bb. <\/p>\n
2. Por su parte, la secretar\u00eda del Centro de Servicios para el Sistema Penal Acusatorio de aquella poblaci\u00f3n se limit\u00f3 a informar que, una vez remitida la actuaci\u00f3n relativa a la sanci\u00f3n irrogada a Rivas Herrera a los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas y medidas de seguridad de ese distrito judicial, se procedi\u00f3 a su reparto correspondiendo el conocimiento al despacho quinto de dicha especialidad. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal declar\u00f3 improcedente el amparo por desatender los presupuestos de la subsidiariedad y la inmediatez. <\/p>\n
Frente al primero, advirti\u00f3 que \u00abel accionante cont\u00f3, en el proceso ordinario, con el mecanismo id\u00f3neo de defensa para resolver el asunto que pretende dilucidar por v\u00eda de tutela, esto es, el recurso de casaci\u00f3n\u00bb; sin embargo, no acudi\u00f3 a dicho medio de impugnaci\u00f3n extraordinaria, con lo que mostr\u00f3 su conformidad con lo decidido. <\/p>\n
Con relaci\u00f3n al requisito de la tempestividad, record\u00f3 que, aun cuando la herramienta constitucional no tiene \u00abun t\u00e9rmino de caducidad\u2026 lo cierto es que\u2026 debe ser utilizada oportuna, razonable, prudencial y adecuadamente, en el sentido que, una vez amenazado o vulnerado el derecho, el ofendido lo exponga y manifieste al juez constitucional en forma inmediata o r\u00e1pidamente\u00bb, circunstancia que no acontece en el presente caso dado que la solicitud de protecci\u00f3n fue formulada \u00abtranscurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o\u00bb luego de haberse proferido la sentencia de segunda instancia, sin que existan razones que justifiquen ese actuar tard\u00edo. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor impugn\u00f3 la anterior determinaci\u00f3n insistiendo que fue \u00abcondenado injustamente y como reo ausente\u00bb y que el proceso \u00abha sido llevado de forma arbitraria, abusiva e indebidamente\u00bb pues no cont\u00f3 con una \u00abdefensa t\u00e9cnica adecuada\u00bb siendo ese el motivo por el cual no acudi\u00f3 al recurso extraordinario, dado que el profesional del derecho que lo represent\u00f3 nunca le inform\u00f3 con total claridad el estado de la actuaci\u00f3n. <\/p>\n
Reitera que nunca ejecut\u00f3 la conducta por la que fue sancionado y que \u00abel verdadero culpable sigue libre y cometiendo actos criminales\u00bb. <\/p>\n
Frente a la no utilizaci\u00f3n de los instrumentos al interior de la actuaci\u00f3n ordinaria afirma carecer de recursos econ\u00f3micos para acudir a ellos, al tiempo que descarta la acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n en tanto \u00abresulta un poco demorado el tr\u00e1mite\u00bb de cara a la protecci\u00f3n inmediata que busca obtener ya que se encuentra privado de la libertad \u00absiendo\u2026 inocente\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte dilucidar si las autoridades convocadas vulneraron las garant\u00edas fundamentales denunciadas por Juan Carlos Rivas Herrera, dentro del asunto penal seguido en su contra, al condenarlo como autor responsable de los delitos de \u00abacceso carnal violento\u00bb y \u00ablesiones personales\u00bb, supuestamente, sin alcanzar el est\u00e1ndar de convicci\u00f3n requerido, pues valoraron inadecuadamente las pruebas practicadas y fueron inducidos a error por la v\u00edctima y el \u00abverdadero y \u00fanico autor del delito por el que [se] hall[a] sentenciado [sic]. <\/p>\n
2. De la tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que \u00e9sta acci\u00f3n no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Magna, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n de esta justicia con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
3. Del caso concreto <\/p>\n
3.1. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye, en consonancia con la Sala a quo, que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la sentencia de segundo grado, emanada de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, data del 26 de febrero de 2021, siendo le\u00edda en audiencia de 2 de marzo siguiente, en tanto que la presente tutela fue radicada el 13 de mayo de 2022, de acuerdo con el reporte de recepci\u00f3n por correo electr\u00f3nico anexo en formato digital, es decir, superado ampliamente el semestre establecido jurisprudencialmente como razonable para acudir al resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el presuntamente afectado debi\u00f3 utilizar oportunamente esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a sentencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
Efectivamente, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una providencia judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo prudencial fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no. <\/p>\n
Sin embargo, las alegaciones del actor, dirigidas a justificar su inactividad por tan prolongado tiempo, no tienen la entidad suficiente para permitir al juez constitucional atemperar la rigurosidad con la que debe valorarse el requisito en comento, en tanto resulta inadmisible que aquel pretenda sacar provecho de su desconexi\u00f3n con el proceso, pues siendo conocedor de la existencia del mismo, le correspond\u00eda permanecer vigilante para as\u00ed evitar, precisamente, el resultado que hoy considera lesivo de sus intereses y no acudir a este remedio excepcional despu\u00e9s de un a\u00f1o de haberse proferido el fallo de segundo grado cuestionado, con el \u00fanico fin de tratar de reabrir un debate legalmente concluido. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
3.2. De la subsidiariedad <\/p>\n
Ahora bien, aun cuando el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda ser\u00eda criterio suficiente para respaldar la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, debe la Sala resaltar que tambi\u00e9n se observa incumplido el criterio que a continuaci\u00f3n se expone. <\/p>\n
Como se tiene establecido jurisprudencialmente, la procedencia del resguardo constitucional se encuentra supeditada al agotamiento previo de todos los instrumentos de defensa puestos a disposici\u00f3n del interesado, dado el car\u00e1cter eminentemente residual de esta acci\u00f3n, pues de otra manera se convertir\u00eda en un mecanismo para revivir oportunidades clausuradas o para trasladar a este escenario discusiones propias de la actuaci\u00f3n ordinaria, lo cual terminar\u00eda cercenando los principios que gobiernan esta herramienta iusfundamental. <\/p>\n
En lo relativo a ese tema, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [S]i [se] incurri\u00f3 en pigricia y [se] desperdici[aron] las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 6 de julio de 2010, Rad. 00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, Rad. 2010-000380-01.) <\/p>\n
\u00ab[N]o basta, entonces, que la determinaci\u00f3n adoptada por el operador jur\u00eddico, sea arbitraria o afecte de manera grave los derechos fundamentales del accionante, sino que tambi\u00e9n es necesario establecer si la presunta afectaci\u00f3n puede ser superada por los medios ordinarios de defensa instituidos para el efecto, pues si \u00e9stos no se utilizaron por descuido, incuria o ligereza del supuesto afectado, la tutela deviene improcedente. La finalidad tutelar, naturaleza subsidiaria y residual comporta su impertinencia cuando no se agotan en forma oportuna y diligente los recursos instituidos en el ordenamiento jur\u00eddico al tenor de lo establecido en el inciso 3 del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6 del Decreto 2591 de 1991\u00bb (ver entre otras STC5331-2014; STC5341-2014; STC6001-2014) Resalta la Sala. <\/p>\n
Como se advirti\u00f3, el actor acude a esta especial herramienta en procura de obtener la protecci\u00f3n de su derecho al debido proceso que considera vulnerado por el Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
No obstante, en el caso que se revisa, advierte la Corte que la solicitud de amparo no atiende el mentado requisito de la subsidiariedad, pues el promotor, en el asunto objeto del reproche constitucional, tuvo a su alcance el medio de defensa judicial id\u00f3neo para plantear el debate que expone por esta v\u00eda excepcional, pero lo desaprovech\u00f3; asimismo, subsisten instrumentos id\u00f3neos de los que puede hacer uso para cuestionar la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad con que se encuentran revestidos los fallos proferidos en su contra. <\/p>\n
En efecto, de conformidad con la informaci\u00f3n extra\u00edda de los medios de convicci\u00f3n allegados a la presente actuaci\u00f3n, Rivas Herrera no acudi\u00f3 al recurso extraordinario de casaci\u00f3n, escenario propicio para que este Tribunal de Casaci\u00f3n, a trav\u00e9s de la Sala Especializada y en ejercicio de las facultades que le otorga el ordenamiento jur\u00eddico, examinara la presunta afectaci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales que hoy alega por esta v\u00eda subsidiaria, con lo que se mostr\u00f3 de acuerdo con lo decidido por las instancias ordinarias, permitiendo con ello que la condena impuesta, alcanzara firmeza. <\/p>\n
Entonces, la decisi\u00f3n de la Colegiatura a quo, de no acceder al amparo reclamado, result\u00f3 acertada pues la tutela no es remedio de \u00faltimo momento para rescatar posibilidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos, lo que significa que, cuando le es atribuible al interesado la omisi\u00f3n queda inevitablemente vinculado a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, en tanto el resultado ser\u00eda el fruto de su propia incuria, como enf\u00e1ticamente lo ha precisado esta Sala: <\/p>\n
\u00absi las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas (\u2026)\u00bb (CSJ, SC, 26 en. 2011, rad. 00027-01, reiterada entre muchas otras en, STC7002-2015, 4 jun. rad 00076-01, STC11348-2015, 27 ag. rad. 00156-01 y STC11856-2015, 4 sep. rad. 00162-01). <\/p>\n
Asimismo, se advierte que el actor cuenta con la herramienta consagrada en el art\u00edculo 192 del Estatuto Procedimental Penal pues, al amparo de la causal primera de dicha disposici\u00f3n, puede acudir a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para buscar la remoci\u00f3n de los efectos de la cosa juzgada declarada en los fallos ordinarios por cuanto, seg\u00fan asegura, la conducta punible por la que se profiri\u00f3 condena fue cometida por una persona extra\u00f1a a \u00e9l; de manera que tal debate resulta ajeno al resguardo supralegal pues este no fue establecido para desplazar los instrumentos creados por el legislador y mucho menos para arrogarse la competencia asignada a otros funcionarios judiciales. <\/p>\n
Conforme con lo anterior, la no utilizaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n y la existencia de la acci\u00f3n de revisi\u00f3n refuerza la inviabilidad del presente resguardo, por virtud del car\u00e1cter residual y subsidiario que le es inherente en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 6\u00ba, numeral 1 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
4.1. El accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, as\u00ed mismo no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza <\/p>\n
4.2. El resguardo desatiende el presupuesto de la subsidiariedad en tanto el inconforme no interpuso recurso de casaci\u00f3n y a\u00fan puede acudir, si es su deseo, a la acci\u00f3n de revisi\u00f3n para buscar la remoci\u00f3n de la cosa juzgada declarada en los fallos atacados, dado que el amparo constitucional no se encuentra instituido para revivir oportunidades dejadas de utilizar o para desplazar los instrumentos ordinarios ni arrebatar la competencia atribuida a otros funcionarios judiciales. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo resuelto a las partes y a la Sala a quo, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 La actuaci\u00f3n arrib\u00f3 a esta Sala para desatar la alzada solo hasta el pasado 12 de julio. <\/p>\n
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STC9725-2022 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC9725-2022 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2022-01006-01 (Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1, D. C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[51],"tags":[],"class_list":["post-65615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}