STC9726-2022_1 <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9726-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 05001-22-03-000-2022-00310-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente a la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn el 29 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodr\u00edguez G\u00f3mez S en CS contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en la ejecuci\u00f3n n\u00b0 2016-01018. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por intermedio de apoderado judicial, la sociedad actora reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia \u00absin dilaciones injustificadas\u00bb, presuntamente vulnerados por el convocado. <\/p>\n
2. En s\u00edntesis, expuso que dentro del ejecutivo adelantado por Carlos Alberto Quintero G\u00f3mez contra Hassan Fares Al Amin, donde Rodr\u00edguez G\u00f3mez S en SC funge como cesionario del acreedor (2016-01018), el 18 de mayo de 2021 el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn dio por terminado el proceso, orden\u00f3 la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago suscrita entre las partes respecto del inmueble identificado con matr\u00edcula No. 024-21605, y, dispuso el levantamiento de la medida cautelar que pesa sobre el citado bien. <\/p>\n
Refiere que no obstante lo anterior, a la fecha el operador judicial no \u00abha hecho entrega de los oficios de desembargo que informan a la oficina de instrumentos p\u00fablicos de santa fe de Antoquia la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago y el desembargo del bien\u00bb, situaci\u00f3n que vulnera sus garant\u00edas esenciales. <\/p>\n
3. Pretende, se ordene a la autoridad judicial accionada \u00abproceder con la elaboraci\u00f3n y remisi\u00f3n\u00bb de los respectivos oficios a la Oficina de Registro correspondiente. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn, tras hacer un recuento de las actuaciones desplegadas en el marco de la ejecuci\u00f3n criticada, precis\u00f3 que \u00abel despacho resolvi\u00f3 todas las solicitudes pendientes de resolver mediante auto No. 1146V del 17 de Junio de 2022 en donde se dej\u00f3 en conocimiento de la parte interesada la respuesta de registro y su devoluci\u00f3n y en consecuencia de ello se orden\u00f3 reproducir nuevamente el oficio de desembargo del inmueble con M.I. No. 024-21605, con las correcciones solicitadas\u00bb, raz\u00f3n por la cual, \u00abno han sido vulnerados los derechos fundamentales constitucionales de la parte accionante\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMER GRADO <\/p>\n
La colegiatura a quo neg\u00f3 el auxilio, tras advertir que \u00aben este caso no se da una mora judicial, debido a que, si bien el actor acusa la falta de expedici\u00f3n del oficio de levantamiento de las medidas que pesan sobre el bien objeto del proceso ejecutivo referenciado, el Juez se ha pronunciado y expedido los oficios echados de menos, por lo que no existe la vulneraci\u00f3n aducida\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso la sociedad gestora, destacando que \u00abseguir\u00e1 afectad[a] hasta tanto no quede[n] inscritas las medidas solicitadas y quede el bien inmueble a [su] nombre\u00bb. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que \u00abNo se observ\u00f3 por ninguna parte del tr\u00e1mite la vinculaci\u00f3n de la otra accionada LA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE SANTA FE DE ANTIOQUIA\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el despacho convocado vulner\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por la compa\u00f1\u00eda actora, al no haber emitido los oficios para obtener el desembargo del inmueble con folio de matr\u00edcula No. 024-21605, y la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago respecto del citado bien. <\/p>\n
2. De la mora judicial. <\/p>\n
Sobre esta tem\u00e1tica, de vieja data la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sostenido que: <\/p>\n
\u00abLas dilaciones indebidas en el curso de los diferentes procesos desvirt\u00faan la eficacia de la justicia y quebrantan el deber de diligencia y agilidad que el art\u00edculo 228 impone a los jueces que deben tramitar las peticiones de justicia de las personas dentro de unos plazos razonables. Sopesando factores inherentes a la Administraci\u00f3n de Justicia que exige cierto tiempo para el procesamiento de las peticiones y que est\u00e1n vinculados con un sano criterio de seguridad jur\u00eddica, conjuntamente con otros de orden externo propios del medio y de las condiciones materiales de funcionamiento del respectivo despacho judicial, pueden determinarse retrasos no justificados que, por apartarse del rendimiento medio de los funcionarios judiciales, violan el correlativo derecho fundamental de las personas a tener un proceso \u00e1gil y sin retrasos indebidos. El derecho fundamental de acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia impone a los jueces el deber de actuar como celosos guardianes de la igualdad sustancial de las partes vinculadas al proceso\u00bb (CC T-006\/92). <\/p>\n
Por su parte, sobre el incumplimiento del juez en su deber de proferir oportunamente las providencias a su cargo, la jurisprudencia de esta Sala ha dicho y reiterado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que, trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. [Cuando], sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales (\u2026)\u00bb (CSJ STC, 15 feb. 1995, exp. 1937, citada entre otras en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 00324-01). <\/p>\n
3. Del caso concreto. <\/p>\n
3.1. De la ausencia de vulneraci\u00f3n. <\/p>\n
Este impedimento de procedibilidad surge en la medida en que, la actividad jurisdiccional que la quejosa echa de menos para hacer efectiva la inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n de pago celebrada entre las partes procesales respecto del inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 024-21605, y, el levantamiento de la cautela que pesa sobre el mismo, seg\u00fan da cuenta el expediente digital remitido por la autoridad criticada, ha sido desplegada desde el momento mismo en que as\u00ed se dispuso. <\/p>\n
En efecto, la foliatura muestra que una vez el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn por auto del 18 de mayo de 2021 resolvi\u00f3, como consecuencia de terminar el litigio instaurado entre el cesionario Rodr\u00edguez G\u00f3mez S en CS y Hassan Fares Al Min, \u00abOrdenar el levantamiento del embargo que pesa sobre el inmueble identificado con la matr\u00edcula No. 024-21605 y se inscriba la daci\u00f3n de pago a nombre del cesionario\u00bb, el 13 de julio siguiente la Oficina de Apoyo de los Juzgados Civiles del Circuito Especializado de Sentencias de esa ciudad, en cumplimiento a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura de Antioquia que le asign\u00f3 el asunto de la referencia, expidi\u00f3 el oficio No. 1169V dirigido a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Fe de Antioquia, para dar cumplimiento de lo dispuesto en el citado prove\u00eddo, oficio que fue enviado electr\u00f3nicamente en esa misma data al remitente1, con copia al apoderado judicial de la sociedad aqu\u00ed interesada2. <\/p>\n
El 14 de octubre de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado de Ejecuci\u00f3n del conocimiento remiti\u00f3 a la Oficina de Apoyo Judicial copia del \u00aboficio S-H No 208 de fecha 04 de agosto de 2021 de cancelaci\u00f3n de embargo, radicado en esta oficina bajo el n\u00famero 2021-024-06-1478, sin registrar las causales a la negativa de registro son expuestas en la nota devolutiva adjunta\u00bb, situaci\u00f3n que fue de pleno conocimiento de la parte inconforme, pues su abogado en escrito del d\u00eda 26 del mismo mes y a\u00f1o le solicit\u00f3 a la autoridad judicial imprimir nuevamente los documentos exigidos por la autoridad registral, \u00abo en su defecto, y por mayor agilidad reenviarme el correo remitido a la ORIP con el fin de verificar las causales de negativa de la inscripci\u00f3n para ver si la carga es del juzgado o de la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
Mediante correo electr\u00f3nico del 23 de noviembre siguiente, la sociedad tutelante remiti\u00f3 al Centro de Servicios, con base en lo indicado en la nota devolutiva, memorial se\u00f1alando que \u00abse debe incluir el NIT de la cesionaria RODRIGUEZ GOMEZ S. EN C.S. el cual es 901068256-1\u00bb, por lo que mediante oficio No. 242V del 16 de febrero de 2022, la citada Oficina de Apoyo reiter\u00f3 a la respectiva Oficina de Registro la solicitud de inscripci\u00f3n de la daci\u00f3n en pago y el levantamiento del embargo, pero el 5 de abril siguiente aqu\u00e9lla emiti\u00f3 nuevamente nota devolutiva. <\/p>\n
Conforme a lo antedicho, no es dable endilgar mora judicial en relaci\u00f3n con las gestiones adelantadas para hacer posible el registro de las decisiones en comento, como tampoco que el juzgado hubiera dejado de responder los requerimientos elevados por la sociedad cesionaria al interior del juicio. <\/p>\n
Por tanto, en el presente asunto se incumple el presupuesto general para la procedibilidad del amparo, relativo a la relevancia constitucional de la cuesti\u00f3n discutida, pues para ello la jurisprudencia exige que \u00abest\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor\u00bb (CC SU-813\/07). <\/p>\n
Sobre el particular, esta Corporaci\u00f3n ha venido sosteniendo que \u00abpara que prospere una acci\u00f3n de esta naturaleza, no basta con que el accionante se\u00f1ale que se le ha vulnerado un derecho fundamental, pues se requiere que se demuestre que los derechos fundamentales que se pretenden proteger han sido vulnerados o est\u00e1n amenazados por la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares en los casos previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 5 jun. 2002, exp. 00037-01, citada en STC10171-2020, 19 nov. 2020, rad. 00512-01, entre otras). <\/p>\n
3.2. Del hecho superado. <\/p>\n
Esta figura jur\u00eddica tiene lugar en relaci\u00f3n con la supuesta negligencia que la quejosa enrostr\u00f3 al convocado, porque conforme a lo acreditado por \u00e9ste, ante la \u00faltima nota devolutiva del registro de documentos de la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Fe de Antioquia del 5 de abril de la presente anualidad, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecuci\u00f3n de Sentencias de Medell\u00edn en auto del 17 de junio de 2022, le orden\u00f3 a la Oficina de Apoyo de ese despacho: \u00abreproducir nuevamente el Oficio No. 242V con fecha actualizada, atendiendo las correcciones pertinentes y al momento de su diligenciamiento ante la O.R.I.P. de Santa Fe de Antioquia se anexe copia del auto 1231V del 18 de mayo de 2021 que termin\u00f3 el proceso por daci\u00f3n y de la escritura de daci\u00f3n en pago aportada para este inmueble\u00bb, a lo que dicha autoridad procedi\u00f3 en la misma calenda. <\/p>\n
Conforme a lo que acaba de verse, la Sala establece que m\u00e1s all\u00e1 de la tardanza para atender lo reclamado, el auxilio no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque de acuerdo a lo explicado se est\u00e1 ante una carencia actual de objeto por hecho superado, pues \u00abestando en curso la tutela\u00bb -como lo exige el art\u00edculo 26 del Decreto 2591 de 1991-, la autoridad querellada se pronunci\u00f3 frente al tr\u00e1mite que la querellante echaba de menos. <\/p>\n
Sobre la figura jur\u00eddica en comento, de vieja data la jurisprudencia constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) la acci\u00f3n de tutela tiene por objeto la protecci\u00f3n efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situaci\u00f3n de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en t\u00e9rminos tales que la aspiraci\u00f3n primordial en que consiste el derecho alegado est\u00e1 siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneraci\u00f3n o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caer\u00eda en el vac\u00edo. Lo cual implica la desaparici\u00f3n del supuesto b\u00e1sico del cual parte el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n y hace improcedente la acci\u00f3n de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagog\u00eda constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata\u00bb (CC T-519\/92). <\/p>\n
Tambi\u00e9n ha dejado sentado que el hecho superado \u00abse da cuando entre el momento de la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela y el momento del fallo se satisface por completo la pretensi\u00f3n contenida en la demanda de amparo\u00bb (CC T-533\/09), es decir, cuando estando en curso el auxilio \u00abse evidencia que, como producto del obrar de la entidad accionada, se elimin\u00f3 la vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales del actor, esto es, tuvo lugar la conducta solicitada (ya sea por acci\u00f3n o abstenci\u00f3n) y, por tanto, (i) se super\u00f3 la afectaci\u00f3n y (ii) resulta inocua cualquier intervenci\u00f3n que pueda realizar el juez de tutela para lograr la protecci\u00f3n de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado de desconocer\u00bb (CC T-481\/16). <\/p>\n
En similar sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que: \u00absi la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido\u00bb (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 00147-01, citada en STC206-2022, 19 ene. 2022, rad. 2021-00324-01, entre otras). <\/p>\n
4. Consideraci\u00f3n adicional <\/p>\n
Pese a que en la impugnaci\u00f3n la persona jur\u00eddica aqu\u00ed interesada refiri\u00f3 la falta de vinculaci\u00f3n a las presentes diligencias de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Santa Fe de Antioquia, basta con precisar que, mediante aviso fijado el pasado 28 de junio el tribunal constitucional de primera instancia comunic\u00f3 a los interesados y accionados el inicio de la acci\u00f3n de tutela3, raz\u00f3n por la cual no existe defecto en la conformaci\u00f3n del contradictorio, y en el evento de existir alg\u00fan vicio de invalidez, \u00e9ste solo podr\u00e1 ser alegado por la parte afectada. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por lo discurrido en precedencia, se confirmar\u00e1 el fallo de primer grado, porque el juzgado criticado no incurri\u00f3 en la omisi\u00f3n endilgada y, por ende, no afect\u00f3 los derechos fundamentales invocados; m\u00e1s a\u00fan cuando la supuesta tardanza descrita como vulneradora de sus prerrogativas, fue superada durante el diligenciamiento de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto a las partes y al a-quo por medio expedito, y en oportunidad rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 documentosregistrosantafedeantioquia@supernotariado.gov.co <\/p>\n
2\u0002 luisgeronimor@gmail.com <\/p>\n
3\u0002 Archivos \u201c11AvisoTutelaAdmision00310\u201d y \u201c12PublicacionAviso\u201d <\/p>\n
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