STC9728-2022<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC9728-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 68679-22-14-000-2022-00021-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Resuelve la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior de San Gil el 17 de junio de 2022, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Ana Dolores Uribe de Aparicio contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados los intervinientes en el litigio n\u00b0 2011-00108. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La solicitante, actuando en su propio nombre, acude al presente mecanismo supralegal buscando la protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso \u00abEN CONEXIDAD CON EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA\u00bb, presuntamente quebrantado por el convocado. <\/p>\n
2. De las pruebas recaudadas se pueden extractar los siguientes hechos jur\u00eddicamente relevantes: <\/p>\n
Ana Dolores Uribe de Aparicio formul\u00f3 demanda de saneamiento de peque\u00f1a propiedad agraria contra Genaro, Cecilia, Mar\u00eda de Jes\u00fas, Clementina y Domingo Antonio Acelas Morales, y, personas indeterminadas, respecto del lote rural denominado \u00abBuenos Aires\u00bb, ubicado en la vereda \u00abLa Laja\u00bb del municipio de San Gil, asunto que correspondi\u00f3 conocer al Juzgado Primero Civil del Circuito de esa localidad, quien tras vincular en debida forma a los demandados y personas desconocidas que pudieran tener alg\u00fan derecho real sobre el citado predio, por auto del 29 de enero de 2014 reconoci\u00f3 a Jos\u00e9 de Jes\u00fas Pimiento Remolina como abogado sustituto de Vilma C\u00e1rdenas Mac\u00edas, apoderada de la parte demandante. <\/p>\n
Agotada la audiencia p\u00fablica prevista en el art\u00edculo 45 del Decreto 2303 de 1989, el 25 de febrero de ese mismo a\u00f1o se abri\u00f3 a pruebas el proceso. No obstante, en constancia secretarial se inform\u00f3 al despacho que el preanotado togado Pimiento Remolina fue suspendido del ejercicio de la profesi\u00f3n de abogado y el juzgado, mediante prove\u00eddo del 3 de septiembre de 2014, cit\u00f3 a la demandante, aqu\u00ed tutelante, para que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas designara un nuevo apoderado \u00absi lo estima del caso\u00bb. <\/p>\n
Ante el silencio de la interesada, y vencido el t\u00e9rmino probatorio, el d\u00eda 17 de ese mismo mes y a\u00f1o se dio traslado a las partes para alegar de conclusi\u00f3n, sin que las partes se pronunciaran, por lo que mediante sentencia del 17 de octubre de 2014 se resolvi\u00f3 de fondo la controversia, denegando todas las pretensiones de la demanda. <\/p>\n
Inconforme con esta \u00faltima decisi\u00f3n, la gestora promueve la presente solicitud de amparo, argumentando, en lo fundamental, que despu\u00e9s del auto que la requiri\u00f3 para que designara otro abogado que representara sus intereses dentro del litigio, \u00abNUNCA\u00bb se le notific\u00f3 decisi\u00f3n posterior alguna, pasando por alto que \u00abno ten\u00eda (\u2026) un profesional del derecho que defendiera mis garant\u00edas\u00bb, enter\u00e1ndose del \u00abarchivo del proceso (\u2026) hasta el d\u00eda 24 de mayo\u00bb. <\/p>\n
3. Por tal raz\u00f3n, solicita que se ordene a la autoridad accionada \u00abdeclarar la NULIDAD y\/o DEJAR SIN EFECTOS, todo lo actuado, desde la expedici\u00f3n del Auto del 17 de septiembre de 2014, por el cual se dio traslado a las partes para alegar por el t\u00e9rmino com\u00fan de ocho d\u00edas, y se cumpla con lo ordenado en el Auto del 03 de septiembre de 2014, por el cual se ordena CITAR a la demandante, para que en el t\u00e9rmino de DIEZ (10) D\u00cdAS designase nuevo apoderado, si lo estima del caso, y se reanudase el proceso en este t\u00e9rmino, orden\u00e1ndose la nulidad igualmente de la decisi\u00f3n de primera instancia\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, tras relacionar las actuaciones surtidas dentro del asunto criticado, inform\u00f3 que el mismo a la fecha se encuentra archivado. <\/p>\n
2. Luz Adriana Mart\u00ednez Vero, curadora ad litem de los demandados al interior del litigio revisado, se\u00f1al\u00f3: \u00abme atengo a lo que RESUELVA el Juez Constitucional en la presente acci\u00f3n de tutela\u00bb. <\/p>\n
3. Gipsy Jahnina Caicedo Rivera, quien obr\u00f3 como curadora ad litem de los herederos indeterminados de Teresa de Jes\u00fas Acelas en la controversia cuestionada, puso de presente que, \u00absin perjuicio de la decisi\u00f3n constitucional, la accionante dispone de los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento jur\u00eddico para la protecci\u00f3n de sus derechos, medios judiciales y procesales ordinarios y apropiados, para resolver las controversias que se suscitan en las relaciones, adicional a ello, dentro de la presente acci\u00f3n brilla por su ausencia el principio de inmediatez, pues aun cuando la accionante manifiesta que solo se enter\u00f3 de la decisi\u00f3n el d\u00eda 24 de mayo de 2022, cuando se acerc\u00f3 a las instalaciones del Juzgado, no es menos cierto que ten\u00eda los medios id\u00f3neos para contactar a sus apoderados en su momento a fin de que fueran estos (sic) quien le dieran raz\u00f3n por su tr\u00e1mite\u00bb. <\/p>\n
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA <\/p>\n
El tribunal a quo deneg\u00f3 la protecci\u00f3n solicitada por desatender el presupuesto de la inmediatez, dado que \u00abla sentencia dictada al interior del proceso de saneamiento de peque\u00f1a propiedad agraria se profiri\u00f3 en octubre de 2014, sin que fuera objeto de recurso alguno lo que conllev\u00f3 a que cobrara ejecutoria; sin embargo, la accionante instaur\u00f3 la presente acci\u00f3n de tutela, pasados casi ocho a\u00f1os desde que el Juzgado accionado profiriera la decisi\u00f3n, sin que, la tutelante expusiera una raz\u00f3n v\u00e1lida que justifique el ejercicio tard\u00edo de la solicitud de amparo\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La querellante disinti\u00f3 de la anterior determinaci\u00f3n, insistiendo en los planteamientos esbozados en el libelo inicial, a los que agreg\u00f3, en torno al requisito de procedibilidad referido precedentemente, que debe tenerse en cuenta \u00abel principio de OFICIOSIDAD, que a buena hora ha introducido en nuestro ordenamiento jur\u00eddico la Honorable Corte Constitucional, y que se debe analizar y aplicar al momento de fallar la presente Acci\u00f3n de Tutela\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la autoridad querellada lesion\u00f3, dentro del proceso de saneamiento de peque\u00f1a propiedad rural en la cual fung\u00eda como demandante Ana Dolores Uribe de Aparicio, las garant\u00edas fundamentales por \u00e9sta invocadas. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Esta exigencia impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos se concluye que, como lo cuestionado son las presuntas irregularidades acaecidas en el declarativo promovido por Ana Dolores Uribe de Aparicio contra Genaro Acelas Morales y otros, debe entenderse que las mismas se consumaron con la emisi\u00f3n de la sentencia que resolvi\u00f3 \u00abDENEGAR todas y cada una de las pretensiones de la demanda\u00bb por parte del Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil, por ser el \u00faltimo acto procesal que podr\u00eda considerarse por la parte como an\u00f3malo; de all\u00ed que sea a partir de aquel momento desde donde deba comenzar a contabilizarse el plazo prudencial referido precedentemente. <\/p>\n
En tal sentido, es claro que la accionante tard\u00f3 en acudir a este remedio constitucional, comoquiera que la aludida providencia data del 17 de octubre de 2014, mientras que el resguardo fue incoado el 6 de junio de 2022; es decir, luego de transcurridos m\u00e1s de siete (7) a\u00f1os, superando con largueza el semestre ya indicado. <\/p>\n
Y es que, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, el requisito de la tempestividad impide que la tutela se convierta en un factor de inseguridad jur\u00eddica con el cual se produzca la vulneraci\u00f3n de garant\u00edas constitucionales de terceros, como tambi\u00e9n que se desnaturalice el mismo tr\u00e1mite, en tanto la defensa que constituye su objeto ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la presunta afectada con la decisi\u00f3n que considera vulneradora de sus derechos fundamentales, debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a las decisiones y actuaciones atacadas, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el estudio preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s riguroso en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto, se ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una determinaci\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s estricto, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y de contera la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso la actora como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior, que el presupuesto aludido no es absoluto y debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo fijado por la jurisprudencia es viable sortearlo o no. <\/p>\n
Sin embargo, en este caso, la actora para tratar de justificar la tardanza en promover el resguardo, simplemente se\u00f1al\u00f3 que fue hasta el pasado 24 de mayo que se acerc\u00f3 al juzgado que se enter\u00f3 de lo resuelto, sin que se evidencien situaciones ajenas a su voluntad que indiquen que estuvo en imposibilidad de acudir tempranamente a la acci\u00f3n de tutela, haci\u00e9ndolo, se itera, superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026 no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb (Resalta la Sala). <\/p>\n
Conforme con lo dicho, la desatenci\u00f3n del presupuesto de la tempestividad es criterio suficiente para respaldar el fallo impugnado. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la negativa del resguardo, dado que la accionante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez, adem\u00e1s no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha demora. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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