STC9730-2022<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC9730-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2022-02160-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintisiete de julio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., veintisiete (27) de julio de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Jes\u00fas Antonio Poveda Arias instaur\u00f3 contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad, extensiva a los intervinientes del proceso de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal, seguido del de divorcio, con radicado No. 2012-00192-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pidi\u00f3 ordenar a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revocar el prove\u00eddo que confirm\u00f3 la negativa a levantar las medidas cautelares decretadas sobre el veh\u00edculo de placas CZW316, as\u00ed como al Juzgado Trece de Familia de la misma ciudad \u00abrevocar\u00bb el auto con el que decret\u00f3 pruebas de oficio en el litigio referido en l\u00edneas anteriores. <\/p>\n
En sustento de lo anterior, indic\u00f3 que es demandado en el diligenciamiento objeto de escrutinio que promovi\u00f3 en su contra Mireya Amparo Fl\u00f3rez Hortua, en el cual, pese a que no solo al culminar el juicio de divorcio no se cancel\u00f3 el secuestro decretado respecto del rodante de su propiedad y adem\u00e1s pasaron m\u00e1s de 3 a\u00f1os desde que se inici\u00f3 el proceso liquidatorio posterior, el Tribunal convocado confirm\u00f3 en su integridad la decisi\u00f3n del Juzgado de primer grado que neg\u00f3 la cancelaci\u00f3n de la citada medida cautelar junto con la fijaci\u00f3n de la cauci\u00f3n respectiva. El actor se duele de la anterior determinaci\u00f3n, pues asegura se hizo una interpretaci\u00f3n \u00abrestrictiva\u00bb del art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso, habida cuenta que requiere el rodante para su transporte dada su avanzada edad (82 a\u00f1os) y los peligros de contagio del covid-19. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 de otra parte que a pesar de que en la audiencia de que trata el art\u00edculo 501 ibidem se neg\u00f3 la prueba referente a los estados financieros de Poveda Nieto S.A.S. correspondientes a los ejercicios de los a\u00f1os 2000 a 2012 comoquiera que hab\u00eda una experticia que permit\u00eda establecer el valor de sus acciones, la Juez del conocimiento, ante la solicitud \u00abextempor\u00e1nea\u00bb de la demandante, requiri\u00f3 de \u00aboficio\u00bb a la Dian y a la Oficina de Catastro Distrital informaci\u00f3n fiscal e inmobiliaria suya y de la mentada sociedad, providencia que asegura carece de motivaci\u00f3n, no obedeci\u00f3 a un \u00abcontrol de legalidad\u00bb ni mucho menos explic\u00f3 la \u00abpertinencia, conducencia, utilidad y necesidad de la prueba\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Trece de Familia de esta capital remiti\u00f3 el link de acceso al expediente digital. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Tal como viene de rese\u00f1arse, los reclamos tutelares descansan sobre dos bases distintas: de un lado, en lo tocante con el decreto oficioso de unas probanzas, y de otro, en relaci\u00f3n con la continuidad de las cautelas sobre un veh\u00edculo del accionante. <\/p>\n
La primera censura carece de vocaci\u00f3n de prosperidad porque en la determinaci\u00f3n probatoria cuestionada no se vislumbra una actividad caprichosa o arbitraria que amerite la intervenci\u00f3n constitucional. En efecto, el prove\u00eddo de 16 de junio hoga\u00f1o por medio del cual el Juzgado querellado dispuso, sin petici\u00f3n de parte, el recaudo demostrativo de algunos elementos, nada cabe reprochar en este marco extraordinario, entre otras cosas, porque tal proceder estuvo sustentado en la solicitud del contador encargado de la elaboraci\u00f3n del dictamen pericial que se decret\u00f3 de oficio en la audiencia de inventarios y aval\u00faos. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, se advierte que con esas probanzas, esto es, que se oficiara a la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales \u2013 DIAN, a la oficina de Catastro Distrital y al Agust\u00edn Codazzi, se pretende obtener la informaci\u00f3n tributaria e inmobiliaria del aqu\u00ed actor y la sociedad Poveda Mu\u00f1oz S.A.S., que tienen plena relaci\u00f3n con las objeciones presentadas a los trabajos liquidatorios y la experticia encomendada, en punto del valor actual del derecho societario y las utilidades y derechos que percibi\u00f3 el aqu\u00ed gestor al cesar la sociedad conyugal, lo que, se itera, no resulta descabellado ni ajeno al juicio criticado, m\u00e1xime si el Juez del conocimiento, a voces del numeral 4 del art\u00edculo 42 del C\u00f3digo General del Proceso, como director del proceso est\u00e1 facultado para decretar pruebas de oficio necesarias para verificar los hechos alegados por las partes. <\/p>\n
A ese respecto, se ha iterado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) para impedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades (CSJ SC, 24 Nov. 2008, rad. 1998-00529-01) y en el evento de ser \u00abnecesarias en la verificaci\u00f3n de \u201clos hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u201d, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por estas y que le son propias, sino el esclarecimiento de aquellas situaciones que obstruyen el deber de administrar pronta y cumplida justicia, pero siempre y cuando esa omisi\u00f3n tenga relevancia en la forma como se desat\u00f3 el pleito. (\u2026). Sin embargo, una recriminaci\u00f3n por este sendero s\u00f3lo se verifica si el medio de convicci\u00f3n est\u00e1 claramente sugerido o insinuado en el expediente, porque de no ser as\u00ed, se estar\u00eda desconociendo la discrecionalidad con que cuenta el fallador al respecto. Ello ocurre, por ejemplo, cuando obra la prueba aunque indebidamente aducida o incorporada, hip\u00f3tesis en la cual, de ser trascendente en la decisi\u00f3n, se hace imperioso regularizarla, porque de no hacerlo se produce una grave desatenci\u00f3n de los elementos que conforman el plenario\u00bb (reiterada en STC12701-2018). <\/p>\n
2. De otra parte, en la otra decisi\u00f3n objeto de reproche s\u00ed se avizora una circunstancia suficiente de captar la atenci\u00f3n supralegal, en tanto que la argumentaci\u00f3n expuesta por los despachos judiciales interpelados para negarse a levantar la cautela comporta una transgresi\u00f3n del debido proceso de Poveda Arias, conforme pasa a delimitarse. <\/p>\n
Aunque se repita muchas veces no se agota la necesidad de relievar el postulado de tutela jurisdiccional efectiva que con buen tino positiviz\u00f3 el legislador de 2012 en el art\u00edculo 2\u00b0 de la Ley 1564. Ese acierto apareja un marco de implicaciones trascendentes en el desarrollo de los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia (art. 1\u00b0) en el sentido que las aspiraciones de las partes deben ventilarse durante el desarrollo del juicio con el prisma fundamental de obtener soluciones efectivas, prontas y razonables. Precisamente, para colmar este objetivo el articulado del C\u00f3digo General del Proceso establece varias figuras o posibilidades que materializan el principio en referencia. <\/p>\n
El r\u00e9gimen de medidas cautelares, fortalecido ampliamente en el nuevo estatuto de procedimiento, se nutre en buena parte de la tutela jurisdiccional efectiva, en principio, a favor de la parte demandante para garantizarle la realizaci\u00f3n positiva de su eventual pretensi\u00f3n. Pero tambi\u00e9n se contemplan distintas alternativas en beneficio del extremo demandado, por ejemplo, con la incorporaci\u00f3n del postulado de mutabilidad que autoriza la sustituci\u00f3n de las medidas cautelares en ciertos casos o incluso impide su pr\u00e1ctica a cambio de una contra-cautela, com\u00fanmente por medio de cauci\u00f3n. <\/p>\n
N\u00f3tese c\u00f3mo el libro cuarto del C\u00f3digo General del Proceso se ocupa de esta tem\u00e1tica en cuyo t\u00edtulo primero, cap\u00edtulo primero, contiene preceptos gen\u00e9ricos al punto que el canon 593 reglamenta la procedencia del embargo de forma general para todas las eventualidades en que se ordena ese tipo de medida. A continuaci\u00f3n, el art\u00edculo 594 tambi\u00e9n en forma abstracta enumera los bienes no susceptibles de dicha cautela, as\u00ed como el 597 se detiene en las causales legales para el levantamiento del embargo y secuestro en proceso declarativos. <\/p>\n
Se insiste, seg\u00fan la estructura de esas disposiciones en el C\u00f3digo y por su propio contenido, refulge n\u00edtido que ninguna de ellas (arts. 593, 594 y 597) est\u00e1 destinada a un proceso en particular -m\u00e1s all\u00e1 de los declarativos-, sino a todos en los que llegare a decretarse una medida de la naturaleza aqu\u00ed abordada. <\/p>\n
Con esta perspectiva, si bien es cierto otras normas especiales complementan aspectos sobre el embargo para juicios espec\u00edficos, como acontece con los ejecutivos (art. 599), esto no significa que aquellas disposiciones de car\u00e1cter general resulten autom\u00e1ticamente incompatibles con las reglas particulares. Tanto que en las contiendas coercitivas la pr\u00e1ctica del embargo est\u00e1 gobernada por las directrices gen\u00e9ricas del referido art\u00edculo 593 \u00eddem, en tanto las espec\u00edficas nada dicen sobre ese puntual t\u00f3pico. <\/p>\n
La misma situaci\u00f3n se replica en los asuntos de familia relacionados en el precepto 598 ej\u00fasdem, entre otros, en los de liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal o marital que aqu\u00ed importa. Esto, debido a que efectivamente el numeral 1\u00b0 prev\u00e9 el \u00abembargo y secuestro de los bienes que puedan ser objeto de gananciales\u00bb, sin que de all\u00ed pueda colegirse imposibilidad de aplicar los derroteros generales condensados en las normas anteriores o, incluso, en la de juicios con naturaleza similar. Todo lo contrario, la resoluci\u00f3n y pr\u00e1ctica de esa medida requiere obligatoriamente la aplicabilidad de los lineamientos del canon 593, porque es la fuente normativa que prev\u00e9 los derroteros necesarios para guiar tanto la decisi\u00f3n como la materializaci\u00f3n de la cautela. <\/p>\n
Del mismo modo, la alternativa de contra-cautela prevista en el art\u00edculo 602 consistente en el levantamiento del embargo y secuestro \u00absi [el interesado] presta cauci\u00f3n por el valor actual de la ejecuci\u00f3n aumentada en un cincuenta por ciento (50%)\u00bb, se muestra totalmente compatible con las disposiciones espec\u00edficas de esas controversias liquidatorias, comoquiera que el juicio ejecutivo comparte dicha naturaleza jur\u00eddica (de all\u00ed su admisible aplicaci\u00f3n por analog\u00eda). Por lo general, la finalidad cautelar en el proceso de disoluci\u00f3n de sociedad conyugal se contrae al aseguramiento de los activos constitutivos de gananciales hasta la fase de partici\u00f3n y adjudicaci\u00f3n. Raz\u00f3n por la cual es di\u00e1fano que la protecci\u00f3n en dicha hip\u00f3tesis se limita al espectro patrimonial y, por ende, tiene cabida la mutabilidad de la medida cautelar a petici\u00f3n del demandado que garantice el mismo valor o naturaleza del bien objeto de la futura repartici\u00f3n, m\u00e1xime cuando la norma especial no estipula prohibici\u00f3n alguna tampoco. <\/p>\n
Al tiempo, por el prop\u00f3sito antedicho, resulta atendible que la cauci\u00f3n que sea prestada con el fin de obtener la mutabilidad de la cautela en el juicio de familia aludido deba ser otorgada en dinero, pues resulta elemental que de otra manera no fuera posible, al menos de forma sencilla, garantizar el cumplimiento de la sentencia que aprueba la partici\u00f3n. De modo que el juez, en casos como el de objeto de revisi\u00f3n en el que cuenta con el aval\u00fao que las partes le dieron al bien, tendr\u00e1 en cuenta dicho valor para fijar la cauci\u00f3n; sin embargo, en ausencia de ello, utilizar\u00e1 las normas consignadas en el C\u00f3digo General del Proceso para obtener el aval\u00fao de los bienes cuyo inter\u00e9s se tiene y con ello establecer\u00e1 la cuant\u00eda de la contra-cautela. N\u00f3tese que esta medida resulta m\u00e1s beneficiosa que mantener el embargo y secuestro, dados los riesgos que las reglas de la experiencia evocan, como lo son la p\u00e9rdida de bienes muebles o su destrucci\u00f3n, as\u00ed como la desvalorizaci\u00f3n de estos producto del paso del tiempo, u otras problem\u00e1ticas como la que se presenta con eventuales poseedores. <\/p>\n
Finalmente cabe advertir que la visi\u00f3n del juzgador en disputas de esta estirpe debe enfocarse en la protecci\u00f3n de la pareja, seg\u00fan el literal f) del numeral 5\u00b0 del mismo art\u00edculo 598, de modo que el an\u00e1lisis en cada caso concreto debe trascender de la literalidad de las solicitudes de las partes y orientarse hacia la realizaci\u00f3n de sus prerrogativas sustanciales, todo lo cual armoniza con las facultades extra y ultrapetita reconocidas en el par\u00e1grafo 1\u00b0 del art\u00edculo 281 del mismo compendio. <\/p>\n
3. En el sub examine, las autoridades convocadas negaron el levantamiento del embargo, secuestro y retenci\u00f3n del veh\u00edculo de placas CZW316. Pese a que la censura se dirige frente a los interlocutorios de ambas instancias, resulta menester en esta sede analizar \u00fanicamente la del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que defini\u00f3 la cuesti\u00f3n en sede de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
Ciertamente, la Colegiatura, despu\u00e9s de sentar que el art\u00edculo 598 del C\u00f3digo General del Proceso es la norma especial que rige las cautelas para asuntos de familia, advirti\u00f3 que la raz\u00f3n de ser de estas \u00ab(\u2026) es la protecci\u00f3n de los bienes que presuntamente har\u00edan parte de la sociedad conyugal, y por ende, de los derechos que de all\u00ed se deriven para los antiguos c\u00f3nyuges; de manera que, no tendr\u00eda sentido el levantamiento de las cautelas con anterioridad a que se lleve a cabo la efectiva partici\u00f3n de los activos a trav\u00e9s del tr\u00e1mite para ello dispuesto (\u2026), pues se perder\u00eda el efecto protector de las mismas\u00bb. <\/p>\n
Siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa, precis\u00f3 que fue claro el legislador en punto de la vigencia de las medidas cautelares, pues las extendi\u00f3 m\u00e1s all\u00e1 del juicio de divorcio, esto es, la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal \u00absiempre que as\u00ed lo haya solicitado la parte interesada como en efecto ocurri\u00f3 con la radicaci\u00f3n de la demanda de liquidaci\u00f3n respectiva\u00bb. <\/p>\n
F\u00edjese que, en el expediente analizado, la ex \u2013 c\u00f3nyuge s\u00ed tard\u00f3 m\u00e1s de los dos (2) meses posteriores a la ejecutoria de la sentencia de divorcio para solicitar la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, cuyo desbordamiento ya era suficiente en su momento para que el Juzgado de conocimiento dispusiera, incluso de oficio, la terminaci\u00f3n del embargo que afectaba el referido rodante, por mandato del inciso 2\u00b0 del numeral 3\u00b0 del plurimencionado art\u00edculo 598. <\/p>\n
No obstante, como la medida se mantuvo vigente despu\u00e9s de promovido el rito liquidatorio, el desatino relevante en este momento estriba en haber rehusado de tajo el ofrecimiento de cauci\u00f3n del demandado, con asidero con el precepto 602 \u00eddem, ya que, como se indic\u00f3 en precedencia, s\u00ed resultaba atendible en el caso. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta, adem\u00e1s, que el aqu\u00ed actor en el citado proceso al solicitar el relevo de la medida cautelar, expuso que ten\u00eda para ese entonces \u00ab79 a\u00f1os de edad\u00bb y el veh\u00edculo era necesario para su movilizaci\u00f3n en raz\u00f3n del peligro latente por el uso del transporte p\u00fablico y la exposici\u00f3n al covid-19; sin embargo, esto no mereci\u00f3 pronunciamiento de la Corporaci\u00f3n convocada, por lo que desconoci\u00f3 tambi\u00e9n las Reglas de Brasilia consignadas en la Convenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y de la Ley 2055 de 2020, normativa que convoca a los jueces a adoptar en sus determinaciones un enfoque que reivindique las prerrogativas del adulto mayor; es claro que el ciudadano inconforme es una persona de especial protecci\u00f3n y, m\u00e1s all\u00e1 del rigorismo procesal, merec\u00eda que por las circunstancias expuestas se analizara con m\u00e1s detenimiento y detalle la solicitud elevada. <\/p>\n
Luego, se equivoc\u00f3 la Magistratura acusada al ratificar la negativa del levantamiento pedido por Jes\u00fas Antonio, toda vez que omiti\u00f3 valorar adecuadamente las circunstancias aducidas por el solicitante en torno a su edad y de seguir circulando en el veh\u00edculo cautelado en aras de mitigar el riesgo de contagio del covid-19. En esencia, esas espec\u00edficas justificaciones, la propuesta de prestar cauci\u00f3n y la finalidad netamente patrimonial del bien sobre el cual reca\u00eda la mutabilidad de la medida, tornaban indispensable que el ad-quem estudiara con mayor detenimiento la procedencia de la garant\u00eda ofertada por el demandado, y no circunscribirse a la supuesta inviabilidad formal, como lo hizo. <\/p>\n
Por \u00faltimo, se destaca que la sentencia STC15388-2019 citada por el Tribunal alberga consideraciones con cimiento en una casu\u00edstica distinta a la propuesta en este escenario. <\/p>\n
4. De lo se\u00f1alado se concluye que prosperar\u00e1 el amparo en virtud del \u00faltimo reproche. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, CONCEDE PARCIALMENTE la tutela instada por Jes\u00fas Antonio Poveda Arias. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la comunicaci\u00f3n de este fallo deje sin valor su auto de 30 de junio de 2022, y dentro de los diez (10) d\u00edas posteriores resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n interpuesto por el demandado en la liquidaci\u00f3n de sociedad conyugal con radicado 2012-00192-06, en cuya actividad tendr\u00e1 en cuenta las motivaciones que preceden. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
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