AC2877-2022 (2017-00234-01)<\/p>\n
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MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
Magistrada Ponente <\/p>\n
AC2877-2022 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-008-2017-00234-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). <\/p>\n
Se procede a decidir sobre la admisibilidad de la demanda de casaci\u00f3n presentada por Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano frente a la sentencia de 29 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano present\u00f3 demanda en contra de C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra, a fin de que se declarara que 12 Certificados de Dep\u00f3sito a T\u00e9rmino constituidos a nombre del segundo1, se hicieron con dineros del primero. <\/p>\n
En consecuencia, solicit\u00f3 que se decretara que el demandante es el \u00fanico y leg\u00edtimo titular de los derechos crediticios incorporados en dichos instrumentos, incluyendo capital, r\u00e9ditos, rendimientos e intereses generados hasta el d\u00eda de su pago, adem\u00e1s ordenar el respectivo pago en su favor. <\/p>\n
2. Los antecedentes f\u00e1cticos relevantes consisten en que C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra es hijo de Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano. Por la confianza que exist\u00eda entre estos, al igual que con otros hijos, el segundo \u00abcoloco (sic) varias propiedades ra\u00edces y m\u00faltiples negocios a favor [del primero], solo para que este -siempre- tuviera apalancamiento financiero; pero con el exclusivo compromiso de restituir tales propiedades y negocios cuando su padre as\u00ed se lo exigiera como en efecto se hizo -sin problema alguno-, con muchas propiedades y con muchos anteriores negocios de similares caracter\u00edsticas\u00bb. <\/p>\n
3. Ante esa aparente confianza el se\u00f1or Francisco entreg\u00f3 durante mucho tiempo varios dineros a C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra, con el fin de que este constituyera sendos certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino con el prop\u00f3sito de ahorrar, ganar intereses y que fueran restituidos al primero, quien volv\u00eda a invertir en otros negocios y\/o constitu\u00eda t\u00edtulos de la misma naturaleza y a nombre del demandado, o de cualquier otro hijo. <\/p>\n
4. En el 2015 el convocante entreg\u00f3 varias sumas de dinero a su hijo con id\u00e9ntica finalidad, quien mientras era acompa\u00f1ado por Jhon Alexander Rodr\u00edguez Maldonado, constituy\u00f3 en su nombre los 12 certificados de dep\u00f3sito a que aluden las pretensiones. El demandado \u00abmutuo propio y\/o por si solo, nunca jam\u00e1s ha contado con esa capacidad econ\u00f3mica para poder constituir tales CDTS, como si fueran de su exclusiva propiedad, pues es conocido que ha sido mi mandante el que ha sufragado los gastos personales y lo ha apalancado econ\u00f3micamente (\u2026) no contaba con la capacidad econ\u00f3mica ni con todo ese dinero\u00bb. <\/p>\n
5. En septiembre de la misma anualidad, la familia Rodr\u00edguez estuvo involucrada en un proceso penal por virtud del cual estuvieron privados de la libertad tres de sus miembros, entre estos el convocado por espacio de 3 meses. A partir de enero de 2016, \u00abcambia por completo con su padre, entrando en franca rebeld\u00eda, desconociendo por completo el origen de los dineros que aportaron para la constituci\u00f3n de los citados CDTS, para manifestar abiertamente que el (sic) no iba a devolver absolutamente un solo centavo\u00bb. <\/p>\n
6. El demandante posee en la actualidad de manera real y material todos y cada uno de los originales de lo CDT, los cuales tienen un valor de $1.089.360.038, sin tener en cuenta los intereses. <\/p>\n
7. El asunto correspondi\u00f3 por reparto al Juzgado Octavo Civil del Circuito de Bogot\u00e12. Admitida la demanda3, y notificado el convocado4, se opuso a las pretensiones y formul\u00f3 las excepciones de m\u00e9rito que denomin\u00f3: i) \u00abimprocedencia de la acci\u00f3n que se pretende invocar bajo este tr\u00e1mite procesal\u00bb, ii) \u00abfalta de los requisitos para la cesi\u00f3n de derechos de cr\u00e9dito como los CDTS que en este caso persiguen\u00bb, iii) \u00abfalta de relaci\u00f3n causal entre las solicitudes de la demanda y los supuestos f\u00e1cticos que se aducen\u00bb, iv) \u00abimprocedencia de la solicitud de intereses o frutos solicitada\u00bb; y v) \u00abtemeridad y mala fe\u00bb5. <\/p>\n
8. En audiencia del 18 de mayo de 2021, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, neg\u00f3 las pretensiones de la demanda6. <\/p>\n
9. La parte convocante apel\u00f3 esa decisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
En providencia del 29 noviembre de 2021, la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la sentencia de 18 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de la misma ciudad. <\/p>\n
Para el efecto, sostuvo que en este asunto el actor pidi\u00f3 que se declarara que unos CDT fueron constituidos con dineros suyos y no del convocado, raz\u00f3n por la que es tenedor leg\u00edtimo de los mismos, y, por tanto, es a este a quien deben pagarse. En la demanda se denunci\u00f3 que el demandado no ten\u00eda los recursos para conformar esos t\u00edtulos que suman $1.089.3360.038,82 y que esa cifra de dinero fue entregada por el convocante, motivo por el que le pertenecen, y es su leg\u00edtimo titular. <\/p>\n
Lo que ten\u00eda que acreditarse en este juicio era que Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano gozaba de poder econ\u00f3mico para proceder de esa manera, m\u00e1xime que se afirma que era una pr\u00e1ctica habitual que ten\u00eda para con todos sus hijos. Sin embargo, en el escrito de demanda se omiti\u00f3 hacer una breve referencia a la actividad de lucro que ejerc\u00eda y que tuviera el potencial de recaudar esos montos para luego ponerlos a nombre de su descendiente. Solo en los interrogatorios de parte y declaraciones de Jos\u00e9 Francisco y John Alexander Rodr\u00edguez Maldonado, se dijo que proven\u00edan de \u00abun supuesto negocio que se encargaba de realizar contratos de mutuo con terceros\u00bb. <\/p>\n
La existencia de esa actividad mercantil no fue materia de controversia, empero el demandado mencion\u00f3 que eran consecuencia de una sociedad de hecho y no de una actividad propia de su progenitor. No hay prueba de que \u00abesa empresa\u00bb fuera exclusiva del padre o de una uni\u00f3n de esfuerzos entre este y su familia, y tuviera la capacidad de producir utilidades, hecho que no se pod\u00eda demostrar a partir del propio dicho del demandante, dado que \u00abes un hecho que exige un medio de juicio contundente, de principal\u00edsima importancia en diferendos de este linaje, y ser\u00edan los registros contables del demandante, y de todos los que hubieran tenido la capacidad de producir esos capitales y acreditar el desplazamiento patrimonial hac\u00eda la constituci\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sito\u00bb. <\/p>\n
En principio \u00abresulta inviable que, a trav\u00e9s del relato de las personas interesadas en las resultas del litigio, se obtenga informaci\u00f3n pertinente, certera y veraz sobre los movimientos financieros propios de una actividad empresarial realizada por una persona, natural o jur\u00eddica, salvo que se haya confluencia con otros medios conducentes\u00bb. <\/p>\n
Continu\u00f3 el Tribunal diciendo: \u00aben otras palabras: en el sub-lite no obran los soportes de los ejercicios financieros que desempe\u00f1aba el demandante, directamente o en concurso con otras personas, como con el Grupo Rodr\u00edguez para que fuera posible determinar el invocado origen de los dineros que hipot\u00e9ticamente se hab\u00edan utilizado y que hubiera otorgado Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano para la conformaci\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino\u00bb. <\/p>\n
Se dijo que \u00abtampoco existen elementos que dieran cuenta que a t\u00edtulo personal pose\u00edan ingresos en las cantidades ya anunciadas (\u2026) de donde individualmente o en conjunto se mostrara que fueron debitados por el mismo valor de los certificados que se afirman constituidos con dineros suyos\u00bb. <\/p>\n
Por otro lado, \u00absi no existe prueba respecto a la capacidad econ\u00f3mica de quien dice aport\u00f3 unos dineros para la conformaci\u00f3n de los referidos cartulares, esa circunstancia de plano hace que sea innecesario que se estudien gran parte de los reparos sustanciales de la apelaci\u00f3n, esto es. Si el actor era el \u00fanico propietario y gestor de las actividades que realizaba el llamado Grupo Rodr\u00edguez o si por el contrario ten\u00eda solo la calidad de administrador; como tampoco si el demandado ostentaba los recursos para la operaci\u00f3n que realiz\u00f3 con las entidades financieras\u00bb. <\/p>\n
Concluy\u00f3 dicha Corporaci\u00f3n con que \u00abla constituci\u00f3n de los CDT goza de presunci\u00f3n de veracidad en cuanto a su contenido, no desvirtuada en el caso, dada la escasa actividad probatoria con que el demandante acometi\u00f3 el cumplimiento de su onus probandi, lo que impide que se constate los supuestos de hecho en que se fund\u00f3 sus pretensiones\u00bb. <\/p>\n
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III. DEMANDA DE CASACI\u00d3N <\/p>\n
La acusaci\u00f3n se edific\u00f3 en tres cargos sustentados en la causal segunda de casaci\u00f3n, consagrada en el numeral 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso, derivados de \u00aberrores de derecho\u00bb. <\/p>\n
Primer cargo. <\/p>\n
Causal segunda. Se denuncia la infracci\u00f3n indirecta de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 624, 831 y 1394 del C\u00f3digo de Comercio, como \u00abconsecuencia del error de derecho\u00bb, derivado de no admitir la prueba documental \u00abobrante a folios 6 a 11 del archivo [n\u00b0] 4 de la carpeta del Tribunal, lo cual comport\u00f3 la infracci\u00f3n del art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso y numeral 4\u00ba del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004, y el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Se reprocha que para confirmar la negaci\u00f3n de las pretensiones se consider\u00f3 que no se hab\u00eda probado que los dineros para constituir los CDT fueran del patrimonio del demandante vulnerando \u00ablas normas probatorias en materia de prueba trasladada consignadas en el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso, y la oposici\u00f3n de la reserva del proceso penal en vulneraci\u00f3n de lo se\u00f1alado en el numeral 4 del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004, lo cual conllev\u00f3 a quebrantar de modo indirecto las normas sustanciales denunciadas en este cargo\u00bb. <\/p>\n
En efecto, en el archivo n\u00b0 4 de la carpeta del Tribunal (fls. 2 a 11), la apoderada del demandante solicit\u00f3 que se admitieran como pruebas en segunda instancia los documentos contentivos de la copia digitalizada de la audiencia del 30 de abril de 2021, dentro del proceso penal radicado n\u00b0 110016000049201102882 relacionado con las estipulaciones probatorias de C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez del 26 de abril de 2021. <\/p>\n
Las copias de las estipulaciones n\u00b0 2, 3, 4, 5, 6 y 7, en su orden revelan que el demandado admiti\u00f3 que no manej\u00f3 la parte administrativa o contable del Grupo Rodr\u00edguez, no realiz\u00f3 de manera directa negocio o acuerdo con clientes, tampoco tuvo que ver con cuentas bancarias o relaciones financieras con entidades asociadas, reconoci\u00f3 que la escrituraci\u00f3n de los bienes muebles sujetos a registro y\/o el traspaso del derecho de dominio sobre sobre otros bienes en su nombre y de Natalia Ivonne Rodr\u00edguez Sierra, se produjo por orden de su progenitor, adem\u00e1s admiti\u00f3 que no dispon\u00eda sobre inmuebles que como consecuencia del giro ordinario de los negocios pusieron en su nombre. <\/p>\n
Mediante auto de 19 de octubre de 2021, se deneg\u00f3 la pr\u00e1ctica de los mencionados medios de convicci\u00f3n, con fundamento en que el C\u00f3digo General del proceso, mantuvo precisas formalidades que se deb\u00edan cumplir para que cierta clase de pruebas sean legalmente incorporadas, como sucede con la prueba trasladada. <\/p>\n
Se dijo que no era procedente que el demandante allegara la prueba que se adelant\u00f3 en la investigaci\u00f3n penal tramitada ante la Fiscal\u00eda79 Seccional de Bogot\u00e1 porque debi\u00f3 intermediar la sede donde se recaud\u00f3, circunstancia que se acent\u00faa dado que el Juzgado Octavo Civil del Circuito en audiencia del 27 de junio de 2018, orden\u00f3 oficiar al ente acusador, y este respondi\u00f3 el 31 de julio del mismo a\u00f1o que la investigaci\u00f3n penal era reservada, y, por tanto, no era posible cumplir con esa solicitud. <\/p>\n
Los errores \u00abdel Tribunal en la aplicaci\u00f3n de las normas probatorias en el aporte de la prueba trasladada, y en relaci\u00f3n con el tema de la reserva de la actuaci\u00f3n penal fueron los siguientes: 4.1. En el auto del 19 de octubre de 2021 el Tribunal se equivoc\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la norma probatoria contemplada en el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso, al no aceptar e incorporar como prueba trasladada la documental aducida por el demandante en el escrito obrante en el archivo [n\u00b0] 4\u00bb. <\/p>\n
Se dice que \u00abese yerro se concret\u00f3 en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n pues de manera err\u00f3nea el Tribunal consider\u00f3 que hab\u00eda un vac\u00edo probatorio, que no exist\u00eda prueba de que los recursos con los que se constituyeron los CDTs objeto del proceso en realidad pertenec\u00edan al demandante y por los tanto s\u00ed es el leg\u00edtimo tenedor de esos instrumentos\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, debido a que el art\u00edculo 174 del C\u00f3digo General del Proceso, no establece como requisito para incorporar una prueba trasladada que medie la \u00abintervenci\u00f3n de la sede, estrado y\/o dependencia donde la misma se recaud\u00f3\u00bb. Contrariamente, la evidencia aportada cumpl\u00eda con los requisitos previstos en esa regla para que fueran apreciadas. <\/p>\n
Otro yerro cometido por el juzgador de segunda instancia se estructur\u00f3 por indebida aplicaci\u00f3n del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004, bajo el equivocado argumento de la reserva penal, cuando las correspondientes actas fueron expedidas en el marco de la audiencia preparatoria, etapa en la que no existe esa limitaci\u00f3n. <\/p>\n
Con la decisi\u00f3n adoptada, se vulner\u00f3 el derecho sustancial consagrado en el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual se garantiza la propiedad privada y los dem\u00e1s derechos con arreglo a las leyes civiles. Tambi\u00e9n el previsto en el art\u00edculo 624 del C\u00f3digo de Comercio que establece que el ejercicio del derecho consignado en un t\u00edtulo valor requiere de su exhibici\u00f3n. Igualmente ocurre con el art\u00edculo 831 de la misma Codificaci\u00f3n, dado que nadie puede enriquecerse sin justa causa a expensas de otro y el art\u00edculo 1394 ibidem porque el recurrente tiene los t\u00edtulos en su poder, pero su derecho sustancial a negociarlos fue quebrantado. <\/p>\n
Segundo Cargo. <\/p>\n
Causal segunda. Se denuncia quebranto indirecto del art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y los art\u00edculos 624, 831 y 1394 del C\u00f3digo de Comercio, como \u00abconsecuencia del error de derecho\u00bb, producto de no admitir la prueba documental \u00abobrante a folios 6 a 11 del archivo [n\u00b0] 4 de la carpeta del Tribunal, lo cual comport\u00f3 la infracci\u00f3n del art\u00edculo 253, 257 y 327 del C\u00f3digo General del Proceso y en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Con id\u00e9nticos fundamentos en punto a la denegatoria del decreto de medios de convicci\u00f3n en segunda instancia y a las normas sustanciales vulneradas, dijo: \u00ablos yerros del Tribunal en materia de pr\u00e1ctica de pruebas en segunda instancia, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de fecha cierta y alcance probatorio del documento p\u00fablico fueron los siguientes: 4.1. En al auto del 19 de octubre de 2021 el Tribunal se equivoc\u00f3 en la aplicaci\u00f3n de la norma probatoria contemplada en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso al no aceptar incorporar la prueba documental aducida por el demandante en el escrito obrante en el archivo [n\u00b0] 4 de la carpeta del Tribunal\u00bb. <\/p>\n
Se sostiene que \u00abese yerro se concret\u00f3 en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n pues de manera err\u00f3nea el Tribunal consider\u00f3 que hab\u00eda un vac\u00edo probatorio, seg\u00fan el cual no exist\u00eda prueba de que los recursos con los cuales se constituyeron esos CDTs en realidad pertenec\u00edan al demandante y que por lo tanto era el leg\u00edtimo tenedor de esos instrumentos\u00bb. <\/p>\n
Denuncia errores por \u00abaplic[ar] de manera incorrecta la hip\u00f3tesis contemplada en el numeral 3\u00ba del mencionado art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, con fundamento en lo siguiente: <\/p>\n
i) Consider\u00f3 que no se trataban de hechos nuevos los reconocidos por C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra y que estaban consignados en las estipulaciones probatorias, a pesar de que su fecha es cierta (Art. 253 de C\u00f3digo General del Proceso), y posterior a las oportunidades probatorias, \u00abcon lo cual vulner\u00f3 las reglas probatorias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 253 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, <\/p>\n
ii) Que es equivocado sostener lo anterior, pues se tratan de pruebas que demuestran que el demandado reconoci\u00f3 que no ten\u00eda potestad para manejar recursos, negocios, bienes, y tampoco dineros que figuran a su nombre. <\/p>\n
iii) Cualquier autoridad judicial puede comprobar las mentadas estipulaciones que el convocado efectu\u00f3 en declaraci\u00f3n rendida a trav\u00e9s de su defensor, y que se tratan de documentos p\u00fablicos, hacen fe de su otorgamiento y fecha de las declaraciones que hizo el funcionario que autoriz\u00f3, y en las que intervino el Fiscal 79 Seccional de la Direcci\u00f3n de Fiscal\u00edas de Bogot\u00e1, donde se admiti\u00f3 que la escrituraci\u00f3n de bienes muebles sujetos a registro se produjo por orden de su progenitor, \u00abcon lo cual tambi\u00e9n vulner\u00f3 las reglas probatorias se\u00f1aladas en el art\u00edculo 257 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, se enlistan como errores que revelan la aplicaci\u00f3n \u00abincorrecta [de] las hip\u00f3tesis contempladas en los numerales 3\u00ba y 4\u00ba del mencionado art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb, los siguientes: <\/p>\n
i) Se agreg\u00f3 un elemento que no exige la norma probatoria, dado que \u00ab[l]a tipicidad del numeral 3 y del numeral 4 del art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso no supeditan, condicionan o hacer depender la prosperidad de la solicitud de pruebas o el aporte de la prueba documental en segunda instancia, a la posibilidad de que los abogados hubieran podido formular o no preguntas en el interrogatorio\u00bb. <\/p>\n
ii) Se sostuvo que no importaba la fecha en que se declar\u00f3 probado el hecho, sino el momento en que ocurri\u00f3 lo que se pretende demostrar, circunstancia que era imposible porque se aceptaron negaciones a partir de la cual no es dado fijar un hito temporal, su fecha cierta es el 26 de abril de 2021, esto es despu\u00e9s del plazo para pedir pruebas. <\/p>\n
iii) De acuerdo con el contenido de las estipulaciones era posible determinar su hito temporal, teniendo en cuenta las fechas de todos y cada uno de los CDT. <\/p>\n
De otra parte, se aplic\u00f3 de \u00abmanera incorrecta la hip\u00f3tesis contemplada en el numeral 4\u00ba del mencionado art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, al sostener que no aparec\u00eda un hecho irresistible que justificara la incorporaci\u00f3n de las mencionadas pruebas documentales, teniendo en cuenta que para la fecha de radicaci\u00f3n de la demanda (\u2026); y de la radicaci\u00f3n del memorial mediante el cual se descorri\u00f3 el traslado de las excepciones de m\u00e9rito (\u2026), no se hab\u00edan celebrado las estipulaciones\u00bb. <\/p>\n
El mencionado yerro \u00abcometido en el auto del 19 de octubre de 2021 se materializ\u00f3 en la sentencia de segunda instancia como consecuencia de que el Tribunal aplic\u00f3 de manera incorrecta las normas probatorias en materia de aporte de pruebas en segunda instancia previsto en el art\u00edculo 327 del C\u00f3digo General del Proceso, as\u00ed como tambi\u00e9n la fecha cierta, y alcance probatoria del documento p\u00fablico, lo cual gener\u00f3 la violaci\u00f3n de su derecho fundamental al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, lo cual condujo a la violaci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales denunciadas\u00bb. <\/p>\n
Tercer cargo. <\/p>\n
Causal segunda. Se acusa la sentencia \u00abde violar de manera indirecta el art\u00edculo 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica; y los art\u00edculos 624, 831 y 1394 del C\u00f3digo de Comercio, como consecuencia del error de derecho cometido por esa Corporaci\u00f3n al no decretar pruebas de oficio, lo cual comport\u00f3 la infracci\u00f3n de los art\u00edculos 42 numeral 4, 169 y 170 del C\u00f3digo General del Proceso; y el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica\u00bb. <\/p>\n
Se rebate que \u00abel Tribunal Cometi\u00f3 el yerro de no haber empleado los poderes que le concede el C\u00f3digo General del Proceso para decretar pruebas de oficio con el objetivo de validar, confirmar, verificar los hechos alegados por las partes, sobre todo cuando ten\u00eda informaci\u00f3n de que el demandado, a trav\u00e9s de su apoderado, hab\u00eda admitido que en realidad no ten\u00eda la potestad para manejar recursos, negocios, ni bienes ni dineros que figuran a nombre, lo cual era un hecho relevante para dirimir la controversia\u00bb. <\/p>\n
Las pruebas relacionadas en los anteriores cargos eran \u00abnecesarias para esclarecer los hechos objeto del proceso, m\u00e1s a[\u00fa]n si se tiene en cuenta que en ese proceso penal el demandado, a trav\u00e9s de su apoderado, admiti\u00f3 que en realidad no tiene ten\u00eda -sic- la potestad para manejar recursos, negocios, bienes, ni dineros que figuran a su nombre, lo cual era un hecho relevante para dirimir la controversia\u00bb. <\/p>\n
En segunda instancia se tuvo conocimiento de la solicitud de pruebas documentales, y la falta de evacuaci\u00f3n \u00abno se debi\u00f3 a incuria o negligencia del demandante, a tal punto que intent\u00f3 incorporarlas, pero el Tribunal las neg\u00f3 mediante auto del 19 de octubre de 2021\u00bb. <\/p>\n
Se contaba con suficientes documentos \u00abpara haber echado mano de la prueba de oficio y despejar las dudas en relaci\u00f3n con la titularidad de los recursos econ\u00f3micos con los cuales se constituyeron los CDTs objeto de este proceso\u00bb, cosa que no ocurri\u00f3. <\/p>\n
La conclusi\u00f3n alusiva al vac\u00edo probatorio se cometi\u00f3 por vulneraci\u00f3n de las normas probatorias en materia de decreto de pruebas de oficio, lo que va en contra del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, consistente en que se deb\u00eda adelantar el proceso con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. <\/p>\n
El incumplimiento del deber de decretar pruebas de oficio desconoce los art\u00edculos 624, 831 y 1394 del C\u00f3digo de Comercio, por id\u00e9nticas razones a las expuestas en los dem\u00e1s cargos. <\/p>\n
<\/p>\n
IV. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El recurso extraordinario de casaci\u00f3n tiene como fin defender la unidad e integridad del ordenamiento jur\u00eddico, lograr la eficacia de los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el derecho interno, proteger los derechos constitucionales, controlar la legalidad de los fallos, unificar la jurisprudencia nacional y reparar los agravios irrogados a las partes con ocasi\u00f3n de la providencia recurrida (Art. 333 C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
Esa naturaleza extraordinaria conlleva a que la demanda mediante la cual se promueva dicho recurso debe cumplir ciertos requisitos que han de observarse rigurosamente, so pena de que se declare inadmisible (art. 344, 346 y 347 ibidem). <\/p>\n
La admisibilidad est\u00e1 supeditada a que se designen las partes, se efect\u00fae una s\u00edntesis del proceso, de las pretensiones y de los hechos materia del litigio, a la formulaci\u00f3n \u00abpor serado\u00bb de los cargos, junto con los fundamentos de cada acusaci\u00f3n, \u00aben forma clara, precisa y completa\u00bb (n\u00b0 2, art. 344). <\/p>\n
La claridad supone que la protesta debe explicitar las razones que llevan a considerar que el fallador de instancia incurri\u00f3 en una equivocaci\u00f3n, que su error tiene la fuerza de afectar la totalidad de la decisi\u00f3n, por lo que est\u00e1 proscrito que se acuda a f\u00f3rmulas abstractas, \u00abo elucubraciones sobre cu\u00e1l debi\u00f3 ser la decisi\u00f3n definitiva\u00bb (CSJ AC3919-2017, AC5503-2017). <\/p>\n
La precisi\u00f3n tiene como prop\u00f3sito la orientaci\u00f3n del reproche hacia los fundamentos centrales de la argumentaci\u00f3n de la sentencia atacada, pues de lo contrario la recriminaci\u00f3n no podr\u00eda abrirse paso (CSJ AC028-2018). <\/p>\n
La completitud significa que se deben controvertir la totalidad de las bases de la construcci\u00f3n jur\u00eddica sobre la cual descansa la sentencia, de ah\u00ed que ninguna de ellas puede quedar ausente de cuestionamiento (CSJ AC5379-2021). <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la demanda no puede incurrir en defectos de forma tales como mixtura, oscuridad, incompletitud, desenfoque e intrascendencia (AC340-2021). Recu\u00e9rdese, \u00abmixtura (defecto donde se mezclan indebidamente embistes que no ameritan estar juntos), obscuridad (argumentaci\u00f3n ininteligible, deshilvanada o sin sentido), incompletitud (forma de combatir la sentencia sin atacar todos sus pilares), desenfoque (planteamiento de temas que no fueron ni debieron ser materia de la decisi\u00f3n), intrascendencia (como ocurre cuando se traen a colaci\u00f3n defectos que no conducen al quiebre del fallo)\u00bb (AC340-2021). <\/p>\n
2. Los tres cargos se cimentaron en la causal segunda de casaci\u00f3n, esto es la contemplada en el numeral 2 del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso que prev\u00e9 \u00abla violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial, como consecuencia de error de derecho derivado del desconocimiento de una norma probatoria, o por error de hecho manifiesto y trascendente en la apreciaci\u00f3n de la demanda, de su contestaci\u00f3n, o de una determinada prueba\u00bb. <\/p>\n
De conformidad con el literal a) del numeral 2 del art\u00edculo 344 del Estatuto Adjetivo, cuando la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no pueden plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias y cuando se trate de error de derecho, se debe indicar las normas probatorias que se consideren violadas, haciendo una explicaci\u00f3n sucinta de la manera en que ellas fueron infringidas, y cuando se invoca un error de hecho manifiesto, se debe se\u00f1alar con precisi\u00f3n y claridad, indic\u00e1ndose en qu\u00e9 consiste y cu\u00e1les son en concreto las pruebas sobre las que recae y en todo caso, el recurrente deber\u00e1 demostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia. <\/p>\n
3. La demanda contentiva del recurso de casaci\u00f3n en la que se formularon tres cargos por la v\u00eda indirecta de los art\u00edculos 58 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, y los art\u00edculos 624, 831 y 1394 del C\u00f3digo de Comercio, con independencia de que estos preceptos tengan o no un car\u00e1cter sustancial7, se impone declararla inadmisible porque no se ajusta a los requisitos legales (Art. 346 C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
3.1. Los ataques primero y segundo contienen el defecto formal de incompletitud, dado que no combaten todas las apreciaciones de fondo que conforman la base esencial de la providencia censurada (AC7629 de 2016, rad. n\u00ba 2013-00093-01). <\/p>\n
En efecto, en la sentencia objeto de recurso extraordinario, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia con fundamento en que los CDT base del litigio gozan de presunci\u00f3n de veracidad en cuanto a su contenido y esta no fue desvirtuada por las siguientes razones: <\/p>\n
i) No basta la tenencia de los documentos o simples declaraciones, sino que era necesario incorporar pruebas contundentes para desvirtuar esa presunci\u00f3n. <\/p>\n
ii) Se debi\u00f3 probar que Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano gozaba del poder econ\u00f3mico para entregar dineros al demandado y a fin de que los t\u00edtulos valores quedaran a nombre de \u00e9ste. <\/p>\n
iii) En el escrito inicial se omiti\u00f3 hacer una breve referencia a la actividad de lucro que ejerc\u00eda el actor y que tuviera el potencial de recaudar esos montos para luego ponerlos a nombre de su descendiente. Solo con los interrogatorios de parte y las declaraciones de Jos\u00e9 Francisco y John Alexander Rodr\u00edguez Maldonado se vino a conocer que la obtenci\u00f3n de los recursos proven\u00eda de un supuesto negocio enfilado a realizar contratos de mutuo con terceros. <\/p>\n
iv) La existencia de la invocada actividad mercantil no es una tem\u00e1tica sobre la que haya controversia, puesto que el demandado no discuti\u00f3 al respecto; empero mencion\u00f3 que era consecuencia de una sociedad de hecho y no de una actividad propia de su progenitor. <\/p>\n
v) No hay prueba de que esa empresa tuviera la capacidad de producir las utilidades con el potencial para generar las cantidades por las que se constituyeron los CDT. <\/p>\n
vi) Esa certeza necesaria para el caso, no se puede obtener a partir del propio dicho de quien demanda, o de la declaraci\u00f3n que rindieron sus otros hijos, pues es un hecho que exige un medio de juicio contundente, y que ser\u00edan los registros contables del demandante y de todos los que hubieran tenido la capacidad de producir esos capitales y acreditar el desplazamiento patrimonial hac\u00eda la constituci\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sito en discusi\u00f3n, medios demostrativos ausentes en el plenario. <\/p>\n
vii) No obran soportes de los ejercicios financieros que desempe\u00f1aba el demandante, directamente o en concurso con otras personas, como con el aludido Grupo Rodr\u00edguez, para que fuera posible determinar el origen de los dineros que hipot\u00e9ticamente se habr\u00edan utilizado y que hubiera otorgado Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano para la conformaci\u00f3n de los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino. <\/p>\n
ix) Tampoco existen elementos que dieran cuenta de que a t\u00edtulo personal pose\u00eda ingresos en las cantidades anunciadas, tales como declaraciones de renta, certificaciones de contador p\u00fablico, dominio sobre bienes muebles e inmuebles, de donde individualmente o en conjunto se mostrara que fueron debitados por el mismo valor de los certificados que se afirman constituidos con dineros suyos. <\/p>\n
Precisado lo anterior, se tiene que el recurrente solo insisti\u00f3 en que las pruebas documentales cuyo decreto se deneg\u00f3 en segunda instancia, revelaban que \u00abs\u00ed existi\u00f3 prueba documental que acreditaba que los recursos econ\u00f3micos con los cuales se constituyeron los CDTs en realidad pertenencia -sic- al demandante y que por tanto era el leg\u00edtimo tenedor de esos instrumentos\u00bb, sin cuestionar todos los pilares fundamentales de la determinaci\u00f3n censurada, en particular los relativos a que los recursos con los que constituyeron los t\u00edtulos proven\u00edan de un negocio cuyo objeto era celebrar contratos de mutuo con terceros, y que no se incorpor\u00f3 prueba de que este tuviera la capacidad econ\u00f3mica para generar las cantidades de dinero requeridas para ese efecto. <\/p>\n
Tampoco se derribaron los argumentos alusivos a que para probar la solvencia era necesario incorporar registros contables del demandante y de todos los que hubieran tenido la capacidad para generar esos capitales, adem\u00e1s demostrar el desplazamiento patrimonial con esa puntual finalidad -constituir CDT-. <\/p>\n
De igual modo, se mantuvo inc\u00f3lume que no obran los soportes de los ejercicios financieros del demandante, directamente o en concurso con otras personas, requisito que era necesario para establecer el origen de los dineros, y que no existe prueba de que el convocante a t\u00edtulo personal tuviera esos ingresos, tales como declaraciones de renta, certificaciones de contador p\u00fablico, dominio sobre bienes muebles e inmuebles, argumentos todos que condujeron a confirmar la denegatoria de las pretensiones, y que impedir\u00eda resquebrajar la providencia censurada. <\/p>\n
En las descritas circunstancias, prevalece la doble presunci\u00f3n de acierto y legalidad que arropa el fallo objeto de recurso extraordinario, atendiendo que las acusaciones no controvierten todas las razones de la sentencia atacada para llegar a la conclusi\u00f3n opuesta, raz\u00f3n suficiente para cerrar el paso al estudio v\u00eda casaci\u00f3n (AC2707, 10 jul. 2019, rad. n.\u00b0 2016-46013-01; AC1644 5 may. 2021 rad. 2016-27789; CSJ AC 2610 30 jun. 2021 rad. 2012-00100). <\/p>\n
3.2. Los cargos primero y segundo tambi\u00e9n adolecen del defecto formal denominado desenfoque. Esta Sala ha explicado que es necesario que el recurrente oriente acertadamente las acusaciones que plantea para cuyo efecto debe combatir las genuinas razones jur\u00eddicas o f\u00e1cticas que soportan el fallo impugnado, \u00aby no unas extra\u00f1as a \u00e9l, fruto del incorrecto o incompleto entendimiento que de la sentencia haya hecho el censor, o de su imaginaci\u00f3n, o inventiva\u00bb8. <\/p>\n
En estas acusaciones se dijo que los yerros endilgados \u00abse concret[aron] en la sentencia recurrida en casaci\u00f3n pues de manera err\u00f3nea el Tribunal Consider\u00f3 que hab\u00eda un vac\u00edo probatorio, que no exist\u00eda prueba de que los recursos con los que se constituyeron los CDTs objeto del proceso en realidad pertenec\u00edan al demandante y por lo tanto s\u00ed es el leg\u00edtimo tenedor de esos instrumentos\u00bb. Adem\u00e1s, se tilda de err\u00f3neo el auto mediante el cual se denegaron pruebas por equ\u00edvocos en la aplicaci\u00f3n de normas probatorias, de un lado relacionados con la aportaci\u00f3n de una prueba trasladada (art. 174 del C\u00f3digo General del Proceso), porque se fij\u00f3 un requisito que la regla no contempla, esto es \u00abintervenci\u00f3n de la sede, estrado y\/o dependencia donde la misma se recaud\u00f3\u00bb, y del otro, respecto del numeral 4 del art\u00edculo 356 de la Ley 906 de 2004, se aduce un \u00abequivocado argumento de reserva en la actuaci\u00f3n penal\u00bb, circunstancias todas que a juicio del impugnante dieron lugar a la violaci\u00f3n del debido proceso previsto en el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Como puede verse, cuando se explica la manera en que fueron infringidas las reglas de car\u00e1cter probatorio que condujeron a la violaci\u00f3n indirecta de las normas sustanciales invocadas, se reprochan exclusivamente los argumentos o razones jur\u00eddicas que utiliz\u00f3 el juzgador de segundo grado en una providencia diferente, esto es en el auto de 19 de octubre de 2021, mediante el cual deneg\u00f3 el decreto de pruebas. <\/p>\n
De manera que el impugnante censur\u00f3 argumentos extra\u00f1os al fallo censurado, en la medida que no fue en este d\u00f3nde se deneg\u00f3 el decreto de la prueba \u00abdocumental obrante a folios 6 a 11 del archivo [n\u00b0] 4 de la carpeta del Tribunal\u00bb, sino en el auto mediante el cual se resolvi\u00f3 desfavorablemente su solicitud de pruebas en segunda instancia, acontecer que pone en evidencia que los dos primeros cargos del recurso extraordinario padecen del defecto t\u00e9cnico denominado desenfoque. <\/p>\n
No sobra recordar, esta Corte ha explicado que si son \u00ab(\u2026) \u2018blanco del ataque (\u2026) los supuestos que delinea a su mejor conveniencia el recurrente y no los que objetivamente constituyen fundamento nuclear de la providencia, se configura un notorio defecto t\u00e9cnico por desenfoque que conduce al fracaso del cargo correspondiente\u2019 (CSJ, SC del 26 de marzo de 1999, Rad. n.\u00b0 5149; se subraya)\u201d\u00bb 9. <\/p>\n
3.3. En los cargos bajo an\u00e1lisis tambi\u00e9n se pas\u00f3 desapercibido que es un requisito de la demanda \u00abdemostrar el error y se\u00f1alar su trascendencia en el sentido de la sentencia\u00bb (inc. 3 lit. a). Art. 344 del C\u00f3digo General del Proceso), cosa que no ocurri\u00f3. N\u00f3tese, todas las pruebas en que se cimentaron esos reproches fueron negadas en segunda instancia, oportunidad en que la parte interesada guard\u00f3 silencio, conducta que conllev\u00f3 a que ese tema quedara definido en el juicio, sin que pueda esta Corte suplir las falencias, debilidades o ausencia de debate de los medios de prueba en las oportunidades procesales y por medio de los recursos que el ordenamiento jur\u00eddico consagra, sobre todo cuando es sabido que la v\u00eda extraordinaria no ha de utilizarse \u00abpara repentizar con debates f\u00e1cticos y probatorios de \u00faltima hora\u00bb (AC694-202210), circunstancias estas que en s\u00ed mismas soportan la intrascendencia de los cargos propuestos. <\/p>\n
3.4. El cargo tercero no corre mejor surte. Esta acusaci\u00f3n se edific\u00f3 en un error de derecho por haberse omitido decretar como prueba de oficio las mentadas documentales y que fueron negadas mediante el ya referido auto, basado en que se ten\u00eda conocimiento de su existencia en segunda instancia y eran necesarias para esclarecer los hechos objeto de litigio. <\/p>\n
Ciertamente esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que cuando se incumple el deber de decretar pruebas de oficio es factible que se estructure error de derecho atacable en casaci\u00f3n, \u00ablo que ocurre, por ejemplo, cuando se requieren para \u00abimpedir el proferimiento de fallos inhibitorios y para evitar nulidades (\u2026) y en el evento de ser \u00abnecesarias en la verificaci\u00f3n de \u2018los hechos relacionados con las alegaciones de las partes\u2019, sin que ello conlleve suplir las cargas desatendidas por \u00e9stas y que le son propias (\u2026)\u00bb. (SC8456-2016; SC5676-2018). <\/p>\n
Sin embargo, si bien es cierto el impugnante refiere que la falta de incorporaci\u00f3n de esos medios de convicci\u00f3n no obedeci\u00f3 a su \u00abincuria o negligencia (\u2026), a tal punto que intent\u00f3 incorporarlas, pero el Tribunal las neg\u00f3 mediante auto del 19 de octubre de 2021\u00bb, tambi\u00e9n lo es que pas\u00f3 desapercibido que la falta de interposici\u00f3n oportuna de un recurso procedente traduce carencia de diligencia en cuestiones probatorias. Recu\u00e9rdese, se neg\u00f3 el decreto de pruebas en segunda instancia, sin que el demandante hubiese interpuesto de manera oportuna el correspondiente recurso de s\u00faplica (n\u00b0 3 art. 321, en concordancia con el art\u00edculo 331 del C\u00f3digo General del Proceso). <\/p>\n
De esa situaci\u00f3n emerge la incuria probatoria del impugnante que entre otros eventos \u00abpuede equipararse en t\u00e9rminos pr\u00e1cticos a (\u2026) abandonar la interposici\u00f3n de un recurso procedente o desatender un gravamen procesal determinante de la deserci\u00f3n de tal medio de impugnaci\u00f3n; o cualquier otra eventualidad procesal con similar incidencia en las prerrogativas de los justiciables\u00bb (SC5676-2018, negrita intencional), y que resta de toda eficacia a la acusaci\u00f3n planteada v\u00eda remedio extraordinario. <\/p>\n
Es que para acusar eficazmente una sentencia v\u00eda recurso de casaci\u00f3n por haber incurrido en error de derecho por no haberse decretado alguna prueba de oficio, \u00abes requisito inexcusable su existencia o que de ella se tenga conocimiento en el expediente y que su falta de evacuaci\u00f3n no sea imputable a manifiesta negligencia de la parte a cuyo cargo se halla, porque (\u2026) la carencia de diligencia de la parte en cuestiones probatorias, no conduce a que el juzgador se vea obligado inexorablemente a actuar por ella mediante el decreto oficioso de pruebas (CSJ SC 25 ene. 2008, rad. 2002-00373-01)\u00bb (SC5676-2018, negrita intencional). <\/p>\n
En puridad, aflora es que la falta de interposici\u00f3n oportuna del referido recurso contra el auto que deneg\u00f3 decretar pruebas en segunda instancia revela que a trav\u00e9s del cargo tercero se est\u00e1n reprochando aspectos probatorios que no fueron debatidos en las instancias, haci\u00e9ndose de lado la prohibici\u00f3n prevista en el inciso segundo del literal a) del art\u00edculo 344 del C\u00f3digo General del Proceso, relativo a que \u00aben caso de que la acusaci\u00f3n se haga por violaci\u00f3n indirecta, no podr\u00e1n plantearse aspectos f\u00e1cticos que no fueron debatidos en las instancias\u00bb. <\/p>\n
4. No se evidencian razones que justifiquen darles v\u00eda a los cargos en los t\u00e9rminos del inciso final del art\u00edculo 336 del C\u00f3digo General del Proceso o el art\u00edculo 7\u00ba de la Ley 1285 de 2009, que modific\u00f3 el 16 de la Ley 270 de 1996, dado que no se advierte vulneraci\u00f3n de derechos superiores, una afrenta al principio de legalidad de los fallos, ni que se comprometa gravemente el orden o el patrimonio p\u00fablico. <\/p>\n
5. Conforme con lo expuesto, se declarar\u00e1 inadmisible la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
V. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
Declarar inadmisible la demanda de casaci\u00f3n presentada por Francisco Rodr\u00edguez Hu\u00e9rfano frente a la sentencia de 29 de noviembre de 2021, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro del proceso adelantado por el recurrente contra C\u00e9sar Javier Rodr\u00edguez Sierra, en el asunto en referencia. En consecuencia, devu\u00e9lvase el expediente al Tribunal de origen. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE, <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Presidente de la Sala <\/p>\n
MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
(En comisi\u00f3n de servicios) <\/p>\n
FRANCISCO JOS\u00c9 TERNERA BARRIOS <\/p>\n
1\u0002 Los certificados de dep\u00f3sito a t\u00e9rmino de que trata este juicio son los siguientes: <\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
N\u00famero <\/p>\n
Entidad Financiera <\/p>\n
Valor <\/p>\n
Vencimiento <\/p>\n
1 <\/p>\n
12-05-2015 <\/p>\n
3655149 <\/p>\n
Leasing Bancolombia S. A. <\/p>\n
$9.999.999 <\/p>\n
12-09-2015 <\/p>\n
2 <\/p>\n
27-05-2015 <\/p>\n
067000028352 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$67.388.381 <\/p>\n
24-09-2015 <\/p>\n
3 <\/p>\n
29-05-2015 <\/p>\n
3626372 <\/p>\n
Bancolombia S. A. <\/p>\n
$35.759.571 <\/p>\n
29-09-2015 <\/p>\n
12-06-2015 <\/p>\n
067000028433 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$56.440.461 <\/p>\n
13-10-2015 <\/p>\n
5 <\/p>\n
8-07-2015 <\/p>\n
3655190 <\/p>\n
Leasing Bancolombia S. A. <\/p>\n
$9.999.999 <\/p>\n
8-10-2015 <\/p>\n
6 <\/p>\n
14-07-2015 <\/p>\n
3655190 <\/p>\n
Leasing Bancolombia S. A. <\/p>\n
$45.845.000 <\/p>\n
14-10-2015 <\/p>\n
7 <\/p>\n
17-07-2015 <\/p>\n
067000028514 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$66.700.000 <\/p>\n
17-11-2015 <\/p>\n
8 <\/p>\n
23-07-2015 <\/p>\n
210-01174-6 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$235.653.667 <\/p>\n
23-11-2015 <\/p>\n
9 <\/p>\n
27-07-2015 <\/p>\n
067000028611 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$140.882.404 <\/p>\n
24-11-2015 <\/p>\n
10 <\/p>\n
11-08-2015 <\/p>\n
067000028735 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$65.804.797 <\/p>\n
9-12-2015 <\/p>\n
11 <\/p>\n
25-08-2015 <\/p>\n
067000028786 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$179.031.146 <\/p>\n
23-12-2015 <\/p>\n
12 <\/p>\n
9-09-2015 <\/p>\n
067000028816 <\/p>\n
Banco Colpatria Multibanca Colpatria S. A. <\/p>\n
$175.854.313 <\/p>\n
2\u0002 Fls. 42 01Cuaderno Uno.pdf. <\/p>\n
3\u0002 Fls. 47 01Cuaderno Uno.pdf. <\/p>\n
4\u0002 Fls. 61 01Cuaderno Uno.pdf. <\/p>\n
5\u0002 Fls. 98 01Cuaderno Uno.pdf. <\/p>\n
6\u0002 10ACtaAudiencia18-05-2021. <\/p>\n
7\u0002 No se olvide, preceptos sustanciales son aquellos que \u00aben raz\u00f3n de una situaci\u00f3n f\u00e1ctica concreta, declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jur\u00eddicas tambi\u00e9n concretas entre las personas implicadas en tal situaci\u00f3n\u00bb, sin que por ende ostenten dicho car\u00e1cter aquella que se \u00ablimitan a definir fen\u00f3menos jur\u00eddicos o a descubrir los elementos de \u00e9stos o a hacer enumeraciones o enunciaciones, como tampoco las tienen las disposiciones ordenativas o reguladoras de la actividad in procedendo (CSJ AC, 5 May. 2000)\u00bb (Reiterada AC 4144-2017; AC1483-2018 y AC654-2020). <\/p>\n
8\u0002 CSJ, SC 3966 del 25 de septiembre de 2019, Rad. n.\u00b0 2011-00179-01. <\/p>\n
9\u0002 CSJ, SC 4857 del 7 de diciembre de 2020, Rad. n.\u00b0 2006-00042-01. <\/p>\n
10\u0002 CSJ, G.J. t. LXXXIII 2169, p\u00e1gina 76, citada en SC, 9 sep. 2010, Rad. 2005-00103-01. <\/p>\n
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AC2877-2022 (2017-00234-01) MARTHA PATRICIA GUZM\u00c1N \u00c1LVAREZ Magistrada Ponente AC2877-2022 Radicaci\u00f3n n. \u00ba 11001-31-03-008-2017-00234-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintid\u00f3s) Bogot\u00e1 D.C., primero (1) de agosto de dos mil veintid\u00f3s (2022). Se procede a decidir sobre la admisibilidad de la demanda […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[52],"tags":[],"class_list":["post-65626","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-agosto-2022"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65626","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65626"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65626\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65626"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65626"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65626"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}